DIBUJO LIBRE

Digamos que más del 50% de los votantes bolivianos, durante casi dos décadas, han votado a favor del proceso de cambio. En efecto, las elecciones de los años 2005, 2009, 2014, 2019 y la última 2020, confirman el hecho que los sectores subalternos (campesinos, obreros, gremiales, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia y profesionales comprometidos) no dividieron su voto. Racionalmente saben que dividir el voto significa el principio del fin del Modelo Económico Social Comunitario Productivo y el inicio de su opuesto, el Modelo Neoliberal.

Una proyección de este fenómeno hace suponer que, en la elección general del 2025, esta mayoría ciudadana organizada votará por la opción más cercana a sus intereses y que tenga mayores posibilidades. Sin embargo, tempranamente surgió una disputa al interior del MAS – IPSP, por la candidatura presidencial para el Bicentenario de Bolivia. Por un lado, el líder histórico Evo Morales, y por otro, Luis Arce Catacora el operador económico del Modelo. Aparentemente el primero, con un control de los movimientos sociales y el segundo con el dominio, también aparente, del “maravilloso instrumento del poder”.

Decimos aparentemente, porque los movimientos sociales organizados manifestaron de inicio defender la gestión 2020 – 2025 de Luis Arce, sin cuestionar el liderazgo histórico de Evo Morales. Subyace en esa posición que el gobierno atendería primero la difícil situación económica producto del desgobierno de facto y la pandemia COVID – 19, para restablecer el modelo de desarrollo prevaleciente hasta el año 2019.

Tal vez incluso antes del primer año de gobierno de Luis Arce, fue conformada el ala arcista, que progresivamente excluye al entorno político de Evo Morales. Como resultado esta contradicción, hace dos años, toda la política gira alrededor de esta contienda, llegando a los extremos de coincidir, en coyunturas cada vez más frecuentes, con tácticas de la oposición neoliberal, y, lo que es peor, procurar dividir a las direcciones de las organizaciones sociales de las clases subalternas, única garantía real de la continuidad del proceso de cambio.

Esta disputa de poder que debía ir por la discusión de la Agenda Patriótica del Bicentenario, en momentos de un contexto internacional en crisis (Guerra de Rusia – Ucrania y ahora Israel – Palestina) e internamente por la disminución de los ingresos nacionales provenientes de la venta de nuestras materias primas particularmente el gas, toma una forma perversa y hasta autodestructiva (a solaz y beneficio de la oposición). Los bandos en conflicto recurren a la denuncia personal de nepotismo, prevendalismo, corrupción, uso indebido de influencias, tolerancia al narcotráfico, etcétera, dejando en un segundo plano la propuesta de viabilidad del Modelos Económico Social Comunitario Productivo en una época de crisis social general.

El Congreso de Lauca Ñ, como el Cabildo de El Alto, no realizan un diagnóstico socioeconómico y político de la situación actual del país y en consecuencia no determinan lineamientos de estrategia, planes, programas y proyectos nacional populares que den continuidad al proceso de cambio.

La política no está a la altura de la masa, decididamente lo que esperan los sectores subalternos que cifraron su esperanza y apostaron por el Modelo, es acabar con la incertidumbre creada por la campaña de Evo Morales y Luis Arce, con el agravante de estar seguros que separados ambos pierden y el 2025 sería el fin del proceso de cambio. Aquí, como en Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador o la Argentina, lo que está siempre en juego, con sus particularidades, es un modelo estatal soberano y de justicia social o un modelo liberal de inversión extranjera y libre mercado.

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El reto del momento es muy grande, garantizar la conclusión del mandato de Luis Arce Catacora, y crear las condiciones para la continuidad del Modelo Económico Social Comunitario Productivo en el nuevo periodo 2025 – 2030.

En una coyuntura internacional en la que se constata una bipolaridad del poder planetario: Los Estados Unidos y sus aliados de la Comunidad Europea, por un lado, y por otro, la China y sus afines particularmente Rusia, el Estado Boliviano está en condiciones de concretar contratos soberanos en la explotación e industrialización del Litio de Potosí y Oruro, el Hierro del Mutún, energía nuclear en el Altiplano, Valles y Trópico y, los grandes proyectos hidroeléctricos.

Al mismo tiempo se debe atender lo que ya está en marcha como la refinadora de Zinc, fábricas de cemento, los proyectos de riego y de industria liviana contemplados en el programa de sustitución de importaciones y seguridad alimentaria.

Volviendo a las consideraciones preliminares y luego de los caminos que puedan imponer las direcciones de los “radicales” y “renovadores”, serán nuevamente los sectores subalternos organizados y los profesionales comprometidos los que el 2025 definan la prosecución del proceso de cambio.

(*)Danilo Paz Ballivián es investigador asociado del CESU-UMSS

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Declarar el desastre significa que el gobierno es consciente de que hay una situación que está desbordando sus capacidades financieras y técnicas y que requiere de un plan de acción para enfrentar dicho escenario. La gran mayoría de las veces reconoce el desastre tarde, cuando poco se puede hacer desde el Estado para atenderlo, su reacción demorada además casi siempre es intrascendente, atendiendo la siempre la emergencia y nunca planificando evitar la emergencia.

En la práctica, es un ejercicio fuera de tiempo y contexto, y muchas veces sin financiamiento (a pesar de que el marco legislativo según Ley 602, establece porcentajes que deberían ser provisionados anualmente). Las miserias de los presupuestos nunca alcanzan, porque además es más “capitalizable” salir a atender la emergencia con una manguera de agua o sacarse una foto con un arbolito antes que realizar el trabajo “invisible”, de planear el adecuado uso del suelo, transparentar el acceso al mercado de tierras, sancionar drásticamente a los que atentan contra el medio ambiente.

En lo cotidiano, solo tiene acceso a recursos frescos el gobierno central, el resto de entidades territoriales tienen que ir a mendigar a la Asamblea Legislativa Plurinacional se apruebe el reformulado, para reinscribir recursos que no recaudan y que, faltando menos de un mes para el cierre administrativo y financiero de la gestión 2023, no tiene sentido ni apuro, salvo para pagar planilla de salarios y deudas contraídas.

Es más, por los tiempos dispuestos por la normativa del sistema SAFCO, pueden tomar semanas e inclusive meses identificar los recursos y poder liberarlos para reasignarlos a otros destinos, identificando una fuente para garantizar su aplicación, lo que involucra una obligatoriedad más a considerar en la asignación del presupuesto en cada órgano y gobierno. Posteriormente, preparar el reformulado y enviar para su aprobación a su órgano deliberativo y finalmente, si cuenta con una ley, inscribirlos y habilitarlos para su uso. Solo así pueden, aunque parezca inaudito, transcurrir varias semanas dependiendo de la pericia de los técnicos tanto del ejecutivo como del legislativo para evacuar informes sin mayor rigurosidad en el análisis.

Pero el tema no queda ahí, ahora que se cuenta con la aprobación del ente legislador y una ley promulgada por el ejecutivo, viene el camino el tortuoso de la contratación de bienes y servicios, que según la norma específica debería estar aprobada en cada repartición estatal ante la declaratoria de desastre; debería en teoría, allanar el camino para realizar compras rápidas, oportunas y pertinentes para atender la gravedad del desastre, a veces sin consciencia que este ejercicio administrativo es inocuo ante el daño irreversible por la pérdida de especies, bosques y aires.

En la práctica, las compras resultan un calvario por la papelería exigida en procesos “abreviados”, debido a las firmas requeridas en su larga ruta, por la lentitud de hacer una compra de emergencia que pueda demorar más semanas que no se disponen. Aunque parezca contradictorio, la emergencia para la legislación y procedimientos vigentes en los gobiernos, no muestran como atributo la celeridad.

La compra por emergencia se convierte en un “vía crucis”, porque los insumos o los servicios se contratan o se adquieren a veces no están disponibles, y si lo están no son de la calidad y cantidad necesaria, y llegan generalmente cuando la emergencia dejó de serlo. De manera extemporánea, las zonas afectadas reciben insumos que ya no necesitan que se dispersan en el mar de necesidades y/o apetitos de la zona.

La declaración de desastre a cargo de cualquier Gobierno, sea central, departamental o municipal nunca en Bolivia tuvo efectos inmediatos ni de magnitud. Recordemos el efecto del fenómeno del niño 2007-2008 su inacción, o los incendios descontrolados del año 2019 previos a la pandemia.

Los órganos públicos, ocupan los medios de comunicación para visibilizar una ayuda que llega tarde y donde no se la necesita con urgencia. Se procuran entregas de insumos en organizados actos para la prensa local intentando convencer al colectivo social sobre sus actuaciones.

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Finalmente, es evidente la complacencia con la alteración permanente del ecosistema a cargo de gobiernos inescrupulosos que persiguen la visibilidad mediática y la perpetuación del apoyo político, privilegiando a una minoría movilizada que toma el suelo para explotarlo con actividades económicas muchas veces no controladas, para su asentamiento o su irracional explotación, interviniendo en el mismo de manera no planificada y cambiando su destino, sin analizar el daño inmediato y posterior que se realiza al mismo.

No existen lugar en Bolivia donde no exista evidencia humana de la depredación, donde no hayan dejado huella de su intervención, alterando ecosistemas y haciendo daños directos y otros colaterales, muchas veces ignorados en su alcance e intensidad.

¿No es momento de cambiar la forma de responder al desastre y disponer de un modelo de gestión que deje de lado la visión administrativa y documental insuficiente y tardía al desastre, y que otorgue un giro radical para desarrollar las capacidades de prevención, planificación y control para esta manera aplicar leyes que solo se cumplen para algunos y no para el resto?

Concluyendo, será siempre más atractivo políticamente el desastre que el trabajo silencioso de la prevención y la planificación. Mientras no se realicen ajustes normativos al procedimiento y se dispongan de recursos frescos para financiar la retórica expresada en las declaratorias de emergencia, todo será una ilusión y no una verdadera respuesta.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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No se trata de un concepto extraído de los rancios archivos del populismo latinoamericano de mediados del siglo XX. Es el título de un amplio reporte especial de la revista The Economist del mes de octubre del 2023, referido a la nueva tendencia económica que está desplazando al libre mercado a escala global.

Hace un año atrás, esta prestigioso y conservador semanario que sirve de brújula para todos los seguidores del liberalismo económico, ya había lanzado la alerta acerca de los riesgos “fin de la globalización” promovida por la fragmentación geopolítica de los mercados. Hoy, más a la defensiva, denuncia la “tendencia alarmante” al crecimiento de un conjunto de medidas que están adoptando los gobiernos del mundo; de una corriente de opinión empresarial y académica ascendente, favorables al proteccionismo nacional de las industrias, la aplicación de subvenciones a la actividad económica, la elevación del gasto público y la regulación de los mercados. Todas ello agrupadas bajo el denominativo de “nacionalismo económico” o “homeland economics”.

Pero no solo es el The Economist que detecta este cambio de época. Durante el último año, el influyente periódico norteamericano The New York Times, ha entregado numerosos estudios y opiniones sobre el regreso de las llamadas “políticas industriales” (industrial policy), otro nombre con el que se denomina a el conjunto de intervenciones estatales para apoyar la actividad manufacturera, por medio de exenciones tributarias, subsidios, créditos blandos, garantías públicas, contrataciones estatales y, llegado el caso, nacionalizaciones. Uno de los animadores de este debate, es el premio nobel de economía Paul Krugman que, en apasionados artículos en defensa de las políticas de subsidios del presidente Joe Biden, afirma sin complejos que, si ello llevara a una proliferación de nacionalismo económicos en todo el planeta, entonces, bienvenido sea ese proteccionismo. Projet Syndicate, que agrupa a más de 500 medios de comunicación del mundo en la que escriben reconocidos académicos de las más prestigiosas universidades, en los últimos meses ha recogido la intensidad del debate referido al tema. La prestigiosa universidad norteamericana Massachusetts Institute of Technology (MIT) acaba de publicar un libro referido a la historia de las “políticas industriales”, en tanto que el reconocido profesor de Harvard, Dani Rodrik, desde meses atrás viene recomendando como aplicar de manera “correcta” ese nacionalismo económico.

Y es que este neoproteccionismo industrial no es solo una nueva moda académica, sino una tectónica transformación de las estructuras económicas del orden global que está en marcha debajo de nuestros pies. Veamos:

Adiós a los mercados “libres”.

Un mercado global autorregulado fue la gran utopía neoliberal de las últimas décadas. El fin de la “guerra fría”, la incorporación de China a la OMC y la expansión de cadenas de valor que integraban al mundo entero en función de la eficiencia y oportunidades, alentaron ese gran sueño. Pero era solo una ilusión. Los mercados son incapaces de cohesionar a las sociedades, lo que a la larga lleva a la polarización política. Los mercados son incapaces de equilibrar producción con finanzas, lo que a la larga lleva a la desindustrialización de los opulentos, y a la pérdida de su liderazgo global. Esto es lo que precisamente está pasando ahora en “el llamado occidente” y, en particular, en EEUU.

Por ello, era previsible que EEUU y Europa algún rato busquen, desesperadamente, detener su ocaso imperial frente a un “asiatismo” industrioso ascendente. Ese momento ha llegado. El primer giro histórico lo lanzo EEUU el 2018 al embarcarse en una guerra de aranceles a las importaciones chinas, imponiéndoles el pago de hasta un 25% de impuestos sobre su valor total. En contraparte, China ha hecho lo mismo con las importaciones norteamericanas. Con ello, las dos más importantes potencias económicas del planeta, han enterrado el libre comercio.

La Unión Europea, no se ha quedado atrás. Desde enero del 2022, ha reducido su compra de gas a Rusia, desde un 45% del total de su consumo, a un 13% (Comisión Europea, 2023); incluyendo en este recorte la voladura del gasoducto de abastecimiento Nord Stream 2. Y esa reducción nada ha tenido que ver con las “eficiencias” del mercado, sino con motivos geopolíticos. El gas ruso, que durante décadas sostuvo energía barata de los europeos y la pujante industria alemana, costaba cerca de $us 6 el MBTU. El 2022, tuvieron que pagar $us 45 el MBTU a otros proveedores amigos, incluidos los EEUU. La eficiencia de los mercados se ha arrodillado ante el “mercado de amigos”.

Junto con ello, en marzo del 2023, la UE ha aprobado una ley de “defensa comercial contra las coacciones económicas”, que permite elevar aranceles y restringir participación en licitaciones a países que realicen “presiones económicas indebidas”, es decir China. La sinfónica del siglo XXI ya no acompaña odas al libre comercio sino a la seguridad nacional.

Que luego se restrinja el ingreso a Huawei al mercado europeo, que se prohíba la venta de tierras agrícolas a chinos o que, en agosto, el presidente Biden emita órdenes ejecutivas para prohibir exportaciones e inversiones norteamericanas en China en el área de semiconductores, inteligencia artificial, etcétera, es la nueva realidad de los mercados subordinados a los estados.

Este nuevo espíritu global lo cartografía perfectamente el FMI al momento de lamentar el incremento, a escala geométrica, de las restricciones al libre comercio mundial, que de 250 medidas marginales y en países marginales el año 2005, han pasado a 2500 el 2022; principalmente en los países económicamente más avanzados (Globalización a tope, junio, 2023).

Todo ello está provocando una reorganización geográfica de la división del trabajo o, como suele llamarse ahora, de las “cadenas de valor”. La Organización Mundial del Comercio (OMC) reporta que desde el 2009 esa articulación global de los procesos productivos ya no ha continuado expandiéndose y, desde entonces, ha comenzado a retraerse paulatinamente (WTO, Global value chain… 2022). Las palabras de moda entre los CEOs del mundo son ahora “nearshoring”, “friendshoring” o, en los clásicos eufemismos de la presidenta de la Unión Europea, Von der Leyen, “reducir riesgos”.

Guerra de subvenciones.

En la última década, la estantería globalista, anteriormente ya agrietada por el progresismo latinoamericano, comienza a desmoronarse. El sagrado mandamiento respecto a que los estados deben ser austeros y reducir al minino los gastos, es ahora una insensatez contra fáctica. El 2008, a raíz de la crisis de las hipotecas subprime que arrastro al mundo a una crisis financiera, las economías avanzadas tuvier o n q u e movilizar el equivalente al 1,5 % de su PIB para contener la caída de las acciones bancarias y de las bolas de valores. El 2020, ante el “gran encierro” frente al Covid-19, el esfuerzo fiscal extraordinario llego al 18% del PIB, inundando la sociedad de emisión monetaria para pagar salarios, solventar deudas empresariales, sostener las acciones de las empresas e implementar ayudas sociales (FMI, monitor fiscal, 2021). El endeudamiento público mundial, que durante los años “dorados” del neoliberalismo acato una rigurosa disciplina fiscal con una deuda pública baja, alrededor del 50 % del PIB, en la última década ha saltado hasta el 80%, y en EEUU al 110 % (Kansas City Fed, 2023). Por su parte, el gasto público, que durante 30 años se mantuvo en torno al 24% respecto al PIB, en los últimos años ha saltado al 34% (Banco Mundial, 2023). El elevado endeudamiento público, no es ni una pasajera enfermedad económica ni un patrimonio latinoamericano. Es la nueva normalidad global.

Y para la pesadilla de los liberales, no solo hay un nuevo Estado gastador, sino además ahora industrialista y generador de mercados. El presidente norteamericano Biden, desde el 2022, ha movilizado cerca de $us 400.000 millones para subvencionar la fabricación de autos eléctricos, tecnologías verdes y microchips en EEUU, con tecnología de EEUU y trabajadores en EEUU (Ley IRA, Ley Chips). “Consuma americano” es el nuevo lema proteccionista. Europa no se queda atrás. Según el Observatorio económico Brugel, entre el 2022 hasta julio del 2023, los gobiernos han tenido que subvencionar a sus ciudadanos con 651.000 millones de euros el precio final de la energía eléctrica. Para Alemania, esto ha alcanzado al 5% de su PIB anual. En el viejo lenguaje liberal, una ineficiencia pasmosa. Pero en estos tiempos, los intereses de la guerra contra Rusia están por encima de las delicatesen del mercado.

Además de todo ello, desde el 2019, las subvenciones estatales a la industria de la Unión Europea, de manera directa mediante transferencias y reducciones tributarias; y de manera indirecta mediante préstamos y garantías, suman anualmente el 3,2 % del PIB (OCDE, junio 2023). En casos más osados, los estados han nacionalizado la generación de la electricidad (Francia), o la distribución del gas (Alemania). Por su parte, la India y Corea del Sur acaban de aprobar generosos incentivos estatales a la producción de determinados productos Y en la China, está en marcha su plan para que el 2025, el 70% de las materias primas básicas de sus manufacturas sean nacionales (Harvard Review, otoño 2018). De menos de 34 intervenciones de “políticas industriales” en el mundo el 2010, se ha pasado a 1.568 el 2022 ( Juhasz, Rodrik, agosto 2023)

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El orden global está cambiando rápidamente y las ideologías dominantes también. De la antigua gubernamentalidad sostenida en el libre mercado, el globalismo, el Estado mínimo y el solitario emprendedurismo, estamos transitando a una legitimidad política aun difusa, pero en la que parecen comenzar a destacar otras bases de anclaje, como el industrialismo local, la autonomía tecnológica y la competitividad en mercados segmentados (Thurbon, 2023).

Ciertamente, todo ello no impide que por acá o por allá, renazca con violento furor, el melancólico apego a los imaginados años gloriosos del libre comercio. Son fósiles políticos que no por ello son inofensivos y meramente carnavalescos. Estos defensores del libre mercado que, como se lamenta el The Economist, ahora son tratados como “una reliquia colonial” en extinción, han provocado mucho dolor social en su aventura, como en Brasil, y lo seguirá haciendo, como en Argentina. Lo curioso es que Latinoamérica, que vanguardizó este regreso a políticas proteccionistas, sea también donde se engendren las versiones más pervertidas y crueles de este anacronismo liberal.

Esto no significa que se impondrá el nacionalismo económico. El tiempo de incertidumbre aun continuara por una década o más. Pero, este proteccionismo que ahora comienza a expandirse es distinto al que prevaleció en los años 40’s del siglo XX. Las subvenciones estatales ya no apuntalan tanto a un Estado productor, sino a un sector privado que necesita de la protección y guía estatal para prosperar. Igualmente, la nueva “sustitución de importaciones”, que nos recuerda a la antigua consigna de la CEPAL, ahora es selectiva, en áreas estratégicas ordenadas por criterios políticomilitares; en tanto que el resto de las importaciones que se mantendrán, buscan ser relocalizadas a otros mercados más cercanos o políticamente aliados. Pareciera ser que estamos ante el nacimiento de un nuevo modelo hibrido, anfibio, que combina proteccionismo y libre cambio, según necesidades nacionales.

(*)Álvaro García Linera es exvicepresidente de Bolivia

El punto sobre la i

El 3 de enero próximo fenece el mandato de los magistrados titulares del Órgano Judicial. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, debería haberse llamado a elecciones judiciales para contar son sus reemplazos. Debido a la falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) esto no sucedió y el país ahora enfrenta la posibilidad de que todo el aparato de Justicia del país quede paralizado. Ninguna solución a la vista se ajusta al marco constitucional.

La cuestión es por demás seria. Tal como están las cosas actualmente, “estamos encaminados hacia el despeñadero”, afirma el politólogo Carlos Saavedra, con quien conversamos al respecto.

“Hay que partir de un punto básico: la única salida constitucional es la elección de nuevas autoridades judiciales y ya no hay tiempo para eso. O sea, ya va a haber un incumplimiento de deberes de la ALP, que sabía que tenía que hacer la convocatoria. Si tienen problemas internos, si no han logrado los consensos, ese es un tema de responsabilidad de la ALP, que no ha sabido asumir la tarea. Cualquier otra solución, sea vía ley, decreto o acuerdo político, va a ser inconstitucional. Pero, debido a la necesidad práctica, a la necesidad de tener el Órgano Judicial estructurado, seguramente se llegará a algunos acuerdos. Veremos, con los años, qué consecuencias después tienen los mismos. En su momento, en la Universidad Católica se decidió la asunción de una presidenta al margen de la Constitución. Se toma una decisión política, pero después la misma tiene consecuencias jurídicas. Estamos frente a un panorama muy complejo, donde sea cual sea la salida, no va a tener la total constitucionalidad”, explica.

Sobre la misma cuestión, dialogamos también con Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. “Lo que pasa es que estamos quebrando el Estado Constitucional”, advierte.

“Primero, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, por los tiempos constitucionales, su plazo vence el 3 de enero. En esa fecha ya tendrían que estar sentadas las nuevas autoridades ejerciendo funciones, pero como no hay voluntad política en la Cámara de Diputados, sobre todo, lo que va a pasar es que tengamos autoridades inconstitucionales. Esto puede darse por la prolongación de funciones, lo que sería lapidario, porque la población está censurando al Órgano Judicial por su inoperancia, por su falta de transparencia, y que tengamos que prolongarlos en sus funciones eso es lapidario. Otro camino es mediante un decreto supremo, que así sean nombradas nuevas autoridades. Eso es menos lapidario, pero también es inconstitucional. Yo creo que se está apuntando aquello, porque tampoco se puede dejar un vacío de poder. Probablemente el presidente Luis Arce vaya a decir que logró el 55% de votos del pueblo y, por lo tanto, va a responder a ese apoyo utilizándolo en un decreto supremo para darle seguridad jurídica a las personas, mientras se corrija el problema por el cual estamos atravesando”, sostiene.

Otra vía es la que propuso el senador Hilarión Mamani (MAS), mediante su Proyecto de Ley 144, donde se planteaba que las autoridades del Órgano Judicial, sean reemplazadas interinamente por otros magistrados actualmente, de manera interna. “¿Cómo es posible que nosotros deleguemos esa responsabilidad a las autoridades que están, futuras exautoridades, que están censuradas, que están mal vistas por la población, dada la corrupción, la mala administración de justicia? Eso es inconcebible”, asevera Gutiérrez.

Ambos analistas no dejan espacio a las dudas: cualquier solución que se logre dar, que no sea a través de elecciones judiciales, no será constitucional. Ahora bien, Saavedra precisa incluso las salidas políticas “dependerán también de qué pase en la política misma en 2025. Podrán quedar como anécdotas y no tener ninguna consecuencia jurídica o, más bien, pueden tener serios castigos jurídicos. Habrá que ver qué se decide, quiénes se alían con quiénes para tomar qué decisiones. Entonces, estamos frente a una bomba de tiempo que va a explotar en manos de alguien, veremos de quién. Es muy envenenado el tema, como se dice coloquialmente, porque quien participe de la solución también se puede estar poniendo una cruz muy pesada para su futuro, o una soga al cuello, directamente. También hay que estar atentos a ver si de aquí al 3 de enero el aparato de Justicia toma algunas decisiones que puedan ser determinantes en la política”.

Gobernabilidad

Pero las complicaciones que se vislumbran en el horizonte ni empiezan ni acaban con el Órgano Judicial. La situación en la ALP habla de serios riesgos para la gobernabilidad del país. La aprobación de la reformulación de cierre de gestión del Presupuesto General del Estado (PGE), que no debería ser sino una cuestión de mero trámite, está derivando en una muestra de fuerza del acuerdo reflejado en el documento de nueve puntos firmado por senadores evistas, camachistas y de Comunidad Ciudadana.

La pugna interna dentro del MAS pasó a ser un enfrentamiento abierto y sin cuartel. Saavedra considera que “hay tres factores que ordenan hoy la política en Bolivia. El primero es el control del MAS, que es el espacio hegemónico desde donde se hace política en el país. El segundo es el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y esto termina dando paso al tercer elemento, a la tercera variable fundamental para ver quién se hace del poder en 2025, que es la viabilidad económica y la estabilidad del país”.

El politólogo añade que “hay una decisión ultra pragmática, más allá de los principios, más allá de los temas que parecían innegociables, de inviabilizar a partir de la ALP el camino de Luis Arce. Hay la intención de dinamitar el país, porque entienden que, si Bolivia llega con ciertos índices de estabilidad económica, con ciertos visos de recuperación, obviamente el más viable para reproducir el poder es Arce. Veo en ese primer pantallazo que ahí están pensando fuerzas opositoras e internas del masismo que la Asamblea puede ser la herramienta para inviabilizar la gestión y para generar un contexto donde la gente pida un cambio de conducción en 2025. Es más, desde el propio Gobierno han hablado de algo que, por ahora, todavía parece un poco pronto, que es acortar el mandato. Esto va a depender en mucho de cuál sea la habilidad política del Gobierno también para construir ciertos acuerdos que le den una gobernabilidad mínima”.

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Gutiérrez observa síntomas de algo mucho más riesgoso. “Considero, con mucha preocupación, que existen focos de desestabilización de la democracia y que están conduciendo a un golpe de estado moderno. Es decir, primero vemos una fracción del MAS, una división y pugna de una democracia salvaje en el Órgano Legislativo. Esto va a inviabilizar el desarrollo normal, económico, social y político del país. Se está generando desestabilización democrática y lo único que van a buscar después es la renuncia del presidente Luis Arce, porque ellos piensan que él no tiene la capacidad suficiente para gobernar y a eso se está dirigiendo todo. Ahí se van a mezclar todos aquellos que tienen intereses en desestabilizar la democracia, se van a juntar y van a disfrazarse de salvadores, de criticones al sistema económico, al sistema político y social. Vamos a ver censuras, pugnas y peleas en el Órgano Legislativo y poco trabajo productivo por el bienestar de Bolivia. ¿Eso qué significa? Desestabilización de la democracia y un golpe de estado moderno al estilo actual”.

El constitucionalista señala que “mucho va a hacer la capacidad que tenga el presidente, sus ministros y asesores, además del propio pueblo, para impedir una nueva desestabilización, como pasó en 2019. Entonces, si no hay personalidad, presencia física e intelectual en el gobierno, esto va a ir mal y en 2024 vamos a estar peor. En estos días el presidente tendría que pensar muy bien en articular su gabinete, ver cómo puede fortalecer algunos ministerios, viceministerios, y ver cómo puede aliarse con el pueblo. El mejor apoyo que pueda tener el presidente en este momento es la Constitución Política del Estado. Pero, si vamos a tener un gobierno de escritorio, que no hace nada, básicamente todos van a estar de acuerdo en decirle ‘señor, váyase’. Vamos a entrar en este fin de año a un momento de reflexión. Primero que nada, para los que están gobernando, para que presenten una nueva perspectiva de la política en Bolivia”.

Por su lado, pero en una línea de reflexión similar, Saavedra indica que “la gente no es tonta. Partimos de una máxima, por lo menos en comunicación política, y es que el elector es inteligente y se da cuenta de muchas cosas. La ciudadanía sabe cómo está operando la oposición y el evismo también para generar trabas al gobierno. Hasta cierto punto les puede funcionar, pueden inviabilizar algunas cosas, pero también en cierto momento esto puede constituirse en un escudo para el propio Gobierno en términos de opinión pública. Puede ayudarle más bien a reforzar una suerte de relato épico en la construcción de estabilidad.  Habrá que ver hasta dónde están dispuestos los actores de la oposición para dinamitar el país, sabiendo que también van a cargar culpas. Habrá que ver si se juega el desastre total y habrá que ver la dosis de racionalidad de los actores políticos para ponerle un freno al caos que algunos añoran”.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político