El paro indefinido se empañó de muerte, violencia e ilegalidad
Nacional. La Defensoría del Pueblo recibió 68 casos de vulneración a los DDHH.
Se encienden los calderos en un punto de bloqueo como protesta por el Censo 2023.
Imagen: APG
En 36 días de paro indefinido, liderado por el Comité Interinstitucional, el departamento de Santa Cruz vivió una ola de violencia, muertes, violación, hostigamiento y vulneración “extrema” a los derechos humanos.
“Existen múltiples vulneraciones de derechos a la salud, a la vida, a la integridad pero fundamentalmente a la convivencia pacífica”, informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en las puertas del Oncológico de Santa Cruz.
Desde la Defensoría del Pueblo se reportó cerca de 68 casos de vulneración a los derechos humanos, por lo que Callisaya había instado a las autoridades a reflexionar sobre los bloqueos.
“Nosotros tenemos, como Defensoría del Pueblo, un mecanismo, que es la recepción de registros de quejas de casos, y en los cuales hemos intervenido inclusive de oficio; actualmente estamos con 68 casos registrados de ocasiones de este conflicto, unas veces a queja interpuesta por los interesados y otros con intervención de oficio”, dijo cuando se cumplía 34 días de paro.
Aseveró que al terminar la protesta se elaborará “un informe con las recomendaciones al Estado y todos sus niveles de gobierno”.
Desde el 22 de octubre, los bloqueos se instalaron en diferentes puntos de la capital y las provincias del departamento, también en la frontera con Brasil.
El tenor de los enfrentamientos fue tomando fuerza desde la primera jornada de paro, en la que se registró el primer fallecido en un punto de bloqueo a causa de un “brutal” enfrentamiento.
La víctima fue identificada como Julio Pablo Taborga, trabajador de la Alcaldía de Puerto Quijarro. Su esposa indicó ante el fiscal que él murió a causa de los golpes que recibió de quienes comenzaban a bloquear.
El caso se encuentra en investigación y tres personas fueron aprehendidas como sospechosas.
No obstante, este caso no fue el único a raíz del paro. El segundo fallecimiento ocurrió a 19 días de haberse iniciado la medida.
Un joven (22 años) que transportaba a dos personas en su motocicleta falleció luego de que fue sorprendido por un cable que era usado para bloquear el paso vehicular en el lugar. Por el incidente, cinco personas fueron aprehendidas por razones de investigación.
El tercer fallecido fue el caso más alarmante, ya que en un punto de bloqueo resultaron apuñalados dos hombres; a uno le extirparon el corazón, mientras que el otro se encuentra en recuperación, informó Callisaya.
Informó que este último “recibió agresiones y amenazas” después de dejar el hospital donde se encontraba internado, por lo que la familia pidió garantías al Estado para su seguridad.
Respecto del caso, la primera hipótesis de la Policía es que estos jóvenes pertenecen a un grupo de pandilleros y que el hecho ocurrió en el marco de las disputas por el cobro del “peaje” en un punto de bloqueo.
MIEDO.
Lo que comenzó como un paro con “bloqueo pacífico”, con el pasar de los días se fue convirtiendo en una ola de agresiones de parte de algunas personas que resguardaban los puntos de bloqueo. Con palo en mano y amedrentando a la gente que pasaba por el sector, muchos obligaban a mostrar su carnet, bajarse de la bicicleta y pasar a pie por el lugar o, simplemente, retornar.
Estas personas han visto en el bloqueo una oportunidad para generar ingresos, a tal grado de que se llegó a identificar también a extranjeros, por lo que desde la Dirección de Migración realizaron los operativos y deportaron al menos a tres ciudadanos.
Las redes sociales han servido como un canal de denuncia ante la impotencia de la violencia que se desataba por estos lugares y el cobro irregular en los puntos.
Incluso a insultos y palabras soeces exigían a los transeúntes a pagar montos exagerados, en algunos casos fueron más osados al entregar fichas como respaldo del pago para su retorno.
VEJAMEN.
A causa de la inseguridad del paro indefinido, una violación sexual grupal a una joven de 21 años ocurrió el tercer día de la protesta. La directora de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, Ana Paola García, denunció el hecho ante la Justicia.
El caso se hizo viral y, en represalia, la institución fue hostigada con el argumento de que no acataba la medida de presión
La activista incluso denunció que en algunos puntos de bloqueo los hombres acosaban sexualmente a las mujeres.
Las mujeres fueron uno de los segmentos más vulnerables de cara al paro, ya que según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el caso de violación a una mujer no fue el único.
La vicepresidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Ana Machado, informó que al intentar trasladar a niños con cáncer hacia su quimioterapia fueron sometidos a interrogatorios por parte de bloqueadores y que en algunos casos no aceptaban ni las credenciales de los médicos para que los dejen pasar.
El secretario general de Vida y Esperanza, de los centros de hemodiálisis, Marco Antonio Torres, denunció que debido a los paros con bloqueos cinco pacientes renales que necesitaban realizar hemodiálisis no fueron atendidos oportunamente y fallecieron, mientras que otros se encuentran en terapia intensiva.
Incluso, médicos y enfermeras denunciaron que “civiles” intervinieron un bus para un control ilegal de credenciales en un punto.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, denunció que varias ambulancias fueron impedidas de pasar. Además, informó que su despacho ha registrado al menos 13 vehículos dañados a causa de las agresiones de los bloqueadores.
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Otro de los ataques violentos fue al bus que trasladaba 13 presos desde el Palacio de Justicia hasta la cárcel de Palmasola. La Policía informó que este hecho pudo haber generado la fuga de al menos uno de ellos.
Ni los cortejos fúnebres. La Asociación de Funerarias denunció que en los puntos incluso obligaban a abrir los ataúdes.
Los periodistas tampoco estuvieron exentos de las agresiones. El secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa en Santa Cruz, José Luis Pauy, informó que hubo al menos 14 agresiones en contra de periodistas y camarógrafos, y que las denuncias se encuentran en el Ministerio Público.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que tiene el reporte de al menos 28 personas aprehendidas y 74 procesos de investigación.
“Más de 308 personas que han sido arrestadas por delitos, hay más de 74 casos abiertos en delitos y abusos y violencia. Hay 15 ciudadanos extranjeros que han sido encontrados consumiendo sustancias controladas, y cometiendo delitos en las calles. Y hay 13 vehículos que han sido dañados por delincuentes”, dijo.
La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) jugó un rol importante en la generación de la violencia, según denunciaron vecinos y autoridades del Gobierno. A este grupo se le atribuye el acoso diario que sufrió el Plan Tres Mil, la quema de la sede de la Federación de Campesinos y el saqueo en la Central Obrera Departamental (COD). Por estos hechos, dos jóvenes se declararon culpables del delito y fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.
También hubo violencia en La Guardia, donde un periodista de la red Unitel, Mario Rocabado, fue golpeado brutalmente en medio del enfrentamiento entre “unionistas” y efectivos policiales.
Sin embargo, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, reivindicó ayer el carácter “no violento” del paro. “No funcionó la estrategia de dividirnos, cercarnos, avasallarnos o agredirnos”.
Culpó al Gobierno de generar violencia en el conflicto.
Situaciones críticas
Muertes en puntos de bloqueo Hasta la fecha no hay un registro oficial sobre cuántas personas fallecieron a causa del paro, pero un informe preliminar cuantifica que son tres las personas que murieron en puntos de bloqueo y cinco pacientes con hemodiálisis fallecieron por no recibir la atención oportuna a causa de que no los dejaron pasar y un anciano también por la misma causa.
Toma y quema de instalaciones El viernes 11 de noviembre, sectores sociales que marchaban contra el paro fueron interceptados por miembros de la UJC, que denunciaron que aquéllos “limpiaban” las rotondas a su paso. Los incidentes derivaron en el saqueo de las instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD) y la quema de la Federación Única de Trabajadores Campesinos.
Agresión a mujeres indígenas Mujeres de la nación ayorea fueron agredidas por el subgobernador de Ñuflo Chávez, Daniel Velásquez, quien con “chicote” en mano las amedrentó con palabras soeces y tono elevado de voz para cuidar que ellas abran el paso en el punto de bloqueo en Concepción. El incidente fue considerado de racista, pero el funcionario denunció que sufrió agresiones.
Ni la prensa se salvó del mal Un grupo de personas allegadas a la dirigencia cruceña llegó a inmediaciones de la televisora estatal Bolivia TV y amedrentó a los trabajadores para que se retiren de su fuente laboral y se corte la emisión. Antes, Mario Rocabado, periodista de la red Unitel, fue agredido por una turba de manifestantes en La Guardia y debió ser internado de emergencia.
Atentado a la canasta familiar La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magali Gómez, denunció la vulneración de derechos humanos contra personas económicamente vulnerables debido a los bloqueos que las impedían de generar ingresos o proveerse de alimentos. Varios mercados populares fueron obligados a cerrar por parte de la UJC.
Niños con cáncer no pasan Solo en un día, cerca de 30 niños con cáncer sufrieron agresiones en los puntos de bloqueo en Santa Cruz cuando intentaban llegar al Hospital Oncológico, denunció la vicepresidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Ana Machado. Los bloqueadores no les permitieron en paso, por lo que dieron vueltas y buscar vías alternas para llegar.
