La investigación, iniciada a raíz de una denuncia del concejal Juan Carlos Medrano (CA), apunta a supuestos cobros irregulares a cambio de garantizar empleo. La Fiscalía señaló que se citará a varias personas para que declaren.

Personal policial Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y funcionarios del Ministerio Público llegaron ayer miércoles hasta las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz. Buscaron información sobre supuestos cobros irregulares realizados por la asambleísta departamental Shirley Hurtado (Creemos) a cambio de dar acceso a una fuente de trabajo.

“No es un allanamiento, es un registro del lugar del hecho. En este momento nos estamos dirigiendo a otra de las oficinas para corroborar la documentación”, afirmó la fiscal Marcela Terceros en plena requisa. La autoridad precisó que estas tareas se estaban realizando “por la denuncia que realizó el concejal (Juan Carlos) Medrano (CA)”.

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Cobros irregulares

“Hay varias personas que van a ser citadas a declarar” dijo Terceros, sin precisar los nombres ni los cargos de las personas que se verán afectadas. “En este momento recién estamos empezando con las investigaciones. En todo caso, nos vamos a reunir más tarde con la Policía y vamos a evaluar la situación”, aseveró.

La fiscal puntualizó que el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, mediante su personal, “ha hecho la denuncia de manera personal”.

Añadió que “nosotros contamos con el apoyo del personal que está con el gobernador Aguilera y queríamos intentar tener contacto con una persona que está allá (en la Asamblea Legislativa departamental). No han querido responder a los requerimientos, en todo caso vamos a hacerlo por otra vía, lo que corresponde. Vamos a solicitar a quien corresponda para poder obtener la información que estamos necesitando”.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que le dijo a la denunciada asambleísta Hurtado que “en 2024 ya no cuente conmigo. Entonces, ese fue su enojo, porque a mí, en la Gobernación, como hice un excelente trabajo y como tengo alta experiencia, me volvieron a llamar después que acabó mi contrato. Me hicieron llevar mis papeles yo le dije a mi jefe de turno que tenía esa situación, pero él me dijo que no iba a haber problema. Sin embargo, al enterarse la asambleísta, a mi primera semana de trabajo fue y me sacó”. 

Santa Cruz

Este miércoles, en entrevista con La Razón Radio, el asambleísta departamental de Santa Cruz, Dilfe Rentería (MAS) apuntó a su colega Shirley Hurtado por cobrar montos irregulares a funcionarios, a cambio de mantener sus puestos de trabajo.

Explicó que el caso consiste en la contratación de personal a cambio de un determinado pago mensual de dinero.

Develó que, presuntamente, su colega cobró a una de sus víctimas Bs 3.000 los dos primeros meses y luego pidió Bs 700. La mujer denunció que la autoridad le cobró en total más de Bs 10.000 a través pagos bajo código QR y trasferencias bancarias.

Entonces, en la denuncia contra la asambleísta Hurtado se reitera básicamente el modo de operación que se observó en la alcaldía cruceña dentro del caso Ítems Fantasmas. En esa ocasión se recurrió igualmente al cobro de parte de los salarios cobrados mediante códigos QR.

Por su parte, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Carlos Correa, dijo que “nosotros no venimos a perseguir a nadie. Es una denuncia que ha salido y se actuó inmediatamente. Así vamos a hacer todos los hechos que existan donde estén hechos ligados a corrupción”.

“En realidad, el contrato es de la gestión pasada, de la gestión de 2023. Eso es hoy lo que se está investigando”, indicó Correa.

El pasado martes, el concejal Juan Carlos Medrano se presentó en oficinas de la Gobernación cruceña acompañado por la supuesta víctima. En la ocasión, sostuvo un careo con la asambleísta acusada, a quien le mostró capturas de pantalla con los datos de cuenta y montos abonados, según le reclamaba Medrano.

“Parece que ha habido una mala información”, se defendió Hurtado. Añadió que lo ocurrido fue “como les decimos a todos, cuando hay que hacer alguna actividad”.

(18/04/2024)

Una orden de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz dicta la aprehensión de Óscar Javier Porras, director de Recursos Hídricos de la Gobernación durante la gestión de Luis Fernando Camacho, por delitos de corrupción.

El exfuncionario es acusado “por la presunta comisión del delito de acción penal pública de malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y contratos lesivos al Estado”.

El 27 de febrero, el gobernador en suplencia Mario Aguilera reveló los resultados de una auditoría de confiabilidad. La misma halló cerca de 40 “irregularidades” (“observaciones”, según la asambleísta de Creemos Paola Aguirre) en la gestión del líder de Creemos. En dicha ocasión hizo énfasis en el incremento injustificado del personal y denunció irregularidades en algunas compras.

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Perforadora

Justamente, una de las compras que no figuraba en las actas de registro era la de un equipo de perforación para un pozo de agua. Se presume que lo compró la cartera de Porras, valuada en aproximadamente Bs 269.000.

La orden de aprehensión data del 25 de marzo, pero como Porras no se presentó a declarar, la Fiscalía Departamental hizo pública la conminatoria el martes.

El mismo día, el secretario de Justicia de la Gobernación, Carlos Correa, llamó en conferencia de prensa a que Porras se presente. Incluso para tener la posibilidad de defenderse de los delitos de los que se lo acusa. De acuerdo con el funcionario, otras cuatro personas están vinculadas con el caso de la perforadora.

Algunos asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Creemos pidieron investigación a profundidad para esclarecer qué sucedió con el presupuesto de la Gobernación.

El 11 de abril, la Secretaría de Hacienda informó que la Gobernación está en crisis, con una deuda de Bs 1.269 millones heredada de la pasada gestión. Una parte de esa deuda fue calificada como ‘flotante’, que se refiere a compras que la pasada administración debía pagar, pero que se incumplió con el pago y ahora el presupuesto actual se destina a cubrir esa irregularidad.

La orden de aprehensión contra Porras es la una de las primeras contra aquellos implicados en la “crisis” de la Gobernación de Santa Cruz.

Camacho

Cuando la Gobernación se declaró en crisis, Camacho afirmó que se trataba de una “absurda cortina de humo” y un ataque a su gestión. Insistió en que el masismo había tomado la Gobernación de Santa Cruz.

Aguilera asumió la Gobernación el 26 de enero, en suplencia de Camacho, quien se encuentra detenido en Chonchocoro desde 2022, a causa del caso Golpe de Estado I. Dicho caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

Tras su posesión, Camacho lo acusó de ser un traidor, cobarde, golpista y títere del MAS. Ambos ganaron las elecciones subnacionales del 2021 con el 55,64% de los votos.

La asambleísta departamental de Santa Cruz Paola Aguirre acusó al gobernador en suplencia Mario Aguilera y a su entorno de pretender defenestrar la gestión Luis Fernando Camacho con la crisis que atraviesa la Gobernación.

En entrevista con La Razón Radio, refutó las declaraciones del secretario de Hacienda, Miguel Sorich, sobre la iliquidez y crisis en la institución. Sorich, también en el programa, aseguró que el problema económico se debe a la reducción de ingresos, falta de planificación financiera y sobrecontratación de personal.

Aunque no dio nombres, el funcionario aseveró que el responsable de la crisis fue “quien toma las decisiones” en el Ejecutivo de la Gobernación, antes encabezada por Camacho, ahora, detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Al respecto, Aguirre lamentó las declaraciones de Sorich, quien, en su criterio, tiene un sesgo político y maneja la información “de manera inadecuada” con el objetivo de desprestigiar a Camacho.

“Más que una sucesión (de Aguilera), pareciera un cambio de gestión gubernamental”, reclamó.

Según la asambleísta, la totalidad de la deuda de la Gobernación no proviene de la gestión de Camacho, sino de gestiones anteriores. “De ese monto total de la deuda, menos de un 20% o 30% le corresponde a Luis Fernando Camacho”.

A su vez, cuestionó que el gobernador en ejercicio intente afectar a su compañero de fórmula con un “discurso político” que pretende marcar un antes y un después entre las gestiones de Camacho y Aguilera.

“En una suerte de lamentaciones por la crisis, hay un afán malicioso de dañar la gestión de Camacho”, insistió.

En su momento, Camacho llamó “traidor” y “golpista”, al saber de su inminente suplencia temporal.  

Este lunes, Aguirre lamentó la “poca madurez” de develar los problemas de fondo de la crisis, como la reducción de ingresos por carburantes y la “mínima” distribución de recursos por parte del Gobierno central.

El 27 de febrero, Aguilera presentó los resultados de una auditoría de confiabilidad a la gestión de Camacho, en la cual se encontraron 40 “deficiencias e irregularidades”. Algunas de ellas incluso “delictivas” en la gestión de personal y obras que podrían desencadenar en procesos penales.

Aguirre aseguró que, en ningún documento, la auditoría utiliza el término de “irregularidad” y que, más bien, son “observaciones” que se pueden subsanar. “Desde el anuncio de las famosas auditorias, fue mucho lo que se dijo y poco lo que se hizo”.

“El auditor señaló expresamente que no son irregularidades, sino observaciones que se pueden subsanar”, aclaró.

Aseguró que, si hubiera irregularidades en la institución, “mucha gente” ya estuviera presa e incluso Camacho ya tendría otras denuncias en su contra. “Rechazo las declaraciones porque no es saludable para la lucha política de Santa Cruz”.

Indicó que, en caso de encontrar irregularidades, se deben realizar auditorías especiales para encontrar a los responsables.

“¿Dónde estaba Mario Aguilera y por qué no salió a denunciar las irregularidades que hoy invoca?”, preguntó.

Asimismo, admitió que hay un distanciamiento entre las instituciones cruceñas y las demandas de la población cruceña, producto del cese de posiciones políticas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, el Comité pro Santa Cruz y, ahora, la Gobernación.

“Hay un distanciamiento, disociación entre los anhelos del pueblo cruceño y las instituciones”, indicó.

Sin embargo, consideró que la población mantiene su espíritu de lucha.

Hace dos semanas, Larach denunció un “ataque sistemático” en su contra, a través de un video. Rompió su silencio y, aunque no precisó a quién se refirió, dijo que «los títeres tienen un problema de angurria de poder».

Así expresó su distanciamiento con Camacho.

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Luego de que la Gobernación de Santa Cruz develara el jueves que sufre una crisis financiera, el líder de Creemos y gobernador electo, Luis Fernando Camacho, denunció ataques en contra de su gestión.

“Si el gobierno de (Luis) Arce y sus socios en la actual Gobernación cruceña le pusieran tanto esfuerzo a la economía y a superar la crisis, como el que le ponen a los ataques contra el Gobernador elegido democráticamente, la gente y la economía de la gente saldrían ganando”, escribió en su cuenta de X.

El jueves, el secretario de Hacienda, Miguel Antonio Sorich, develó que la Gobernación de Santa Cruz “tiene una deuda acumulada de Bs 1.269 millones”. Y este viernes, en La Razón Radio, detalló que esa crisis, “temporal”, deviene de la reducción de ingreso del Impuesto Directo de Hidrocarburos, mala planificación y sobrecontratación de personal.

Camacho

Además, Sorich puso en conocimiento otras irregularidades, como el endeudamiento con los proveedores y falta de control en la compra de bienes y servicios.

Camacho, alejado de sus funciones desde el 26 de febrero por orden del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reemplazado por quien fuera vicegobernador, Mario Aguilera, desahució las denuncias. Se trata de una “una absurda cortina de humo para atacar mi breve gestión. Todo, en el mismo día y con la misma intensidad”, afirmó en X.

“Nuestros políticos van mal, tanto en el gobierno nacional como en el departamental. Bolivia necesita un cambio y Santa Cruz también”, insistió.

Aguilera asumió la suplencia temporal en cumplimiento de la sentencia 1021/2023 del TCP, debido a la ausencia de Camacho, detenido en Chonchocoro, desde diciembre de 2022, por su vinculación en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

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El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, Miguel Sorich, explicó que el gobierno departamental atraviesa por una “iliquidez temporal” debido a la reducción de ingresos por hidrocarburos, la falta de planificación financiera y una contratación “irracional” de personal.

El 10 de abril, la Gobernación de Santa Cruz anunció que se aplicarán nuevas medidas económicas, con la finalidad de ahorrar Bs 70 millones a raíz de una crisis económica y un periodo de iliquidez. 

En entrevista con La Razón Radio, Sorich afirmó que ante la crisis se estableció un plan de reingeniería económica para dar solución a la crisis. Prevé optimizar los recursos hasta el 31 de diciembre.

Al ser consultado sobre las causas de la crisis, explicó que, la reducción elevada de ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es uno de los factores principales. A diciembre de 2022, la Gobernación recibía Bs 1.030 millones por regalías de carburantes y en el mismo periodo de 2023 recibió Bs 761 millones. “Son Bs 300 millones menos”.

Otra causa ―según dijo― fue la falta de planificación financiera y de pagos a sus proveedores, y la inexistencia de un plan de tesorería. “Entraban recursos y se veía qué se pagaba y qué no. No había una programación de pagos”. 

“Hemos identificado falta de planificación financiera, era más reactivo que planificado”, añadió.

Aunque no quiso dar nombres, aseveró que el responsable de la crisis es el Ejecutivo de la Gobernación, antes encabezada por el gobernador electo Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Sin embargo, adelantó que una auditoría establecerá responsabilidades.

Actualmente, la institución está encabezada por el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, quien hizo una serie de cambios en las secretarías y personal.

Sorich indicó que, desde el 1 de abril, el personal de Aguilera hizo un análisis financiero y una revisión de auditorías. Como resultado se pudo evidenciar que la oficina está atravesando por una “situación crítica”.

Develó que la Secretaría de Hacienda emitió un informe con datos de septiembre y diciembre en el cual advirtió al Ejecutivo que se estaba gastando más de lo que ingresaba. “En función de los ingresos de Bs 2.030 millones, se gastó Bs 2.400 millones”.

“La secretaría fue responsable en emitir su informe en 2023, donde advirtió la situación que podía suceder si gastábamos más de lo que estábamos ganando”.

De ese modo, se generó una “deuda flotante”, que son obligaciones que se adquirieron desde septiembre que no tenían la fuente de pago. “Los resultados son los que estamos viviendo, ese es el problema”.

Develó que, de octubre a diciembre de 2023, se hicieron compras de manera “irracional”; por ejemplo, se adquirió un servició de Bs 60 millones, pero la Gobernación no contaba con fondos para pagar al proveedor del servicio.

“Se recibió el servicio, pero no teníamos fondos. Nos hemos fiado sin saber de dónde vamos a pagar”, explicó.

Sin embargo, Sorich consideraó que, con la implementación del programa de optimización financiera y las medidas de control de gasto, la crisis se solucione hasta fin de año. “La iliquidez es temporal”, insistió.

Anunció que desde su despacho se van a establecer mecanismos de innovación para generar nuevos ingresos. “Algunas de las medidas son la reducción de personal, restricciones vehículos y optimización de gastos”.

Asimismo, aseveró que los proyectos en el departamento están garantizados.

“Haremos revisiones la presupuesto para dar prioridad a los proyectos”. Por ello, pidió tranquilidad a la población cruceña.

Al ser consultado sobre posible sanción a las autoridades ejecutivas, responsables de la crisis, aseguró que el departamento de auditoría es el despacho correspondiente para establecer sanciones.

“Será el departamento de auditoría o las instituciones correspondientes que establecerán alguna sanción (para los responsables)”, informó.

El 27 de febrero, Aguilera presentó el informe de confiabilidad del gobierno departamental, que estableció 40 observaciones que pueden derivar en procesos administrativos, civiles e incluso penales contra los responsables.

El 2 de febrero, quien fuera vicegobernador asumió sus funciones por mandato del Tribunal Constitucional, que consideró el resguardo del Estatuto de Santa Cruz en relación a la suplencia temporal. El gobernador electo se resistía a ceder sus tareas, pese a su condición de recluso en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

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