“Si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo, porque yo no voy a ir a entregarme al masismo, como ellos quieren”, desafió el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, descartando presentarse ante una eventual citación en la sede de gobierno.
El gobernador de Santa Cruz, junto a la dirigencia del Comité Interinstitucional cruceño, dirigentes cívicos y legisladores de la opositora Creemos, afirmó que no permitirán “amedrentamientos” por parte del Gobierno. Camacho hizo estas declaraciones en medio de una manifestación convocada por el Comité Interinstitucional en rechazo a lo que consideran “persecución política”, denominada Marcha por la Justicia.
“Agradecer por ese apoyo y esa convicción que tiene nuestro pueblo. Esas mujeres y esos jóvenes que nos enseñaron el camino de la dignidad y la defensa de la dignidad. Gracias por acompañarnos”, enfatizó Camacho.
Se llamó a esa movilización “en defensa del derecho a la protesta, por la liberación de los presos por apoyar el paro y la defensa de los líderes amenazados con procesos judiciales”. Hace referencia a los 36 días del paro indefinido que se ejecutó en Santa Cruz, en demanda del Censo para 2023 y una ley al respecto.
“El MAS persigue a los cruceños, nos está persiguiendo y está buscando cómo amedrentarnos. No tenemos miedo”, aseguró.
PROCESO.
Respecto al proceso penal que se abrió en su contra y en contra de otros líderes cruceños, Camacho aseguró que no declarará en La Paz. “Si me quieren meter preso, que vengan a mi pueblo, porque yo no voy a ir a entregarme al masismo, como ellos quieren”, desafió.
La pasada semana, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló sobre la admisión de procesos penales en contra de tres líderes cruceños. Son el gobernador Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector Vicente Cuéllar, por los 36 días del paro cívico cruceño.
Sin embargo, luego, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, explicó que son dos procesos. Uno de ellos se desarrollará en La Paz, donde se realizó la demanda. Y otro que se denunció en Chuquisaca, que pasará a jurisdicción de Santa Cruz.
Lanchipa también adelantó que son unos 10 delitos que se les imputan a los tres representantes del comité cruceño.
En criterio del Gobierno, se deben asumir medidas legales contra los promotores del paro, pues durante ese periodo se vulneraron derechos humanos y se cometieron delitos, por lo que se debe “sentar un precedente”.
Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, cobros en los puntos de bloqueo, quema de la sede de los campesinos y el saqueo de la Central Obrera Departamental (COD).
Ante ese escenario, el Comité Interinstitucional cruceño denunció una “persecución política” contra sus líderes.