DIBUJO LIBRE

A fines de febrero, cuando todavía el Carnaval era celebrado en el país, la ministra del Interior de Chile anunció desde Colchane la militarización de la frontera norte con Bolivia y Perú, con el objetivo de frenar la inmigración irregular, para lo cual se dieron atribuciones especiales a los militares, como controlar la identidad, el registro de equipajes o detener a personas para ser trasladadas a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) o a Carabineros. El despliegue del ejército, junto a la dotación de tecnología e infraestructura, no son las únicas medidas adoptadas para este fin; se está montando, además, un “sistema de información fronterizo” a través de módulos de observación de última tecnología (cámaras térmicas de visión nocturna, sistema de comunicación satelital, etc.) para controlar la circulación fronteriza en pasos no autorizados, así como sistemas de análisis biométricos en frontera para empadronar y registrar a migrantes. El laboratorio para todas estas medidas, que serán replicadas luego en otras geografías fronterizas, es la localidad de Colchane, frontera con Bolivia. Hace diez días, el 15 de marzo, el presidente Boric visitó Colchane y volvió a emitir un duro discurso contra la “inmigración y la criminalidad”, además de señalar a Bolivia como entorpecedora de la expulsión de migrantes irregulares.

Las medidas antes señaladas, siendo extremas, no son novedosas. Desde 2018, el país vecino ha desarrollado una serie de planes y acciones de orden militar, policial y administrativo en Colchane para impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros, sobre todo venezolanos, colombianos y haitianos, en lo que denominan “crisis migratoria”. A estas alturas, para nadie es desconocido que Chile, desde hace más de dos décadas, es el destino migratorio regional por excelencia. Las cifras indican que la presencia de ciudadanos provenientes de Sudamérica aumentó en 80% en los últimos años. Sin duda, buena parte de esos migrantes ingresaron a Chile vía Bolivia, primero entrando al país por Desaguadero desde Perú, para luego de atravesar La Paz y Oruro, dirigirse a Chile por la frontera de Pisiga. De ahí que ahora somos también un “país de tránsito”.

De manera paralela a esta vorágine migratoria regional a Chile, la presencia boliviana en ese destino también ha crecido significativamente. Como muchas dinámicas migratorias en Bolivia, ésta se desarrolló y desarrolla en silencio, al margen del Estado, incluso al margen de la sociedad y su vida pública e institucional. Desde inicios del presente siglo existía ya una colectividad boliviana importante en el norte chileno, no solo en el tradicional puerto comercial de Arica, sino, de igual forma, en Iquique, Calama y Antofagasta, donde mayormente se empleaban en servicios, cuidados, comercio (sobre todo mujeres), construcción, minería, agricultura y otros. Hoy en día, esa presencia en el norte chileno está plenamente consolidada y en franca expansión. De acuerdo al censo chileno de 2019, los bolivianos residentes en ese país son 119.401. Es claro que en esta cifra no figuran aquellos cuyo ingreso a Chile fue irregular, es decir, por pasos no autorizados.

Una característica muy importante de esta población boliviana en Chile son sus dinámicas de movilidad, ya que ellas responden a una lógica de circulación o circularidad en el espacio; es decir, los migrantes bolivianos se mueven en temporadas de dos a cuatro meses aproximadamente, yendo y viniendo con mucha fluidez y rapidez y de manera repetitiva. Vinculada a esta dinámica en el norte chileno, en la última década la migración laboral boliviana ha ido avanzando de manera acelerada hacia el centro y sur, empleándose sobre todo en la cosecha agrícola de diversas frutas cuya demanda de trabajadores es significativa a lo largo del año. Este rubro laboral es el que hoy día jala la mayor cantidad de trabajadores bolivianos y donde se reproducen, también, las modalidades de circulación temporarias y cortas, además de concentrar la mayoría de los tránsitos por pasos no habilitados, es decir, de entradas irregulares. La importancia de la migración boliviana a Chile se corrobora cuando analizamos las remesas económicas llegadas al país. Según datos proporcionados por el Banco Central de Bolivia, en 2022 hubo un récord en la recepción de remesas, ya que superaron los 1.437 millones de dólares y, por primera vez, Chile ocupó el puesto número dos, luego de España y por delante de Estados Unidos. 

Estas intensas movilidades poblacionales hacia Chile, tanto de bolivianos como de ciudadanos de otros países de la región y más allá (Haití), se han dado vía las fronteras de Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile). Las transformaciones que esta frontera ha experimentado en los últimos años, producto del denominado “corredor andino” de migraciones (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), son profundas, más aún si consideramos todo lo vivido y experimentado durante y después de la pandemia con el cierre de fronteras, cuyos impactos fueron asumidos por los migrantes y por las regiones fronterizas.

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En el marco de lo señalado, llama significativamente la atención que en menos de un mes la Ministra del Interior y el presidente Boric visiten la frontera de Colchane acompañando el despliegue militar. En los discursos de ambas autoridades se hizo hincapié en frenar la inmigración de ciudadanos venezolanos que entran a Chile, llegando incluso el presidente Boric a vincular muy arriesgadamente la irregularidad con la criminalidad, y deslizar que “le haría la vida imposible” a las personas migrantes en condición de irregularidad. Sin embargo, desde hace más de medio año, la circulación de ciudadanos venezolanos por Bolivia hacia Chile ha disminuido drásticamente y en la actualidad, de diez personas que pasan por Pisiga con destino a Colchane, siete u ocho son bolivianas. Desde hace tiempo, la región asiste a un reflujo o migración de retorno de venezolanos desde Chile, que ahora vuelven sobre sus pasos a lo largo del subcontinente, dato que no es desconocido para las autoridades chilenas e incluso es motivo de cuestionamiento de la prensa, por el destiempo de algunas medidas. Esto nos lleva a sostener que la actual militarización de la frontera norte afecta básicamente a migrantes bolivianos.

Lo que se atisba en el horizonte de corto y mediano plazo, no es la disminución o desaparición de estas dinámicas migratorias que se originan en la demanda de mano de obra en determinados rubros laborales, sino su mayor clandestinización y vulneración, obligándolas a buscar rutas de mayor riesgo (muchas de ellas activas para el narcotráfico y el contrabando). Frente a ello, el silencio y bajo perfil de nuestras autoridades expresa el statu quo que desde hace mucho tiempo caracteriza al accionar público nacional sobre el hecho migratorio en el país.

(*) Investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS-UMSA) donde actualmente desarrolla la investigación “Circuitos migratorios laborales de bolivianos en Chile: Movilidad, fronteras y políticas”. Coordinador del Observatorio de Migración Transnacional (OMT) de Bolivia.

(*)Alfonso hinojosa es sociólogo (*)