La letra chica del debate sobre el ‘fraude’
Imagen: La razón-archivo
Carlos Mesa y los movilizados en 2019; ha vuelto a instalarse la polémica sobre lo que realmente pasó en esos días
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La falsificación de las actas, la manipulación informática, el súbito corte del TREP, entre otros, han sido la agenda propuesta por Animal Político.
El punto sobre la i
Esta semana rebrotó la polémica del ‘fraude’ en las elecciones de 2019. La gatilló el ministro de Justicia, Iván Lima, cuando habló de un próximo proceso judicial contra Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), por “acusación y denuncia falsa” (artículo 166 del Código Penal; hasta 3 años de prisión), por haber sostenido la existencia de un “fraude monumental” en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
El lunes 3, la bancada parlamentaria de CC dio una conferencia de prensa en que los asambleístas aseguraron desvirtuar las “amenazas” de Lima.
En lo básico, los legisladores de CC reivindicaron el informe de la OEA de noviembre-diciembre de 2019, de su “contundencia” y validez como prueba del “fraude”.
Los puntos que los asambleístas destacaron fueron:
– Manipulación de actas, el caso de las 226 actas con ‘irregularidades”.
– Existencia de “servidores clandestinos”, que “no eran parte de la infraestructura tecnológica e informática del TSE”.
– La paralización del TREP. “¿Hasta ahora estamos esperando una explicación del porqué el TREP se paralizó? – Que cualquiera de los informes críticos no tiene validez.
Por responsabilidad periodística, Animal Político no puede dejar pasar lo dicho por los asambleístas de CC sin recordar lo que publicó en anteriores entregas sobre las mencionadas cuestiones.
ACTAS.
Sobre las 226 actas, en lo de la “falsificación” de las mismas, la OEA informaba que revisó una muestra de 4.692 (de un total de 34.555 del país más del exterior), de las cuales en 226 encontró “una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales”, esto porque entre dichas 226 actas se vio que “dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”.
Siempre fue vago eso de “dos o más actas”. Según el listado que ofrece la propia OEA de las 226 actas “irregulares” (Informe final, 2019: páginas 56 a 58), tabulando la frecuencia de las mismas se tiene que en 57 recintos electorales (65%) una misma persona llenó dos actas; en 21 recintos (24%), tres actas; en 4 recintos (4,5%), 4 actas; en otros 4 recintos (4,5%), cinco actas; en 1 recinto (1,13%), seis actas; y en otro recinto (1,13%) una sola persona llenó siete actas. De modo que en dos tercios de los 88 recintos observados por la OEA, una misma persona llenó dos actas y solo en 11% de los recintos, una persona llenó más de 4 actas. En dos de tres recintos, el llenado fue de solo dos actas.
Como hizo notar el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) en su momento, el llenado de varias actas por una misma persona “lejos de ser una señal de fraude o de manipulación ‘deliberada’ de los resultados, se trata de un fenómeno ampliamente conocido: en áreas rurales y recintos más pequeños no es inusual que una misma persona llene la información correspondiente y que, posteriormente, estas personas firmen el acta. Estos casos son especialmente comunes en zonas donde existen altos índices de analfabetismo funcional”.
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La falsificación de las actas (con el correspondiente cambio de resultados), además, tendría que haber superado la prueba de la existencia de 12 copias, aparte de la original: 9 para cada uno de los partidos que terciaban en la elección, una para el presidente de mesa, una para el notario y una para el funcionario del TREP (Reglamento de material electoral, mayo de 2019). (Animal Político, 11 de septiembre de 2022)
Ahora, como hizo notar a este suplemento, el vicepresidente del TSE de 2019, Antonio Costas, un hecho de primer orden que destacar, es que el equipo auditor de la OEA “han contrastado las imágenes (de las actas) con los resultados; de todas”; es más, revela el exvicepresidente del TSE, “hay información” de que contrataron un equipo de transcriptores” para volver a escribir los resultados, como si desconfiaran de lo hecho por el Órgano Electoral; pero tuvieron que desistir, dada la magnitud del trabajo (más de 35.000 actas).
Pero, ¿qué es lo que hallaron? Según su propio informe, se vio “que se han encontrado coincidencias en 34.495 actas, que corresponden a 99,83%; solamente el 0,17% no coinciden”.(AP, 30 de octubre de 2022)
JURADOS.
Luego, continúa Costas, en una muestra de 5.000 actas (14,47% del total) encontraron que el promedio de jurados en la mesa fue de 5,1 jurados, en el momento de cierre de la votación; es decir, que “la mayoría de las mesas estuvieron completas” de jurados.
Otro hallazgo de la propia OEA fue que “88% de las mesas tuvo al menos un delegado de partido”. La presencia del MAS fue en 66% de las mesas, y la de Comunidad Ciudadana (CC), 55%.
Así, lo que dice el Hallazgo 4 del informe de la OEA, (que “las actas del cómputo no son fiables”) “no corresponde a la realidad, porque no dice si se alteraron o no los resultados, ni en qué magnitud los alteraban”.
Dicen, como enfatizó el diputado Alarcón en la conferencia del lunes: que la OEA había identificado un “patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en el llenado de las actas electorales”, pero, como apunta Costas, en ningún caso muestran la alteración de los resultados.
Cuando uno de los argumentos para desconfiar de las actas era la “falsificación” de firmas y otras irregularidades, Costas cuestiona: el perito forense de la OEA “lo único que hace es ver la semejanza de las letras, un análisis de peritaje grafológico”, pero no se pronuncia sobre, por ejemplo, si las actas eran o no legales o verdaderas; en cuanto a dudas que tuvieron sobre algunas firmas, “ellos podían haber pedido al TSE ver la firma de tal o cual jurado en el padrón electoral, y verificar si correspondía la firma. “No lo han hecho. Entonces, doy por sentado de que sí eran sus firmas”. Ahora, si dudaban de estas actas, de que las habrían falsificado, ellos tuvieron acceso a las hojas de trabajo que vienen en los sobres de seguridad.
“Las hojas de trabajo reflejan el conteo de los votos. Entonces, si yo he visto estas actas que “tienen manipulación”, debería haber ido a la hoja de trabajo y ver si efectivamente lo que se anotó en esta hoja correspondía al resultado, apunta. (AP, 30 de octubre de 2022)
Sobre los “servidores clandestinos”. Costas, ingeniero en sistemas, conocedor desde hace años del sistema informático del Órgano Electoral, ya se irrita: “Que nos digan que había ‘servidores ocultos’ es una mentira. El servidor B01 (desde el cual Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec, pidió verificar masivamente actas, lo que provocó luego la suspensión de la publicación del TREP) estuvo monitoreado por Ethical Hacking por lo menos dos horas antes —está documentado, además— de que se produzca el incidente por el cual se indujo al corte del TREP”, deplora Costas.
“La OEA ve como un verdadero anatema el hecho de que el ingeniero contratado que dio soporte al TREP y al Cómputo, ingrese y corrija un error del sistema, como algo que ocasionó modificación del resultado; eso es una mentira absoluta”, remarca.
Ciertamente se trata de una “mala práctica”, reconoce, pero que de ahí se quiera hablar de “servidores ocultos” ya es falsear la realidad. Era de conocimiento de los técnicos, lo que no tenía ese servidor que, además, era de acceso al sistema, afirma, era el agente necesario para monitorearlo. El servidor B01 era una puerta de acceso al sistema. Además, el día de la alerta fue revisado y no tenía ningún programa capaz de cambiar el resultado o dañar la base de datos. (AP, 30 de octubre de 2022)
Sobre la paralización del TREP, acaso sea oportuno mencionar lo que recogió la Fiscalía en su investigación del caso, en su informe en que resuelve el sobreseimiento de los vocales del TSE de 2019. “En el elemento de prueba 24, se hace una larga relación de la forma en que se estableció que iban a trabajar la empresa responsable de administrar el TREP (Neotec) y la auditora (Ethical Hacking). Un detalle significativo es la relación que se hace de la circunstancia en que se interrumpió el TREP. En el informe sobre el tema emitido por Ethical Hacking se destaca que ante la advertencia de la auditora de un desmesurado tráfico de datos proveniente de un servidor desconocido, fue la Sala Plena del TSE que ‘por la sensibilidad y susceptibilidad del momento, decidieron dejar de transmitir los resultados del TREP, hasta que se verifique y audite que no se habían alterado datos o sufrido un ataque cibernético de alguna índole’”. (AP, 1 de agosto de 2021)
SISTEMA.
“—¿Por qué se interrumpió el TREP? —El TREP fue interrumpido por una impericia, porque quienes han dado la orden no sabían de procesos electorales. A las diez, once de la mañana del lunes, el cómputo oficial había superado las 13.000 actas, y lo comparaban con el TREP, y las diferencias eran mínimas. Y es que no era necesario el corte, hubiera seguido publicando, y de a poco hubiera pasado el 10% sin que se extrañe nadie”, destacó Costas hace dos años. (AP, 15 de agosto de 2021)
Ahora, siempre se dijo que el TREP se interrumpió en la noche del 20 de octubre, con un resultado que obligaba a la segunda vuelta, y “volvió a reanudarse” al día siguiente, ya con un resultado suprimía la segunda vuelta. Costas aclara: ¿Qué se cortó ese día? Se cortaron dos cosas: la verificación de las actas y la publicación de los resultados, pero no se cortó la transmisión de los resultados y actas desde los recintos. No se podía decir a los funcionarios del TREP ubicados en todos los recintos del país, que ‘dejen de mandar’ sus reportes.
Y he aquí un detalle clave, que incluso reivindica al TREP. Siendo 34.555 el total de las actas de la elección de 2019, “se han transmitido 34.178 actas, que corresponden a 98,91%, esta fue la eficiencia del TREP y, además, 98,69% se transmitió en el día. Entonces, ¿cómo puedo yo modificar los resultados si éstos ya estaban en la base de datos?”, interpela Costas a los críticos del TREP.
Si el mismo día de la elección se transmitió casi 99%, destaca Costas, “se cae el mito de que después llegaron las actas del área rural; ese día llegaron prácticamente todas, del área urbana y del área rural”. (AP, 30 de octubre de 2022)
“Nunca se alcanzó ese nivel en el TREP; (la de 2019) ha sido la mejor elección; de dónde dicen que fue ‘una verguenza hemisférica’” (expresión esta última que empleó un funcionario de segundo orden de la OEA para descalificar la elección boliviana de 2019). (AP, 15 de agosto de 2021)
Los estudios que se han hecho no toman en cuenta este dato clave, reclama el exvocal electoral. “Esta información es decisiva, porque si un acta ya está en la base de datos, no la puedes modificar, ni sus datos ni su imagen; si yo quiero meter una nueva, salta a la vista”.
La base de datos se protege a sí misma registrando cada uno de los accesos. En este sentido, insiste Costas, es una fantasía aquello de que cualquiera puede entrar y cambiar los datos y no dejar rastro alguno de su acción. “Eso no ocurrió”, asegura el ingeniero. Y todo esto, remarca, “lo tenían ellos”, era de conocimiento de la OEA. (AP, 30 de octubre de 2022)
Sobre el súbito cambio de tendencia, tanto Costas como Francisco Rodríguez, economista, profesor de la universidad Tulane, destacan el error del estadístico Irfan Nooruddin, que fue contratado por la OEA para el análisis de los resultados.
El ingeniero es enfático al asegurar que “no hubo el cambio de tendencia” denunciado por la OEA. Este hecho es fruto de un equívoco que tuvo el analista Nooruddin al ordenar el último 5% del cómputo. El cómputo es secuencial, “tiene que estar en tiempos de fecha y hora, y él utiliza un formato alfanumérico; y si yo hago un ordenamiento alfanumérico, la ubicación de los registros es diferente a la ubicación cuando es por fecha y hora. Ahí yo voy justificando ese ‘cambio de tendencia inexplicable’”.
Costas afirma haber hecho el mismo análisis de la tendencia del voto, tanto en el TREP como en el Cómputo y encuentra que no hubo ningún cambio. Nooruddin, sin embargo, pese a haber reconocido su error, “no cambia su informe”.
Sobre los estudios críticos, los legisladores de CC de entrada descalifican cualquier investigación: “consultorías en línea pagadas”, de gente que no vino al país, cuando la OEA estuvo en el terreno y vio todo, insisten. Como fueron estudios “pagados para apuntalar la narrativa del golpe de Estado, son totalmente irrelevantes”; “personas pagadas por una red internacional para generar una mentira y una confusión sobre lo que pasó en 2019; no tienen ningún valor comparado con los informes in situ de la OEA, de la Unión Euroepa, Uniore”.
ACADEMIA.
Al margen de estas consideraciones, solo citar algunos de los organismos que efectuaron estos estudios. Instituciones académicas de seguimiento electoral: el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag); “contratistas” del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), las universidades de Pennsylvania y de Tulane; medios de comunicación estadounidenses, como The Washington Post y The New York Times.
Ahora, en medio de todo este debate, hay un estudio especial que, éste sí los opositores no pueden menospreciar, el de “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargado por el Ministerio Público al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, entregado el 27 de julio de 2021 (había sido contratado el 15 de abril).
Especial, porque es el único estudio que causa estado, pues fue expresamente contratado por la Fiscalía; éste sí fue “pagado” con fondos públicos.
Esta pericia concluyó que, “en rigor, el sistema informático no había sido manipulado, al extremo de cambiar el resultado; se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019”; lo que hubo, dijo, fueron “negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares)”. (AP, 1 de agosto de 2021)
Y he aquí un apunte sobre la naturaleza de la “auditoría de la OEA”. Si bien desde la primera frase, los autores se refieren al estudio como “esta auditoría”, lo que en realidad es un “Análisis de Integridad Electoral”.
Como reconociera el propio fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, el documento base para perseguir y detener a los vocales electorales, del TSE y a los 45 departamentales, fue precisamente el Informe de la OEA, porque aquí se vertían sobre todo indicios de manipulación dolosa, cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, contar con la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesitaba “tener una posición técnica para contrastar y verificar si era evidente lo que manifiesta ese informe (de la OEA)”. Esta prueba definitiva era, pues, el estudio de la Universidad de Salamanca.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón