La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró este martes que la carta del presidente Luis Arce al papa Francisco, en torno a los casos de pederastia, marcará un antes y un después sobre la lucha contra casos de violación clerical a niñas y niños.

“Las acciones tienen que ser concretas y tienen que marcar un antes y un después en relación a estos delitos. Nosotros, como Gobierno… La carta que envía nuestro Presidente está orientada a lo que estamos haciendo, pensando en nuestras niñas y niños”, dijo la funcionaria en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

En su carta a Francisco, Arce pidió que la Justicia tenga acceso a la información de sacerdotes que cumplen misión en Bolivia y que cuenten con denuncias de por abuso sexual.

“Ningún sacerdote con antecedentes de abusos sexuales contra la niñez y adolescencia debe estar desempeñándose como educador o y espiritual en nuestro país”, dice parte de la carta, que fue leída por la misma ministra Prada.

Explicó en qué consiste ese proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes.

Dijo que sus acciones contemplan un trabajo integral entre la Fiscalía General, la Procuraduría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

Prada indicó que el anteproyecto presentado a la Asamblea Legislativa busca, principalmente, la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

El 30 de abril, el periódico español El País publicó un reportaje llamado ‘Diario de un cura pederasta’. “Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite en él el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas.

Fallecido en 2009, este jesuita trabajó por muchos años en Bolivia, también en Ecuador, Perú y Bolivia. Fue director del colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde abusó de decenas de niños.

Prada habló de los sacerdotes

Eso motivó una investigación en Bolivia, por la que se conoce de al menos seis sacerdotes de la Compañía de Jesús que fueron de violación sexual a niños, niñas y adolescentes; principalmente, en centros educativos y de acogida de la orden de la Iglesia Católica.

“Estos sacerdotes, violadores y delincuentes no pueden tener impunidad, y sus delitos no pueden ser encubiertos”, reclamó al titular de la Presidencia.

Esos hechos alcanzaron tal grado de indignación, que el propio presidente Arce dedicó un espacio de su mensaje presidencial por la mitad de su gestión a ese tema. Incluso, la misma Conferencia Episcopal Boliviana pidió perdón y se abrió a colaborar en las investigaciones.

“Pedir perdón es importante, es una acción que marca un primer paso en el reconocimiento del delito que se ha cometido. Las víctimas quieren justicia y el esclarecimiento de los hechos”, dijo Prada.

El Gobierno espera que el debate de esa propuesta legal “no tarde” en la Asamblea Legislativa. Prada consideró que su implementación es de suma importancia para garantizar la seguridad de los menores.

Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prevé que la «ley corta» para ajustar los plazos de las elecciones judiciales sea aprobada la tarde de este martes.

“Se tiene que aprobar hoy día. No es una norma novedosa”, dijo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) a los periodistas.

El proceso de selección de autoridades judiciales está paralizado por una disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que suspende las elecciones judiciales. El recurso abstracto de inconstitucionalidad fue planteado por el diputado de Creemos Leonardo Fabian Ayala.

Las elecciones deberán definir los cargos jerárquicos del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Se trata de 23 titulares y 23 suplentes.

Jáuregui recordó que una similar norma se aprobó en 2017, cuando se alistaba el último proceso de selección de autoridades judiciales.

La norma estableces que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene un plazo de 100 días para desarrollar las actividades del proceso electoral.

“Corresponde que sí (se aprueba la norma corta). Lo que hay es un desfase de tiempos, (por lo tanto) no existe otra alternativa que ajustar éstos para que se pueda conferir el plazo de 100 días para el TSE”, añadió.

Ésta será la tercera vez que Bolivia irá a elecciones judiciales. Se prevé que los comicios se desarrollen a finales de noviembre de este año.

En el reglamento aprobado, antes de la decisión del TCP de suspender el proceso, establecía que las actuales autoridades judiciales no pueden volver a postular a esos cargos.

El rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, calificó de “persecución” el proceso en su contra por el paro de los 36 días en Santa Cruz.

“El Gobierno trata siempre de amedrentar, amordazar, a quienes se atreven a cuestionar”, dijo este martes a la red DTV.

En 2022, a iniciativa del Comité pro Santa Cruz, la Gobernación y la UAGRM fue conformado el Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, cuyas acciones fueron destinadas a buscar que el Gobierno defina el Censo de Población y Vivienda en 2023.

El propósito fracasó; una mesa técnica en Cobija y la Asamblea Legislativa definieron que el 23 de marzo de 2024 se lleve a cabo la consulta nacional.

Cabildos y movilizaciones caracterizaron las protestas, que luego degeneraron en jornadas de violencia, como la muerte de al menos tres personas a causa de la presión y los puntos de bloqueo.

Además, grupos violentos de apoyo al Comité pro Santa Cruz quemaron las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Regional.

“Fue un mandato del cabildo y el cabildo es constitucional. Incluso el OEP (Órgano Electoral Plurinacional) ha seguido y ha fiscalizado todo el proceso”, se defendió Cuéllar.

Ese proceso sigue su curso y las autoridades judiciales programaron una audiencia para las 16.00 del miércoles, cita a al que Cuéllar asistirá “para coadyuvar con las investigaciones, (estamos)conscientes de que no hemos ningún delito”.

El proceso se abrió a instancias del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022.

El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en el departamento de Santa Cruz. Precisamente, esto fue cuestionado por Cuéllar.

“Están usando a este señor (Mayta) como denunciante para perseguir nuestra verdad. El mejor testigo que tenemos es la población” reclamó Cuéllar.

Cuéllar y los investigados

Junto con Cuéllar están investigados otros líderes de la medida. Se trata del expresidente del Comité por Santa Cruz Rómulo Calvo, el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santiesteban.

Todos ellos están investigados por la supuesta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; atentado contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, entre otros.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, habló este viernes sobre las diferencias en su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y dijo que el presidente Luis Arce “no está en la pelea”.

“Desde la dirección para abajo, no hay problema (…). El MAS está compacto; a la pelea no entra Lucho (Arce)”, dijo el funcionario en entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Así se refirió a las dos “alas” en el partido de gobierno conformadas por quienes arropan al presidente Arce, “luchistas”, y los otros que respaldan al líder de esa fuerza, Evo Morales, “evistas”.

Sin embargo, cuestionó a la facción de Morales. “Si queremos chapareñizar la política, estamos errados”, ironizó.

Consultado sobre si es evista, arcista o ambos, respondió: “No, yo soy masista, militante del MAS. Estamos en el gobierno, Arce está en el gobierno, no tiene sentido”, señaló.

El quiebre interno del MAS se evidenció en más de una ocasión por las divergencias marcadas entre los seguidores de Arce y Morales. Pero el escenario que más mostró el problema es la Asamblea Legislativa.

En más de una ocasión, el debate por algunos proyectos de ley se atrasó o se postergó debido a que la bancada oficialista no halló el consenso interno necesario.

Pero, además, Morales lanzó duras críticas al presidente Arce, de quien cuestiona, principalmente, la conformación de su gabinete ministerial. Los llamó “ortodoxos”, e incluso calificó de traidores a algunos de ellos.

Incluso, miembros allegados a Morales, como el diputado Héctor Arce, denunciaron más de una vez, supuestos actos de corrupción por parte de funcionarios de Arce, a quienes el mismo mandatario recomendó “dejar limpio su apellido”.

El vocero presidencial Jorge Richter anunció este viernes un “mecanismo de reparación” para quienes hayan sido víctimas de violaciones de pederastia en el seno de la Iglesia Católica en Bolivia.

“Lo menos que podemos hacer es un mecanismo de reparación a todas aquellas, por entonces, niñas, niños y adolescentes, que se han visto afectados en su dignidad por el proceder de estos religiosos”, dijo en conferencia de prensa.

A raíz de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, en varias regiones, el Gobierno anunció que impulsará las resoluciones de esos casos; eso sin importar que los autores sean del orden religioso ni altas autoridades de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

“Se va a investigar hasta encontrar resultados y hasta que la justicia pueda obrar en ese sentido”, dijo Richter en conferencia de prensa.

El 30 de abril, el periódico español El País publicó un reportaje llamado “Diario de un cura pederasta: “Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”; en él admite el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas.

Este jesuita trabajó por muchos años en Bolivia, también en Ecuador, Perú y Bolivia. Fue director del colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde abusó de decenas de niños.

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El Gobierno y las denuncias de pederastía

Eso motivó una investigación en Bolivia, por la que se conoce de al menos seis sacerdotes de la Compañía de Jesús que fueron de violación sexual a niños, niñas y adolescentes; principalmente, en centros educativos y de acogida de la orden de la Iglesia Católica.

Conocido el caso, el exsacerdote jesuita paraguayo Pedro Lima llegó hasta Cochabamba; se sumó sumarse a la ola de denuncias por supuesta violación por parte de Alfonso Pedrajas. Declaró, según dijo, “información sensible” de casos de abusos del fallecido en 2009; anunció también que acudirá al Ministerio Público en La Paz y Sucre.

Pro el avance de las investigaciones y en medio del revuelo, un sacerdote carmelita, Milton M., fue aprehendido el miércoles; está acusado de abuso sexual contra seminaristas en Tarija.

El hecho alcanzó tal grado de indignación, que la misma Conferencia Episcopal Boliviana pidió perdón y se abrió a colaborar en las investigaciones.

“No puede existir una diferencia, cargada de hipocresía e indolencia, entre lo que se dice y lo que entre la oscuridad y anonimato se está realizando”, reclamó Richter.