Sunday 25 Feb 2024 | Actualizado a 06:57 AM

La Ley de Ausencia Temporal que aún está en entredicho

El asesor general de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, muestra la ley departamental que dispone que Camacho puede gobernar a distancia.

/ 12 de marzo de 2023 / 08:30

La ley departamental que promulgó Camacho, que lo mantiene en el poder, tiene no pocos problemas de concepto.

El punto sobre la i

El jueves 9, en el penal de Chonchocoro (Viacha), el aún gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, finalmente, firmó la “Ley departamental de regulación de la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador de Santa Cruz”. La pelea jurídica sobre cuánto contradice o no al Estatuto Autonómico, sobre cuánta legalidad o no tiene, aún empieza. Así anunciaron los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En complemento a la lectura de la citada ley departamental que ofrece el abogado constitucionalista Israel Quino (en estas mismas páginas), en lo que sigue va un apunte de algunas claves que establecen tanto la ‘Ley Creemos’ (la departamental aprobada), como el proyecto de ley del MAS.

Procedimiento en la ley

Si bien el objeto de ambos textos es el mismo, existe una diferencia clave entre ambos es el procedimiento de la suplencia.

Mientras el texto del MAS sigue la pauta del Estatuto, en el sentido en que la suplencia gubernamental (que es cuando el vicegobernador suple al gobernador) es “directa e inmediata, bajo responsabilidad en caso de omisión” (Art. 9), sin necesidad de requerimiento ni autorización previa, la Ley Creemos introduce en todos los casos la noción de que tanto la suplencia gubernamental como la temporal (esta última es cuando faltan gobernador y vicegobernador), “no se aplicarán en forma tácita, automática o presunta”; esto debe ser así, dice, para “seguridad jurídica de las actuaciones administrativas”, “para evitar duplicidad de funciones o conflictos de gobernabilidad”. (Art. 7)

En la nueva ley departamental, promulgada por Camacho en Chonchocoro, es evidente la mayor potestad que adquiere el gobernador para hacer operativa la suplencia. Estableciendo que habrá ausencia temporal voluntaria y forzosa, en el primer caso, es el gobernador el que activa la suplencia. Para eso, comunica de su ausencia al vicegobernador, “instruyéndole” que asuma la misma. Cuando la ausencia dure diez o más días, esta vez el gobernador pedirá permiso a la Asamblea. Y cuando ésta lo conceda, de nuevo es el gobernador que “instruirá” al vicegobernador que asuma el cargo.

Cuando la ausencia sea forzosa, se dispone que dicha falta del gobernador sea comunicada a la Asamblea, “acompañada de prueba documental correspondiente”. Aunque la ley no dice quién. Ésta sesionará y verificará el extremo (ausencia forzosa), y solo así emitirá una resolución expresa por la cual recién el vicegobernador suple al gobernador. (Art. 8, de la ley departamental).

Temporal o definitiva

Hay otra diferencia notoria entre los textos de Creemos y del MAS. Es quién asume de gobernador cuando llegan a faltar gobernador y vicegobernador, sea de forma temporal, sea de forma definitiva.

En ambos casos, como no puede ser de otra manera, se sigue la pauta del Estatuto, que en su artículo 25 (párrafos II, III y IV) señala que cuando falten las dos primeras autoridades ejecutivas, gobernador y vicegobernador, es la Asamblea Departamental la que debe elegir al gobernador suplente “de entre sus miembros”, o sea, cualquiera de los asambleístas.

Este principio es seguido por la propuesta de ley del MAS (Artículos 10 y 12 de su proyecto). En cambio, la ley departamental promulgada, en todos los casos, añade el principio de que el asambleísta suplente del gobernador deberá ser elegido solo de entre los miembros de la fuerza política de mayoría en la Asamblea Departamental.

En el caso de la ausencia definitiva de gobernador y vicegobernador, por ejemplo, dispone que “asumirá el cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva, una o un asambleísta departamental elegido entre los miembros de la fuerza política que hubiera obtenido la mayoría de votos en el proceso electoral departamental”. (Párrafo III del artículo 12 de la nueva ley)

A su salida del penal de Chonchocoro, el jueves 9, el asesor de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, declaró que “la ley contempla el caso de la detención preventiva de un gobernador como que no hay ausencia temporal”; que en su criterio, “no hay ausencia temporal cuando hay detención preventiva porque con la misma no se suspenden los derechos políticos de una persona”. (La Razón, página A12, del viernes 10 de marzo)

También puede leer: Camacho promulga ley departamental de suplencia temporal desde Chonchocoro

En el proyecto de ley de Creemos (que luego se hizo ley departamental) al que accedió Animal Político, en el articulado mismo, la “detención preventiva” no figura como causal o no causal para la ausencia temporal.

Donde sí está abundantemente tratada es en la “exposición de motivos” del proyecto de la futura ley, en las cuatro páginas en que se desarrolla el punto “I. Derechos políticos: suspensión y pérdida de mandato”.

En esta parte, los proyectistas acuden a desarrollar la sentencia constitucional 2055/2012 de 16 de octubre de 2012, aquella que en lo básico resolvió declarar inconstitucionales los draconianos artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) por los cuales se podía suspender “temporalmente” a cualquier autoridad subnacional electa con la sola “acusación formal” de un fiscal. Dichos artículos remarcaban —ironizaban— que la suspensión duraría mientras se procese el juicio a la autoridad acusada, y que ésta debía ser restituida a su cargo si el juez determinaba su inocencia, cuando acabe su enjuiciamiento.

Derecho a trabajo

Los proyectistas transcriben párrafos enteros de la citada sentencia, para, junto con otras disposiciones. Al final destacar que Luis Fernando Camacho, encarcelado para nada, ha perdido sus derechos políticos, que la detención preventiva “solo restringe el ejercicio de la libertad personal o física en los términos del artículo 23 de la Norma Constitucional (de la Constitución, que trata de los derechos de los privados de libertad)”; y que por eso, no habiendo perdido su “derecho al trabajo”, puede ejercer de gobernador desde Chonchocoro. Y puede hacerlo desde Viacha porque se lo permite, dicen, el artículo 10 del Estatuto, que apunta que la sede del “gobierno departamental” está en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz y “fuera” de éste “para los casos que sean necesarios”. Desde el proyecto del MAS apuntan que esta última frase debe entenderse solo para “casos determinados de representatividad oficial”.

AUSENCIA.

Un debate que desde el principio de la detención de Camacho planteó Creemos es que la ausencia de Camacho en Santa Cruz no podía considerarse tal, ausencia, porque se conoce su paradero (el penal de Chonchocoro). En la exposición de motivos del proyecto del MAS, sus proyectistas responden: “Se debe tener en cuenta que el término ‘AUSENCIA’, dentro de la naturaleza jurídica de la función pública, debe ser entendido dentro de los alcances del derecho administrativo y/o político; puesto que no se trata de ‘ausencia igual a desconocimiento de paradero’; sino de ‘ausencia igual a la no presencia en la fuente laboral donde presta funciones o servicio público’, es decir, de cara al pueblo”.

Sobre la “ausencia igual desconocimiento de paradero”, es llamativo que en la exposición de motivos de la Ley Creemos, se cite como argumento la definición de ‘ausencia’ vertida por la Real Academia Española (RAE), en sus seis sentidos: “1) Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente. 2) Tiempo en que alguien está ausente. 3) Falta o privación de algo. 4) (Derecho) Condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. 5) (Médico) Supresión brusca, aunque pasajera, de la conciencia. 6) (Psicología) Distracción del ánimo respecto de la situación o acción en que se encuentra el sujeto”. 

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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La democracia en riesgo

Debemos enfrentar la crisis con sensatez política, madurez institucional y no pocos sacrificios individuales y colectivos.

/ 25 de febrero de 2024 / 06:50

Dibujo Libre

La declaratoria del bloqueo nacional de caminos, a raíz de la crisis judicial, el pasado 22 de enero, coincidió con los 15 años del Estado Plurinacional y, en consecuencia, parte del mensaje de los bloqueadores fue expresar su distanciamiento con el 22 de enero y cuyo festejo tocaba al presidente Luis Arce. Este hecho y sus graves consecuencias marcan la irreversible fractura política al interior del MAS, una profunda crisis política e institucional en la Asamblea Legislativa Plurinacional y un enfrentamiento entre los Órganos Legislativo y Judicial.

El MAS evista, a través de la movilización de cocaleros y comunidades campesinas ubicadas en lugares estratégicos de la ruta troncal (La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz), con epicentro en el Departamento de Cochabamba, dispuso el bloqueo nacional en protesta por la falta de aprobación legislativa de la ley de convocatoria a elecciones judiciales y la auto prórroga en el Órgano Judicial que, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la DCP 049/23, establece la permanencia de las autoridades en tanto se realicen las elecciones.

El bloqueo nacional de caminos es una medida histórica, campesino – rural, de lucha contra un gobierno al que decide derrotar con una acción extrema, sacrificada y de efecto demoledor sobre la estabilidad estatal al paralizar la carretera troncal del país. La contra cara de semejante medida son los enormes daños sobre las actividades de miles de personas en lo económico, social y productivo y que llega al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad en las principales ciudades o de combustible a lo largo y ancho del país. Son tan graves las consecuencias y dificultades de un bloqueo nacional de caminos que, éste último, solo se suspendió, luego de 16 días, in extremis, ante la inminencia del Carnaval de Oruro (las bandas de música tocaban en la Av. Cívica y en Parotani la gente empezaba a desmovilizarse).

Lo grave, peligroso y sintomático es que este bloqueo persistió a pesar de que el 2 de febrero se firmó un Acta en el Legislativo (ALP) entre todas las fuerzas políticas (acordando resolver los Proyectos 144, 073, 075 y los financiamientos para los proyectos regionales) y que, el 6 de febrero, se aprobó la Ley N° 1549 de Convocatoria a las elecciones judiciales. Entonces nos preguntamos ¿Aprobaron en 5 días la Ley que no pudieron aprobar en meses? No fue casualidad, todos (oficialismo y opositores de un lado y del otro) estuvieron de acuerdo en no convocar las elecciones judiciales hasta que acaben los mandatos con el último mes del 2023, cada uno detrás de sus propios cálculos políticos. La trifulca y el enfrentamiento que, azorados, vimos estos días, en la testera de la Cámara de Diputados, es consecuencia de que en la primera ronda post bloqueo solo ganó el gobierno, al límite del 2023, la SCP 1010/2023 inhabilitó la candidatura de Evo Morales y este febrero se aprobó la Ley de Convocatoria a elecciones judiciales. El evismo no consiguió más que decir que ese aprobó la Ley por el bloqueó que organizó, aunque éste persistió luego de aprobarse la ley y ahora solo espera descabezar los tribunales de justicia, en particular el TCP, porque ahí, en definitiva, se dirimirá su inhabilitación; el resto fue cosechar el repudio ciudadano por los perjuicios de las más de dos semanas de bloqueo. Para CC y Creemos, internamente divididos, el cálculo es quitar al gobierno el control judicial y que el enfrentamiento masista se profundice cesando a las autoridades judiciales y, cosechando doble, al ahondar la crisis política e institucional.

En cuanto a la prórroga, urge dimensionarla correctamente y sacarla del limbo moral o las rasgadas de vestidura constitucional. Lo central sobre la interpretación del TCP es político y eso es absolutamente normal porque lo jurídico tiene un vértice directamente relacionado con la política, acá y en cualquier país o continente. Para entender esto, un breve recuento de la interacción entre este Tribunal y la política en situaciones de crisis política. 1) La Declaración 003/01 21/Julio/ 2001 que permitió la asunción “ipso facto” a la presidencia de Tuto Quiroga; antecedente que también fue referido por Jeanine Añez para hacerse cargo del gobierno ilegalmente y luego reconocido por un “comunicado” del TCP; 2) La Sentencia del 2014 que habilitó a Evo Morales en contra de la Disposición Transitoria II (ii) de la actual Constitución que exigía computar los periodos de gobierno anteriores; 3) La Sentencia Constitucional que se inventó el derecho humano a la reelección. En fin, nada nuevo bajo el sol, pero esta es la realidad de la relación política entre los gobiernos y los altos tribunales constitucionales. No es complicado entender, España, en 5 años, no puede renovar sus altos cargos judiciales porque los dos partidos mayoritarios disputan el control de los tribunales o, en el caso norteamericano, Trump litiga su candidatura con cómoda ventaja en la Corte Suprema porque durante su gobierno introdujo tres magistrados conservadores, etcétera.

En cuanto a las proyecciones de la grave crisis política que acompaña estos acontecimientos, no podemos menos que preocuparnos porque todavía habrá de escalar y sus dimensiones está poniendo en jaque nuestra democracia y su precaria institucionalidad. Para empezar, falta dilucidar la correlación de fuerzas entre los partidarios del MAS de donde salgan las candidaturas que luego serán objeto de las disputas institucionales y judiciales hasta que finalmente se sepa si Morales o Arce será el candidato. El resultado del enfrentamiento será un debilitamiento de las dos fracciones oficialistas y consiguientemente la urgencia de la apertura frentista y, sobre todo, de convocatoria a sectores corporativos que empezaran a hacer sentir su peso en la representación y a pedir protagonismo. En cuanto a la oposición formal o externa, queda un largo camino para buscar un mínimo de organicidad y coherencia, porque sigue pagando haber acompañado la desgraciada aventura del gobierno de Añez, aunque lo más notorio es que no puede asimilar y menos reposicionarse frente a las casi dos décadas del proceso de cambio. Hay en curso procesos de renovación, en particular es alentador lo que sucede con la Gobernación de Santa Cruz y el propio civismo cruceño que abandonaron el estéril modelo político de la confrontación y el griterio. Santa Cruz, como departamento y pilar de la economía nacional tiene que ser parte del próximo pacto gubernativo y la Bolivia del Bicentenario, y eso pasa por un acuerdo económico productivo de gran escala.

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En fin, es el momento de reflexionar a fondo, aun al borde del precipicio y con tantos agoreros apostando al desastre, incluido ese ministro que se soñó con otro referéndum y lo dice porque se le ocurrió. Mal que mal, estamos lejos de las crisis argentina, ecuatoriana, peruana o chilena, solo para referir a lo inmediato, porque allende los mares lo que hay son guerras. Bolivia sigue siendo un país con un enorme potencial productivo, social y cultural y que en algo más de cuatro décadas ha transitado, con dos décadas por periodo, por los dos modelos político económicos antagónicos y vigentes, dónde lo que falta es una síntesis y que solo puede salir de un acuerdo histórico que se fundamente en lo básico común: Pactar que las diferencias políticas las resolvemos con votos, que si hay que corregir el lastre del prorroguismo copiemos el modelo mexicano, único gobierno de 6 años y nunca más; mejor los sistemas de representación, todos queremos políticos que nos representen mejor; eliminar este sistema de aparente elección de jueces que solo ha sofisticado el cuoteo y encarecido el gasto público; remodelemos el estado, no puede ser que sigamos bajo la ley SAFCO de 1991 o la ley presupuestaria de 1999 o que la principal expectativa social sea tener un empleo público, etcétera. Por lo demás, enfrentar la corrupción y el narcotráfico requiere de un verdadero pacto político, social y ciudadano. Hay urgencia de reponer la Ética en la política, la única legitimidad de la democracia se funda en la igualdad de derechos y oportunidades, porque el resto es demagogia.

En fin, urge pensar que hay una generalizada preocupación por la situación política y que ello lastra nuestra economía -esta incertidumbre que en diciembre del pasado año retiró más de 1.800 millones de dólares de depósitos privados- y que la inocultable crisis debe enfrentarse con sensatez política, madurez institucional y no pocos sacrificios individuales y colectivos. Esto que, felizmente, sigue siendo un importante capital de esperanza que los bolivianos nunca perdemos.

 (*)José de la Fuente Jería es abogado

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La cada vez más inalcanzable victoria Israelí

¿Por qué vivir y morir en medio de una guerra sin fin, una ocupación sin fin y una violencia sin fin?

La ciudad de Gaza muestra escombros de edificios destruidos y humo al fondo durante el bombardeo israelí el 20 de febrero de 2024. AFP

/ 25 de febrero de 2024 / 06:25

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La guerra de Israel en Gaza ya es la guerra más larga que Israel ha emprendido desde su fundación en 1948 y, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para lograr que Israel y Hamas acepten alguna forma de alto el fuego, no parece vislumbrarse un final. Con casi 30.000 palestinos muertos, más del doble de heridos y gran parte de las viviendas de la Franja destruidas, Israel ha convertido a Gaza en un páramo. Sin embargo, Israel todavía carece de los logros militares decisivos contra Hamás que sus líderes políticos necesitarían para declarar una victoria, e insisten en que la guerra está lejos de terminar. El mundo ahora parece estar esperando con temor a ver si Israel envía tropas terrestres a Rafah, poniendo en peligro a más de un millón de palestinos desplazados.

A pesar de todas las advertencias de que tal medida llevaría la catástrofe humanitaria que enfrentan los palestinos en Gaza a un nivel aún más insoportable y amenazaría con desestabilizar toda la región, Israel ha indicado que, si sus rehenes no son liberados, Rafah pronto será invadida. Los actores externos esperan que se pueda alcanzar otro acuerdo de rehenes/alto el fuego a tiempo para proporcionar un respiro. Pero Israel insiste en que debe entrar en Rafah porque necesita desmantelar los batallones de Hamás que quedan allí, destruir la infraestructura, potencialmente liberar a los rehenes y ponerse en una mejor posición para tener una influencia significativa sobre la frontera entre Gaza y Egipto.

Israel, por su parte, espera desesperadamente lograr un avance estratégico, ya sea con el colapso de Hamás, la captura o el asesinato de sus principales líderes en Gaza o el regreso de los rehenes con vida. Al mantener en el aire la amenaza de una invasión en Rafah, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, puede parecer duro con Hamás, duro contra Estados Unidos (que ha aconsejado moderación) y duro con su base en casa, mientras gana tiempo sin lograr ningún progreso.

Al mismo tiempo, no sólo está afrentando al mundo y arriesgándose a socavar las frágiles y críticas relaciones de Israel con sus vecinos Egipto y Jordania, con los que tiene tratados de paz de larga data; También parece estar en un conflicto cada vez más abierto con su propio ejército, que constantemente muestra una falta de confianza en su liderazgo. Esto se debe al rechazo total de Netanyahu a cualquier visión política que ofrezca una salida a una guerra sin fin.

La semana pasada, la división de investigación de la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) elaboró un documento para el nivel político advirtiendo que incluso si se desmantelan las fuerzas militares de Hamás, permanecerá intacto como grupo guerrillero y seguirá obteniendo apoyo popular. En efecto, los cerebros de los militares le dijeron a Netanyahu que su objetivo de guerra de derrotar a Hamas y alcanzar lo que él describió como una “victoria total” es inalcanzable.

Hace unas semanas, el ex jefe del Estado Mayor de las FDI y miembro del gabinete de guerra, Gadi Eisenkot, esencialmente dijo lo mismo en una entrevista televisiva, advirtiendo que Netanyahu está engañando al público y que un acuerdo –no la fuerza militar– es la solución. única forma de llevar a los rehenes a casa sanos y salvos. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, también ha advertido varias veces que la guerra no puede ser efectiva sin un plan del “día después”. Este tipo de disidencia, abierta contra el nivel político por parte del ejército, es extraordinaria.

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Hay cierta controversia en Israel sobre cuánto daño ha sufrido Hamás. A pesar de las preocupaciones de la inteligencia de las FDI y otros expertos en seguridad, algunos comentaristas y analistas militares insisten en que Hamás está al borde del colapso y que es necesario invadir Rafah para terminar el trabajo. Dado que Hamás sigue llevando a cabo negociaciones a través de Qatar y Egipto sobre un acuerdo de rehenes/alto el fuego, y capaz de mantener los ataques contra los soldados de las FDI y el lanzamiento ocasional de cohetes contra Israel, esto parece dudoso. Pero incluso si asumimos que la fuerza militar de Hamas puede ser neutralizada en gran medida una vez que Israel complete su asalto a Rafah, incluso si Hamas eventualmente cede el poder de la Franja, ¿entonces qué? Nadie en los pasillos del poder de Israel tiene una respuesta a esa pregunta, excepto la extrema derecha de la coalición de Netanyahu, que insiste en que Gaza debe ser despoblada y los asentamientos israelíes reconstruidos.

Los israelíes, la mayoría de los cuales quieren que Netanyahu se vaya, siguen apoyando la guerra, animados por el deseo de derrotar a Hamás y sin inmutarse por la destrucción de Gaza y las decenas de miles de muertes. La pregunta es qué, si es que hay algo, podría inclinar a la opinión pública en una dirección diferente.

Una posibilidad es que comience con la muerte de las madres de los soldados israelíes y con los muchos más heridos y que experimentan estrés postraumático del que no escuchamos mucho. Quizás sean ellos quienes comiencen a confrontar a los líderes de Israel con la pregunta esencial: ¿por qué deberían seguir enviando a sus hijos a morir por un gobierno que no ofrece otra visión que la de una guerra sin fin, una ocupación sin fin y una violencia sin fin?

(*)Mairav Zonszein es periodista israelí-estadounidense

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La culpa es del poder

La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente.

/ 25 de febrero de 2024 / 06:15

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El pensamiento de la escuela estoica, hoy releído en un cúmulo de nuevas lecturas e interpretaciones rescatadas de lo mejor de su razonamiento conclusivo, afirma que, “si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará”. La revalorización de los paradigmas e ideales del estoicismo pueden encontrarse en el escenario construido por un mundo desbordado e incontrolado, donde el egoísmo y la ambición múltiple destruyen toda posibilidad de convivencia social tolerante y civilidad democrática. Se escribe y se dice sobre el estoicismo que “una de las razones de su popularidad en el tiempo actual es su enfoque en el desarrollo de la resiliencia y la fortaleza mental, además que nos anima a cultivar la virtud en todas nuestras acciones.” El estoicismo fue, en los hechos, uno de tantos retornos a la tradición clásica de la filosofía en la búsqueda de construir un pensamiento y una concepción más humana de la vida y de las relaciones sociales, pero también de la convivencia en sociedad y de las instituciones de la organización estatal.

Un tiempo antes, la escuela cínica, esa que estuvo representada por Antístenes, Diógenes y su miembro más destacado Crates, mostraron en su pensamiento una molestia por todo convencionalismo e indiferencia valorativa por la propiedad, el matrimonio, el gobierno, las leyes, la buena reputación y todas aquellas convenciones de la vida civilizada, por supuesto que por las instituciones también. Bastaba únicamente, para ellos, la sabiduría, esa que les confería la posibilidad de bastarse a sí mismos, lo cual desde el punto de vista moral era ya suficiente. Frente a esta autarquía, Panecio de Rodas reexpuso el estoicismo convirtiéndolo en una filosofía del humanitarismo, allí el ideal de servicio público, humanidad, amabilidad y simpatía. La razón es ley para todos los hombres y todos los hombres son iguales, aún a pesar de sus condiciones y situaciones en el grupo social. El igual valor de hombres y mujeres, el respeto por los derechos de las esposas e hijos. La tolerancia y la caridad hacia nuestros semejantes. La humanidad en todos los casos. Los derechos extensivos para todos y se debe asegurar la dignidad humana, es la justicia la que debe refrendar que esa dignidad llegue a todos.

Transitamos un tiempo en el que no se logran gestionar con suficiencia las ambiciones políticas y de poder, además la historia universal, exhibe sobrados ejemplos de personas que fueron deteriorándose espiritualmente por culpa del poder. Conductas despedazadas por la ambición de acumularlo sin refreno. Personas deshumanizadas, hombres de enorme valía y grandeza reducidos por el obcecado desenfreno del poder. Napoleón, durante su irrefrenable intención de expansionismo imperial afirmó victorioso: “la bala que ha de matarme aún no ha sido fundida”. Aquella vanagloria parecía confirmarse en cada paso que daba el monarca para agigantar su poder. El poder somete, doblega y enferma a líderes y políticos antes que corromperlos. Los domina con una presión impensada e inimaginada. Las tentaciones a las cuales son expuestos parecieran ser incontrolables, y después, finalmente, cuando ya son desconocidos de lo que en algún momento fueron, los corrompe por los cuatro costados.

Concentrar el poder en una sola persona reduce las instituciones y se constituye en una restricción a las garantías de igualdad y libertad. Se dice, y tienen razón, que el poder y los liderazgos son cargas en exceso pesadas y que conviene repartirlos en varias espaldas. Los políticos que no logran abstraerse de la eternización del poder, de la vigencia perenne, concluyen su vida aislados por la paranoia y la monomanía, presos del planteamiento fijo e invariable, del método único, de la inflexibilidad y del pasado exitoso. Las sociedades mutan y se transforman, y los liderazgos insistentes, amarrados al tiempo pasado se convierten en elementos desairados primero y repelidos después.

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“Quien solo sabe usar el martillo, en todo ve clavos” dice la expresión popular. Es una reflexión ante la inalterable rigidez. Si no cambias, sino te transformas sales de la sociedad y no ensamblas con el mundo que te rodea. La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente. Pueden albergar en sí las caracteristicas propias del vicio de la irracionalidad y la terquedad. Ser valiente es algo distinto de ser temerario. La imaginación de quien cree que siempre ganará y que lo obtendrá todo y que el no darse por vencido -vulnerando a su paso cuanto obstáculo encontrase incluyendo lo legal/institucional- es una demostración de carácter solo construye destrucción y quebranto.

Hoy han rehabilitado el debate sobre el hecho producido por el 21F, casi como desenterrar al occiso para reexaminarlo. La atención de todo lo dicho tiene al mismo actor en el centro de cada palabra. La trama sigue siendo la misma, como si el tiempo se hubiese detenido, una conducta aferrada en torno al poder y sus intenciones no desmentidas de dominio hegemónico. Si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará, sentencia la expresión estoica. El tiempo ha transcurrido, en realidad, nunca pudo detenerse, quien quedó inalterado en el pasado es aquel que sigue martirizando a un pueblo con piedras y daños, ensordecido ante el paso de su tiempo, entonces, otra vez, la culpa es del poder.

 (*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Elecciones en tiempos de inteligencia artificial

La investigadora y ciberactivista Eliana Quiroz y el politólogo Carlos Saavedra hablan sobre el despliegue de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el mundo y en Bolivia.

La política algorítmica se intensifica en un año con importantes comicios en eeuu, rusia, europa, india y otros países más

Por Pablo Deheza

/ 18 de febrero de 2024 / 07:00

El Punto sobre la i

Sin ninguna duda, 2024 se perfila como el año en el que desde las urnas saldrán los cimientos del futuro de la humanidad. A nivel mundial, más votantes que nunca en la historia acudirán a elecciones en al menos 64 países, más la Unión Europea. Una población combinada de alrededor del 49% de la población del mundo elegirá a sus autoridades y los resultados tendrán consecuencias sensibles en los años por delante.

Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, India, el parlamento europeo, México e Indonesia, entre otros, serán los escenarios en los que los ciudadanos decidirán quiénes los representarán y bajo qué directrices. En medio de todo esto, cada campaña electoral desplegará todo su arsenal de comunicación política para influir e incidir sobre los votantes. El despliegue de la política algorítmica, aupada por la inteligencia artificial (IA) jugará un rol central y acabará dando forma a los resultados, para bien o mal.

Para una mayor comprensión del uso de estas nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito electoral conversamos con la ciberactivista e investigadora del área, Eliana Quiroz, y con el politólogo, Carlos Saavedra.

IA

“Lo primero a entender es que estamos en una revolución científica que ha desencadenado otro mundo. Podemos afirmar que estamos en la metamorfosis más vertiginosa de la historia de la comunicación política. Si bien la revolución cognitiva ha sido central justamente para el sistema de la revolución política, religiosa, financiera del mundo, porque ahí el hombre por primera vez ha podido compartir sus ficciones, paradigmas, relatos, narrativas e ideologías, esta revolución digital se constituye en una transformación de los paradigmas de construcción de la opinión pública, lo que es central para entender la evolución de la política misma. Entonces, tenemos una transformación de lo que era una verticalidad mediática de construcción de la opinión pública a una otra generación múltiple a través del mundo digital y de las redes. Ahora bien, esto presenta otros riesgos, como el control de bases de datos, un seguimiento mucho más rígido las huellas digitales de las personas, etcétera”, comienza señalando Saavedra.

El poltólogo prosigue y afirma que “lo que ha hecho el mundo digital ha sido cambiar las formas que se tenía de conversación y de opinión. Ha digitalizado el debate, sin que haya muerto totalmente, porque conviven las formas de organización tradicional en la política, especialmente en países como el nuestro, pero ha entrado con mucha fuerza la construcción de comunidades. En este marco se tiene evoluciones cada vez más complejas, como la algoritmitización de la política. El caso emblemático ha sido todo el de Cambridge Analytica, con el caso del Brexit y la utilización de la base de datos, el uso de big data para construir determinadas burbujas de opinión y a partir de ellas generar la radicalización del pensamiento político, con todos los peligros que tiene esto, porque ahí no hay gente queriendo informar, sino que trata de generar corrientes de opinión, que busca manipular el electorado a partir de la polarización de emociones”.

Sobre este punto, Quiroz indica que “la forma en que trabajó Cambridge Analytica es lo que tenemos que entender aquí. Es el uso de herramientas de marketing comercial y ciencias de datos para elecciones. Obtener bases y datos personales para microsegmentar a los públicos describiendo sus características de consumo y socioeconómicas, pero, principalmente sus temores. Una vez hecho esto, se diseñan mensajes específicos para cada microsegmento que se ponen a prueba en la aceptación del público en espacios digitales, con lo que se llama test A/B. Una vez que se verifica cuáles encajes son mejor aceptados, se los difunde por todos los canales posibles a cada microsegmento. Estos mensajes suelen ser altamente emotivos, alarmistas y atacan a los temores de las y los electores. Son mensajes engañosos o falsos. Todo este proceso es administrado, alimentado y monitoreado por computadoras, lo que multiplica por miles la velocidad de los procesos y pone en serio riesgo la integridad informativa pública y la integridad de los procesos electorales”.

La ciberactivista e investigadora observa que “el uso de la IA, que es lo más reciente, sino en general el uso de las computadoras en elecciones, principalmente son recursos utilizados para cosas buenas, para difundir mayor información pública, para que las personas que van a votar estén mejor entendidas. Para eso sirven, pero también se usan para generar tendencias falsas o para atacar a los contrincantes, a los opositores. Y esto se hace ahora con más tecnología y, sí, con IA. Mucho con el uso de bots, cuando son software, y trolls cuando son humanos. Éstos, falsamente, inauténticamente, generan tendencias que no existen, que no son reales, detrás de las cuales no hay personas, sino robots o personas pagadas. Es decir, como se llama en tecnología, no es algo orgánico. Estas herramientas se utilizan básicamente para eso, para atacar al contrincante, para entrometerse en las comunicaciones privadas del contrincante y sacar cosas a luz que pueden ir en contra de ese candidato o esa candidata y para generar tendencias falsas. Además, todo esto tiene que ver con la desinformación, con las noticias falsas y es una de las formas en que la IA se utiliza. Se sabe que en las elecciones norteamericanas este va a ser uno de los retos más grandes este año, que tiene muchísimas elecciones en el mundo. La capacidad de producción de estas noticias falsas y de difusión de estos mensajes falsas o engañosas con la IA se multiplica por millones”.

Bolivia

Ahora bien, este fenómeno global no ha pasado por alto al país. El uso de estas tecnologías es algo que se ha observado ya en su aterrizaje y despliegue en el contexto nacional.

Quiroz nota que “después del 21F ha habido un uso tecnológico en Bolivia, que podría considerar menor inicialmente, con los grupos de WhatsApp de un lado y del otro, de las diferentes candidaturas. Se han organizado grupos principalmente desde ahí, pero también de Facebook, algunas cosas en Twitter más pequeñas. El fin era coordinar y denunciar, hacer daño al contrincante, dar de baja posts, cuentas, legítima o ilegítimamente para que se borren, para que se banéen; organizarse para generar tendencias que pueden ser más o menos orgánicas. Es decir, con gente interesada por detrás, pero también hay un manejo, una promoción de estos mensajes a través de perfiles falsos administrados. Se trataba de cinco, diez, veinte perfiles falsos manejados por una persona. Lo que es más difícil y no se ha visto en Bolivia es una incidencia con máquinas y que sean cientos y miles de perfiles que son administrados por un software. Sí se ha visto que luego una intención de armar bases de datos en algunas campañas.

El 2020 ha sucedido esto. Generar bases de datos personales para que luego se puede hacer microsegmentación y se puedan mandar mensajes muy dirigidos a determinados grupos sociales”.

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Saavedra asevera que “la experiencia boliviana de la revolución digital y su impacto en la comunicación política es que ha sido, lamentablemente, una herramienta más para profundizar la polarización. En Bolivia se ha afincado y profundizado la polarización política a partir del uso de la tecnología, de la tecnopolítica, no sólo en los procesos electorales, sino en todos los procesos de gestión gubernamental, en todos los niveles. Veo que se ha seguido una tónica mundial, de construir esta política algorítmica, de afianzar burbujas de información, que han sido fundamentales. Pienso que tienen su primer gran estallido el 21F, con todo lo que ha sido la construcción de las verdades y posverdades de uno y otro lado, con el caso de Gabriela Zapata, por ejemplo. Luego, a partir de 2018 con la generación de corrientes de opinión sobre la reelección indefinida de Evo Morales, hasta todo lo que ha sucedido en 2019 y lo que ha significado la denominada revolución pitita; que yo creo que ha terminado de mostrar un otro paradigma de organización política en Bolivia, Uno de los errores de la coalición política más grande, el MAS, ha sido que se ha cerrado mucho, en cierto momento, a la organización política tradicional, a la organización social en términos clásicos y tradicionales. No ha terminado de entender la conformación del sujeto político digital y de la comunidad política digital, que al final, en 2019, termina trascendiendo de las redes a las calles y genera las condiciones para que se dé todo lo que pasó en noviembre de ese año. Ese ha sido un punto de quiebre, un punto determinante en la construcción de polaridades a través de las comunidades digitales Después de la resolución política, con la victoria del MAS en 2020, durante un tiempo muy corto esto se ha apaciguado, pero hoy vemos que nuevamente las redes están siendo el espacio donde se está nucleando la polarización política. Pareciera que nuevamente desde ahí se está pregonando la idea de la negación de la otredad política, hoy en un contexto todavía mucho más fragmentado y con burbujas mucho más pequeñas”.

¿Soluciones?

El debate sobre la legislación de la IA en Estados Unidos y Europa está en marcha, aunque aparece a todas luces superado por la velocidad de los cambios que está generando esta tecnología. Las elecciones en Norteamérica serán un enorme campo de prueba para ver dónde están las capacidades de los algoritmos para obrar en las campañas de información y desinformación. Además, servirán para verificar hasta dónde estas herramientas pueden ser controladas, o no, mediante legislación. En criterio del politólogo, “la última generación de tecnología aplicada al uso de la comunicación política en los procesos electorales es prácticamente como un tsunami que es incapaz de ser controlado por los paradigmas jurídicos normativos en el mundo. Es imposible hoy controlar toda la aplicación de IA y big data en los procesos electorales. Son herramientas que están siendo usadas en el mundo, muchas de manera experimental, pero que están siendo centrales en todas las campañas electorales. Más aun, están siendo determinantes para quienes generan los discursos de extremos. Por ejemplo, la campaña presidencial reciente en Argentina ha tenido una utilización clave de las redes sociales en la generación de opinión pública. Hay que tener en cuenta que Javier Milei es un fenómeno que nace en los medios tradicionales, pero que se masifica en las redes. Otra elección que acaba de pasar, la de El Salvador, ahí se tiene todo un manejo de big data, de narrativa política, el despliegue de los fuertes tentáculos de la tecnopolítica.

La experiencia Nayib Bukele terminó con una victoria contundente. A partir de todo lo anterior, veo que el mundo todavía no está preparado para terminar de advertir los riesgos que puede generar la aplicación de la tecnopolítica, más todavía con esta última generación de IA. Se han hecho muchos intentos por intentar controlar lo que es el uso de los datos, por intentar controlar cuánto pueden perforar en la privacidad, en las redes sociales. Siguen siendo insuficientes”.

Quiroz apunta que “el diálogo y el acercamiento a personas que piensan diferente es hoy más que nunca la estrategia principal para contrarrestar los efectos negativos a nivel social, pero, ante todo, se requieren políticas públicas informativas plurales y espacios de diálogo y concertación entre varios actores, no sólo los del sistema político, sino otros nuevos: empresas tecnológicas, grupos interesados especializados en informática, medios tradicionales y nuevos, líderes de opinión tradicionales y digitales, el Órgano Electoral Plurinacional, organizaciones políticas, empresas de datos, de marketing, de producción de comunicación. Se necesita una enorme capacidad de diálogo. Además, Se requiere dar transparencia en los procesos de financiación de campañas, de contratación de empresas y especialistas, contratación de publicidad en plataformas digitales”.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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Economía de exportación, subdesarrollo y crisis

La economía que privilegia las ventas al exterior por encima del desarrollo industrial acaba obrando contra la soberanía del país.

El puerto de Arica, Chile, por donde sale la mercadería de exportación boliviana.

Por Juan Pablo Neri Pereyra

/ 18 de febrero de 2024 / 06:40

Dibujo Libre

Es lógico que el hecho de ser una economía de exportación acabe, nuevamente, pasándonos la factura. A saber, que lleguemos al punto en que nuestros gastos de importación superen las ganancias que, como país, generamos, que el gasto público se vuelva insostenible y que, por lo tanto, la economía en su conjunto se tambalee. Y, sin embargo, existen pocas voces que se refieran al problema de fondo. Es decir, la característica perniciosa y duradera de la economía boliviana, que es el hecho de ser una economía de exportación y dependiente.

Por suerte, una de esas voces es la de mi buen amigo Stasiek Czaplicki Cabezas, economista ambiental, quien recientemente publicó una nota titulada “Río revuelto, ganancias de pescadores”, donde argumenta por qué a la agroindustria -aunque me parece que el concepto de “agronegocio” es más acertado- del oriente boliviano le conviene que la moneda nacional se devalúe, y por qué éste es uno de los sectores de la economía que incentiva la escasez de dólares en el país. Como explica Czaplicki, a los sectores exportadores, como el agronegocio les conviene continuar acumulando excedente en divisa extranjera que, posteriormente, pueden mantener en el extranjero.

Por otra parte, en un intento por incentivar el retorno de divisas, el Estado, pensando que al apoyar a estos sectores está contribuyendo a aliviar los otros problemas de la economía (balanza comercial negativa, déficit fiscal y crisis de deuda externa pública), realiza concesiones, como el otorgamiento de facilidades crediticias, el financiamiento de sus operaciones con dinero público ( fondo de pensiones) y la mayor liberación de las exportaciones. En consecuencia, se mantiene el círculo vicioso de la “economía de exportación”. De hecho, en 2017, junto con Czaplicki, escribimos un análisis sobre esta misma dinámica en el caso de la Argentina de Macri. Previsiblemente, seis años más tarde, el fundamentalismo de mercado fascistoide, a la cabeza de Milei, ganó las elecciones.

En este sentido, me parece importante realizar algunas precisiones adicionales al análisis de Czaplicki, para que el argumento por el que ambos apostamos tenga más fuerza. Históricamente, en las economías de exportación, está en el interés de la burguesía comercial (capitalistas mercantiles) que la generación de excedentes se concentre en su sector. De hecho, a diferencia de los países propiamente capitalistas (industrializados), en las economías de exportación, los intereses de las burguesías comerciales y de las burguesías latifundistas no contienden, sino que confluyen y/o son la misma cosa. Adicionalmente, los intereses de ambas burguesías operan como un freno para el desarrollo industrial. Este es, claramente, el caso de Bolivia.

Para mayor claridad, al ser Bolivia una economía de exportación, está dominada por dos sectores: una burguesía comercial y una burguesía rentista, donde predomina una clase latifundista. Si bien no son la misma cosa, en el caso del agronegocio del oriente, la burguesía comercial también es rentista. Es decir, al tiempo que producen mercancías comerciales de exportación, con un grado reducido de desarrollo industrial, también acaparan tierra que utilizan como activo para generar renta. Por otra parte, el excedente de exportación que generan, en divisa extranjera, también lo utilizan para las importaciones. Por lo tanto, si la moneda nacional se devalúa, no solo siguen acumulando excedente en moneda extranjera, sino que su poder adquisitivo para importar y comercializar en el país aumenta.

En el caso de la nueva burguesía comercial articulada a la minería del oro, por ejemplo, la dinámica es similar. La comercialización desregulada de mineral, que no paga regalías porque es presentada como “manufactura”, se traduce en una importante acumulación de excedente en divisa extranjera. Además, esta burguesía comercial también participa en las importaciones para el sostenimiento de sus economías de enclave. Lo que queda pendiente por aclarar, por lo tanto, es la participación de la burguesía financiera (banca) en las operaciones de ambas burguesías (comercial y rentista).

Durante la última década, los intereses de estas clases sociales coincidieron plenamente con los del Estado, ya que éste último también fue un actor más en la economía de exportación, en este caso de hidrocarburos. Como señala Czaplicki, durante ese periodo el país experimentó una bonanza artificial, debido principalmente a los precios de las mercancías comerciales. Sin embargo, citando al economista francés Pierre Salama, quien ya en los años 70 advertía sobre estos problemas, eventualmente llegamos al punto en que “la velocidad de difusión de la monetización es reducida por el conjunto de fugas que constituyen la importación de bienes alimenticios y durables y las ganancias exportadas”. Es decir, el país en su conjunto gasta más de lo que produce y acaba quedándose sin divisas.

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Siendo un poco más provocadores, el desarrollo productivo del país, que sería la única solución real a los problemas que señalo, no está en el interés de las burguesías comerciales y rentistas. La economía de exportación es, esencialmente, antiindustrializante y, por lo tanto, prolonga el subdesarrollo económico del país. Este hecho fáctico ya ha sido prefigurado por los funcionarios del gobierno de turno. En particular, por el presidente quien ha reciclado el viejo eslogan de la CEPAL de industrializar para “sustituir importaciones”. Pero, siendo realistas, el cumplimiento de tal objetivo implicaría tomar medidas que afecten a otros sectores, cuyos intereses también confluyen con los de las burguesías comercial y rentista. Me refiero a la pequeña burguesía del comercio y los servicios y a la gran burguesía comercial informal.

En el caso de la pequeña burguesía del sector de comercio y servicios, muchas veces se trata de la clase trabajadora urbana con ingresos intermedios que, en algún punto, decidió apostar por el cuentapropismo y el “emprendedurismo”. Lo mismo sucede con la burguesía comercial informal, que está comprendida por redes familiares, que también se articulan intermitentemente al sector formal. Por lo tanto, se trata de un embrollo aún más difícil de desenmarañar. Para ser aún más claros, todos estos sectores que describo con categorías sociológicas, operan como satélites de la economía de exportación. Por ello es que insisto en que la economía de exportación, no sólo es antiindustralizante, sino que es la receta perfecta para la crisis financiera, el déficit fiscal y la crisis de deuda externa, a las que ya estamos encaminados.

El siguiente problema, como también señala Czaplicki, es que cuando inicie la crisis, no se dejarán esperar las voces de los fundamentalistas del mercado, que ignoran por completo todo lo señalado acá, y que esperan estos momentos con ansias para nuevamente esgrimir la carta de la “austeridad”. Es decir, es probable que nuevamente nos veamos ante la necesidad de recurrir a salvatajes financieros de los organismos multilaterales (FMI y BM) quienes, a su vez, nos impondrán medidas de ajuste estructural (privatización, liberalización de los mercados y consolidación de la economía de exportación). Y así es como se repite otro ciclo en nuestra historia larga de subdesarrollo, dependencia y crisis.

(*)Juan Pablo Neri Pereyra es politólogo y antropólogo

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