El rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, calificó de “persecución” el proceso en su contra por el paro de los 36 días en Santa Cruz.
“El Gobierno trata siempre de amedrentar, amordazar, a quienes se atreven a cuestionar”, dijo este martes a la red DTV.
En 2022, a iniciativa del Comité pro Santa Cruz, la Gobernación y la UAGRM fue conformado el Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, cuyas acciones fueron destinadas a buscar que el Gobierno defina el Censo de Población y Vivienda en 2023.
El propósito fracasó; una mesa técnica en Cobija y la Asamblea Legislativa definieron que el 23 de marzo de 2024 se lleve a cabo la consulta nacional.
Cabildos y movilizaciones caracterizaron las protestas, que luego degeneraron en jornadas de violencia, como la muerte de al menos tres personas a causa de la presión y los puntos de bloqueo.
Además, grupos violentos de apoyo al Comité pro Santa Cruz quemaron las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Regional.
“Fue un mandato del cabildo y el cabildo es constitucional. Incluso el OEP (Órgano Electoral Plurinacional) ha seguido y ha fiscalizado todo el proceso”, se defendió Cuéllar.
Ese proceso sigue su curso y las autoridades judiciales programaron una audiencia para las 16.00 del miércoles, cita a al que Cuéllar asistirá “para coadyuvar con las investigaciones, (estamos)conscientes de que no hemos ningún delito”.
El proceso se abrió a instancias del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022.
El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en el departamento de Santa Cruz. Precisamente, esto fue cuestionado por Cuéllar.
“Están usando a este señor (Mayta) como denunciante para perseguir nuestra verdad. El mejor testigo que tenemos es la población” reclamó Cuéllar.
Cuéllar y los investigados
Junto con Cuéllar están investigados otros líderes de la medida. Se trata del expresidente del Comité por Santa Cruz Rómulo Calvo, el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santiesteban.
Todos ellos están investigados por la supuesta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; atentado contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, entre otros.