La comunicadora, cuentista y ensayista boliviana Claudia Peña anuncia su libro de cuentos sobre maternidad al que denominó Antes, en cualquier parte.

“A mi edad, me puedo dar el lujo de hablar de la maternidad, desde diferentes lugares, de diferentes edades y procesos; no solo de dar a luz, sino de madre que va dejando que su hijo siga su camino”, dijo la escritora en entrevista con piedra Papel y Tinta, de La Razón.

Peña, también directora del Servicio Estatal de Autonomías, explicó que hay dos “hilos” conductores en la narrativa de su texto. El primero, explicó, es que “todos los cuentos hablan sobre la maternidad; desde ser hija o ser madres”.

Mientras que el segundo “hilo” tiene que ver con el uso del lenguaje en su texto. Adelantó que en sus relatos acudió a la prosa poética, con el fin de “abrir los sentidos (de sus lectores) a las historias.

La ensayista describió a su libro: “Es mi hija recién nacida y de larga gestación».

La editorial encargada de la producción del documento es Parc, que cuenta con tres títulos en su catálogo.

“Hemos discutido mucho con la editorial Parc sobre la tapa. (Sus editores) son perfeccionistas y, además, gente muy apasionada por el lenguaje (…). He sentido como que le hemos sacado el brillo a cada cuento, a cada frase”, contó Peña.

El acto oficial de su lanzamiento será el lunes a las 19.00 en el Centro Cultural de España, que se encuentra en la avenida Camacho, en el centro de La Paz.

El procurador general del Estado, César Siles, informó de una primera reunión entre el Gobierno; los directivos de la empresa cementera Fancesa y el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, en busca de una solución a los laudos interpuestos por Soboce y que beneficiaron al país.

“Estamos cerrando una reunión, la primera en su género, de coordinación interinstitucional entre varias entidades de Estado (…). Nuestro objetivo es generar estrategias de resolución del caso para la defensa de los intereses de Estado y con el menor perjuicio para el Estado”, dijo Siles en una conferencia de prensa en Sucre.

El resultado de uno de los laudos que favoreció al país se conoció el 27 de noviembre, cuando la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda por $us 269,4 millones del Consorcio Cementero del Sur SA, Yura Inversiones Bolivia SA, Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA, Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) contra el Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en Fancesa, en 2016.

Fue el mismo Procurador que, a través de un comunicado, aseguró que esa decisión se resolvió a favor del país.

Fancesa

La demanda tiene que ver con la recuperación del 33,34% de las acciones de Soboce transferidas en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, por medio del Decreto Supremo 0616 del 1 de septiembre de 2016.

Vigente la norma, los demandantes alegaron la supuesta vulneración del acuerdo bilateral y presentaron ante la Corte Permanente de Arbitraje “una notificación de arbitraje”.

En respuesta, el Estado presentó un escrito de “Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación”, alegando falta de jurisdicción.

Cabe aclarar que entre el Estado boliviano y la cementera se generaron dos procesos; uno, por más de Bs 744 millones en la jurisdicción nacional. El otro por $us 269,4 millones en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Siles enfatizó que, si bien su despacho tiene el mandato de defender los intereses del Estado en materia de inversiones, medio ambiente y derechos humanos, “no es excluyente para este tipo de competencias”.

En el marco de la reunión de cancilleres, ministros de Economía y presidenteS del Banco Central de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), Bolivia planteó una serie de acciones para promover el desarrollo de las economías de la región como un fondo regional y un proyecto ferroviario de integración.

La encargada de lanzar dichas propuestas fue la canciller Celinda Sosa, que participó en el acto junto al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

“Instamos desde el Mercosur a impulsar un fondo regional que logre democratizar el financiamiento a la capacitación, a las tecnologías de las micro y medianas empresas”, dijo Sosa en su intervención.

Señaló que ese esfuerzo individual “sumará la articulación y pueden ser una de las bases de nuestro desarrollo” como bloque comercial.

Otro de los puntos expuestos por Sosa es “consolidar la capacidad productiva regional de medicamentos y tecnologías de salud”, con el fin de lograr beneficios para los habitantes de los países del Mercosur.

Asimismo, Sosa advirtió una escasez en la producción mundial de alimentos, por lo que puso sobre el tapete la necesidad de impulsar un “proyecto ferroviario de integración”, así como proyectos hidroeléctricos entre los países.

Adhesión al Mercosur

Bolivia aún aguarda una ley que formalice su adhesión como país miembro de ese bloque comercial, luego de que Brasil aprobara en instancias legislativas su inclusión.

“Bolivia, por su ubicación geográfica, tiene un espíritu de integración, por eso respetamos los principios fundamentales del Mercosur y estamos decididos a contribuir activamente”, complementó.

La 63 Cumbre de Jefes de Estado y asociados del bloque se celebra en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, Brasil, y tiene prevista en su agenda la reunión de mandatarios para el jueves. El presidente Luis Arce participará en dicho evento.

Antes de la “luz verde” para la adhesión de Bolivia al bloque subregional tenía la condición de miembro asociado desde 2012, categoría que compartía con Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

El Mercosur está compuesto actualmente por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Este último país está suspendido por la supuesta ruptura del orden democrático.

El expresidente del Estado Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que el estancamiento en las elecciones judiciales se debe a la “omisión de preocupación política” del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del ministro de Justicia, Iván Lima.

Abordó el tema cuando fue consultado por la “pasividad” de las autoridades ante la dilación de ese proceso, que hasta ahora sigue en vilo.

“Ésta es una omisión de preocupación política que la encabeza Luis Arce, David Choquehancua e Iván Lima; son esas tres autoridades que deberían poner el impulso para que se cumpla una obligación constitucional de la Asamblea Legislativa”, dijo en La Razón Radio el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Es más, consideró que el ministro Lima “hizo coro” con las iniciativas legislativas que decidieron enviar una consulta por un proyecto de ley a tres ministerios del Órgano Ejecutivo; además, de los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Elecciones judiciales

Así aludió a la decisión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados; esa consulta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del que aún se espera una respuesta.

“Estamos frente a la restricción del derecho ciudadano de conformar un órgano de poder que debe garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Es una crisis que afecta el sistema de derechos humanos que debería estar garantizado por este mecanismo constitucional”, agregó el exmandatario.

Advirtió también que “es necesario clarificar el control judicial de la constitucionalidad. Además, considera que el TCP “se ha convertido en un instrumento de conveniencia política”.

Rodríguez Veltzé, que dirigió el país entre el 9 de junio de 2005, luego de la renuncia de Carlos Mesa, y el 22 de enero de 2006, cuando asumió Evo Morales, señaló que el retraso de magistrados para responder a los recursos interpuestos sobre las judiciales “develaron sus intenciones de demorar el proceso”.

Asimismo, destacó la solicitud del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que pidió a David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocar a una reunión entre el Órgano ejecutivo y el Legislativo para hallar un “acuerdo político” que permita reencaminar las elecciones judiciales.

El expresidente y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insistió en que el gobierno del presidente Luis Arce se ha “derechizado” y ahora, luego de un fallo a favor del congreso en Lauca Ñ, “amenaza” a las autoridades judiciales.

“Una prueba más de la derechización del gobierno de Lucho. Ministros y viceministros presionan, atacan y amenazan a las autoridades de la justicia que reconocieron la legalidad y legitimidad del X Magno Congreso del MAS-IPSP de Lauca Ñ”, escribió el exmandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

El lunes se conoció el fallo de un Tribunal de Garantías en Ivirgarzama, que otorgó una tutela a la facción evista del MAS y dejó sin efecto la resolución 53/2023 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión sobre ese evento.

El primero en responder a ese fallo fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; ante la consulta de un periodista, dijo que “esa decisión es un golpe a las organizaciones sociales”.

Además, consideró que la dirigencia del MAS debe llamar a un nuevo congreso en consenso con las organizaciones sociales, que, según dijo, fueron excluidas del encuentro del 3 y 4 de octubre.

Evo Morales

“El TSE tiene la responsabilidad histórica de corregir sus errores y actuar respetando la ley”, agregó Morales en su publicación.

Morales apuntó más de una vez al gobierno del residente Luis Arce de buscar su inhabilitación como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Pero en el último tiempo comenzó a lanzar sus dardos contra el TSE, del que dijo que “responde a órdenes del Palacio de Gobierno”.

Su arremetida comenzó luego de que la sala plena del TSE determinó no registrar las resoluciones del encuentro en el trópico cochabambino; eso, por una serie de incumplimientos al estatuto del MAS y el mismo reglamento de convocatoria al congreso.

Entre las observaciones, está la no presentación del certificado de militancia que otorga el TSe. Además, la omisión del documento que acredita la antigüedad de los miembros de la directiva electa de al menos 10 años de militancia.

Las acusaciones de Morales hacia Arce son recurrentes, debido al quiebre entre ambos líderes políticos.