Justicia decide este miércoles si vicegobernador Aguilera asume suplencia de Camacho
La bancada del MAS interpuso una acción de cumplimiento para que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, asuma la suplencia temporal del gobernador, Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro.
La Justicia decidirá este miércoles si Mario Aguilera asume la suplencia del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro. La bancada de asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó una acción de cumplimiento, cuyo tratamiento fue aceptado por la Sala Penal Tercera en la capital cruceña.
“Nosotros, como bancada del MAS del departamento de Santa Cruz, en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), hemos interpuesto una acción de cumplimiento. La misma está dirigida al vicegobernador, Mario Aguilera, como también al presidente de la ALD, Zvonko Matkovic”, afirmó el asambleísta Clemente Ramos (MAS).
Explicó que “esto se debe a la ausencia que se vive en el departamento, de la primera autoridad, que es el gobernador Luis Fernando Camacho. Él está ausente, fuera del departamento, con una detención preventiva por cuatro meses”.
Ramos señaló que, ante la ausencia de Camacho, “nosotros anteriormente le pedimos públicamente al vicegobernador, Mario Aguilera, que asuma, por el vacío legal, la responsabilidad. Hicieron caso omiso y es por ello que nosotros acudimos con esa demanda de acción de cumplimiento”.
El asambleísta precisó que la audiencia tendrá lugar este miércoles a las 13:00 de forma virtual. Aseguró que lo que se busca es hacer cumplir lo que dice el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
A fines de enero, los asambleístas del MAS interpusieron ese recurso legal. Argumentaron que “al estar el gobernador Luis Fernando Camacho preso en Chonchocoro no puede ejercer el cargo”. La acción de cumplimiento se basa en el artículo 25 del Estatuto Autonómico cruceño, que señala que ante la ausencia del Gobernador se produce “la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones del Gobernador o Gobernadora”.
Suplencia
Ramos prosiguió indicando que “el vicegobernador no quiere asumir, simplemente la suplencia gubernamental. No es que se vaya a quedar como gobernador definitivo. Esto es lo que no quieren entender en el partido de Creemos, sus asambleístas”.
“Que no se malinterprete ni se confunda al pueblo. Los asambleístas de Creemos dicen que con esto estamos dando un ‘golpe a la democracia’. No estamos pidiendo que se destituya a Camacho. Simplemente que, ante su ausencia,, asuma de manera interina (el vicegobernador) toda la responsabilidad de la suplencia gubernamental”.
Por su parte, la asambleísta Keila García (Creemos), sostuvo que “en esa audiencia, el MAS va a querer consumar el golpe judicial que se le está queriendo dar a la Gobernación”. Dijo que se trata de in tento de “despojar” a Camacho” del cargo de gobernador.
Camacho tilda de ‘vendidos’ a los otros ocho gobernadores e instituciones cruceñas no asistirán a la mesa técnica
Las posibilidades de diálogo entre las instituciones cruceñas que demandan la realización del censo en 2023 y el Gobierno nacional aparecen cada vez más improbables, en la medida en que se acerca el 22 de octubre, fecha en que iniciará el paro departamental indefinido en Santa Cruz.
El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, tildó a sus otros ocho pares departamentales de ser unos “vendidos” y de actuar en contra de los intereses de sus departamentos. Las instituciones cruceñas que impulsan la demanda del censo confirmaron que no asistirán a la reunión del próximo martes con el INE en Santa Cruz.
Camacho reclamó por el incumplimiento del gobierno en la realización del censo en noviembre de este año, como se tenía establecido inicialmente y apunto en contra de los otros ocho gobernadores del país.
“Nos prometieron (el censo) en 2022. un día antes de la abrogación del decreto que era para 2022. Nos seguían jurando y perjurando que todo estaba listo. Y, porque les vino en gana, compraron ocho gobernadores y dijeron ‘nos lo pidieron’ y esa es la realidad. El gobernador es la representación política, pero como lo vemos en esos ocho departamentos, no reflejan la voluntad de cada uno de sus pueblos y eso es triste. A eso es a lo que nosotros los llamamos ‘los vendidos’. A eso es a lo que llamamos estar en contra de los intereses de su pueblo”, afrimó Camacho.
Las palabras del gobernador Camacho dan a entender que la demanda de las instituciones cruceñas, en sentido de que el censo de realice en junio de 2023, no va encontrando el eco esperado fuera de Santa Cruz.
Camacho criticó también un supuesto amedrentamiento de parte del Gobierno nacional en contra de su partido. “Es lamentable que el masismo, con 16 años que lleva (gobernando), no termine de conocer a Santa Cruz. Deteniendo a una persona no es que lo amedrenten ni lo hagan esconderse. Santa Cruz se enoja más, Santa Cruz se molesta más por su gente”, dijo.
“Esta nueva lucha la vamos a ganar. Este paro es un paso más, pero hay algo que no debemos olvidar: la lucha continúa y seguiremos firmes en unidad por mejores días para Santa Cruz y Bolivia”, señaló Camacho. El cese de actividades en el departamento de Santa Cruz está convocado a partir del 22 de octubre, con carácter indefinido.
Instituciones cruceñas
Por su parte, ayer sábado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) trasladó de La Paz a Santa Cruz el lugar para la reunión de mesas técnicas sobre el censo. El encuentro está citado para el 11 de este mes.
Manfredo Bravo, coordinador de las instituciones cruceñas que demandan la realización del censo, indicó la misma descarta la asistencia a esta convocatoria. “Mientras no esté derogado el Decreto Supremo 4760 no hay oportunidad para el diálogo” con el Gobierno nacional, sostuvo Bravo. Explicó que esta decisión se da en el marco de lo establecido en el cabildo del pasado 30 de septiembre.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reprochó estas actitudes. “Lamentamos estas posiciones intransigentes. Una vez más demuestran que hay algunas personas que, lamentablemente, además de hablar a nombre de todos cuando no representan a todo el pueblo cruceño, politizan el censo. Lo están utilizando de una manera política para buscar confrontación y desestabilización”, dijo en una entrevista televisiva hoy domingo.
«Lo que se pretende es volver a los tiempos de inestabilidad, volver a los tiempos de crisis. Eso les conviene a algunos pequeños grupos que lo que no ganan en democracia, lo que no ganan en las urnas, pretenden imponerlo o conquistarlo vía confrontación”, afirmó Prada. Lo dijo en relación a los hechos que derivaron en el derrocamiento de Evo Morales, luego de las elecciones de octubre de 2019.
La historia de nuestro país está marcada por diversos clivajes, pero si hay dos de constante presencia, estos son los referidos a la clase social y la cuestión regional. El Movimiento Al Socialismo-Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), actualmente la principal fuerza política en Bolivia no está fuera de estas realidades y los resultados electorales (por lo menos de las elecciones generales de 2014 y de 2020) lo reflejan con claridad meridiana.
En todas las ciudades capitales, la votación azul se ubica porcentualmente por debajo de lo obtenido en cada departamento. La excepción destacada es en el municipio de El Alto, que en las elecciones presidenciales de 2020 sobrepasó a Nuestra Señora de La Paz en la cantidad de votos válidos emitidos y la proporción a favor del MAS fue, como en comicios anteriores, superior a la departamental.
Como se puede ver en el cuadro adjunto, en 2020 hubo 527.139 más votos válidos que en 2014 en las ciudades capitales más El Alto. En ese mismo periodo, el MAS sumó 52.016 sufragios más. Es decir que el partido de gobierno captó, aproximadamente, 10% del total del incremento registrado en la votación válida. Estas cifras ponen en evidencia un distanciamiento paulatino del MAS respecto a las clases medias urbanas en Bolivia.
Es igualmente notoria la diferencia entre los márgenes que obtiene el partido azul en occidente, en contraste con sus resultados en Santa Cruz, Tarija y Beni. La cuestión regional está también reflejada en la votación.
CLASES MEDIAS.
Hablar de clases medias es hablar de modernidad y capitalismo. Las sociedades feudales estaban divididas básicamente en la nobleza, el clero y los siervos o campesinos. Así, la clase media emerge conceptualmente en el siglo XVIII, identificándose como aquel grupo que no es parte de la aristocracia, pero que comienza a desarrollarse económicamente por fuera de la servidumbre. Hoy en día, las clases medias se entienden genéricamente en el mundo como aquellos conglomerados que no son ni grandes poseedores de capital ni están sumidos en condiciones de pobreza. Están en el desafío diario de ir mejorando sus condiciones de vida, sin lograr convertirse en potentados y siempre temiendo caer en la pobreza.
En Bolivia, las clases medias constituyen un tejido en extremo diverso. René Zavaleta afirmó que “para saber lo que son estas capas, es menester enumerarlas o decir lo que no son”. Entonces, las clases medias urbanas en nuestro país, a partir de su economía, están conformadas principalmente por pequeños comerciantes, transportistas, asalariados, profesionales, cuentapropistas y un largo etcétera, que no están en los segmentos depauperados ni poseen grandes empresas.
Además, “está claro que hay una clase media que es parte del campo oligárquico liberal, que es antiestatista, que es neoliberal, que es racista y que detesta todo lo popular”, afirma el sociólogo cochabambino Fernando Mayorga, director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS). Entonces, las características y diferencias al interior de las clases medias son también políticas, culturales y de hábitos sociales. Mayorga precisa que también están presentes ahí las clases medias emergentes que, proviniendo de lo indígena, campesino y popular, se incorporan como resultado del proceso de cambio y los años de políticas favorables hacia estos sectores.
POLÍTICA Y CLASES MEDIAS.
“En las elecciones de 2005 convergieron los indígenas, campesinos, trabajadores y la clase media en torno a la recuperación del Estado para ponerlo al servicio de la gente, frente a la radicalidad y ortodoxia con la que se aplicó el neoliberalismo en los años previos”, sostiene Carlos Romero, exministro de Evo Morales e intelectual cruceño.
En línea similar, Mayorga señala que “es impensable que un partido de raigambre popular, como el MAS, alcance las cifras que viene logrando desde 2005 sin tener el apoyo del votante medio, que está en las ciudades”.
Consecuentemente, se puede entender que el momento de mayor integración entre el bloque indígena popular y las clases medias se registra entre las elecciones de 2009 y 2014, cuando el MAS obtiene 64% y 62% de los votos, respectivamente.
Sin embargo, Mayorga advierte que “Bolivia ha pasado por un proceso político intenso desde el referéndum constitucional de 2016 hasta 2019, que giró en torno al debate sobre la legitimidad de la postulación de Evo Morales como candidato presidencial. En ese debate, los sectores urbanos, la clase media en general, la concentrada en las ciudades capitales, que había votado por Evo Morales en 2005, 2009 y 2014, terminó siendo interpelada por un discurso opositor que estableció la dicotomía entre democracia y dictadura y el MAS fue acusado de autoritarismo”.
El distanciamiento que se originó a partir del referéndum de 2016 fue aprovechado y capitalizado por nuevos liderazgos. Entre otros, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, quienes fueron figuras centrales en el derrocamiento de Evo Morales.
Este discurso en torno al estado de derecho, libertad y el respeto a la CPE “fue asumido por amplios sectores de clase media de las ciudades, que terminaron alejándose del MAS y se dio una pérdida de capacidad de acción hegemónica”, explica Mayorga.
Hugo Moldiz, importante referente de la reflexión política al interior del MAS, afirma que en 2019 “si hubo grupos que subieron a escena y fueron decisivos en la desestabilización de Evo Morales, fueron los sectores medios”. Mayorga, igualmente, sostiene que en ese momento “claramente, amplios sectores de las clases medias en las ciudades se movilizaron contra el MAS”.
RECONSTRUCCIÓN.
La crisis posterior a las elecciones de 2019 marcó un antes y un después en el país y la relación entre el MAS y las clases medias urbanas no fue la excepción. Carlos Romero refiere que el bloque, la alianza que se reflejó en las victorias electorales hasta 2014, se debilitó. “Se generaron fisuras entre el campo y la ciudad, con la clase media y con la clase media alta”, indica.
Si bien el derrocamiento de Evo Morales se consolidó, el posterior gobierno transitorio de Jeanine Áñez fracasó rotundamente en prácticamente todos los aspectos posibles. Sus resultados catastróficos se reflejaron en masacres, autoritarismo, corrupción, atropellos a las libertades civiles, etcétera.
Justamente, “debido al desempeño del gobierno de Jeanine Áñez, con todos sus rasgos, en 2020 el MAS logró recuperar parte de esa convocatoria a las clases medias”, dice Mayorga.
Moldiz sostiene que “en 2020, Luis Arce y David Choquehuanca lograron condensar en torno a ellos a dos fuerzas que luego volvieron a separarse. Por un lado, la fuerza de lo social —movimientos sociales, sindicatos y otros— y, por otro, fracciones de clase media que no votaron en 2019 por Evo Morales, pero que decidieron apoyar” al nuevo binomio. “La gente sintió que Lucho Arce era la persona llamada a responder frente a las necesidades” de la pandemia y la reactivación económica, afirma.
En medio de muchas dificultades, frente a un gobierno transitorio adverso y hostil, el bloque popular indígena se vio ante la necesidad práctica de rehacerse. Así, “liderado por el Pacto de Unidad, se convirtió en el puntal de la lucha por la recuperación de la democracia”, precisa Mayorga.
A partir de esto, se comenzó con la tarea de recomponer relaciones con sectores críticos de las poblaciones urbanas, en particular las concentradas en las ciudades capitales más Al Alto. Ya sin Evo Morales como candidato, se logró esa rearticulación, cuando menos, coyunturalmente.
“El 55,11% alcanzado en 2020, que es similar a las elecciones de 2005, solamente se explica porque hay un porcentaje de las clases medias urbanas que votó por el MAS”, afirma Mayorga.
PRESENTE.
A partir de 2020, los sectores de clases medias que fueron parte del derrocamiento de Evo Morales, “ya no están actuando homogéneamente; hay un quiebre entre sus fracciones más radicales, (estando) a la vez más débiles y dispersas; y (hay) otras que sienten que pueden encontrar respuestas en el gobierno”, explica Moldiz.
Continúa indicando que “hoy existen condiciones para que el Gobierno se acerque a sectores de clase media, amplíe su base social y, por lo tanto, dispute en ese campo a fracciones que fueron fundamentales durante el golpe”.
Sin embargo, el MAS, actualmente, está concentrado en sus pugnas internas y esto desfavorece esa posibilidad de acercamiento. “Hay una disputa discursiva al interior del MAS” que —observa Mayorga— origina generalizaciones negativas hacia las clases medias, como la del vicepresidente David Choquehuanca en contra de los profesionales.
Así, el MAS da señales de estar pasando por dos procesos simultáneos en su relación con las clases medias. Por un lado, Mayorga apunta que “el MAS viene incorporando a sectores de la clase media en la gestión pública, con sectores de profesionales que no son parte orgánica del Instrumento político, el cual es la articulación de las cinco confederaciones del Pacto de Unidad, que constituye la base del bloque indígena campesino y popular. Esta incorporación se da subordinada orgánicamente a las organizaciones sociales”.
En los hechos, indudablemente, sí existe un ir y venir entre el MAS, el gobierno del MAS y los sectores urbanos. Sin embargo, Mayorga hace notar que “hubo críticas a la clase media, en abstracto, aunque muy enfocadas al entorno de Evo Morales”. Esto generó una serie de discusiones al interior del MAS, en las que prevaleció la posición de “no tener invitados en las listas de candidatos, sino que las mismas se definan en las asambleas y los ampliados”.
Se trata, entonces, de un momento en el cual, si bien hacia afuera existe un ambiente propicio para reencauzar y suturar diferencias, sobre todo con grupos de economías emergentes fruto del propio proceso de cambio, la lucha interna está implicando tomar como un valor la afirmación del núcleo mismo del bloque popular indígena, que no es precisamente ni urbano ni de clase media.
Con todo, Mayorga indica que “una cosa es la presencia de la clase media dentro del instrumento político y otra la capacidad de interpelación del MAS a las clases medias, ya sea en eventos electorales o para tener su apoyo que se traduzca en ausencia de movilizaciones en apoyo a la oposición”. Esto sintetiza esta relación prácticamente dual o, si se prefiere, dialéctica, entre grupos urbanos y el bloque popular indígena. Este bloque popular indígena se encuentra en medio de la tensión que significa estar entre su afirmación identitaria como tal y la necesidad práctica de contar con el apoyo de los otros.
Al respecto, el sociólogo cochabambino precisa que “el MAS establece relación con los grupos más organizados de las clases medias y esto se hace más intenso en época electoral, por razones obvias. El MAS necesita aliados, adherentes, grupos organizados, que le permitan que su interpelación electoral y su propuesta programática se trasformen en voto”.
“Cuando no hay elecciones, esto aparece como problema, cuando hay elecciones aparece como necesidad y por ese momento se convierte en una oportunidad”, explica. “Por lo tanto, no va a haber nunca una requisición normativa al respecto, siempre van a ser decisiones y acciones contingentes”, expresa con contundencia Mayorga.
FUTURO.
Bolivia y el mundo han cambiado. De por medio está el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que “han construido las comunidades virtuales; de hecho, las movilizaciones sociales actuales en Europa y Latinoamérica son exitosas cuando están acompañadas de la convocatoria a través de los dispositivos digitales. Esa es una nueva realidad”, afirma Carlos Romero. Son circunstancias nuevas y diferentes.
“El MAS tiene que entender que las relaciones con las clases medias no pueden ser las mismas que antes. Paradójicamente, si antes los indígenas necesitaban mediadores para acceder a algunas reivindicaciones, ahora el campo popular necesita mediadores para recuperar su capacidad de interlocución plena con las clases medias urbanas”, sostiene el exministro.
Moldiz afirma: “Veo complicada la relación entre el MAS y los sectores medios. El MAS no termina de convertirse en una organización que sea capaz de combinar una cohesión de indígenas, campesinos y obreros con la flexibilidad táctica para incorporar otros sectores por fuera. No es de ahora”, sostiene.
Mayorga señala que “la votación a favor del MAS tuvo como motivaciones principales la lucha contra la pandemia y la reactivación productiva del país, que son intereses prioritarios de las clases medias”. En buena medida, el futuro está en los resultados que se tengan al respecto.
“Por primera vez, en casi un año de gestión, el gobernador Luis Fernando Camacho se comprometió a recibirnos”, informó el alcalde de San Miguel y vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Dorado.
“Tenemos temas urgentes en los que necesitamos coordinar institucionalmente”, explicó sobre la próxima reunión con Camacho.
Entre los temas en mesa están la asignación de recursos económicos en concurrencia para el desayuno escolar, el mantenimiento de la red vial intradepartamental, salud y recursos por regalías. La cita está fijada para el martes 19.
Amdecruz congrega a 53 municipios cruceños, con la excepción de Santa Cruz de la Sierra. “También participarán de la reunión las dos AIOC’s cruceñas (Charagua y Gutiérrez)”, sostuvo
Amdecruz solicitó por escrito una reunión con el gobernador cruceño para el pasado lunes 11, pero no se concretó.
Ante las protestas exigiendo la reunión, funcionarios de la gobernación comprometieron de manera verbal la cita para el 19. Antes, Camacho respondió: “No podré recibirlos en la audiencia solicitada y le sugiero hacer seguimiento a las actividades que el Gobierno Autónomo Departamental está llevando adelante”.
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La vacuidad del No
El No obra solo en el marco de la imposibilidad de la oposición para ganar una elección presidencial
Hasta el presente, existen tres grandes líneas argumentales en que se enmarcan quienes se oponen a la modificación de la CPE para permitir que los dos primeros mandatarios del país puedan presentarse a una segunda reelección. Estas son: que es inconstitucional; que es algo antidemocrático; que acabará derivando en una dictadura.
De las tres razones, la de la inconstitucionalidad es la más débil. Sucede todo lo contrario: el referéndum es un logro histórico del pueblo boliviano que hoy está plenamente reconocido en la CPE. La clase política neoliberal —compuesta, tanto por la derecha tradicional como la izquierda privatizadora, ambas sumisas al capital transnacional—, sigue manteniendo al presente su desprecio por esta forma de consulta democrática.
Y es que en verdad siempre sentirán como inconstitucional, toda forma de consulta genuina al pueblo, porque al ser una clase política oligárquica siguen añorando un marco constitucional que les permita arreglos entre cuatro paredes y al margen de la voluntad popular, tal como lo hicieron históricamente. Gracias al pueblo boliviano esta vez sí habrá referéndum y serán los votos los que definirán si se modifica la CPE y ya no el viejo cuoteo neoliberal.
La oposición argumenta que este referéndum es antidemocrático. En realidad, cualquier cosa que no les sirva para volver a detentar el poder es calificado por ellos de esa manera. Es muy simple ver cómo llegan a esta conclusión: parten de la premisa de que en una democracia todos deberían poder llegar al poder; luego se enfrentan con la realidad de que en las urnas no pueden ganar una elección presidencial; concluyen por lo tanto que no vivimos en régimen democrático. En este sencillo y burdo silogismo se sintetiza la comprensión utilitarista que tiene la oposición de lo que es la democracia. Esto pone además de manifiesto el zafarrancho mental por el que pasa, dado que se plantea este referéndum como si ya se tratase de una votación sobre la permanencia o no del presidente Evo Morales en el gobierno; lo cierto es que está en juego una modificación a la CPE y en esto no hay candidaturas de por medio. En rigor, es insostenible la idea de que un referéndum es antidemocrático en Bolivia, cuando es más bien una conquista popular. La afirmación de que la continuidad de Evo Morales en el gobierno derivará inevitablemente en una dictadura es algo más propio de la superstición que de la evidencia real. Sería una dictadura muy extraña entonces aquella que está en permanente contacto y diálogo con la base social boliviana; que representa el más grande proceso histórico en Bolivia para la inclusión política económica y social de las clases marginadas y oprimidas; cuyos resultados en todos estos campos no tienen parangón con nada de lo anterior; donde hoy mujeres, indígenas, jóvenes y otros grupos sensibles de la sociedad sí tienen espacios de representación real como nunca antes y que cada vez se amplían más.
La mentada posibilidad de alternancia está garantizada mediante elecciones que se dan en nuestro país de manera periódica y democrática. Lo dictatorial aquí es que la oposición no busca ganar legítimamente, sino anulando en mesa la posibilidad de que el pueblo elija libremente.
En síntesis, el No es vacío y carece de sustento argumentativo real; obra solo en el marco de la imposibilidad de la oposición para ganar una elección presidencial en las actuales condiciones. Busca forzar un walk-over, para ponerlo en una metáfora deportiva, porque solo mediante esa trampa a la voluntad popular tendría quizás alguna oportunidad. Para ello, claro, la democracia de verdad les sale sobrando.
En los tres últimos procesos electorales, el voto cruceño se ha ido concentrando de manera creciente y consistente en torno al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la principal fuerza opositora, tanto en la disputa presidencial, como en la departamental y las municipales.
En 2005 los sufragios en favor del MAS y de Podemos sumaron el 74,97% de los electores que asistieron a las urnas, en 2009 el oficialismo y Convergencia Nacional obtuvieron el 93,51% de los votos, y en 2014 el voto en favor de Evo Morales y de Samuel Doria Medina concentró el 88,81% de los sufragios. En 2005 Rubén Costas y el candidato del MAS obtuvieron el 72,05% de los votos en la disputa por la entonces prefectura, hoy gobernación. Esta cifra se elevó en 2010 a 88,60% y en 2015 llegó al 91,23%.
En las elecciones municipales de 2004 el MAS ganó en 11 de los 56 municipios cruceños. El resto se repartió entre el MNR, ADN, MIR, UCS, NFR y otras agrupaciones. En 2010 el partido oficialista triunfó en 23 municipios; Verdes, la agrupación del gobernador Rubén Costas, lo hizo en 15; y el saldo quedó en manos de otras fuerzas. En 2015 el Movimiento Demócrata Social (MDS) ganó 23 alcaldías y el MAS, 21, concentrando entre ambas organizaciones el control de 44 de los 56 gobiernos municipales del departamento.
Estos datos permiten inferir que solamente el MAS y el MDS han logrado tener presencia territorial en todo el departamento de Santa Cruz; previsiblemente gracias al control que tienen del Gobierno Nacional y de la Gobernación cruceña, respectivamente, lo que les ha permitido articular alianzas, apoyar a autoridades afines y afectar el desempeño de sus adversarios según convenga. Este es el factor crítico que determina al presente la concentración del voto en torno a estas dos fuerzas en Santa Cruz. Las terceras alternativas, que no cuentan con el control ni del Gobierno Nacional y ni del departamental, están viendo cada vez más difíciles sus condiciones para competir, y por eso van perdiendo espacios sistemáticamente. No logran resistir el embate ni del MAS ni del MDS.
Esto significa que el campo político boliviano está funcionando a partir de tres órdenes, vinculados con la disputa por el Gobierno central, los gobiernos departamentales y los municipales. Si bien cada uno constituye un espacio relativamente autónomo, existe una relación jerárquica entre ellos, que se la puede definir de la siguiente manera. Quien está a cargo del Gobierno central puede irradiar su influencia sobre todos los demás espacios en disputa en todo el territorio del país; quien está a cargo de una determinada gobernación puede incidir sobre los municipios que componen ese departamento; y quien está a cargo de una Alcaldía en el mejor de los casos podrá ejercer algún nivel de influencia en los municipios que le rodean.
Este juego de influencias sucede en dos movimientos. En una primera instancia, desde el Gobierno central o el departamental se construye una presencia territorial y se articulan alianzas, lo cual permite ir tomando el control de los municipios. Luego, desde esos espacios tomados se articula el apoyo y el voto que define las elecciones por la presidencia y las gobernaciones. En el caso de Santa Cruz, se debe tener en cuenta que este sentido de uso práctico del potencial político de la gobernación obedece a que Rubén Costas sí tiene un proyecto político propio y juega con intención. En contraste, el MAS perdió la gobernación paceña, algo que no tendría que haber ocurrido tan fácilmente dado que disponía a su favor del despliegue del Gobierno central para ir afianzando su proyecto desde lo territorial. Esto se explica por una mala gestión y por algo que se podría entender como pereza política.
Volviendo a Santa Cruz, el resultado final de todo lo que viene sucediendo es que en ese departamento se está recomponiendo el sistema de partidos políticos, que ahora gira en torno al MDS y el MAS, y va tomando la forma de una suerte de bipartidismo.
