Administración de los fondos de pensiones: entre el estatismo y la administración privada
La Gestora tiene desafíos importantes al hacerse cargo de las pensiones, un bien común que requiere los mayores cuidados.
Desde 1957 hasta 1996, el gobierno central administró la seguridad social del fondo de pensiones. Durante cuatro décadas, el sistema prestó un servicio deficiente a los jubilados, debido a una administración politizada, un excesivo y costoso personal, así como una gestión financiera poco productiva y rudimentaria, lo que generó una crisis en los años 80.
A pesar de haber creado una institución exclusivamente dedicada a la recaudación y pago de las rentas a jubilados, el sistema de pensiones llamado de «Reparto Simple» comenzó a tener problemas de solvencia con el cada vez menor aporte de los trabajadores. La clave del antiguo sistema radicaba en el financiamiento provisto por los trabajadores activos quienes en la suficiente cantidad cubrían a todos los pasivos. Según datos de la época, hasta ese momento existían 2.6 trabajadores activos por cada trabajador pasivo, pero esta relación se hizo cada vez más estrecha y dramática con el tiempo, lo que condujo a la imposibilidad de pagar rentas oportunamente a miles de jubilados.
En 1996, el sistema de pensiones llegó a un punto de no retorno. Además de los problemas administrativos propios de un órgano estatal, se sumaron la reducción del gasto público y el cierre de varias empresas públicas, lo que generó un despido masivo de trabajadores. Esta precaria situación se agudizó a partir de 1985, con la crisis económica que requirió de fuertes medidas de ajuste, como la reducción del gasto estatal y la estabilización de precios y del tipo de cambio.
El Decreto Supremo 21060, además de reducir el tamaño del Estado mediante el cierre de varias empresas públicas deficitarias, también generó despidos masivos que afectaron a miles de trabajadores que desembarcaron en el desempleo o la informalidad de mercados laborales precarios. Todo esto terminó por dar el «tiro de gracia» a la tendencial insolvencia para cubrir a los jubilados bajo el sistema de «Reparto Simple». La declaración de igualdad matemática entre dos expresiones de la ecuación básica del modelo…se había roto.
Ante este escenario, el gobierno adoptó un nuevo modelo de pensiones que brindara seguridad, rentabilidad y transparencia sobre los descuentos realizados a cada trabajador. El modelo elegido se denominó de «Capitalización Individual». A partir de 1996, con la Ley 1732 de Pensiones, se habilitaron cuentas individuales en lugar de un fondo común, lo que permitió un seguimiento y control directo de los aportes realizados por cada persona durante su vida laboralmente activa. Estas cuentas fueron administradas por dos instituciones privadas con experiencia en el mercado de capitales, reguladas por una superintendencia a cargo del gobierno.
Si bien el cambio generó una solución para las generaciones futuras, no lo fue para la generación que, a pesar de haber aportado por décadas, sufrió las consecuencias de recibir jubilaciones muy bajas en comparación con el monto percibido durante su vida activa. Sin embargo, la transparencia en el manejo de la información y los rendimientos satisfactorios entregaron un voto de confianza a la continuidad del novedoso modelo de «capitalización individual».
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) fue creada en 2010 y comenzó a operar en 2015 mediante un decreto supremo. Desde mayo de 2023, sin experiencia previa en el manejo de inversiones, ha asumido la gestión efectiva de los fondos. Se está cambiando la administración de los ahorros desde manos privadas hacia las del gobierno. Aunque no se están “estatizando” los ahorros individuales privados, el gobierno decidió “estatizar” la administración de los fondos de pensiones.
El traslado de la administración a manos del gobierno no dispone de una evaluación de desempeño que haga un corte transversal y justifiquen este cambio sobre el trabajo que venían desarrollando las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Tampoco se conoce si esta decisión es parte de una política pública a largo plazo que defina las líneas de trabajo y proyecte el crecimiento de los fondos de pensiones con mejores rendimientos, menores costos de administración y mayor transparencia que las administradoras privadas en los últimos años.
Si queremos aprender de los errores del pasado, será prioridad del gobierno consolidar un órgano técnico, eficiente y transparente, con mayores capacidades de especialización y conocimiento que la reciente administración privada. La gestora pública deberá abrirse a participar en mercados de capitales internacionales y utilizar plataformas tecnológicas y bursátiles capaces de aprovechar las oportunidades que brindan los mercados del siglo XXI.
Si la Gestora pretende ser una entidad técnica y especializada, deberá contar con una serie de reglamentos de administración que eviten márgenes de discrecionalidad de sus ejecutivos, una separación de poderes entre su directorio y el Ministerio de Economía y Finanzas, el reclutamiento de personal por mérito y una política moderna que mejore el rendimiento y todas las formas de diversificación del riesgo. Además, resultará fundamental contar con el asesoramiento externo de calidad que tenga en cuenta factores como el riesgo cambiario, las regulaciones locales y los modelos de análisis y simulación de las condiciones políticas y económicas que influyen en los mercados de valores en los que se podría llegar a invertir.
El monto acumulado a lo largo de la vida laboral representa un capital autónomo para el individuo y uno colectivo para el sistema financiero en su conjunto. Estos fondos acumulados no solo posibilitan el ahorro nacional, sino que también pueden ser la fuente de apalancamiento de mayores recursos que brinden no solo respaldo financiero y estabilidad a la economía, sino también oportunidades de inversión pública de mayor calidad. Para garantizar la salud y la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la macroeconomía del país, las economías actuales se basan en la confianza y en el crédito otorgado a los distintos actores en los diferentes mercados. La cifra más alta jamás acumulada en la historia económica boliviana, que asciende a USD 24.000 millones, exige credibilidad e inmediata generación de confianza.