Camacho, Calvo y Cuéllar encabezaron el paro de 36 días que se realizó entre octubre y noviembre del año pasado en Santa Cruz. Mañana irán a audiencia dentro de la investigación por los hechos acontecidos. La audiencia se pospuso en diversas ocasiones anteriormente.

Camacho, Calvo y Cuéllar encabezaron el comité interinstitucional que impulsó el paro de 36 días que se realizó entre octubre y noviembre del año pasado en Santa Cruz. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, confirmó que mañana miércoles se llevará a cabo la audiencia por el paro de 36 días. Junto a él asistirán el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; el expresidente del Comité Pro Santa Cruz (CPSC), Rómulo Calvo; el vicerrector, Reinerio Vargas; y el abogado José Luis Santistevan. Estas personas encabezaron la movilización de protesta entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre del año pasado. Demandaban que el censo poblacional se realice en 2023.

“Tal como nos notificaron en sala, mañana vamos a participar a las 9:00 de la mañana de esta audiencia vía Zoom”, dijo Cuéllar.

La audiencia tenía que llevarse a cabo en diversas fechas anteriormente, pero fue postergada por recursos legales de la defensa del gobernador cruceño. El pasado 20 de marzo tampoco pudo instalarse la sesión dado que el rector y el vicerrector no contaban con la presencia de sus abogados.

“Esperamos que los administradores de justicia actúen respetando los derechos fundamentales y que tutelen las garantías constitucionales. Es una barbaridad que nosotros seamos procesados por jueces que viven a 1.000 kilómetros de distancia”, señaló el rector de la UAGRM. En su criterio, el proceso es “un abuso de poder, una persecución política contra quienes piensan de una manera diferente”.

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A finales del año pasado, la capital cruceña quedó devastada en lo económico y social después del paro de 36 días. Las autoridades del Gobierno nacional señalaron que hubo más de $us 1.200 millones de dólares en pérdidas en el sector privado. El sector estatal acumuló Bs 300 millones de perjuicios.

El censo de población en Bolivia se llevará a cabo el 23 de marzo de 2024.

La secretaría departamental de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña emitió un informe denunciando la confiscación del Gobierno nacional, mediante el Sistema de Impuestos Nacionales. Apuntan a los recursos por concepto del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). Esta tasa la tributa cada ciudadano por cada litro de combustible que consume. Indican que se trata de una de las fuentes de ingresos más importantes para las gobernaciones departamentales y las universidades públicas.

Desde la Gobernación cruceña señalan que el presupuesto para 2022 fue de alrededor de Bs 90 millones. Afirman que desde junio de ese año el Gobierno nacional comenzó a confiscar dichos recursos al ente departamental de Santa Cruz, con una diferencia de Bs 53 millones. La información la dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Borda.

Según la autoridad departamental, el presupuesto aprobado para 2023 del erario nacional hacia Santa Cruz es de aproximadamente Bs 75 millones. Aseguró que, sin embargo, en lo que va del año solo se cuenta con un depósito acumulado de Bs 308.000 al ente departamental. Con base en esos datos, se estima un desfase de Bs 18.5 millones para el primer trimestre 2023.

Confiscación

Según las cifras exhibidas por Borda, a nivel nacional se ha registrado una confiscación Bs 294 millones a todos los gobiernos departamentales y universidades públicas del país. Señaló que esto limita a la inversión destinada para el desarrollo regional. “El gobierno nacional nos miente al país, (de) que no existe una crisis económica”, agregó.

Ante ello, exigió al Gobierno que explique dónde están estos recursos que corresponden por ley a todos los gobiernos departamentales y universidades públicas del país. Borda dijo que esto es reflejo de que la economía del país está en crisis.

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Plataformas ciudadanas y grupos de activistas convocan a una marcha el día de mañana miércoles en protesta por una supuesta persecución política. Esta movilización se produce en momentos en que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita al país. La concentración se recorrerá las calles de la capital cruceña desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre, a partir de las 17:00.

Kitita Roca, activista de la plataforma Control de Rotondas, afirmó que la ciudadanía tiene que dar a conocer a la CIDH sobre la existencia de presos políticos. Señaló que la marcha también busca expresarse contra la situación de la justicia en el país, que en su criterio “está secuestrada” por el MAS.

“Vení mañana a la marcha para que tu voz sea escuchada, para que nuestras demandas estén en manos de la CIDH y nos den una solución. No más violaciones a los derechos humanos, basta de injusticia”, dijo la activista a nomnre de las plataformas que convocan a la marcha.

Roca señaló que se espera reunir a diferentes personas para que participen con diferentes demandas. “Hay perseguidos políticos, temas de casos de policías corruptos, currículo escolar”, indicó.

La CIDH se encuentra en visita oficial al país. La delegación está presidida por la presidenta de esta institución, Margarette May Macaulay. Junto a ella está el comisionado Joel Hernández, relator para Bolivia; las comisionadas Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres; y el comisionado Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.

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El diputado de Creemos, Edwin Bazán, asegura que el próximo presidente no será ni indígena ni provendrá del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señala que el actual partido de gobierno ha agotado su ciclo. Así respondió a lo dicho por el exvicepresidente Álvaro García Linera la noche del lunes en una entrevista televisiva.

“La tesis de Álvaro García Linera está completamente equivocada y no entiende que el ciclo del MAS ya se agotó”, aseveró Bazán. En su criterio, cuando eso sucede “nace algo diferente y muchas veces opuesto”.

“Yo no creo que, para el 2025, la tendencia sea ni un indígena ni el MAS”, dijo el diputado de Creemos. Criticó las palabras de García Linera indicando que “no tienen base en la realidad, en los datos demográficos ni en el tema histórico”

El exvicepresidente Álvaro García Linera fue entrevistado la noche del último lunes por el periodista Junior Arias. “Desde mi punto de vista, nuevamente tenemos que seguir siendo gobernados por indígenas. Hemos peleado por eso, hemos derramado sangre por eso. Las peleas del 2000, 2001, 2003, 2008, 2019, 2020, son para que indígenas gobiernen nuestra querida patria Bolivia. Nosotros, las personas mestizas, acompañemos, ayudemos. Pero la cabeza tiene que estar nuevamente en un liderazgo indígena que venga del mundo sindical”, afirmó García Linera.

Bazán reafirmó que el MAS “está al final de su ciclo histórico” y explicó que esto es “lo que en sociología política se llama entropía”.

“El MAS no va a volver a tomar el poder”, insistió el parlamentario de Creemos y exvocero de la iglesia católica.

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La zona del Parque Industrial, ubicada al este de la capital cruceña y caracterizada por el descuido de sus vías, sigue sin un claro responsable. El alcalde Jhonny Fernández mostró un certificado alodial donde se indica que el predio está registrado a nombre de la Gobernación cruceña. Por este motivo, el municipio estaría impedido de ejecutar obras en el lugar. Desde el ente departamental insisten en que todo está saneado.

“Desde la Gobernación están dando una información que no es correcta, sobre la legalidad de los predios del parque industrial”, dijo el alcalde cruceño. “Aquí está el certificado alodial emitido la semana pasada, donde el Parque industrial está con registro de propiedad (a nombre) del Gobierno Departamental”, aseguró Fernández.

El burgomaestre explicó que existe una minuta de transferencia entre ambas instituciones, pero que la misma no está firmada por el gobernador, Luis Fernando Camacho. Por lo tanto, “no está perfeccionado este documento, no es legal todavía”, explicó. Indicó que están tras la firma del documento “desde el 22 de enero de 2022”, infructuosamente.

Fernando Kuscevic, director de Industria y Comercio de la Gobernación, respondió que no ha recibido ningún informe donde detalle los errores que contiene el documento. “Esta minuta ya se firmó y si es que eso tuviera algún error tendría que hacerse a través de una aclarativa, donde nosotros hemos detectado que no hay errores de fondo, simplemente errores pequeños que son de fechas, que esos son subsanables”, aseveró Kuscevic.

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