Los tiempos en el traspaso de poder en la región no son idénticos en todos los países; responden, en algunos casos, a lógicas distintas, a coyunturas políticas específicas, a cambios constitucionales y/o a fechas emblemáticas. En determinadas ocasiones, se combinan varios factores.

Entre los países que cuentan con el menor tiempo de traspaso entre la gestión saliente y la entrante, se encuentra Argentina. El día estipulado para la asunción presidencial es el 10 de diciembre. Esta determinación respondió a la decisión política del Gobierno de Ricardo Alfonsín —primer presidente electo posdictadura militar—, quien asumió ese día en 1983 y resultó un hito histórico para la democracia argentina. Además, la fecha corresponde con el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esta trayectoria fue alterada, en el marco de un peculiar contexto político, cuando Néstor Kirchner asumió un 25 de mayo de 2003.

En Argentina, las elecciones se realizan a fines de octubre y, si hay segunda vuelta, acontecen aproximadamente el tercer domingo de noviembre. Si contamos la última elección presidencial de 2023, solo pasaron 20 días entre el 19 de noviembre, día en el que Javier Milei ganó el balotaje, y el 10 de diciembre, la fecha de su asunción.

Entre los países con mayor tiempo de transición entre el Gobierno saliente y el entrante, se encuentran Uruguay y México. En las últimas elecciones presidenciales realizadas en la República Oriental del Uruguay (2024), la primera vuelta fue el 27 de octubre y el balotaje, el 24 de noviembre. Históricamente, la investidura presidencial en Uruguay se lleva a cabo el 1 de marzo posterior a la elección, fecha que coincide con la primera Legislatura del país. Es decir que la transición dura más de 3 meses (o, incluso, 4) si una fuerza política gana en primera vuelta.

Otro caso similar es México. La toma de posesión en este país es el 1 de octubre (esto ocurre desde 2024). Anteriormente, la toma de posesión presidencial se llevaba a cabo el 1 de diciembre cada seis años, según lo que establecía la Constitución Política mexicana. Aunque los tiempos de transición en gobiernos del mismo signo político parecieran más cortos por una cuestión de continuidad, pasaron 4 meses desde las elecciones del 2 de junio hasta la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el último 1 de octubre.

En países como Brasil, Colombia y Chile, el tiempo estipulado para la transición es de 48 días a 3 meses. Brasil suele llevar adelante la primera vuelta electoral el primer domingo de octubre y la segunda, al finalizar el mismo mes. La investidura presidencial en este país es el 1 de enero, según lo determinado por la Constitución de 1988.

Por su parte, en Colombia, la asunción presidencial está establecida el 7 de agosto y tiene un correlato histórico, ya que ese día se conmemora la Batalla de Boyacá. La primera vuelta se suele realizar a fines de mayo y, en caso de haber balotaje, se celebra a mediados de junio.

Chile realiza la primera vuelta electoral a mediados de noviembre, y en diciembre se celebra la eventual segunda vuelta. La investidura presidencial se lleva adelante el 11 de marzo del año siguiente a las elecciones, según la Constitución de 1980. Esta fecha ha sido una constante en la política chilena desde entonces y se ha mantenido como el día oficial para la toma de posesión de los presidentes electos.

Bolivia es un caso particular, en el cual el golpe de Estado de 2019 trastocó el calendario electoral y modificó la fecha de toma de posesión. Antes del golpe, se realizaba el 22 de enero, una fecha en la que se conmemora el día del Estado Plurinacional luego de la reforma constitucional de 2009. A causa del particular contexto político, el último presidente electo democráticamente, Luis Arce, asumió el 8 de noviembre de 2020 después de haber logrado la victoria casi un mes antes, en octubre de ese mismo año. De cara al 2025, las elecciones están pautadas para el 10 de agosto, la segunda vuelta para el 25 de octubre, y la fecha de la asunción sería el 8 de noviembre, similar a lo acontecido en 2020.

Ecuador también posee sus particularidades. De acuerdo con su Constitución, el presidente electo asume el cargo el 24 de mayo del año de la elección, y la fecha coincide con el aniversario de la Batalla de Pichincha. Sin embargo, en 2023, la toma de posesión presidencial de Daniel Noboa se llevó a cabo el 23 de noviembre debido a la anticipada salida del presidente Guillermo Lasso. En contextos normales, las elecciones presidenciales en Ecuador se realizan en febrero y en abril, la segunda vuelta (una de las temporalidades más amplias que existen entre la primera y la segunda vuelta en América Latina).

Por último, vale mencionar el caso de Perú, país que tendrá su próxima elección presidencial recién en 2026. Las elecciones están estipuladas para abril (la primera vuelta) y para principios de junio, el balotaje. La investidura presidencial suele producirse el 28 de julio, fecha que coincide con el Día de la Independencia peruana. En este caso —y a diferencia de lo ocurrido en Bolivia—, el quiebre institucional de diciembre de 2022 no ha modificado el calendario electoral. A pesar del Gobierno no democrático de Dina Boluarte, no se ha definido cambiar la fecha de la cita electoral y, por ahora, tampoco la de la asunción presidencial.

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La libertad de expresión, que en nuestro país está garantizada mediante la Ley de Imprenta, es un derecho innato del ser humano, que nace con su capacidad de pensar y sentir. Sin embargo, a lo largo de la historia, este derecho ha sido constantemente vulnerado por quienes detentan el poder y no toleran la disidencia. Esta situación ha generado movimientos de rebeldía y resistencia, donde las ansias de libertad y justicia han encontrado cauces para manifestarse, incluso en condiciones de opresión.

En los albores de la lucha por la libertad de expresión, se recurría al anonimato mediante pasquines que desafiaban al poder al exponer ideas y críticas. Los poderosos, para mantener el control, castigaban a los autores de estos escritos mediante procesos sumarios que terminaban en severas sanciones, incluso la ejecución pública. Sin embargo, estas acciones represivas no lograron detener el impulso de expresarse libremente, sino que sembraron la semilla de un derecho fundamental que evolucionó hasta convertirse en una garantía reconocida.

El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este marco internacional refuerza el compromiso de los Estados, incluyendo Bolivia, de garantizar este derecho fundamental.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado consagra la libertad de expresión como un derecho civil y político. El numeral 5 del artículo 21 establece que los bolivianos tienen el derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. Asimismo, el numeral 6 garantiza el acceso a la información y su interpretación, análisis y difusión. A pesar de estos derechos, su cumplimiento pleno enfrenta obstáculos, entre ellos la falta de conocimiento generalizado de las leyes.

La Ley de Imprenta de 1925

El 19 de enero de 1925, se promulgó en Bolivia la Ley de Imprenta, un instrumento normativo que marcó un hito en la defensa de la libertad de expresión y prensa. Esta ley establece principios esenciales como la publicación sin previa censura y la responsabilidad de los autores, directores y editores de los medios.

Entre sus disposiciones destacadas se encuentran:

Responsabilidad sucesiva: Los autores, directores y editores son responsables de los delitos cometidos a través de la prensa, en un orden claramente establecido.

Publicaciones clandestinas: Se consideran tales aquellas que no consignan los nombres de los responsables en sus primeras páginas, imponiéndose sanciones económicas y penales.

Secreto de la fuente: Protege la confidencialidad de las fuentes de información, penalizando su revelación sin requerimiento judicial.

Delitos de imprenta: Regula las conductas que atentan contra la Constitución, la sociedad y las personas, estableciendo sanciones para cada caso.

La libertad de expresión, aunque esencial para la democracia, no es absoluta. Los límites se establecen para proteger otros derechos fundamentales, como la honra, la privacidad y la seguridad pública. En Bolivia, la Ley de Imprenta y el Código Penal regulan estas restricciones, buscando equilibrar la libertad con la responsabilidad.

Situación actual

El último informe sobre la libertad de expresión en Bolivia pone en evidencia preocupaciones significativas que afectan a este derecho fundamental. Entre los principales problemas destacan:

En Bolivia, se han denunciado diversos actos que atentan contra la libertad de expresión, incluyendo intimidaciones, censura y hasta hechos de violencia contra periodistas. Estas situaciones reflejan un entorno hostil para el ejercicio del periodismo independiente y plantean serios retos para el fortalecimiento de la democracia.

Medios bajo influencia

Un problema estructural radica en la dependencia económica de muchos medios de comunicación frente al gobierno de turno. Este dominio se manifiesta en las siguientes vertientes principales:

Control Gubernamental: Parte significativa de los medios opera bajo la influencia del gobierno, lo que limita su capacidad para abordar temas sensibles o críticos hacia las autoridades.

Enfoque Sensacionalista: Otros medios han adoptado una línea editorial amarillista, priorizando noticias de impacto superficial que atraen a grandes audiencias pero descuidan el análisis profundo y responsable.

Medios Independientes y Éticos: Solo una minoría de periodistas y medios mantiene una práctica profesional y ética, lo que es valorado por la ciudadanía consciente que demanda información veraz y objetiva.

Esta situación deja al descubierto un debilitamiento del papel fiscalizador de los medios de comunicación, afectando la transparencia y la participación informada de la ciudadanía.

Ley de Imprenta, expresión y democracia

En el contexto actual de Bolivia, la libertad de expresión adquiere una relevancia crítica como pilar de la democracia. El país atraviesa una etapa de transición caracterizada por:

Crisis Económica y Cambios Estructurales: El modelo económico vigente enfrenta profundas tensiones que requieren un debate amplio y participativo para definir un camino sostenible hacia el futuro.

Corrupción y Seguridad Jurídica: Las últimas décadas han estado marcadas por escándalos de corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y en algunos políticos, además de la ausencia de una independencia judicial y las diferentes vulneraciones a la constitución.

Ausencia de Políticas de Estado: La falta de estrategias claras en sectores clave como la energía y los recursos naturales ha debilitado el desarrollo estructural del país.

Posible Momento Constituyente: Se vislumbra un proceso constituyente que podría modificar la Constitución vigente, lo que exige un debate inclusivo y transparente.

En este panorama, la libertad de expresión no solo garantiza el acceso a información, sino que también fomenta el diálogo y la reflexión colectiva. Los medios de comunicación social, a pesar de sus limitaciones, desempeñan un rol crucial al informar, educar y promover la discusión democrática.

Desafíos y Propuestas

Para que los medios de comunicación cumplan efectivamente su función en la sociedad, es necesario:

Fortalecer la Ética Periodística: Es imperativo que periodistas y medios adopten códigos de ética que prioricen la verdad y el interés público por encima de intereses particulares.

Garantizar la Independencia Financiera: La promoción de mecanismos de financiamiento independientes podría reducir la dependencia económica de los medios frente a actores políticos o comerciales.

Fomentar la Educación Mediática: Es esencial educar a la ciudadanía para que identifique información fiable y reconozca las prácticas periodísticas éticas.

También es importante señalar que los principales medios de comunicación social son los impresos (periódicos, libros y revistas), la televisión, los medios digitales y las redes sociales, la imprenta cada vez pierde la trascendencia de tiempos pasados y se impone una nueva ley que regule  la libertad de expresión en sus nuevas versiones.

Reflexión Final

A 100 años de su promulgación, la Ley de Imprenta sigue siendo un baluarte de la democracia y la libertad en Bolivia. Este centenario nos invita a reflexionar sobre su vigencia y los desafíos que enfrenta en el contexto actual.

Es fundamental fortalecer una cultura que valore y respete la expresión libre y responsable como un pilar esencial de una sociedad justa y pluralista. Honramos así el legado de quienes lucharon por estos derechos y renovamos nuestro compromiso de defender la voz de todos los bolivianos. La libertad de expresión no es solo un derecho individual, sino una herramienta colectiva para construir un futuro más justo y equitativo.

Mediante el Decreto Supremo N° 450 de 20 de enero de 2010, se decreta el 22 de enero de cada año como el Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Este día se declara feriado con la suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional.

Analicemos un poco este decreto. El mismo presenta cinco considerandos previos al artículo único, que determina el feriado del 22 de enero.

El primer considerando hace referencia al artículo 67 del Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985, en el que se establecen los días feriados como suspensión de actividades en las siguientes fechas: 1 de enero, lunes y martes de Carnaval, Viernes Santo, 1 de mayo, Corpus Christi, 6 de agosto, 1 de noviembre, 25 de diciembre, y en cada departamento la fecha de su efeméride.

El tercer considerando señala que, el 18 de diciembre de 2005, el pueblo boliviano logró un triunfo democrático histórico, dando inicio a la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia.

El cuarto considerando indica que, el 22 de enero de 2006, Evo Morales Ayma asumió la conducción del Estado en representación de las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos.

El quinto considerando señala que, el 22 de enero de 2010, se instituyó el Estado Plurinacional de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

Cuestiones sobre el 22 de enero

Primer tema a discusión: La mención al Decreto Supremo 21060. Este decreto es considerado el instrumento con el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro estableció la nueva política económica de Bolivia, que determinó el despido masivo de los trabajadores de las minas, conocido como «relocalización». Asimismo, este decreto liberalizaba el mercado y desregularizaba los precios. No se trata de un decreto cualquiera, sino uno de 170 artículos que establecía el marco normativo del llamado neoliberalismo. Es una mención curiosa para establecer un feriado. ¿Era necesaria esa mención? Pues, ni se modifica el decreto, solo se menciona, tal vez para recordar que aún sigue vigente en una buena parte.

Segundo tema a discusión: La Constitución Política del Estado no menciona como fecha de la institución del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010. En realidad, la Constitución entra en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial, la cual ocurrió el 7 de febrero de 2009. En consecuencia, si hay un día en el que se instituye la nueva Constitución y, por ende, el Estado Plurinacional, ese día es el 7 de febrero, y no el 22 de enero. La Constitución no es de un partido político, sino que es la Constitución de un Estado. Si bien se puede intentar sobre-interpretarla, burlarla o no cumplirla, es la Constitución la que ordena a todo gobierno su cumplimiento.

Historias e historias

Tercer tema a discusión: ¿Qué se pretende recordar el 22 de enero? El mismo decreto lo señala: el día de la asunción al cargo de Presidente de la República de Bolivia por Evo Morales Ayma, en tanto ese era el nombre de nuestro Estado el 22 de enero de 2006. Sobre si dejamos de ser república, considero que es un debate insulso, pues el artículo 11 de la Constitución vigente señala que Bolivia es una república. Asimismo, la palabra «república» se repite media docena de veces en el texto constitucional vigente.

Estos tres temas que sometemos a discusión nos permiten observar cómo hay una historia de los estados y una pretendida historia oficial que intenta fijar fechas y construir memorias de eventos que son, en el fondo, otros. En este caso, no se trata de la fecha del Estado Plurinacional, aunque el 22 de enero se lo presente de esta manera, sino del comienzo del gobierno de Evo Morales y de su partido político, conocido como MAS. Como se trata de un feriado, es muy difícil que los gobernantes actuales y futuros lo dejen sin efecto. Incluso en el corto y cuestionado gobierno de Jeanine Áñez se acató el feriado, ya que los feriados son muy esperados por todos los bolivianos.

Al señalar que “el gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional” y ha “ofrecido garantías” de que no lo hará en el futuro, la Casa Blanca dijo en un memorando que la administración Biden está avanzando para rescindir la adición de Cuba en enero de 2021 por parte de la primera administración Trump a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (SSOT) y tomar otras medidas para aliviar algunas sanciones a la sufrida isla de 11 millones de habitantes.

La designación de Cuba como Estado Parte en la Lista SSOT se basó principalmente en que la nación socialista ha albergado a rebeldes izquierdistas colombianos y a varios fugitivos de la justicia estadounidense por presuntos crímenes cometidos hace décadas, a pesar de que ningún otro país ha sido incluido en la lista SSOT por tal razón y a pesar de que los terroristas de derecha cubanos exiliados gozan de ciudadanía -e incluso de estatus heroico- en Estados Unidos.

“A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en correspondencia con el reclamo sostenido y firme del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, especialmente de América Latina y el Caribe, de los cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas personalidades políticas de los Estados Unidos y de otros países”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado.

“Es importante destacar que se mantienen vigentes el bloqueo económico y gran parte de la decena de medidas coercitivas que se han puesto en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y violatorio del derecho internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos”, agregó el ministerio.

Durante 32 años consecutivos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado abrumadoramente a favor de resoluciones que condenan el bloqueo estadounidense a Cuba. Y durante 32 años, Estados Unidos, generalmente junto con un pequeño grupo de países, se ha opuesto a las medidas. La votación del año pasado fue de 187 a 2, e Israel se unió a Estados Unidos en el voto en contra de la resolución.

Cuba siguió la iniciativa de Biden al anunciar que liberaría “gradualmente” a 553 presos políticos tras negociaciones con la Iglesia Católica, informó The New York Times.

Muchos progresistas aplaudieron el cambio de postura de Biden. La congresista Nydia Velázquez (demócrata por Nueva York) dijo en un comunicado que la designación de Cuba como Estado de transición “solo ha empeorado la vida del pueblo cubano sin promover los intereses estadounidenses” y “ha dificultado que los cubanos accedan a la ayuda humanitaria, los servicios bancarios y la posibilidad de viajar al exterior”.

“También ha profundizado la escasez de alimentos y medicinas y ha empeorado la crisis energética de la isla, especialmente después del huracán Rafael”, agregó. “Estas penurias han impulsado una ola migratoria sin precedentes, que ha dado lugar al mayor éxodo en la historia de Cuba”.

La representante Ilhan Omar (demócrata de Minnesota) calificó la medida de Biden como “una acción largamente esperada que ayudará a normalizar las relaciones con nuestro vecino”.

“Este es un paso hacia el fin de décadas de políticas fallidas que solo han perjudicado a las familias cubanas y han tensado las relaciones diplomáticas”, agregó Omar. “Eliminar esta designación ayudará al pueblo de Cuba y creará nuevas oportunidades para el comercio y la cooperación entre nuestras naciones. Espero continuar el trabajo para construir puentes entre nuestros países y apoyar políticas que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al cubano”.

David Adler, co-coordinador general de Progressive International, calificó la exclusión de la lista como “demasiado poco y demasiado tarde”.

“El hecho de que el presidente estadounidense haya retirado la designación de Cuba como SSOT en los últimos días de su presidencia sólo significa una cosa: sabía, desde el primer día, que la designación era simplemente una excusa para castigar al pueblo cubano”, añadió Adler. “Pero la mantuvo de todos modos. Es repugnante”.

El grupo por la paz CodePink publicó una declaración en la que celebra el cambio de postura de Biden, pero añade que “es inaceptable que esta administración haya tardado cuatro años en abordar estas injusticias”.

“El presidente Biden tomó la decisión inhumana todos los días de no aliviar el sufrimiento de millones de cubanos manteniendo esta designación en vigor”, añadió el grupo. “Al tiempo que conmemoramos este avance tan esperado, solo podemos esperar que la administración Trump no revierta estos pasos cruciales hacia la justicia y la diplomacia”.

El candidato de Trump para secretario de Estado, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, es hijo de inmigrantes cubanos y un feroz crítico del gobierno socialista de Cuba. En 2021, Rubio presentó una legislación destinada a bloquear la eliminación de Cuba de la lista SSOT. Trump también ha designado a Mauricio Claver-Carone, un firme partidario de sancionar a Cuba, como su enviado especial para América Latina.

Alex Main, director de política internacional del Centro de Investigación Económica y Política, dijo el martes que “si bien esta decisión, que llega años después de que 80 miembros del Congreso instaran a Biden a revertir el enfoque de ‘presión total’ de Trump, debería haberse tomado hace mucho tiempo, es mejor tarde que nunca”.

“Sesenta años de políticas fallidas deberían ser más que suficientes, y esperamos que la nueva administración tenga la sabiduría y el coraje de seguir un nuevo rumbo, uno que sea en el mejor interés tanto del pueblo estadounidense como del cubano”, añadió Main.

Cuba fue incluida por primera vez en la lista SSOT por la administración Reagan en 1982, en medio de una campaña continua de décadas de terrorismo en el exilio, intentos de subversión, intentos de asesinato fallidos, guerra económica y operaciones encubiertas grandes y pequeñas respaldadas por Estados Unidos en un esfuerzo inútil por derrocar al gobierno revolucionario del líder de larga data Fidel Castro. Cuba dice que el terrorismo respaldado por Estados Unidos ha matado o herido a más de 5.000 cubanos y ha costado a su economía miles de millones de dólares.

En marcado contraste, Cuba no ha cometido ningún acto terrorista contra Estados Unidos.

El expresidente Barack Obama eliminó a Cuba del SSOT en 2015 durante un acercamiento prometedor, pero en última instancia efímero entre los dos países que terminó abruptamente cuando Trump asumió el cargo por primera vez en 2017.

“Cuba continuará enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas injerencistas y las operaciones de desinformación y descrédito financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos”, afirmó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. “También seguirá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de ambos, a pesar de las diferencias”.