De la crisis política a la vergüenza nacional
Imagen: APG
Al promediar las 14.30, efectivos del Ejército se apoderaron de la plaza Murillo, al mando del general Juan José Zúñiga
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Urge tomar decisiones y sin duda le toca al Gobierno empezar la gestión de la crisis política porque tiene la principal autoridad estatal y es el actor institucional central.
Dibujo libre
Hace tres semanas escribimos que, de la crisis política irresoluble y los problemas ocasionados por la falta de dólares y combustible, particularmente del diésel, podríamos pasar al caos. Felizmente no fue el caso, aunque llegamos al extremo vergonzoso de una tanqueta militar rompiendo la puerta de la Casa de Gobierno en día normal y empezando la tarde. Es tan profunda la crisis política que antes del caos hemos caído en un abierto desorden institucional y casi en una tragedia.
Los elementos críticos siguen siendo los mismos, aunque con algunas variaciones y con tendencia a incrementarse como indica la regla básica de que crisis que no se revierte se incrementa. La falta de dólares y la cuestión del combustible, que se exaspera porque un ministro afirma que el combustible ruso llegó a Arica y el presidente de YPFB desmiente, sin que nadie esclarezca y menos informe. El insoluble trámite legislativo para convocar a las imprescindibles elecciones judiciales que sigue pendiente y que antes de avanzar institucionalmente, se intenta obstruir con una juez – candidata que, para asegurarse una plaza en los futuros tribunales, instruye -suelta de cuerpo y en fin de semana- al Órgano Legislativo convocar a una sesión del Pleno para validar leyes. Como el tiempo pasa y nadie quiere estar fuera del desorden, el Tribunal Supremo Electoral convoca a los partidos políticos a una reunión que defina si se suprimen las elecciones primarias para dar prioridad a las judiciales; lo que tiene poco sentido ya que la prioridad son las elecciones judiciales y, si fuese el caso, justificando su pertinencia y el gasto, las primarias podrían realizarse sin mayor dificultad a principios del próximo año.
Finalmente, como si lo que estamos viviendo no fuese suficiente, el corolario de estos días tensos y complicados es el exabrupto militar de “reestructurar la democracia” -de inocultable tufillo garciamesista- al que no cabe denominar, por un mínimo de rigor conceptual, de golpe militar. Fue una asonada o intentona, como siempre se decía de los movimientos militares irregulares – hace 40 años se secuestró al presidente Siles Suazo, lo hizo un coronel, pero nadie dijo golpe a lo que solo era un secuestro, evidentemente disparatado, nunca esclarecido y menos castigado- que no pasaban de la insubordinación por más desquiciados que fueran, como en el caso que nos ocupa. Dejo para los cinéfilos el análisis del guion del golpe o el autogolpe, porque para eso es necesario poco discernimiento, extrema sensibilidad y suficiente vena literaria.
Dada la gravedad de la crisis hay que asumir de forma franca, honesta y decidida, que estamos ante una cuestión de gobernabilidad que el gobierno no puede resolver y tampoco focaliza constructivamente porque no tiene un equipo de gobierno a la altura de los desafíos, amén del desastroso desempeño de las oposiciones que sólo apuestan al derrumbe del gobierno sin medir que su oportunismo e inconsecuencia abre el riesgo de una crisis democrática que arrastraría al país entero. Complicada situación a la que la asonada militar, aparte de ser una acción grotesca y estúpida, ha agregado un enorme deterioro a la imagen internacional del país y con directo efecto negativo en la atracción de inversiones y financiamiento externo. Sin contar con la zozobra que la gente ha sentido al ver, en vivo y directo, a militares encapuchados tomando la Plaza Murillo y a una tanqueta golpeando la puerta de gobierno, al extremo que reaccionó de inmediato retirando dinero de los cajeros, comprando lo que sea en los mercados y haciendo largas filas en las gasolineras, para hacer frente a una eventualidad que nadie entendía y menos podía saber cómo acabaría. En fin, un episodio más de vergüenza nacional que no tendríamos que haber espectado.
Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, la asonada y el grotesco militar ha puesto paños fríos y nos está haciendo pensar con algo de sensatez y seria preocupación por el extremo al que está llegando la crisis política. Urge tomar decisiones y sin duda le toca al Gobierno empezar la gestión de la crisis política porque tiene la principal autoridad estatal y es el actor institucional central. Para empezar, alguien debe asumir la responsabilidad política de haber puesto al comando del Ejercito a una persona con semejantes antecedentes -desde el 2012/13, por si acaso- y ser un pésimo alumno en un sistema institucional que se funda en el rendimiento académico y profesional para ascender de grado. Para peor, cómo se permite que un jefe militar haga semejantes declaraciones políticas sin que al día siguiente se lo releve por violar la Constitución y poner en riesgo un acuerdo básico de la democracia y en particular de la nuestra -desde hace 42 años y luego de 18 años de dictaduras militares- de que gobiernan los civiles. Esto es imperdonable, independientemente de contra quién iban las declaraciones políticas del militar, este es un principio político y democrático que no puede transgredirse y que debe castigarse de forma inmediata y ejemplar. El ejemplo vale lo mismo para tantos asuntos de gobierno que no se gestionan adecuadamente y nunca nadie asume la responsabilidad política. Esta es una cuestión básica de gobierno y ética política sin la cual la autoridad pierde legitimidad.
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De todas maneras, con realismo también hay que asumir que la crisis política que ha fracturado al MAS es de imposible solución porque cualquier arreglo pasaría por la exigencia evista de habilitar de candidato a Evo Morales y esta posición es una piedra angular del gobierno y de la crisis judicial. Consecuentemente, la crisis política persistirá y correrá bajo estricta y exclusiva responsabilidad de los actores políticos, incluida la oposición, el gobierno y Luis Arce. El asunto de la preciada estabilidad democrática es, en última instancia, la tranquilidad y un mínimo de certidumbre social y económica. La ciudadanía, el ciudadano de a pie, el productor, empresario o campesino, obrero, comerciante, servidor público, joven, adulto mayor o jubilado, no lleva apunte de la crisis política con sus entuertos, tongos y sainetes o sus méritos y miserias, vuelca sus principales esfuerzos diaria y cotidianamente a la generación de ingresos económicos y perspectivas de mejoras en sus condiciones de vida en función de las necesidades familiares y los hijos. Por tanto, esta es la principal responsabilidad gubernamental. Cómo hacer que el país, la sociedad boliviana, los que viven en las ciudades o el campo afronten la difícil situación de la economía mundial y la nuestra con el mínimo de certidumbre y la confianza de que cruzando el charco podremos volver a mejorar nuestras expectativas de una vida mejor para nosotros y nuestros descendientes.
No hay democracia sin este mínimo de confianza social, estabilidad económica y apego ciudadano a la política, este es el capital acumulado en más de cuatro décadas y no tenemos derecho a perderlo.
(*)José de la Fuente es abogado