Martín Camacho, abogado defensor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó de “jalada de los pelos” la nueva imputación contra su defendido por el caso conocido como “Decretazo”.
El jurista explicó que la fase preliminar de ese proceso, que investiga a Camacho por delegar sus funciones al exsecretario de Gestión Institucional Miguel Navarro y no al vicegobernador, Mario Aguilera, debía durar no más de 80 días.
Esa asignación de funciones ocurrió ante un viaje del gobernador cruceño a Brasil, en marzo de 2022. Esa vez, Camacho promulgó el Decreto Departamental 373, que una vez publicada en la Gaceta Oficial fue retirada sin mayor trámite.
“La etapa preliminar (de la investigación) dura 80 días, (pero) pasado más de un año se presenta una imputación jalada de los pelos”, dijo el abogado Camacho a la red Unitel.
Afirmó que la imputación y la solicitud de detención preventiva de 180 días “no tiene ningún argumento y carece de fundamentación”.
Esa medida la distó el fiscal de Materia de Santa Cruz Marco Arce.
Pero eso no es todo. Dijo que esa medida es “extraña” porque ni el equipo jurídico ni el gobernador Camacho, según dijo, recibieron ninguna notificación.
Decreto promulgado por Camacho
Camacho promulgó el Decreto 373 en desmedro del Estatuto Departamental de Santa Cruz, cuyo artículo 25 señala que, ante la “ausencia temporal” del gobernador, asume la “suplencia gubernamental” el vicegobernador.
Entonces, Aguilera denunció que no lo notificaron sobre la suplencia por el gobernador sino cuatro días después de su viaje. Incluso denunció que el decreto, que lo vio en la Gaceta Oficial Departamental, se eliminó sin mayor explicación.
Según copia de la norma anulada, fue firmada por Camacho, Navarro y Efraín Suárez, entonces secretario de Justicia.
El Ministerio Público imputó por el hecho al también líder de la opositora Creemos. Eso, a instancias de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental,
Los supuestos delitos atribuidos a Camacho contemplan incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Además, se investiga una presunta manipulación informática, debido a que “se bajó” el decreto de la Gaceta Oficial.