El abogado estadounidense Thomas Becker, que defiende a los familiares y víctimas de la masacre de 2003, afirmó que el juicio Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín fue una victoria de los movimientos sociales.

En ese acuerdo, los acusados aceptaron un pago a las víctimas, aunque no se conoce sobre la cantidad, luego de un proceso civil en Estados Unidos que determinó que son culpables de “ejecuciones extrajudiciales”.

El jurista explicó que las víctimas fueron a “Gringolandia (Estados Unidos)”, a la cancha de Goni y han hecho algo histórico; le han ganado”.

“Y muestra un ejemplo muy lindo: los movimientos sociales, en las luchas colectivas, pueden ganar (procesos) y pueden terminar esta cultura de impunidad en cualquier país”, dijo en La Razón Radio.

Explicó, además, que ese proceso, que comenzó en 2007, “fue muy complicado”, debido a que hubo “apelación tras apelación” que dilató el proceso que buscaba justicia para las víctimas en Bolivia.

Sánchez de Lozada fue presidente durante la denominada “guerra por el gas” debido a las protestas de varios sectores que se opusieron a la exportación de gas a Estados Unidos mediante un puerto chileno.

Finalmente, Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre de 2003 tras la masacre de más de 60 personas. Huyó del país y se incrustó en Estados Unidos desde entonces, junto a su lugarteniente, Sánchez Berzaín.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, apuntó al exministro Hugo Moldiz de pretender la “desaparición” de Evo Morales a través de un “plan negro”.

Consultado en La Razón Radio por el supuesto “plan”, respondió duramente: “El señor Hugo Moldiz ha estado dando la receta para ver cómo hacer desaparecer a Evo Morales. Han decidido incluso cómo eliminarlo; si no lo mataban envenenándolo, tenían que matarlo con sicarios”.

García aseguró que la información fue brindada por funcionarios del Gobierno que supuestamente le comunican de las acciones en su contra.

Reclamó, además, que el presidente Luis Arce y sus ministros buscan la manera de inhabilitar como candidato al líder del MAS en las elecciones presidenciales de 2025, en base a procesos judiciales o su vinculación con hechos de narcotráfico. “Eso no es nuevo para nosotros”, apuntó.

En respuestaá, Moldiz calificó de “surrealistas” esas declaraciones y que, además, le “provocan una sonrisa”.

“Gerardo García nunca ha tenido un nivel alto de formación política, ni nada por el estilo. Es parte, hoy, de quienes degradan la política”, dijo en entrevista con Piedra Papel y Tinta.

Además, consideró que la arena política entró en una lógica de acusaciones de quién es el más corrupto o quién está más involucrado con el narcotráfico. “Eso evita el debate de las ideas”.

“Yo fui constructor del instrumento políticobmucho antes de los que están ahora, en ambas facciones (arcistas y evistas)”, recordó.

Moldiz fue ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales. Fue posesionado en el cargo el 23 de enero de 2015 en reemplazo de Carlos Romero, pero fue removido el 26 de mayo del mismo año, en medio de acusaciones por la huida de Martín Belaunde, un exasesor del presidente de Perú Ollanta Humala, y Romero asumió nuevamente esa cartera.

Las fuertes declaraciones del segundo hombre fuerte del MAS ocurren en medio de un irreconciliable quiebre entre Luis Arce y Evo Morales.

ste último, incluso, ya descalificó a su otrora elogiado ministro de Economía.

“Creen que Lucho era el ideólogo del modelo económico. En el gabinete, Lucho era conocido como cajero, no como ideólogo”, se mofó Morales en un acto en Cochabamba.

Aludido, Arce respondió: “Lo que cuenta para mí, y creo que lo que le interesa al pueblo boliviano, son los resultados (de mi gestión). No tengo problema; que me llamen como quieran”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “absolver” lo antes posible la consulta interpuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en torno al proyecto de ley para las elecciones judiciales.

“Hemos pedido (al TCP) que puedan absolver lo antes posible la consulta previa de constitucionalidad interpuesta por el TSJ, respecto al proyecto de Ley 144, que establece o garantiza la preselección de las autoridades judiciales hacia el año 2024”, dijo en conferencia de prensa en Sucre.

Aprobado el 31 de agosto en la Cámara de Senadores, el proyecto de ley fue remitido a Diputados, donde la Comisión de Constitución decidió, el 6 de septiembre, remitir una consulta sobre su contenido a siete instituciones del Estado; de ellas, tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Luego, el 20 del mismo mes, el presidente de TSJ, Ricardo Torres, remitió al TCP la consulta que llegó desde Diputados.

En horas de la mañana se conoció que El TCP admitió dicha consulta.

Además, determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho proyecto, que se aprobó en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de este año.

Judiciales

“Somos respetuosos de la independencia de poderes; pero también hemos pedido que entiendan los problemas que está ocasionando a la Cámara de Diputados y al país en su conjunto”, remarcó Mercado.

La presión por la realización de las elecciones judiciales la puso el mismo TCP emitió un fallo el 31 de julio. Fue la respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

Creció esta semana luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtieron en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó este jueves que es “imposible” volver a reunirse con el presidente Luis Arce, debido a que “hay caprichos”.

El dirigente, consultado por La Razón Radio, se refirió al quiebre político entre su líder, Evo Morales, y Arce.

“Para mí, es una cuestión tarde reunirse con Lucho (Arce), después de estas altas traiciones. Anda hablando mal de todo; ya es imposible. Hemos estado buscando como subsanar las diferencias. Hay caprichos; va a ser difícil reunirse”, aseguró.

Arce y la dirigencia del MAS, según contó García, se reunieron por última vez en julio de 2022, en Cochabamba. Entonces, las conversaciones abordaron los cuestionamientos a algunos ministros de su gabinete, la petición de “cambio”.

Contó que, a un año de la gestión de Arce como mandatario “surgió la sospecha” de un “acercamiento con la derecha” y que una muestra de ello fue la supuesta liberación de procesos contra Manfred Reyes Villa, cuando éste era prefecto (ahora llamado gobernador) de Cochabamba.

Por otra parte, según García, los cuestionamientos a cinco ministros del gabinete de Arce surgieron de las mismas organizaciones sociales que conforman al MAS, cuyos dirigentes “sorpresivamente cambiaron de decisión y ya no pedían (el) cambio (de esas autoridades)”.

“Han llegado algunos acuerdos, algunos arreglos”, consideró.

García dijo que esas críticas fueron el factor “determinante” que derivó en el quiebre político entre Arce y Morales, que en más de una ocasión aseguró que “el MAS no está en el Gobierno”.

Sin embargo, la fractura entre el Gobierno y el MAS tiene una fecha clara: el 3 de septiembre de 2022. Entonces, el líder del MAS denunció en un acto público en Cochabamba, un supuesto “plan negro” en su contra.

Consultado García sobre dicho “plan”, apuntó al exministro de Gobierno Hugo Moldiz, de quien incluso dijo que el propiciaba un intento de “desaparición” física de Morales, promover la inhabilitación política del líder del MAS y su implicación con el narcotráfico.

Al respecto, el aludido dijo en Piedra, Papel y Tinta, este mismo jueves, que le causa sonrisa esas denuncias, que García no tiene formación política y que sus comentarios ya son surrealistas.

Pero las acusaciones de Morales fueron creciendo. La última tiene que ver con la supuesta intención del Gobierno “para deshabilitar políticamente” al líder cocalero, por medio de “juicios pagados”.

“Evo Morales siempre va a ser la espina y el clavo en el zapato de Luis Arce”, apuntó García.

Las diferencias entre ambos líderes subieron de tono en los últimos días. Incluso, el jefe del MAS descalificó a su otrora elogiado ministro de Economía. “Creen que Lucho (Luis Arce) es ideólogo de modelo económico; (pero) él, en el gabinete (de ministros), era conocido como ‘cajero’”.

Pero la tarde del miércoles, esa declaración tuvo su respuesta. «Yo no tengo problema que me llamen como quieran; los resultados (de mi gestión) son los que cuentan (…). (En) Bolivia, desde que estuve como ministro de Economía, hemos estado en los mejores sitiales, con los indicadores económicos y sociales», aseguró.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la consulta del Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ) sobre la viabilidad constitucional de proyecto de ley de elecciones judiciales.

Un documento citado por el diario Correo del Sur, de Sucre, señala que esa institución resolvió “admitir la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2023, denominado proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.

Además, determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 31 de agosto de este año.

Una vez derivada a Diputados, la Comisión de Constitución remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el 20 de septiembre, presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP.

TCP

La presión por la realización de las elecciones judiciales la puso el mismo TCP, que emitió un fallo el 31 de julio, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

Creció esta semana luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtieron en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

Ahora las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa buscan consensos para tomar decisiones en torno a las judiciales, pues el fallo constitucional dicta que deben ser asumidas con dos tercios de la votación.