Las cifras de dengue van en ascenso. Hasta ayer, el país registró 1.856 casos; 228 más que el viernes. La mayoría, 1.280, en Santa Cruz.

El Gobierno responsabilizó del alza de casos a los gobiernos subnacionales por no haber tomado acciones de prevención.

Luego de Santa Cruz, que tiene el 69% de casos, está Beni con 403 que representa el 21,7%, Tarija 77 (4,1%);  La Paz 55 (3%); Pando 15 (0,8%), Chuquisaca 18 (1%); Pando 15 (0,8%) y Cochabamba 8 (0,4%).

Asimismo, seis personas fallecieron a causa de la enfermedad; cinco en Santa Cruz y una en Beni, según datos oficiales del Ministerio de Salud, aunque el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes), Carlos Hurtado, aseveró, en una nota de prensa institucional, que en ese departamento son 11 los fallecidos.

Sobre el tema, el responsable de nacional del Programa de Enfermedades Emergentes, del Ministerio de Salud, Rubén Montero, explicó que es el Comité Científico el que, tras un análisis de laboratorio, debe confirmar su los otros decesos fueron por dengue.

“Están esperando los resultados de los análisis para confirmar o descartar que las personas efectivamente murieron por dengue y otras enfermedades”, mencionó el funcionario a La Razón.

ESTADÍSTICAS. Hurtado afirmó que después de 15 años, el departamento de Santa Cruz sobrepasó el millar de casos positivos en el primer mes del año, con el 69% de los casos concentrados en los 15 distritos del municipio cruceño.

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Pacientes internados

El funcionario acotó que hasta la fecha 200 pacientes están internados. También reportó que los distritos de mayor infestación larvaria son el 6, 7 y 12, que presentan una tasa mayor de incidencia e internación.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, denunció ayer que la Gobernación de Santa Cruz incurre en una “marcada negligencia” ante la irrupción del dengue, que a la fecha afecta a 1.280 personas en ese departamento.

Debido a la situación de emergencia, “hemos establecido ‘escudos de defensa por la salud contra el dengue’ ante la marcada negligencia mostrada por la Gobernación”, sostuvo Auza en conferencia de prensa.

“Advertimos un incremento de casos y una sospechosa falta de atención del Servicio Departamental de Salud (Sedes) a este tema”, insistió Auza, que anunció “una gigantesca movilización” en Santa Cruz desde este domingo.

El ministro explicó que el Plan Escudos de Defensa por la Salud contra el Dengue movilizará 5.000 personas en el Cambódromo, en Santa Cruz, entre personal de Salud, militares y civiles, con el fin de frenar el brote de la enfermedad.

Luego de la declaratoria de emergencia, el Sedes y la Alcaldía de Santa Cruz intensificaron desde el jueves las tareas de control y eliminación de criaderos de mosquitos en las zonas de mayor infestación larvaria.

Afectados por el dengue

afectados. El responsable de Enfermedades Emergentes informó que los menores de 18 años de edad son los más afectados por la enfermedad, con un total de 887 casos (47,8%).

También sostuvo que el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Cruz y otros centros hospitalarios están al borde del colapso por la cantidad de pacientes con dengue que ingresan a diario.

Montero exhortó a la población estar atentos a los síntomas, como fiebre alta, dolor detrás de los ojos y malestar general; de presentar estas señales, recomendó acudir de forma inmediata a un centro médico para que reciban atención y de esa forma evitar complicaciones.

Lamentó que la mayoría de las pacientes internados no acudió a tiempo a una revisión médica y optó por la automedicación, lo cual, dijo, puede ser “riesgoso”.

“Los padres de familia están dando a sus hijos ibuprofeno para bajar la fiebre, pero en vez de ayudar están empeorando”, sostuvo.

El presidente Luis Arce habló este sábado de la crisis climática que “ya se siente” en el país y de los “esfuerzos” que se requiere para garantizar la soberanía alimentaria.

“Hoy, el clima ya no es una variable predecible ni controlable, el clima se ha convertido en una crisis (…). Tenemos que hacer esfuerzos para garantizar la soberanía alimentaria en todo el país”, dijo el mandatario en Tarija.

Arce lo dijo en ocasión de los 40 años de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, en la sede de esa organización.

Dijo que las acciones que impulsa su gobierno contra los efectos climáticos contempla la construcción de represas de agua.

Eso, con el fin de dotar del líquido elemento a todas las comunidades.

Además, Arce destacó la construcción e instalación de riego tecnificado para las familias que se dedican a la producción agrícola.

“Estamos preparando un programa, especialmente para que las zonas altas, pero no exclusivamente de carpas para podernos defender de las heladas en todas las zonas altas que producen el alimento para nuestro país”, resaltó Arce.

Medidas del gobierno de Arce

El Gobierno impulsó varias medidas con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, entre ellas la construcción de plantas de acopio de granos y otros productos.

Además, comenzó la construcción de plantas industrializadoras en diferentes regiones, para explotar diferentes productos “estrella” de las regiones.

Otro de los problemas que advirtió Arce es la sequía, cuyos efectos causaron perjuicio en más de 80 municipios en todo el país.

Eso demandó acciones como la perforación de pozos de agua y la distribución de semillas para la producción agrícola.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé que la sequía dure hasta marzo de este año.

El debate sobre el cambio climático creció en el ámbito mundial en los últimos años.

La Conferencia de Partes (COP), que el año pasado cumplió su versión 27, abordó ese tema y las posibles soluciones entre los países miembros.

En noviembre del año pasado, se desarrolló la última versión. Bolivia, que participó de ese encuentro, demandó un fondo de reposición de daños por parte de los países industrializados a los que se encuentran de desarrollo.

“Esta una crisis que proviene desde el mal manejo que ha habido de los países desarrollados y que hoy repercute en nuestros países”, complementó Arce en Tarija.

La vicepresidenta del movimiento de mujeres “Todas somos Micaela”, Inés Soto, denunció un “cerco mediático” e indiferencia de organismos internacionales sobre las “masacres” en Perú.

“Hay un cerco mediático. Los peruanos nos hemos cansado de la prensa vendida, que malinforma; es una prensa que no dice la verdad”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Señaló que, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de ese país, “se destinaron 1,8 millones (soles) para medios de comunicación”, y comparó con la gestión del expresidente Pedro Castillo, “que no contrato ninguna prensa”.

Aclaró que, desde el comienzo de los conflictos en Perú, el 7 de diciembre, el número de muertos alcanzó a 63, la mayoría a bala, y más de 250 heridos de gravedad, pero los medios locales “no lo muestran así”.

“Nos están matando”, lamentó.

Agradeció el pronunciamiento de Bolivia, Chile, Colombia, México y Honduras, que condenaron la violencia ejercida por militares y policías en contra de los movilizados, que exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Pero también dijo que los organismos internacionales llamados a hablar de ese tema “no dicen nada”.

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“Lamentablemente, no tenemos el apoyo de nadie; la OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU (Organización de Naciones Unidas) no se pronuncian; no dicen nada”, reclamó.

“Los peruanos estamos cansados de que una presidenta (Boluarte) usurpadora venga a querer, sin más ni más, matar gente”, complementó.

Las movilizaciones comenzaron el 7 de diciembre, tras la decisión del expresidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso y su posterior destitución por “no tener moral para gobernar”.

Desde entonces, las movilizaciones se concentraron en el sur del país y, luego, se extendieron a la capital, Lima.

Las regiones con mayor nivel de represión estatal son Apurímac, Ayacucho y Puno, donde la intervención de las fuerzas combinadas dejó 17 fallecidos en una sola jornada.

Pero los perjuicios pasaron las fronteras, especialmente en el ámbito económico debido al bloqueo transporte internacional de mercancías.

La senadora colombiana Aida Marina Quilcué afirmó que el sector indígena en el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe hacer “alianzas estratégicas” con algunos actores de oposición para lograr “la paz total”.

El Gobierno del izquierdista Gustavo Petro, posesionado como mandatario el 7 de agosto del año pasado, impulsa la política de la “paz total”, sin embargo, la presencia de legisladores de oposición en el Congreso, genera “retrasos”.

“Quiero aclarar que esta bancada no somos mayoría en el Parlamento, por eso nos hemos visto en la gran tarea de hacer alianzas estratégicas con aquellos partidos que no apoyaron este gobierno”, señaló Quilcué.

Indígena originaria y miembro del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Quilcué dio una entrevista exclusiva al programa Piedra Papel y Tinta, de La Razón.

Visitó Bolivia en ocasión del Gran Encuentro de los Pueblos Originarios de la Region Andina, en el marco del Parlamento Andino.

Junto con Petro, en calidad de vicepresidenta, Francia Marquez, de origen afrocolombiano, asumió el liderazgo de Colombia.

Esa dupla, de tendencia izquierdista, como no ocurrió antes en la historia de Colombia, ocupó el poder con “la tarea de reivindicar los derechos de los sectores indígenas”, que según Quilcué, no eran reconocidos.

“Este gran paso que ha dado Colombia ha sido el acomodado de las luchas milenarias de los pueblos indígenas en el marco de la reivindicación de los derechos”, aseguró.

Senadora y su bancada

Dijo que su bancada “está compuesta, por primera vez, por mujeres y hombres que hemos caminado en la lucha social”.

“Los indígenas solo somos el 2% de la población colombiana, pero esto tiene que sumarse a muchas fuerzas sociales que contribuyen con esperanza a lo que hemos denominado la ‘Ley de la paz total’”.

Otro de los “desafíos” de los que habló Quilcué, radica en la pacificación entre el estado y las guerrillas, que, según dijo, “cobraron la vida de 50 jóvenes y niños” en 2022.

Además, contó que, como medida para lograr la paz total, se busca eliminar la obligatoriedad del servicio militar, “pero aún está en trámite en el Legislativo”.

En cambio, la propuesta que manejan las autoridades colombianas, apunta a un servicio comunitario que reemplace al militar.

En la celda de Luis Fernando Camacho, en el penal de Chonchocoro, no había cámaras ni cableado para el funcionamiento de los aparatos, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“No se han encontrado cámaras ni ningún tipo de cableado”, dijo el funcionario a los periodistas, con base en un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El jueves, Martín Camacho, abogado del Gobernador de Santa Cruz, denunció el hallazgo de una “cámara espía” en el dormitorio del recluido.

Estas acciones “vulneran todo derecho a la privacidad y a la imagen no solo del gobernador Luis Fernando Camacho, también el de su esposa, familiares y abogados”, lamentó el jurista.

Limpias informó que, una vez conocida la denuncia, el gobernador del penal contactó con la FELCC y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial(IITCUP) para un chequeo.

Como medida inicial, se decidió «evacuar» el ambiente para facilitar las investigaciones y garantizar la salud de Camacho, también por recomendación de los médicos.

Cámaras

Al contrario, Limpias denunció que “el privado de libertad ha realizado destrozos en la celda».

y recordó «que que la familia ha visto, revisado y constatado cuando se estaban haciendo los arreglos y las adecuaciones”.

Recordó que la administración penitenciaria ha mostrado públicamente la celda, que, en su criterio, reunía todas las condiciones.

Acusado por terrorismo en grado de autor en el caso Golpe de Estado I, Camacho guarda detención preventiva en ese penal.

Ese caso investiga sobre los hechos precedentes al derrocamiento de Evo Morales en 2019.

Fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 en un cuestionado operativo policial en Santa Cruz. Dos días después, un juez dispuso su encarcelamiento el Chonchocoro.

En 2019, Camacho era presidente del Comité pro Santa Cruz. Lideró las protestas ante el presunto fraude electoral, que terminó con la caída de Morales y la proclamación de Jeanine Áñez.