Las tensiones entre el mundo unipolar, que lucha por persistir, y el multipolar, que va naciendo a empujones.
Dibujo Libre
El presidente estadounidense Joe Biden llevó recientemente a los líderes de sus aliados Japón y Corea del Sur a Camp David para discutir cómo contener a China y contrarrestar la influencia de Rusia, por ejemplo, en la región africana del Sahel, que recientemente ha experimentado una serie de golpes de Estado. Mientras tanto, los líderes de los países BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– se reunieron en Johannesburgo para criticar el dominio de Occidente sobre las instituciones internacionales establecidas después de la Segunda Guerra Mundial. Fue suficiente para provocar un déjà vu a los historiadores de la Guerra Fría.
El principal adversario de Occidente hoy es China, no la Unión Soviética, y los BRICS no son el Pacto de Varsovia. Pero ahora que el mundo está entrando en un período de incertidumbre tras la desaparición del orden posterior a la Guerra Fría, los paralelos son suficientes para convencer a muchos de recurrir a modelos conceptuales anteriores a 1989 para comprender lo que podría venir después. Esto incluye a Estados Unidos y China, aunque cada uno apuesta por un modelo diferente.
Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, las dos fuerzas principales que definieron el orden internacional fueron el conflicto ideológico, que dividió al mundo en dos bandos, y la búsqueda de la independencia, que condujo a la proliferación de Estados, de 50 a 200. 1945 a más de 150 en 1989-1991. Si bien las dos fuerzas interactuaron, el conflicto ideológico fue dominante: las luchas por la independencia a menudo se transformaron en guerras por poderes, y los países se vieron obligados a unirse a un bloque o definirse a sí mismos por su “no alineación”.
Estados Unidos parece pensar que esta vez dominará una dinámica similar. Frente a su primer competidor desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos ha tratado de reunir a sus aliados detrás de una estrategia de “desacoplamiento” y “eliminación de riesgos”, esencialmente una versión económica de la política de contención de la Guerra Fría.
Mientras que Estados Unidos puede estar esperando una Segunda Guerra Fría, marcada principalmente por la polarización ideológica, China parece estar apostando a la fragmentación global. Sí, ha tratado de ofrecer a los países no occidentales una alternativa a las instituciones dominadas por Occidente, como el G7 o el Fondo Monetario Internacional. Pero, en opinión de China, la búsqueda de soberanía e independencia es fundamentalmente incompatible con la formación de bloques al estilo de la Guerra Fría.
En cambio, China espera un mundo multipolar. Si bien China no puede ganar una batalla contra un bloque liderado por Estados Unidos, el presidente Xi Jinping parece convencido de que puede ocupar su lugar como gran potencia en un orden global fragmentado.
Incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos no son inmunes a la tendencia hacia la fragmentación, a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes estadounidenses. Consideremos la reciente cumbre de Camp David. Aunque algunos medios se apresuraron a anunciar una “nueva guerra fría”, los intereses de los participantes divergieron en varios sentidos.
El principal foco de atención de Corea del Sur sigue siendo Corea del Norte, y los acuerdos de intercambio de inteligencia y las consultas nucleares anunciados después de la cumbre tenían tanto como objetivo señalar su determinación de hacer retroceder al régimen del dictador norcoreano Kim Jong-un como
contrarrestar a China. Japón, por su parte, está deseoso de evitar una escalada estratégica en relación con Taiwán, algo que amenazaría su modelo económico, que depende en gran medida del comercio con China (incluida la tecnología relacionada con los semiconductores). Y tanto Corea del Sur como Japón están descontentos con el celo con el que Estados Unidos está aplicando su estrategia de reducción de riesgos.
En cuanto a la situación en el Sahel, tiene todas las características de un clásico enfrentamiento por poderes de la Guerra Fría. Desde que Burkina Faso, Guinea y Mali sucumbieron a golpes militares, Estados Unidos y Francia han llegado a depender del gobierno de Níger como último bastión del apoyo occidental en la región.
Bajo el difunto Yevgeny Prigozhin, el ejército mercenario ruso Grupo Wagner ganó una influencia sustancial sobre el gobierno de Mali y prácticamente gobernó la República Centroafricana. Lo último que quieren Estados Unidos y Francia es que Wagner consiga otro punto de apoyo en la región.
Pero ahora que el gobierno de Níger también ha sido derrocado por los militares, las respuestas estadounidense y francesa han divergido marcadamente, permitiendo a los nuevos gobernantes del país quedarse con el pastel y comérselo. La junta militar ha solicitado la ayuda de Wagner para evitar la amenaza de intervención, pero parece dispuesta, al menos por ahora, a permitir que Estados Unidos siga operando bases de drones en el país.
Quizás la mayor sorpresa la semana pasada fue el anuncio de los BRICS de que seis países –Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos– se convertirían en miembros de pleno derecho a principios del próximo año. A pesar de los editoriales previos a la cumbre, China no se hace ilusiones de que países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se unan a ella en un auténtico bloque antioccidental; Los objetivos de China son más sutiles.
Unirse a los BRICS aumenta la libertad de acción de los países, por ejemplo, aumentando el acceso a fuentes alternativas de financiación o, eventualmente, proporcionando una alternativa genuina al dólar estadounidense para el comercio, la inversión y las reservas. Un mundo en el que los países no dependen de Occidente, pero son libres de explorar otras opciones, sirve a los intereses de China mucho mejor que una alianza pro China más estrecha y leal.
El panorama que surge es el de un mundo en el que las superpotencias carecen de suficiente influencia económica, militar o ideológica para obligar al resto del mundo –en particular, a las cada vez más confiadas “potencias medias”– a elegir un bando. Desde Corea del Sur hasta Níger y los nuevos miembros del BRICS, los países pueden permitirse el lujo de promover sus propios objetivos e intereses, en lugar de jurar lealtad a las superpotencias.
Al contrario de lo que pueda parecerles a muchos, sobre todo en Estados Unidos, la nueva guerra fría parece basarse no en la vieja lógica de la polarización, sino en una nueva lógica de fragmentación. A juzgar por el crecimiento de los BRICS, no faltan países que encuentran atractiva esa nueva lógica.
Para algunos añorada, deseada; para otros, vista como una calamidad. La victoria en tierras rioplatenses del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, marca un antes y un después en la política del país vecino. A decir del politólogo cordobés, Mario Riorda, “la Argentina entra en un proceso serio de ‘reseteo’, cargado de incertidumbre, claro está”.
Las reacciones al zarpazo del candidato libertario en Bolivia no se hicieron esperar y abarcan un amplio abanico de sensaciones. Desde el partido de gobierno la actitud fue extremadamente formal. Algunos actores políticos lamentaron lo sucedido, otros lo festejaron. Siete intelectuales bolivianos presentan a continuación sus perspectivas.
Gabriela Canedo, socióloga y antropóloga
Una serie de actores extraños autoritarios que centralizan el poder están surgiendo, creciendo y saliendo victoriosos en elecciones en el continente. Personajes y caudillos ya sean de derecha o izquierda, de corte autoritario y de mano dura van emergiendo. Acaba de ganar en la Argentina Javier Milei, un caudillo de derecha que se identifica como ultraliberal. Si bien en el país vecino, los votantes no tenían buenas opciones entre las que elegir, optaron por un personaje mesiánico que sacará a la Argentina de la profunda crisis. Es así que, algo común de estos “enviados” es que surgen aprovechándose del descontento general, y ofrecen cielo y tierra.
Lo cierto es que la germinación de personajes de mano dura es un llamado de atención al sistema de partidos que sufren una progresiva crisis de representatividad y pierden contacto con la ciudadanía. Esto produjo en diversos países de la región estallidos de frustración social. Existe un desencanto con el funcionamiento de la democracia, lo que ha hecho crecer las preferencias por regímenes autoritarios.
Bolsonaro, Bukele, ahora Milei, manejan el discurso de la libertad. No se puede precisar con claridad su autoidentificación, pues rondan conceptos sin contenido preciso: pueden llamarse liberales, libertarios, ensalzar la libertad, etc. Al ser una ideología que recorre el continente, en el país no faltará el surgimiento de alguien parecido, a un Milei o una mala imitación. De hecho, en días recientes, en Santa Cruz se llevó a cabo la reunión de los libertarios. ¿Acaso no suena a Milei?
Esperemos que en Bolivia no prosperen estas alternativas que embaucan a jóvenes y viejos, pero preferentemente a jóvenes que ven opciones en posiciones ultrarreaccionarias que significarían el retroceso en la conquista de una serie de derechos. Solo como ejemplo en las demandas de mujeres y la población LGBT. En el caso de Bolivia una buena lectura sociológica del país es imprescindible para estos intentos de partidos mesiánicos que quieren germinar.
José Luis Exeni, politólogo y escritor
¿Afecta la elección de Javier Milei en Argentina el clima de la política boliviana?
Más que afectar el clima de la política boliviana, la elección de Milei alborotó el ánimo de algunos políticos neoliberales bolivianos (que hoy se bautizan como “libertarios”). Así, en la oposición aparecen algunos malos imitadores/repetidores de Milei, como el penoso caso de un diputado paceño que avergonzaría al propio Milei. Pero ello no incide ni en el debate público ni menos en el campo político. La propuesta de un nuevo candidato de eliminar ministerios, a la manera de Milei, parece una caricatura.
¿Puede esto alentar a que nuevos actores se lancen a la competencia por el sillón presidencial, más aún en un momento de fractura dentro del MAS?
Quienes abrigan las ideas “libertarias” de ultraderecha, y sueñan con parir un Milei o un Bolsonario boliviano, ya se habían lanzado a la competencia electoral antes de la victoria de Milei. Hace unos meses se anunció la creación de un Partido Liberal, que hoy es solo un nombre. Y sus promotores (“canos, calvos y camisas blancas”, como bien los describe Quya Reyna) tuvieron hace poco un encuentro en Santa Cruz. Allí se vio que por ahora son solo una hipótesis sin calle ni proyecto político. Es probable que anhelen lanzar una candidatura presidencial para el 2025. Igual es evidente que, en nombre de la unidad, van apareciendo diferentes nombres, todos ellos como “la alternativa única”.
Reymi Ferreira, abogado y exministro
La victoria, no tan inesperada de Milei, luego de su victoria sorprendente en las primarias en la Argentina, ya ha dejado ver algunos efectos, oficiales algunos y otros todavía bajo los entretelones de los proyectos que se vienen gestando para las elecciones del 2025. Evidente que la victoria del “libertario”, insufla de ánimos y da esperanza en la posibilidad de vencer al MAS, (que además se halla debilitado por sus fracturas y por las amenazantes nubes de la ingobernabilidad) a muchos de los opositore que durante casi dos décadas sólo han mordido el polvo de la derrota.
El problema para la derecha es que hay varios que creen que pueden ser la revelación estilo Milei, y ahí se repetirá el problema de la oposición boliviana, que nunca han podido armar una estructura política y programática para derrotar electoralmente al MAS. La única vez que lo hicieron fue en un referéndum en el que la unidad estaba fácil porque se trataba de apoyar el NO, y no de disputar ningún cargo. Por ello, aunque es seguro que aparecerán muchos Mileis, eso de por sí no garantiza que uno de ellos logre hacer lo que hizo el argentino en su país, y por más copiones que sean, las experiencias son distintas, y lo que es peor, este fenómeno producirá múltiples aspirantes a ocupar la presidencia, tratando de emular lo que se hizo en el vecino país.
Armando Ortuño, economista y analista político
Por la cercanía de la Argentina con el país y la fuerte influencia de los medios de ese país en las lecturas mediáticas bolivianas, la victoria de Milei tendrá efectos en el microclima de la política boliviana, sobre todo entre las elites politico-mediaticas. Sin embargo, creo que su efecto en la gran opinión publica y en las orientaciones de los electores será muy pequeño. Las definiciones políticas locales rara vez toman como referencia los sucesos externos, es la historia y las percepciones propias sobre el momento sociopolítico nacional las que deberían preocupar más, eso es lo vital sin distraerse demasiado en otras especulaciones.
Dicho eso, ese evento puede complicar la estrategia y el despliegue táctico sobre todo de las oposiciones, porque refuerza dos cuestiones que ya son un problema en el armado opositor hacia el 2025: la tensión entre lo nuevo versus los viejos partidos y lideres opositores tradicionales; y el grado de radicalidad de la propuesta política opositora futura.
A priori, Milei podría alentar aventuras de personajes por fuera de las fuerzas tradicionales, con un lenguaje directo y rupturista con todo, no solo contra el masismo; desordenando más un panorama ya muy fragmentado.
Muchos se creerán el Milei boliviano de manera superficial o hasta frívola pero al hacer eso desordenarán el escenario opositor o pueden complicar la construcción de coaliciones.
Y en lo ideológico, la tentación será leer el triunfo de Milei como la demostración que se debe ser radical, en una concepción liberal o de superación total del «populismo». Acusando a los que no comparten eso de «tibios». Me parece que esa radicalidad no funciona en Bolivia, pero lo intentaran y complicaran todo.
La elección de Milei en Argentina tendrá efectos en dos campos de la política nacional. El primer campo afectado será el del oficialismo que con la derrota del peronismo ha perdido a uno de sus aliados más importantes de Sudamérica. El kirschnerismo fue leal a Evo Morales hasta el final, le dio refugio político, con casa incluida, junto a varios ex ministros del MAS. El gobierno del MAS sentirá mucho la victoria de Milei, con la perdida de ventajas y el cambio en las relaciones bilaterales políticas y comerciales.
El otro campo afectado será el de las oposiciones, ya que algunas corrientes han festejado con entusiasmo la victoria del libertario. Incluso hay un grupo ciudadano que está articulando una organización liberal, inspirado en el éxito electoral de Milei. No cabe duda que la emulación discursiva a Milei será practicada por algunos actores de la oposición boliviana. Hay quienes reclaman a un Milei boliviano, que tendría que aparecer como candidato, creyendo que esa es la fórmula para derrotar al masismo. Estas creencias y percepciones alentaran a que nuevos actores políticos ingresen a la competencia electoral; motivados también por la división del masismo. Por tanto, el factor Milei, en vez de cohesionar, puede fraccionar más a la oposición boliviana.
En la política nacional hay que saber diferenciar las variables externas que afectan de las variables internas que determinan. Los opositores que creen que la victoria de Milei causará un efecto dominó en la región se equivocan, pues cada sociedad y cada Estado tiene sus particularidades y sus diferencias. En Bolivia lo que hace falta es la construcción de un instrumento político que esencialmente se inspire, se fundamente en lo que la gente quiere en el país y no en la autosatisfacción por lo que suceda en otras sociedades y naciones.
Quya Reyna comunicadora yescritora
Hay que entender que el panorama boliviano implica una resistencia al gobierno central, diferenciada entre lo urbano y lo rural o en otro caso, entre oriente y occidente, pero que es visible, principalmente por medios de oposición. Esto nos lleva a entender que cualquier experiencia de “derecha” que llegue al poder o que tenga relevancia política en el exterior y a nivel regional implica en el país cierto agrado en esta población opositora.
Primero fue Bolsonaro, en Brasil, que influyó incluso en la lectura política de la religión entrando al palacio el 2019, con la llegada de Añez. Posteriormente aparece Bukele que, si bien él se identificó como izquierdista, ejerce políticas de derecha y se confronta con otras autoridades de izquierda, como Gustavo Petro, presidente colombiano. Esto ha llevado a que se busque un Bukele boliviano y no sólo aquí, personas de otros países de la región quieren su Bukele en su país.
Milei, desde hace un corto tiempo, ya llamaba la atención del panorama social de Bolivia. No sé si el liberalismo pudo concentrar mayores simpatizantes con la influencia de Milei (en su mayoría joven), pero es evidente que grupos de oposición, conservadores y antifeministas en Bolivia generaban discursos contra la “casta” refiriéndose al gobierno del MAS o denunciaban la “ideología de género” promovida supuestamente por el gobierno y grupos feministas. En lo social, llegó este modelo de confrontación derecha-izquierda, yo creo que, en muy poca escala, pero llegó.
La fuerte vinculación del masismo con el gobierno kirshnerista genera aún más esta relación Estado-casta en el contexto boliviano, aunque es una lectura muy condicionada por la polarización, fruto de la crisis del 2019, más que por una lectura legítima a la realidad boliviana.
Bolivia no es Argentina, pero hasta en la política existe el “boligaucho” que busca con ansiedad un “Milei boliviano”. Me pregunto si en Argentina buscaron alguna vez al “Evo argentino”, yo creo que no, por obvias razones: el contexto argentino no tiene una relevante población indígena, no tiene movimientos sociales con características sindicalistas a la de Bolivia y se podrían dar más ejemplos. ¿Entonces por qué buscamos un Milei? Es resultado de una fuerte crisis de representatividad política y originalidad en nuestros políticos, como José Ormachea que solicita buscar al “Milei boliviano” en el legislativo, debería nomás ser sincero y decir que él quiere ocupar tal rol.
Pero más allá de eso, el fenómeno Milei en Bolivia influyó en lo políticos opositores y la población opositora. Ya vimos a Vicente Cuellar anticipando su candidatura, manifestando una copia del discurso mileísta de cerrar ministerios. No se da cuenta que para que Milei haya llegado al poder se requirieron muchos años y otros elementos, entre ellos un discurso que articule a la población y que resultó en un populismo de derecha en contra del gobierno kirchnerista. Ahí fue importante Agustín Laje y su confrontación al feminismo. En Bolivia, el feminismo no tiene la trascendencia social ni política que tiene en Argentina, pero se siguen copiando los mismos contra discursos de Laje aquí y por ende sus mismas propuestas.
Sin embargo, antes del triunfo de Milei en las últimas elecciones, los políticos y algunas figuras dirigenciales ya estaban animados a ser las alternativas políticas y en la actualidad aún más, no necesariamente por el triunfo de Milei, porque tienen que ver muchos factores, entre ellos, la fracción del Movimiento Al Socialismo, principalmente. No hay claridad sobre esto, pero la gente está buscando fórmulas de oposición: los menos radicales mencionan a Andrea Barrientos y los más extremistas al capitán Edman Lara, esto pasaba desde hace mucho antes del triunfo de Milei; sin embargo, sí se intensificó en los últimos días.
Más allá de que esto motive a supuestas postulaciones a la presidencia, creo que en Bolivia debemos enfocarnos en la sociedad, ¿el liberalismo puede ser un movimiento grande como el argentino? ¿El triunfo de Milei podría convocar a los bolivianos a sumarse al liberalismo como fórmula frente al masismo o el Gobierno central?
Yo creo que por los menos en la población joven sí está generando simpatía, pero no desde la población que sí es liberal en la práctica y que se encuentran en los mercados, en las villas y en las grandes ferias de comercio. El liberalismo todavía no es sólido y no tiene un rostro representativo en el país, además de ser sumamente utópico e idealista, pero podría ser el nuevo modelo de oposición discursivo frente al MAS. Nuevamente, la influencia del liberalismo argentino dependerá mucho del gobierno de Milei. En la medida de que esto sea efectivo en Argentina, las otras regiones podrían simpatizar con el liberalismo o la derecha como alternativa política. Dependerá también de la dinámica política regional e internacional a partir de sus figuras de oposición: Jair Bolsonaro, Antonio Kast y otros que no están lejos de poder ser electos.
Marité Zegada, politóloga cochabambina
Las democracias latinoamericanas están asediadas por procesos de inestabilidad política, incertidumbre económica y un extendido sentimiento de rechazo a la política partidaria. Los esquemas partidarios de fines del siglo pasado se han derrumbado y hemos ingresado en una etapa marcada por una alternancia que responde más que a adscripciones ideológicas, al «rechazo» a la ineficiencia y la corrupción.
La elección de Milei va en esa línea y llama la atención su alta popularidad sobre todo entre los jóvenes. De hecho, en Bolivia se generó mucha expectativa en relación a los resultados de Argentina y se ha percibido, desde hace algunos años, esta búsqueda de alternativas al MAS, sobre todo entre quienes se sienten excluidos y amenazados por el Gobierno. En ese sentido, existe una incidencia porque abre la expectativa sobre la aparición de algún líder «antipolítico» capaz de enfrentar al MAS con éxito.
La fractura del MAS ha abierto nuevas posibilidades a las oposiciones, pues significa mayores opciones de ganar la próxima elección. El problema reiterado es la gran ausencia de liderazgos opositores capaces de seducir al electorado.
El triunfo (inesperado y algo incomprensible) de Milei, abre el escenario a apuestas algo impensadas y novedosas con posibilidades de llegar al poder. Este hecho político podría animar a la emergencia de nuevos liderazgos, al mismo tiempo que debilita al bloque «progresista» que está tratando de sobrevivir en la región.
El politólogo Carlos Saavedra y el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez reflexionan sobre el porvenir de la Justicia y la gobernabilidad en el país.
Digamos que más del 50% de los votantes bolivianos, durante casi dos décadas, han votado a favor del proceso de cambio. En efecto, las elecciones de los años 2005, 2009, 2014, 2019 y la última 2020, confirman el hecho que los sectores subalternos (campesinos, obreros, gremiales, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia y profesionales comprometidos) no dividieron su voto. Racionalmente saben que dividir el voto significa el principio del fin del Modelo Económico Social Comunitario Productivo y el inicio de su opuesto, el Modelo Neoliberal.
Una proyección de este fenómeno hace suponer que, en la elección general del 2025, esta mayoría ciudadana organizada votará por la opción más cercana a sus intereses y que tenga mayores posibilidades. Sin embargo, tempranamente surgió una disputa al interior del MAS – IPSP, por la candidatura presidencial para el Bicentenario de Bolivia. Por un lado, el líder histórico Evo Morales, y por otro, Luis Arce Catacora el operador económico del Modelo. Aparentemente el primero, con un control de los movimientos sociales y el segundo con el dominio, también aparente, del “maravilloso instrumento del poder”.
Decimos aparentemente, porque los movimientos sociales organizados manifestaron de inicio defender la gestión 2020 – 2025 de Luis Arce, sin cuestionar el liderazgo histórico de Evo Morales. Subyace en esa posición que el gobierno atendería primero la difícil situación económica producto del desgobierno de facto y la pandemia COVID – 19, para restablecer el modelo de desarrollo prevaleciente hasta el año 2019.
Tal vez incluso antes del primer año de gobierno de Luis Arce, fue conformada el ala arcista, que progresivamente excluye al entorno político de Evo Morales. Como resultado esta contradicción, hace dos años, toda la política gira alrededor de esta contienda, llegando a los extremos de coincidir, en coyunturas cada vez más frecuentes, con tácticas de la oposición neoliberal, y, lo que es peor, procurar dividir a las direcciones de las organizaciones sociales de las clases subalternas, única garantía real de la continuidad del proceso de cambio.
Esta disputa de poder que debía ir por la discusión de la Agenda Patriótica del Bicentenario, en momentos de un contexto internacional en crisis (Guerra de Rusia – Ucrania y ahora Israel – Palestina) e internamente por la disminución de los ingresos nacionales provenientes de la venta de nuestras materias primas particularmente el gas, toma una forma perversa y hasta autodestructiva (a solaz y beneficio de la oposición). Los bandos en conflicto recurren a la denuncia personal de nepotismo, prevendalismo, corrupción, uso indebido de influencias, tolerancia al narcotráfico, etcétera, dejando en un segundo plano la propuesta de viabilidad del Modelos Económico Social Comunitario Productivo en una época de crisis social general.
El Congreso de Lauca Ñ, como el Cabildo de El Alto, no realizan un diagnóstico socioeconómico y político de la situación actual del país y en consecuencia no determinan lineamientos de estrategia, planes, programas y proyectos nacional populares que den continuidad al proceso de cambio.
La política no está a la altura de la masa, decididamente lo que esperan los sectores subalternos que cifraron su esperanza y apostaron por el Modelo, es acabar con la incertidumbre creada por la campaña de Evo Morales y Luis Arce, con el agravante de estar seguros que separados ambos pierden y el 2025 sería el fin del proceso de cambio. Aquí, como en Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador o la Argentina, lo que está siempre en juego, con sus particularidades, es un modelo estatal soberano y de justicia social o un modelo liberal de inversión extranjera y libre mercado.
El reto del momento es muy grande, garantizar la conclusión del mandato de Luis Arce Catacora, y crear las condiciones para la continuidad del Modelo Económico Social Comunitario Productivo en el nuevo periodo 2025 – 2030.
En una coyuntura internacional en la que se constata una bipolaridad del poder planetario: Los Estados Unidos y sus aliados de la Comunidad Europea, por un lado, y por otro, la China y sus afines particularmente Rusia, el Estado Boliviano está en condiciones de concretar contratos soberanos en la explotación e industrialización del Litio de Potosí y Oruro, el Hierro del Mutún, energía nuclear en el Altiplano, Valles y Trópico y, los grandes proyectos hidroeléctricos.
Al mismo tiempo se debe atender lo que ya está en marcha como la refinadora de Zinc, fábricas de cemento, los proyectos de riego y de industria liviana contemplados en el programa de sustitución de importaciones y seguridad alimentaria.
Volviendo a las consideraciones preliminares y luego de los caminos que puedan imponer las direcciones de los “radicales” y “renovadores”, serán nuevamente los sectores subalternos organizados y los profesionales comprometidos los que el 2025 definan la prosecución del proceso de cambio.
(*)Danilo Paz Ballivián es investigador asociado del CESU-UMSS
Declarar el desastre significa que el gobierno es consciente de que hay una situación que está desbordando sus capacidades financieras y técnicas y que requiere de un plan de acción para enfrentar dicho escenario. La gran mayoría de las veces reconoce el desastre tarde, cuando poco se puede hacer desde el Estado para atenderlo, su reacción demorada además casi siempre es intrascendente, atendiendo la siempre la emergencia y nunca planificando evitar la emergencia.
En la práctica, es un ejercicio fuera de tiempo y contexto, y muchas veces sin financiamiento (a pesar de que el marco legislativo según Ley 602, establece porcentajes que deberían ser provisionados anualmente). Las miserias de los presupuestos nunca alcanzan, porque además es más “capitalizable” salir a atender la emergencia con una manguera de agua o sacarse una foto con un arbolito antes que realizar el trabajo “invisible”, de planear el adecuado uso del suelo, transparentar el acceso al mercado de tierras, sancionar drásticamente a los que atentan contra el medio ambiente.
En lo cotidiano, solo tiene acceso a recursos frescos el gobierno central, el resto de entidades territoriales tienen que ir a mendigar a la Asamblea Legislativa Plurinacional se apruebe el reformulado, para reinscribir recursos que no recaudan y que, faltando menos de un mes para el cierre administrativo y financiero de la gestión 2023, no tiene sentido ni apuro, salvo para pagar planilla de salarios y deudas contraídas.
Es más, por los tiempos dispuestos por la normativa del sistema SAFCO, pueden tomar semanas e inclusive meses identificar los recursos y poder liberarlos para reasignarlos a otros destinos, identificando una fuente para garantizar su aplicación, lo que involucra una obligatoriedad más a considerar en la asignación del presupuesto en cada órgano y gobierno. Posteriormente, preparar el reformulado y enviar para su aprobación a su órgano deliberativo y finalmente, si cuenta con una ley, inscribirlos y habilitarlos para su uso. Solo así pueden, aunque parezca inaudito, transcurrir varias semanas dependiendo de la pericia de los técnicos tanto del ejecutivo como del legislativo para evacuar informes sin mayor rigurosidad en el análisis.
Pero el tema no queda ahí, ahora que se cuenta con la aprobación del ente legislador y una ley promulgada por el ejecutivo, viene el camino el tortuoso de la contratación de bienes y servicios, que según la norma específica debería estar aprobada en cada repartición estatal ante la declaratoria de desastre; debería en teoría, allanar el camino para realizar compras rápidas, oportunas y pertinentes para atender la gravedad del desastre, a veces sin consciencia que este ejercicio administrativo es inocuo ante el daño irreversible por la pérdida de especies, bosques y aires.
En la práctica, las compras resultan un calvario por la papelería exigida en procesos “abreviados”, debido a las firmas requeridas en su larga ruta, por la lentitud de hacer una compra de emergencia que pueda demorar más semanas que no se disponen. Aunque parezca contradictorio, la emergencia para la legislación y procedimientos vigentes en los gobiernos, no muestran como atributo la celeridad.
La compra por emergencia se convierte en un “vía crucis”, porque los insumos o los servicios se contratan o se adquieren a veces no están disponibles, y si lo están no son de la calidad y cantidad necesaria, y llegan generalmente cuando la emergencia dejó de serlo. De manera extemporánea, las zonas afectadas reciben insumos que ya no necesitan que se dispersan en el mar de necesidades y/o apetitos de la zona.
La declaración de desastre a cargo de cualquier Gobierno, sea central, departamental o municipal nunca en Bolivia tuvo efectos inmediatos ni de magnitud. Recordemos el efecto del fenómeno del niño 2007-2008 su inacción, o los incendios descontrolados del año 2019 previos a la pandemia.
Los órganos públicos, ocupan los medios de comunicación para visibilizar una ayuda que llega tarde y donde no se la necesita con urgencia. Se procuran entregas de insumos en organizados actos para la prensa local intentando convencer al colectivo social sobre sus actuaciones.
Finalmente, es evidente la complacencia con la alteración permanente del ecosistema a cargo de gobiernos inescrupulosos que persiguen la visibilidad mediática y la perpetuación del apoyo político, privilegiando a una minoría movilizada que toma el suelo para explotarlo con actividades económicas muchas veces no controladas, para su asentamiento o su irracional explotación, interviniendo en el mismo de manera no planificada y cambiando su destino, sin analizar el daño inmediato y posterior que se realiza al mismo.
No existen lugar en Bolivia donde no exista evidencia humana de la depredación, donde no hayan dejado huella de su intervención, alterando ecosistemas y haciendo daños directos y otros colaterales, muchas veces ignorados en su alcance e intensidad.
¿No es momento de cambiar la forma de responder al desastre y disponer de un modelo de gestión que deje de lado la visión administrativa y documental insuficiente y tardía al desastre, y que otorgue un giro radical para desarrollar las capacidades de prevención, planificación y control para esta manera aplicar leyes que solo se cumplen para algunos y no para el resto?
Concluyendo, será siempre más atractivo políticamente el desastre que el trabajo silencioso de la prevención y la planificación. Mientras no se realicen ajustes normativos al procedimiento y se dispongan de recursos frescos para financiar la retórica expresada en las declaratorias de emergencia, todo será una ilusión y no una verdadera respuesta.
No se trata de un concepto extraído de los rancios archivos del populismo latinoamericano de mediados del siglo XX. Es el título de un amplio reporte especial de la revista The Economist del mes de octubre del 2023, referido a la nueva tendencia económica que está desplazando al libre mercado a escala global.
Hace un año atrás, esta prestigioso y conservador semanario que sirve de brújula para todos los seguidores del liberalismo económico, ya había lanzado la alerta acerca de los riesgos “fin de la globalización” promovida por la fragmentación geopolítica de los mercados. Hoy, más a la defensiva, denuncia la “tendencia alarmante” al crecimiento de un conjunto de medidas que están adoptando los gobiernos del mundo; de una corriente de opinión empresarial y académica ascendente, favorables al proteccionismo nacional de las industrias, la aplicación de subvenciones a la actividad económica, la elevación del gasto público y la regulación de los mercados. Todas ello agrupadas bajo el denominativo de “nacionalismo económico” o “homeland economics”.
Pero no solo es el The Economist que detecta este cambio de época. Durante el último año, el influyente periódico norteamericano The New York Times, ha entregado numerosos estudios y opiniones sobre el regreso de las llamadas “políticas industriales” (industrial policy), otro nombre con el que se denomina a el conjunto de intervenciones estatales para apoyar la actividad manufacturera, por medio de exenciones tributarias, subsidios, créditos blandos, garantías públicas, contrataciones estatales y, llegado el caso, nacionalizaciones. Uno de los animadores de este debate, es el premio nobel de economía Paul Krugman que, en apasionados artículos en defensa de las políticas de subsidios del presidente Joe Biden, afirma sin complejos que, si ello llevara a una proliferación de nacionalismo económicos en todo el planeta, entonces, bienvenido sea ese proteccionismo. Projet Syndicate, que agrupa a más de 500 medios de comunicación del mundo en la que escriben reconocidos académicos de las más prestigiosas universidades, en los últimos meses ha recogido la intensidad del debate referido al tema. La prestigiosa universidad norteamericana Massachusetts Institute of Technology (MIT) acaba de publicar un libro referido a la historia de las “políticas industriales”, en tanto que el reconocido profesor de Harvard, Dani Rodrik, desde meses atrás viene recomendando como aplicar de manera “correcta” ese nacionalismo económico.
Y es que este neoproteccionismo industrial no es solo una nueva moda académica, sino una tectónica transformación de las estructuras económicas del orden global que está en marcha debajo de nuestros pies. Veamos:
Adiós a los mercados “libres”.
Un mercado global autorregulado fue la gran utopía neoliberal de las últimas décadas. El fin de la “guerra fría”, la incorporación de China a la OMC y la expansión de cadenas de valor que integraban al mundo entero en función de la eficiencia y oportunidades, alentaron ese gran sueño. Pero era solo una ilusión. Los mercados son incapaces de cohesionar a las sociedades, lo que a la larga lleva a la polarización política. Los mercados son incapaces de equilibrar producción con finanzas, lo que a la larga lleva a la desindustrialización de los opulentos, y a la pérdida de su liderazgo global. Esto es lo que precisamente está pasando ahora en “el llamado occidente” y, en particular, en EEUU.
Por ello, era previsible que EEUU y Europa algún rato busquen, desesperadamente, detener su ocaso imperial frente a un “asiatismo” industrioso ascendente. Ese momento ha llegado. El primer giro histórico lo lanzo EEUU el 2018 al embarcarse en una guerra de aranceles a las importaciones chinas, imponiéndoles el pago de hasta un 25% de impuestos sobre su valor total. En contraparte, China ha hecho lo mismo con las importaciones norteamericanas. Con ello, las dos más importantes potencias económicas del planeta, han enterrado el libre comercio.
La Unión Europea, no se ha quedado atrás. Desde enero del 2022, ha reducido su compra de gas a Rusia, desde un 45% del total de su consumo, a un 13% (Comisión Europea, 2023); incluyendo en este recorte la voladura del gasoducto de abastecimiento Nord Stream 2. Y esa reducción nada ha tenido que ver con las “eficiencias” del mercado, sino con motivos geopolíticos. El gas ruso, que durante décadas sostuvo energía barata de los europeos y la pujante industria alemana, costaba cerca de $us 6 el MBTU. El 2022, tuvieron que pagar $us 45 el MBTU a otros proveedores amigos, incluidos los EEUU. La eficiencia de los mercados se ha arrodillado ante el “mercado de amigos”.
Junto con ello, en marzo del 2023, la UE ha aprobado una ley de “defensa comercial contra las coacciones económicas”, que permite elevar aranceles y restringir participación en licitaciones a países que realicen “presiones económicas indebidas”, es decir China. La sinfónica del siglo XXI ya no acompaña odas al libre comercio sino a la seguridad nacional.
Que luego se restrinja el ingreso a Huawei al mercado europeo, que se prohíba la venta de tierras agrícolas a chinos o que, en agosto, el presidente Biden emita órdenes ejecutivas para prohibir exportaciones e inversiones norteamericanas en China en el área de semiconductores, inteligencia artificial, etcétera, es la nueva realidad de los mercados subordinados a los estados.
Este nuevo espíritu global lo cartografía perfectamente el FMI al momento de lamentar el incremento, a escala geométrica, de las restricciones al libre comercio mundial, que de 250 medidas marginales y en países marginales el año 2005, han pasado a 2500 el 2022; principalmente en los países económicamente más avanzados (Globalización a tope, junio, 2023).
Todo ello está provocando una reorganización geográfica de la división del trabajo o, como suele llamarse ahora, de las “cadenas de valor”. La Organización Mundial del Comercio (OMC) reporta que desde el 2009 esa articulación global de los procesos productivos ya no ha continuado expandiéndose y, desde entonces, ha comenzado a retraerse paulatinamente (WTO, Global value chain… 2022). Las palabras de moda entre los CEOs del mundo son ahora “nearshoring”, “friendshoring” o, en los clásicos eufemismos de la presidenta de la Unión Europea, Von der Leyen, “reducir riesgos”.
Guerra de subvenciones.
En la última década, la estantería globalista, anteriormente ya agrietada por el progresismo latinoamericano, comienza a desmoronarse. El sagrado mandamiento respecto a que los estados deben ser austeros y reducir al minino los gastos, es ahora una insensatez contra fáctica. El 2008, a raíz de la crisis de las hipotecas subprime que arrastro al mundo a una crisis financiera, las economías avanzadas tuvier o n q u e movilizar el equivalente al 1,5 % de su PIB para contener la caída de las acciones bancarias y de las bolas de valores. El 2020, ante el “gran encierro” frente al Covid-19, el esfuerzo fiscal extraordinario llego al 18% del PIB, inundando la sociedad de emisión monetaria para pagar salarios, solventar deudas empresariales, sostener las acciones de las empresas e implementar ayudas sociales (FMI, monitor fiscal, 2021). El endeudamiento público mundial, que durante los años “dorados” del neoliberalismo acato una rigurosa disciplina fiscal con una deuda pública baja, alrededor del 50 % del PIB, en la última década ha saltado hasta el 80%, y en EEUU al 110 % (Kansas City Fed, 2023). Por su parte, el gasto público, que durante 30 años se mantuvo en torno al 24% respecto al PIB, en los últimos años ha saltado al 34% (Banco Mundial, 2023). El elevado endeudamiento público, no es ni una pasajera enfermedad económica ni un patrimonio latinoamericano. Es la nueva normalidad global.
Y para la pesadilla de los liberales, no solo hay un nuevo Estado gastador, sino además ahora industrialista y generador de mercados. El presidente norteamericano Biden, desde el 2022, ha movilizado cerca de $us 400.000 millones para subvencionar la fabricación de autos eléctricos, tecnologías verdes y microchips en EEUU, con tecnología de EEUU y trabajadores en EEUU (Ley IRA, Ley Chips). “Consuma americano” es el nuevo lema proteccionista. Europa no se queda atrás. Según el Observatorio económico Brugel, entre el 2022 hasta julio del 2023, los gobiernos han tenido que subvencionar a sus ciudadanos con 651.000 millones de euros el precio final de la energía eléctrica. Para Alemania, esto ha alcanzado al 5% de su PIB anual. En el viejo lenguaje liberal, una ineficiencia pasmosa. Pero en estos tiempos, los intereses de la guerra contra Rusia están por encima de las delicatesen del mercado.
Además de todo ello, desde el 2019, las subvenciones estatales a la industria de la Unión Europea, de manera directa mediante transferencias y reducciones tributarias; y de manera indirecta mediante préstamos y garantías, suman anualmente el 3,2 % del PIB (OCDE, junio 2023). En casos más osados, los estados han nacionalizado la generación de la electricidad (Francia), o la distribución del gas (Alemania). Por su parte, la India y Corea del Sur acaban de aprobar generosos incentivos estatales a la producción de determinados productos Y en la China, está en marcha su plan para que el 2025, el 70% de las materias primas básicas de sus manufacturas sean nacionales (Harvard Review, otoño 2018). De menos de 34 intervenciones de “políticas industriales” en el mundo el 2010, se ha pasado a 1.568 el 2022 ( Juhasz, Rodrik, agosto 2023)
El orden global está cambiando rápidamente y las ideologías dominantes también. De la antigua gubernamentalidad sostenida en el libre mercado, el globalismo, el Estado mínimo y el solitario emprendedurismo, estamos transitando a una legitimidad política aun difusa, pero en la que parecen comenzar a destacar otras bases de anclaje, como el industrialismo local, la autonomía tecnológica y la competitividad en mercados segmentados (Thurbon, 2023).
Ciertamente, todo ello no impide que por acá o por allá, renazca con violento furor, el melancólico apego a los imaginados años gloriosos del libre comercio. Son fósiles políticos que no por ello son inofensivos y meramente carnavalescos. Estos defensores del libre mercado que, como se lamenta el The Economist, ahora son tratados como “una reliquia colonial” en extinción, han provocado mucho dolor social en su aventura, como en Brasil, y lo seguirá haciendo, como en Argentina. Lo curioso es que Latinoamérica, que vanguardizó este regreso a políticas proteccionistas, sea también donde se engendren las versiones más pervertidas y crueles de este anacronismo liberal.
Esto no significa que se impondrá el nacionalismo económico. El tiempo de incertidumbre aun continuara por una década o más. Pero, este proteccionismo que ahora comienza a expandirse es distinto al que prevaleció en los años 40’s del siglo XX. Las subvenciones estatales ya no apuntalan tanto a un Estado productor, sino a un sector privado que necesita de la protección y guía estatal para prosperar. Igualmente, la nueva “sustitución de importaciones”, que nos recuerda a la antigua consigna de la CEPAL, ahora es selectiva, en áreas estratégicas ordenadas por criterios políticomilitares; en tanto que el resto de las importaciones que se mantendrán, buscan ser relocalizadas a otros mercados más cercanos o políticamente aliados. Pareciera ser que estamos ante el nacimiento de un nuevo modelo hibrido, anfibio, que combina proteccionismo y libre cambio, según necesidades nacionales.
(*)Álvaro García Linera es exvicepresidente de Bolivia
El politólogo Carlos Saavedra y el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez reflexionan sobre el porvenir de la Justicia y la gobernabilidad en el país.
El politólogo Carlos Saavedra y el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez reflexionan sobre el porvenir de la Justicia y la gobernabilidad en el país.
El 3 de enero próximo deberían posesionarse los nuevos magistrados titulares, sin elecciones judiciales no hay una solución constitucional a la vista.
El 3 de enero próximo fenece el mandato de los magistrados titulares del Órgano Judicial. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, debería haberse llamado a elecciones judiciales para contar son sus reemplazos. Debido a la falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) esto no sucedió y el país ahora enfrenta la posibilidad de que todo el aparato de Justicia del país quede paralizado. Ninguna solución a la vista se ajusta al marco constitucional.
La cuestión es por demás seria. Tal como están las cosas actualmente, “estamos encaminados hacia el despeñadero”, afirma el politólogo Carlos Saavedra, con quien conversamos al respecto.
“Hay que partir de un punto básico: la única salida constitucional es la elección de nuevas autoridades judiciales y ya no hay tiempo para eso. O sea, ya va a haber un incumplimiento de deberes de la ALP, que sabía que tenía que hacer la convocatoria. Si tienen problemas internos, si no han logrado los consensos, ese es un tema de responsabilidad de la ALP, que no ha sabido asumir la tarea. Cualquier otra solución, sea vía ley, decreto o acuerdo político, va a ser inconstitucional. Pero, debido a la necesidad práctica, a la necesidad de tener el Órgano Judicial estructurado, seguramente se llegará a algunos acuerdos. Veremos, con los años, qué consecuencias después tienen los mismos. En su momento, en la Universidad Católica se decidió la asunción de una presidenta al margen de la Constitución. Se toma una decisión política, pero después la misma tiene consecuencias jurídicas. Estamos frente a un panorama muy complejo, donde sea cual sea la salida, no va a tener la total constitucionalidad”, explica.
Sobre la misma cuestión, dialogamos también con Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. “Lo que pasa es que estamos quebrando el Estado Constitucional”, advierte.
“Primero, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, por los tiempos constitucionales, su plazo vence el 3 de enero. En esa fecha ya tendrían que estar sentadas las nuevas autoridades ejerciendo funciones, pero como no hay voluntad política en la Cámara de Diputados, sobre todo, lo que va a pasar es que tengamos autoridades inconstitucionales. Esto puede darse por la prolongación de funciones, lo que sería lapidario, porque la población está censurando al Órgano Judicial por su inoperancia, por su falta de transparencia, y que tengamos que prolongarlos en sus funciones eso es lapidario. Otro camino es mediante un decreto supremo, que así sean nombradas nuevas autoridades. Eso es menos lapidario, pero también es inconstitucional. Yo creo que se está apuntando aquello, porque tampoco se puede dejar un vacío de poder. Probablemente el presidente Luis Arce vaya a decir que logró el 55% de votos del pueblo y, por lo tanto, va a responder a ese apoyo utilizándolo en un decreto supremo para darle seguridad jurídica a las personas, mientras se corrija el problema por el cual estamos atravesando”, sostiene.
Otra vía es la que propuso el senador Hilarión Mamani (MAS), mediante su Proyecto de Ley 144, donde se planteaba que las autoridades del Órgano Judicial, sean reemplazadas interinamente por otros magistrados actualmente, de manera interna. “¿Cómo es posible que nosotros deleguemos esa responsabilidad a las autoridades que están, futuras exautoridades, que están censuradas, que están mal vistas por la población, dada la corrupción, la mala administración de justicia? Eso es inconcebible”, asevera Gutiérrez.
Ambos analistas no dejan espacio a las dudas: cualquier solución que se logre dar, que no sea a través de elecciones judiciales, no será constitucional. Ahora bien, Saavedra precisa incluso las salidas políticas “dependerán también de qué pase en la política misma en 2025. Podrán quedar como anécdotas y no tener ninguna consecuencia jurídica o, más bien, pueden tener serios castigos jurídicos. Habrá que ver qué se decide, quiénes se alían con quiénes para tomar qué decisiones. Entonces, estamos frente a una bomba de tiempo que va a explotar en manos de alguien, veremos de quién. Es muy envenenado el tema, como se dice coloquialmente, porque quien participe de la solución también se puede estar poniendo una cruz muy pesada para su futuro, o una soga al cuello, directamente. También hay que estar atentos a ver si de aquí al 3 de enero el aparato de Justicia toma algunas decisiones que puedan ser determinantes en la política”.
Gobernabilidad
Pero las complicaciones que se vislumbran en el horizonte ni empiezan ni acaban con el Órgano Judicial. La situación en la ALP habla de serios riesgos para la gobernabilidad del país. La aprobación de la reformulación de cierre de gestión del Presupuesto General del Estado (PGE), que no debería ser sino una cuestión de mero trámite, está derivando en una muestra de fuerza del acuerdo reflejado en el documento de nueve puntos firmado por senadores evistas, camachistas y de Comunidad Ciudadana.
La pugna interna dentro del MAS pasó a ser un enfrentamiento abierto y sin cuartel. Saavedra considera que “hay tres factores que ordenan hoy la política en Bolivia. El primero es el control del MAS, que es el espacio hegemónico desde donde se hace política en el país. El segundo es el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y esto termina dando paso al tercer elemento, a la tercera variable fundamental para ver quién se hace del poder en 2025, que es la viabilidad económica y la estabilidad del país”.
El politólogo añade que “hay una decisión ultra pragmática, más allá de los principios, más allá de los temas que parecían innegociables, de inviabilizar a partir de la ALP el camino de Luis Arce. Hay la intención de dinamitar el país, porque entienden que, si Bolivia llega con ciertos índices de estabilidad económica, con ciertos visos de recuperación, obviamente el más viable para reproducir el poder es Arce. Veo en ese primer pantallazo que ahí están pensando fuerzas opositoras e internas del masismo que la Asamblea puede ser la herramienta para inviabilizar la gestión y para generar un contexto donde la gente pida un cambio de conducción en 2025. Es más, desde el propio Gobierno han hablado de algo que, por ahora, todavía parece un poco pronto, que es acortar el mandato. Esto va a depender en mucho de cuál sea la habilidad política del Gobierno también para construir ciertos acuerdos que le den una gobernabilidad mínima”.
Gutiérrez observa síntomas de algo mucho más riesgoso. “Considero, con mucha preocupación, que existen focos de desestabilización de la democracia y que están conduciendo a un golpe de estado moderno. Es decir, primero vemos una fracción del MAS, una división y pugna de una democracia salvaje en el Órgano Legislativo. Esto va a inviabilizar el desarrollo normal, económico, social y político del país. Se está generando desestabilización democrática y lo único que van a buscar después es la renuncia del presidente Luis Arce, porque ellos piensan que él no tiene la capacidad suficiente para gobernar y a eso se está dirigiendo todo. Ahí se van a mezclar todos aquellos que tienen intereses en desestabilizar la democracia, se van a juntar y van a disfrazarse de salvadores, de criticones al sistema económico, al sistema político y social. Vamos a ver censuras, pugnas y peleas en el Órgano Legislativo y poco trabajo productivo por el bienestar de Bolivia. ¿Eso qué significa? Desestabilización de la democracia y un golpe de estado moderno al estilo actual”.
El constitucionalista señala que “mucho va a hacer la capacidad que tenga el presidente, sus ministros y asesores, además del propio pueblo, para impedir una nueva desestabilización, como pasó en 2019. Entonces, si no hay personalidad, presencia física e intelectual en el gobierno, esto va a ir mal y en 2024 vamos a estar peor. En estos días el presidente tendría que pensar muy bien en articular su gabinete, ver cómo puede fortalecer algunos ministerios, viceministerios, y ver cómo puede aliarse con el pueblo. El mejor apoyo que pueda tener el presidente en este momento es la Constitución Política del Estado. Pero, si vamos a tener un gobierno de escritorio, que no hace nada, básicamente todos van a estar de acuerdo en decirle ‘señor, váyase’. Vamos a entrar en este fin de año a un momento de reflexión. Primero que nada, para los que están gobernando, para que presenten una nueva perspectiva de la política en Bolivia”.
Por su lado, pero en una línea de reflexión similar, Saavedra indica que “la gente no es tonta. Partimos de una máxima, por lo menos en comunicación política, y es que el elector es inteligente y se da cuenta de muchas cosas. La ciudadanía sabe cómo está operando la oposición y el evismo también para generar trabas al gobierno. Hasta cierto punto les puede funcionar, pueden inviabilizar algunas cosas, pero también en cierto momento esto puede constituirse en un escudo para el propio Gobierno en términos de opinión pública. Puede ayudarle más bien a reforzar una suerte de relato épico en la construcción de estabilidad. Habrá que ver hasta dónde están dispuestos los actores de la oposición para dinamitar el país, sabiendo que también van a cargar culpas. Habrá que ver si se juega el desastre total y habrá que ver la dosis de racionalidad de los actores políticos para ponerle un freno al caos que algunos añoran”.
