La bendición católica del golpe de 2019
Una crónica sobre cómo la Conferencia Episcopal Boliviana y políticos opositores facilitaron la asunción de Jeanine Áñez.
¿Quién convenció a Jeanine Áñez para que no se le pasara por la cabeza que su temeraria decisión de asumir la presidencia del Estado no tendría consecuencias jurídico legales? ¿Quién le hizo creer que su llegada al Palacio Quemado no le acarrearía con el transcurso del tiempo las consecuencias que hoy está sufriendo? Hay dos posibles respuestas: 1) Una sola persona con enorme capacidad persuasiva le aseguró que estaba en la línea de la sucesión constitucional, cosa que ella, como Senadora, tenía que saber que no era cierta. Esa misma persona pudo convencerla que con el comunicado de prensa respaldado por la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001 que viabilizó legalmente la sucesión de Jorge “Tuto” Quiroga al Gral. Hugo Banzer Suárez, se tenía la jurisprudencia necesaria. 2) Un conjunto de actores políticos tenía claro que la segunda vicepresidencia del Senado ejercida por Áñez la situaba como la posibilidad “más cercana” a la legalidad para asumir la presidencia del Estado, como lo dijera en su momento el ex Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, aunque en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional se sabía que quién se sentía en capacidad y disposición para ser presidente era su colega Oscar Ortiz. “Cercano a la legalidad” debe entenderse como ilegal.
Para que toda la estructura político partidaria opositora al gobierno del MAS-IPSP pudiera operar con éxito el derrocamiento de Evo Morales es imprescindible recordar que entre las decisiones del líder del partido de gobierno y las del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se habían cometido dos garrafales errores, uno estratégico y el otro táctico.
El error estratégico consistió en la forzada habilitación de Evo Morales en noviembre de 2017 a través de la decisión del Tribunal Constitucional de considerar la candidatura presidencial como un “derecho humano”, decisión cuatro años después (agosto, 2021) rebatida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el antecedente de un referéndum realizado el 21 de febrero de 2016 en el que la ciudadanía se manifestó mayoritariamente en sentido de negar una tercera repostulación al entonces mandatario en las elecciones a escenificarse en 2019. Conclusión: Si Evo Morales decidía no forzar su candidatura presidencial las probabilidades de una conspiración golpista habrían quedado neutralizadas o por lo menos pospuestas hasta nuevo aviso.
El error táctico, ya en el desarrollo de los comicios del 20 de octubre de 2019, fue interrumpir la publicación de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la noche de ese mismo 20 de octubre hasta el 21 de octubre por la noche, lo que generó una rápida reacción de los observadores internacionales, especialmente los de la Organización de Estados Americanos (OEA) encabezados por el costarricense Manuel Gonzáles, quién sin ningún elemento objetivo a su disposición se atrevió a rayar la cancha para generar el clima propicio que desatara la indignación de una buena parte de la ciudadanía convencida de que estaba en marcha un fraude electoral.
Gonzáles afirmó que “la Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Conclusión: “La mujer del Cesar no sólo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo” es la mejor expresión para explicar que el conteo preliminar no oficial (TREP) a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debió ser interrumpido en su publicación en momento alguno, y de esa manera eludir los argumentos para que los adversarios políticos de Evo Morales y el MAS-IPSP pasaran a operar durante tres semanas –21 de octubre al 10 de noviembre de 2019—una estrategia que lograría finalmente la renuncia de Evo, no sólo a ser candidato, sino a dejar la presidencia del Estado dos meses antes de la conclusión formal de su mandato.
A Jeanine Áñez que se encontraba en Trinidad, Beni, la contactaron por celular desde una reunión celebrada en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, con Monseñor Eugenio Scarpellini, Obispo de la ciudad de El Alto, como anfitrión, lo que evidencia, en primer lugar, cómo la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) había dado lugar a que la Iglesia Católica asumiera un rol político partidario en el desarrollo de la crisis política que derivaría en crisis de Estado. Fue a partir de ese llamado que se consumó la decisión de quién llegaría a suceder en el cargo a Evo Morales. A Scarpellini lo acompañaron en dichas oportunidades, el líder de la CEB, Aurelio Pesoa; el Obispo Auxiliar de El Alto, Giovani Arana; el Secretario Adjunto, José Fuentes, y Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo, quienes posteriormente serían recibidos por Áñez en el despacho de la Presidencia del Senado, cuando todavía ni siquiera se había producido la puesta en escena de su doble “autoproclamación” como Presidenta de la Cámara Alta y Presidenta del Estado.
Utilizo a continuación la información acerca de las reuniones realizadas en la Universidad Católica para graficar roles y responsabilidades de quienes convirtieron una sala de reuniones de un recinto académico en una sala de guerra política para definir el destino de las elecciones del 20 de octubre que finalmente serían anuladas y objeto de una auditoría a cargo de expertos enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA), procedimiento aceptado por Evo Morales y operativizado por sus entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari y de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.
Los operadores políticos que propiciaron la asunción de Áñez a la Presidencia de Bolivia les comunicaron a tres representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que estuvieron presentes en las reuniones de la Católica –la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; la Presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Susana Rivero; y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales—que prácticamente las decisiones habían sido tomadas, y que con la venia o no del MAS-IPSP serían ejecutadas.
En honor a la verdad es absolutamente falso como declararan en marzo de 2021 representantes de la Iglesia Católica, que lo que allí se había decidido fue en concertación con las representantes masistas en dichas reuniones en las que el embajador de la Unión Europea (UE), León de la Torre, jugó un papel de coordinador trasladándolas desde la residencia de la Embajada de México donde se encontraban refugiadas, hasta la Universidad Católica.
Debido a que Salvatierra, Rivero y Morales estuvieron en esas decisivas reuniones, posteriormente el país tuvo la posibilidad de acceder a la información de cómo jugaron sus cartas todos los golpistas que se dieron cita para definir qué sucedería con el país y con el supuesto “fraude electoral” que estaba por terminar con el gobierno del MAS-IPSP.
Las reuniones realizadas en la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre el 10 y el 12 de noviembre fueron decisivas para que a continuación se consumara la imposición de la banda presidencial a Jeanine Áñez. Conviene detallar el quién es quién de dichas reuniones para dejar registrado que todos los actores allí reunidos para ejecutar el derrocamiento de Evo Morales tienen como denominador común el haber formado parte o tener alguna relación con candidaturas y partidos gubernamentales que fueron parte de la llamada democracia pactada vigente en Bolivia entre 1985 y 2005 y con políticos y militares producto de las dictaduras de los 60 y 70.
Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz no estuvo en las reuniones de la Católica, pero envío a su abogado de confianza Jerjes Justiniano (hijo), quién fungió de moderador de las discusiones. Camacho tuvo una objetiva actuación político militar callejera durante los 21 días en que se paralizó el país, a través de la movilización de activistas en Santa Cruz de la Sierra que bloquearon calles y avenidas, y suspendieron actividades laborales con el objetivo de buscar la renuncia a la presidencia de Evo Morales. Camacho es hijo de José Luis “Papi” Camacho, quién había sido en los años 90, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pero 20 años antes participó en el golpe de Estado que hizo dictador al entonces Cnl. Hugo Banzer Suárez.
Por confesión registrada en celulares a gente de su confianza (27 de diciembre de 2019) y que luego saltó a las redes sociodigitales y a los medios de comunicación, Camacho que llevó una carta hasta la Casa Grande del Pueblo pidiendo la renuncia de Morales en el momento de mayor tensión, días previos al derrocamiento, dijo en tal oportunidad que fue su padre el que convenció a policías y militares para ponerse de su lado con el fin de que la conspiración alcanzara los resultados previstos. En otro libro (“Democracia interrumpida, gobierno de facto y crisis de Estado en Bolivia”, dos ediciones, 2021 y 2024) este periodista ha escrito que Camacho se erigió en el macho alfa del golpe de Estado encabezando bloqueos, marchas y cabildos alrededor del Cristo Redentor de la avenida Banzer (hoy Monseñor Rivero) y que con la estrategia de la llamada “Revolución de colores” basada en la combinación estratégica del activísimo en las redes y la agitación callejera logró consolidar la caída del MAS.
Jerjes Justiniano, que representaba a Camacho en las reuniones de la Católica, fue nombrado por la presidenta Áñez, Ministro de la Presidencia, cargo al que se vio obligado a renunciar a los veinte días de haber asumido, (02 de diciembre de 2019) por su involucramiento en el caso “La Manada”, en el que había asumido defensa de uno de los cinco autores de un caso de violación grupal contra una joven de 18 años en Santa Cruz de la Sierra y en el que quiso gravitar haciendo uso de su flamante poder político.
Carlos Mesa Gisbert, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC) podría considerarse como un perjudicado por el golpe de Estado, debido a que la anulación de los comicios del 20 de octubre, impidió como en principio se pensaba, llegar a una segunda vuelta en el entendido de que Evo Morales como primero en las preferencias no habría logrado la diferencia mínima del 10 por ciento sobre su inmediato seguidor para obtener el triunfo en primera vuelta. Si en lugar de anular dichos comicios se pensaba en la imposición de una segunda vuelta, Mesa tenía altas probabilidades de conseguir el triunfo, considerando que Morales no superaba el 50 por ciento de los votos (habría logrado el 47 por ciento) como lo consiguió en todos los procesos electorales en los que triunfó desde 2005.
En una inocultable fijación contra el MAS-IPSP, Mesa declaro en el momento más caliente de la crisis que ningún parlamentario del partido de gobierno debía sustituir a Morales en un explícito desconocimiento a la Constitución que señala que en la sucesión presidencial, el elegido o elegida debe surgir de la bancada mayoritaria como lo disponen la propia Constitución a partir de su artículo 169 y de los reglamentos camarales.
Más tarde, cuando Jeanine Áñez decidió pasar de presidenta transitoria a candidata presidencial (enero de 2020), Mesa dijo que esa candidatura impediría a Áñez ser una buena presidenta. Al respecto la ex presidenta declaró el 4 de junio de 2021 ante una Comisión de Fiscales en el juicio “Golpe de Estado 2”: “Jeanine Áñez acaba de vincular a Carlos Mesa con su sucesión y develar que éste impidió que Adriana Salvatierra u otros senadores del MAS asuman el poder en noviembre de 2019. Entonces, el expresidente se convirtió en el factor clave de la transición” (diario La Razón).
Mesa, ex vicepresidente y sucesor en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 estuvo acompañado por Carlos Alarcón y Ricardo Paz en las reuniones de la Católica. Alarcón había sido candidato vicepresidencial para las elecciones de 2002 haciendo binomio con el abogado René Blattmann, ministro de Justicia de Sánchez de Lozada (1993 – 1997) en representación del Movimiento Ciudadano para el Cambio, obteniendo el décimo lugar con el 0.63 por ciento de los votos, en tanto que Ricardo Paz formó parte de la cúpula de Conciencia de Patria (CONDEPA), fundada por el comunicador y músico Carlos Palenque Avilés en 1988, partido que dejó de existir el año 2002.
Otro ex vicepresidente, y también sucesor presidencial, Jorge “Tuto” Quiroga”, se constituyó sin representación formal alguna, en articulador de la salida de Evo Morales del gobierno y del país. Su larga relación con la Embajada de los Estados Unidos y su coordinación con el entonces Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gral. Gonzalo Terceros, fueron determinantes durante los días en que el golpe fue consumado. Quiroga tenía claro que si Evo permanecía en el país, la situación podía agravarse hasta niveles incontrolables de violencia, por lo que fue el primer interesado en facilitar el exilio del Presidente renunciante junto al Vicepresidente Álvaro García Linera y a la Ministra de Salud, Gabriela Montaño. En la actualidad, Quiroga tacha de cobarde a Morales por haber “huido del país”.
“Tuto” Quiroga que le abrió la puerta a Jeanine Áñez en 2006 para que fuera asambleísta de la Constituyente en representación de su agrupación ciudadana, Poder Democrático y Social (PODEMOS) fue nombrado representante internacional del gobierno de Áñez para explicar fuera del país, en la OEA, en el Mercosur y ante medios de comunicación internacionales, lo acontecido en octubre-noviembre de 2019,cargo al que renunció el 08 de enero de 2020. Más adelante, Quiroga consideraría su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2020, de la que finalmente se bajó porque los números le eran adversos: Según una encuesta llegaba apenas a un uno por ciento de las preferencias ciudadanas.
El que fuera vicepresidente del Gral. Banzer, jugó un papel fundamental para el éxito de la conspiración civil, eclesial, militar y policial contra el gobierno del MAS-IPSP. “Tuto” Quiroga concurrió a las reuniones de la Universidad Católica junto a su mano derecha, el abogado Luis Vásquez Villamor que había sido el primer Alcalde de la ciudad de El Alto por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) elegido por voto popular en 1987, y que más adelante ocuparía el Ministerio de Justicia (2001) y la presidencia de la Cámara de Diputados (2002) que a 17 años de haber tramado y ejecutado la expulsión del diputado Evo Morales de la Cámara, se encontraba con la posibilidad de volver a expulsarlo, esta vez de la Presidencia del Estado. Vásquez es el estratega de la figura del ipso facto para que Áñez se hiciera presidenta del Estado.
Samuel Doria Medina es el “metepata” al que se le salió lo del “Plan B” en tono de advertencia dirigido a Salvatierra, Rivero y Morales en una de las reuniones realizadas en la Universidad Católica, poniendo en evidencia que ya todo estaba cocinado para que Jeanine Áñez asumiera la presidencia. Empresario cementero hasta hace algunos años y ahora inmobiliario y agente autorizado de una transnacional de trash food, Doria Medina ha jugado un papel bastante más notorio del que le otorgan los medios de comunicación con respecto de su actuación para el derrocamiento de Evo Morales. Para quienes no lo saben, fue el ahora propietario del rascacielos más alto de La Paz, el Greentower, quién invitó a participar en política a Arturo Murillo en su partido Unidad Nacional (UN), al que años más tarde apodaría el “Bolas” y que sería el Ministro de Gobierno, dueño y señor del poder durante la presidencia de Áñez.
Fue el mismo Doria Medina que sello acuerdo seguramente con la mediación de Oscar Ortíz, la alianza con el Movimiento Demócrata Social (MDS) del gobernador Rubén Costas. No será casual por ello, que Doria Medina hiciera nombrar en la Vicecancillería a quién ese momento era uno de sus asesores, Manuel Suárez Ávila, que en realidad fue puesto allí para, a través de encuestas coordinadas con el propietaro del diario Página Siete, Raúl Garafulic Lehm,medir la popularidad de Áñez con el objetivo de hacerla candidata presidencial. “¿Y si fuera ella?” era la pregunta que surgió de Doria Medina y sus cercanos, Murillo y Ortiz, autores operativos en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la autoproclamación de Áñez primero como presidenta del Senado y pocos minutos después como presidenta del Estado.
Samuel Doria Medina fue anunciado como candidato a la Vicepresidencia del Estado, cuando Jeanine Áñez pasó de presidenta que debía permanecer en el cargo transitoriamente durante tres meses, a candidata presidencial. En 2021 muy suelto de cuerpo declaró públicamente: “Yo no estuve en el gobierno de Jeanine Áñez”.
A las decisiones tomadas en la Universidad Católica Boliviana le siguieron las acciones desarrolladas en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo comandaron un operativo en el que primero se impidió el ingreso de los asambleístas del MAS-IPSP y luego, cuando los cordones de seguridad conformados por “pititas” (1), policías y militares lograron evitar que las mismas Adriana Salvatierra, presidenta del Senado y Susana Rivero, presidenta en ejercicio de Diputados, pudieran pasar del edificio que fuera propiedad del Banco Minero en el que se encuentran comisiones parlamentarias, (calle Comercio esquina Colón) a la Asamblea Legislativa. En un forcejeo con efectivos militares, Rivero evitó que uniformados del Ejército se llevaran detenida a Salvatierra, mientras en esos momentos se preparaba la “posesión” de Añez como Presidenta: No hay imágenes de medios y redes sociales acerca de este incidente.
El que fuera senador potosino por el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), Edwin Rodríguez contó en el programa radiofónico “Al límite” de radio Illimani-Patria Nueva (20 de marzo de 2021) que había quedado abierta la posibilidad para que el 12 de noviembre de 2019, a través de un acuerdo con la mayoritaria bancada del MAS-IPSP pudiera asumir la presidencia del Senado y de ese modo dar paso a la sucesión constitucional una vez renunciados Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. Se debe recordar que Rodríguez era candidato vicepresidencial formando binomio con Oscar Ortiz por la alianza Bolivia dice No, y este decidió renunciar a la misma, convencido de que para ganarle a Evo era necesaria la unidad a través de una sola candidatura. Con la agilidad que exigía el momento, se hicieron los trámites para habilitar como senadora a Reyna Isabel Villca Huayllani, suplente de Rodríguez, quién en su momento le pidiera al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que invadiera Bolivia. La indebida inhabilitación de Rodríguez le impidió el ingreso en la Asamblea Legislativa, lo mismo que había sucedido con senadores y diputados del MAS-IPSP.
En uno de los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Aldo Camacho, responsable de Comunicación del Senado tuvo la templanza para encarar al Senador Arturo Murillo, al que le dijo que lo que estaban a punto de consumar era ilegal. Murillo respondió terminantemente: “Sabemos que es ilegal, pero tenemos el apoyo de la calle”.
