Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, aseguró que la mañana de ayer martes se puso en riesgo la vida de su defendido. La defensa del detenido acusó a las autoridades penitenciarias de haberlo trasladado en condiciones insalubres a una audiencia. Explicó que eso impidió qe reciba adecuadamente su medicación.
El jurisconsulto afirmó que policías y médicos del penal de Chonchocoro intentaron desconectar el suero que estaba recibiendo el gobernador. Al no lograr esto, le hicieron recorrer más de 800 metros del lugar hasta el lugar donde se desarrollaría la audiencia virtual.
El abogado dijo que el temor ahora es por “no saber si el medicamento tendrá el efecto que debe tener bajo las condiciones que fue trasladado”. Explicó que el ambiente al que fue llevado Camacho “no estaba esterilizado” y que en él estaban varios policías. “En otras circunstancias, no se permite que nadie de la familia lo acompañe para realizar este procedimiento médico”, señaló.
Henry Montero, médico de cabecera del gobernador Camacho, sostuvo que lo ocurrido puede derivar en reacciones alérgicas, trombosis y otras complicaciones.
Montero dijo que “se debe aclarar que este suero no es como cualquier otro. No se puede desconectar en ningún momento rompiendo el protocolo necesario. (A Camacho) debe acompañarle sólo la enfermera que ya sabe del manejo del medicamento”.
Defensa de Camacho y desmentido oficial
Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, desmintió la acusación. “Él está, en este momento, con su tratamiento. Tiene una audiencia. Él ha solicitado participar de la audiencia como corresponde en el cumplimiento de esta orden judicial, pero su tratamiento ya está corriendo”, sostuvo en entrevista con Radio Compañera.
La Dirección de Régimen Penitenciario emitió un comunicado. Ahí indica que “el suministro del suero que recibe el privado de libertad se le realiza cada 21 días”. Así, Camacho solicito formalmente el ingreso de su enfermera particular para supervisar el tratamiento médico que tiene una duración de 24 horas.
“Somos respetuosos del derecho a la salud y defensa de las personas privadas de libertad», continúa el comunicado. Concluye aseverando que «garantizaremos que estos se cumplan de manera estricta y responsable con cada persona que se encuentra recluida».
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