Seguridad Ciudadana

Sunday 25 Feb 2024 | Actualizado a 14:19 PM

Protocolo de limpieza a los soldados que controlan las calles

Los uniformados están en lo que se llama la “segunda línea” de protección contra la pandemia, después del personal de salud.

/ 8 de abril de 2020 / 15:20

Con el fin de prevenir contagios del coronavirus COVID-19 en el personal de la Armada Boliviana, en el Área Naval No. 2 “Santa Cruz” se implementó una sección de desinfección, esto como parte del Protocolo de Limpieza, con especial énfasis en los efectivos que deben salir a la calle a controlar la vigencia de la cuarentena.

“Esta unidad naval tiene el compromiso de proteger a la población de este terrible virus, y nuestros efectivos al estar en segunda línea luego de los especialistas en salud, son más vulnerables a esta enfermedad; así, estamos protegiéndolos las 24 horas del día sin escatimar esfuerzos, es por ello, que para ampliar nuestros protocolos de limpieza realizamos la implementación de esta área de desinfección donde todo el personal al retornar de la comisión designada debe ingresar a este ambiente de desinfección”, informó el Capitán de Navío Marco Antonio Justiniano Stadler, Comandante del Área Naval No. 2 “Santa Cruz” de la Armada Boliviana.

El jefe militar explicó que con esta medida se busca resguardar la vida del personal naval que todos los días realiza los patrullajes en calles, avenidas, zonas y barrios cruceños, para evitar que se expanda el virus, ya que este departamento es el más alto en el número de contagiados; hasta ayer a las 18.00 103 de 201 a nivel nacional, el 49%.

Las operaciones de patrullajes de control son para enfrentar el brote del COVID-19, lo que exige a la población permanecer en cuarentena total durante la emergencia sanitaria, por lo que el total de la guarnición naval coadyuva a la ejecución de esta tarea, destacó el comandante naval.

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El ‘Patrón del Altiplano’ se daba grandes lujos en Perú

El narcotraficante Loiber Pérez fue detenido en Perú junto a su pareja y su hermano.

La imagen muestra el momento de la detención del boliviano

Por Antonio Dalence

/ 24 de diciembre de 2023 / 06:42

El boliviano Loiber Pérez Galarza vivía en hoteles de lujo y visitaba con frecuencia restaurantes exclusivos de Perú junto a su esposa, conocida como ‘Barbie’. A él le dicen ‘Omar’ o el ‘Patrón del Altiplano’ y los dos están ahora detenidos por narcotráfico.

La Policía peruana capturó a Pérez Galarza y a su pareja, de nacionalidad brasileña (L.S.) en una exclusiva zona de Lima, Miraflores, hace un par de días.

Tras un trabajo de inteligencia policial, se descubrió que uno de sus almacenes de cocaína más importante se encontraba en la localidad de Paita, región Piura, en la zona norte del Perú, señala un reporte de Infobae. Este lugar era administrado por su hermano, Hilarión Pérez Galarza, otro supuesto ‘pez gordo’ de la droga en la región. Fue así que se pudo dar con esta banda que, a decir de la Policía peruana quedó completamente desarticulada, señala otro reporte de La República.

‘Omar’ o el ‘Patrón del Altiplano’ era conocido como un hombre que visitaba los más finos restaurantes limeños. Asimismo, solía ser huésped de lujosos hoteles, todos cinco estrellas en el distrito de Miraflores. Quienes llegaron a conocerlos dicen que la pareja tomaba todas las precauciones necesarias para no levantar las sospechas de las autoridades locales, en alguna ocasión ‘Omar’ llegó a decir que su intención no era llamar la atención. Pero un grupo de expertos agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la Policía Nacional del Perú (PNP), estaba ya realizando un trabajo de seguimiento e inteligencia.

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Según las investigaciones, no fue casualidad que ‘Omar’ pusiera sus ojos en Perú, pues una parte importante de su ‘imperio de tráfico de cocaína’ funcionaba en territorio de este país, que era parte de sus envíos a Europa. “Vamos a hablar las cosas claras, como son. Mi esposa es mi esposa. Si yo me dedico a hacer estas cosas (tráfico de drogas), soy yo, pero mi esposa no tiene nada que ver”, dijo ‘Omar’ al momento de ser detenido.

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No se aplican normas de resarcimiento de daños y perjuicios

Seguridad. Al ser juzgados injustamente sufren emocionalmente.

El médico Jhiery Fernández recupera la libertad luego de ser juzgado injustamente

Por Milenka Rivera

/ 23 de abril de 2023 / 06:33

En los últimos dos años, al menos cuatro personas de tres casos de prisión mediáticos fueron declaradas inocentes por falta de pruebas en su contra o por fallas en el sistema judicial.

Los casos bebé Alexander y bebé Álex fueron una muestra de “grandes” vacíos jurídicos que existen en el país. Estos casos dieron un giro de 180 grados y sumaron a más víctimas que acusados.

Pese a que el artículo 95 del Código Penal de Bolivia establece que “toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio”, hasta la fecha, ninguna de estas personas recibió ningún tipo de resarcimiento de daños y perjuicios por el tiempo de encarcelamiento injusto, esto se debe a que en el país no se aplican las norma en la que beneficia a las víctimas.

La defensa de los casos bebé Álex y Daylin, el abogado Manolo Rojas, explicó a LA RAZÓN que en el anterior procedimiento penal hubo “una caja de indemnizaciones por parte de la Fiscalía”; sin embargo, ésta quedó abrogada por el nuevo Código Penal. “A la fecha no hay esa garantía de seguridad jurídica de que una persona se someta a una investigación y resulta que es inocente; no hay una forma de que el Estado te retribuya económicamente”.

CIDH.

El jurista interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, para una indemnización de Bs 3 millones para D. Palavecino y R. Chura, ambos del caso bebé Álex.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló a este medio que, en la reparación de daños, “el Estado tiene que trabajar para todos y no solo para unos cuantos”.

“Tenemos políticas y normas en el nuevo Código de Procesamiento Penal que obligan a reparar integralmente el daño, no solamente la reparación económica, de los gastos procesales, sino la reparación integral que significa varios elementos”, aseguró.

Afirmó que desde su despacho se trabajó en una política, recientemente aprobada, denominada Reparación Integral de Graves Violaciones de Derechos Humanos, en la que se implementó “componentes relativos a la reparación de alguien que ha sido víctima de la injusticia”.

En 2014, el caso de una supuesta violación a un bebé de ocho meses —Alexander— en un centro de acogida de La Paz alarmó a la población boliviana. Por este hecho el médico Jhiery Fernández, de turno entonces en el centro, fue acusado del crimen.

Luego de no hallarse pruebas en su contra y de que se desatara el escándalo por la difusión de un audio en el que se escucha a la exjueza del Tribunal Décimo de Sentencia Patricia Pacajes revelar que el profesional era inocente, Fernández fue absuelto en mayo de 2021, después de siete años de haberse iniciado el caso.

En agosto de 2022, un bebé de 10 meses de nombre Álex fue raptado por una mujer que se ganó la confianza de su madre. El niño fue hallado abandonado en Miraflores, de la ciudad de La Paz. Sin embargo, durante las investigaciones fueron aprehendidas dos personas involucradas en el caso, se trata de D. P., de 22 años, a quien confundieron con la raptora, y R. Ch., el chofer de transporte público que transportó a la mujer que presuntamente raptó al bebé.

El 4 de noviembre de 2022, D. P., estudiante de Enfermería entonces, recobró la libertad luego de estar tres meses en prisión en el penal de Obrajes, en La Paz, bajo detención preventiva por el caso del rapto del bebé Álex. Ella también había sido involucrada en el caso del rapto de Daylin.

Un mes después —diciembre de 2022— el taxista R. Ch. fue absuelto luego de estar privado de libertad por cuatro meses y dos días. La jueza de turno consideró que las pruebas de la Fiscalía no eran suficientes para que continúe con detención preventiva en el penal de San Pedro. Actualmente, pese a que se determinó que ambas personas no participaron de los hechos delictivos, continúa la investigación del caso.

En el caso del galeno Fernández, él cursó una condena preventiva de casi cuatro años, pese a que la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal, establece que la detención preventiva será limitada por seis meses para que el Ministerio Público realice procedimientos investigativos.

Rojas denunció que en todos los casos la presunción de inocencia es el primer derecho vulnerado. La CIDH manifiesta que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

En esa línea, lamentó que autoridades vulneren las normas; puso como ejemplo el accionar del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al presentar a presuntos autores como “grandes culpables” y que luego resultan siendo inocentes, como el caso del médico, la joven D. P. o R. Ch.

Otro ejemplo. En septiembre de 2020 el rapto de la bebé Samantha movilizó a todo el contingente policial, incluso puso en aprietos al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por acusar equivocadamente a una mujer de raptora.

Murillo publicó en su cuenta de Twitter la imagen de N. P. que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales. Más tarde la mujer fue aprehendida. Luego del avance de las investigaciones, la madre de seis niños fue liberada, después de confirmarse que ella no era la mujer de la fotografía. Ante ello Murillo, a través de las redes sociales del Ministerio de Gobierno, pidió disculpa por el error. En abril de 2022, el exministro fue notificado (en Estados Unidos) por edicto para el inicio de juicio oral que le instauró L. P, por calumnias, difamación e infamia.

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Otro derecho vulnerado, según los entrevistados, es el trato a los detenidos en el interior de las cárceles, ya sea de varones o mujeres; afirman que “los derechos dejan de existir”. En primer lugar, son derivados a un cuarto de dos por dos sin acceso a las necesidades principales como el aseo personal, luego de un tiempo son trasladados a la llamada población, que es donde se encuentran todos los reclusos. Dos de los entrevistados manifestaron haber tenido temor por sus vidas ya que fueron derivados con personas de altos prontuarios delictivos.

La falta de comunicación para avisar a sus familiares de las audiencias es otra deficiencia. Para aclarar aquello, LA RAZÓN no tuvo éxito al comunicarse con el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Además de estos tres casos, hay otros como el de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), quien falleció en abril de 2022 por un paro cardiorrespiratorio. Siendo el principal denunciante del desfalco millonario a esta institución, que superó los $us 100 millones en casi más de 1.000 proyectos, vivió atormentado por 256 procesos.

El 21 de marzo de este año, la exdirectora del Fondioc Elvira Parra fue beneficiada con detención domiciliaria para que se defienda en libertad luego de ocho años de prisión. El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa sostuvo que Parra no cometió ningún delito.

EXFUNCIONARIA. La exjueza Patricia Pacajes sale del penal.
La exjueza Patricia Pacajes sale del penal.

 Al menos tres procesos enfrenta la exjueza Pacajes

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó que la exjueza Patricia Pacajes enfrenta al menos dos procesos: reparación integral de Fernández y prevaricato.

La autoridad explicó que la sentencia absolutoria que salió a su favor comprende al proceso de incumplimiento de deberes que se impuso luego de llevarse a cabo una auditoría jurídica al expediente del caso.

“A juicio del juez no se han podido probar ese incumplimiento de deberes; por incumplimiento de plazos procesales, algunas resoluciones que no habían sido dictadas en su tiempo, decretos no emitidos o audiencias suspendidas”, señaló Siles.

Auguró que el caso principal que es la develación de los audios y sentencia en contra el médico aún se encuentra en recurso de casación y ejecutoriado.

El proceso de prevaricato se originó luego de que se absolviera a Fernández, indicó el viceministro.

Aseguró que de este último también deberá rendir cuentas la exjueza Pacajes.

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Ataque a la Fiscalía: Seis años de prisión a tres líderes de la Resistencia Cochala

La Fiscalía apelará, había pedido hasta 20 años, por portar municiones.

Escena de los actos de violencia en que la RJC acosó al personal del Ministerio Público.

/ 13 de abril de 2023 / 06:31

Tres líderes del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina y los hermanos Mario y Fabio Bascopé, fueron sentenciados a 6 años de prisión en un penal de Chuquisaca, por el ataque a la Fiscalía General del Estado en 2020, en Sucre.

El juez Tercero de Sentencia Penal de Sucre, José Emilio Pinto, informó que los tres fueron hallados culpables de tres delitos.

“Los señores Yassir Steven Molina Lozada, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta, han sido declarados culpables y autores de los delitos de (primero) atentados, porte y portación de armas fuego, municiones y explosivos; (segundo) perturbación de funciones públicas; y (tercero) daño calificado”, detalló ayer a los periodistas en Sucre el juez Pinto.

A los tres, continuó el magistrado, se les impuso una “condena única de cumplir seis años de privación de libertad en el penal de San Roque de esta ciudad (Sucre, la capital del Estado)”.

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En tanto que los otros acusados, Milena Soto López, Mario Salazar y Ayda Raquel Loayza fueron absueltos. En el primer caso, porque se comprobó que Soto López no estuvo en el lugar de los hechos, en Sucre, el 5 y 6 de octubre de 2020; “ella se encontraba en la ciudad de Cochabamba”, complementó el juzgador.

En relación con Salazar y Loayza, “se ha declarado su absolución porque no ha existido la suficiente prueba que cause convicción en el juzgador para dictar una sentencia condenatoria”, precisó el juez Tercero de Sentencia Penal.

El juez Pinto aclaró que ambas partes tienen 15 días para presentar su apelación. El Ministerio Público ya anunció que objetará la pena, pues el Estado en el presente caso está pidiendo 20 años de prisión para los acusados.

El juicio inició el 17 de enero en el Juzgado Tercero de Sentencia Penal. Desde entonces se desarrollaron diversas audiencias con la presencia de los imputados en la ciudad de Sucre.

Pinto aseguró que el juicio se desarrolló de manera transparente, pues “se permitió el ingreso de los medios de comunicación y las partes fueron escuchadas en su acusación o defensa desde el inicio del juicio hasta esta jornada”.

En octubre de 2020, los líderes de la RJC se trasladaron hasta Sucre y protagonizaron destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado, en protestas que exigían la renuncia del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) calificó de paraestatal a la RJC, que atacó con violencia en 2019. Seguridad. La Fiscalía apelará, había pedido hasta 20 años, por portar municiones.

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El Alto: detienen a 30 extranjeros, causaban zozobra en la Ceja

La FELCC halló a un hombre que vulneró su detención domiciliaria.

La FELCC realizó ayer dos operativos en la Ceja.

Por Pedro Luna y Rosío Flores

/ 13 de abril de 2023 / 06:25

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió ayer a 30 extranjeros que causaban zozobra en la Ceja y la 12 de Octubre de El Alto. En otra intervención arrestaron a 7 personas con antecedentes penales que consumían bebidas en un bar.

El director de la FELCC, coronel Limberth Coca, informó en conferencia de prensa que en un primer operativo junto con la Intendencia Municipal se halló una cantina que funcionaba fuera del horario establecido.

Al momento de la intervención se encontró a siete personas con antecedentes penales por robo y robo agravado. Todos ellos consumían bebidas alcohólicas

“Es un centro de expendio de bebidas alcohólicas que se ha intervenido por atender fuera del horario, es un negocio que tiene antecedentes con la Intendencia. Pero lo llamativo es que al interior de este negocio estaban personas con antecedentes de robo y robo agravado”, informó el jefe policial.

Acotó que lo curioso es que entre estas personas estaba una que se benefició con detención domiciliaria y que estaba vulnerando la medida sustitutiva que le dio el juez cautelar.

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“Conforme a las experiencias y la investigación proactiva que realiza la FELCC, lo que se puede conocer y se puede prever es que estas personas se reunieron para planificar actos preparatorios para cometer hechos delictivos futuros que con esta intervención hemos evitado”, sostuvo Coca.

En otro operativo paralelo, las unidades de la Policía realizaron intervenciones en varias esquinas de la zona 12 de Octubre donde se aprehendió a 30 extranjeros “que estaban generando inseguridad en la zona 12 de Octubre y sus alrededores”.

“En ese entendido fueron arrestados y llevados a las oficinas policiales donde verificaremos si su situación migratoria es legal o ilegal y si cuentan con antecedentes penales”, mencionó la autoridad.

Dijo que conforme a las investigaciones se derivará a los extranjeros a las oficinas de Migración para que sean expulsados del país, si en caso su residencia es ilegal.

Los aprehendidos, producto de ambas intervenciones, fueron trasladados hasta la FELCC. Coca sostuvo que en el caso de la persona que vulneró la detención domiciliaria será puesta a consideración de la Fiscalía donde analizarán si la medida será revertida.

“La Policía está trabajando de forma ardua para precautelar y velar por la seguridad de la población”, sostuvo la autoridad.  

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Concejal Estévez: Me encarcelaron por fiscalizar a Eva Copa

El legislador es acusado por presunto enriquecimien to ilícito.

La Justicia determinó prisión preventiva para Estévez.

Por Rosío Flores

/ 12 de abril de 2023 / 06:15

El concejal de la agrupación Jallalla, Cristhian Estévez, fue enviado de forma preventiva a la cárcel por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Desde la prisión, el legislador afirma que la determinación fue por fiscalizar a la gestión de Eva Copa.

En contacto con LA RAZÓN, desde el penal de Patacamaya, Estévez afirmó ayer que el Viceministerio de Transparencia inició de oficio una investigación que data de 2018-2020 contra él y otros 70 exfuncionarios de Derechos Reales cuando desempeñaban funciones en esa institución.

“Particularmente yo tenía una cuenta en el Banco Unión y realizaba transferencias y movimientos a mi cuenta del Banco Económico. Es por esa razón que me están molestando, por haber realizado este tipo de traspasos y también yo había tenido depósitos que mi familia me realizaba”, relató.

Explicó que otra observación de la Justicia es porque se dedicaba a la compraventa de vehículos y que luego de venderlos los nuevos propietarios no hicieron el cambio de nombre y son alrededor de 15 motorizados que continuaban a su nombre.

“Pero todo esto ha sido comprobado, he hecho un requerimiento fiscal y se les ha buscado a los compradores a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos han confirmado que han comprado las movilidades, pero no ha sido valorado por la Justicia”, sostuvo Estévez.

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Acotó que la Fiscalía lo observó por tener un patrimonio de poco más de Bs 30.000 en sus cuentas bancarias.

El legislador denunció una “manipulación mediática” de funcionarios municipales “a la cabeza de la alcaldesa Eva Copa”.

Estévez señaló que el partido de la Alcaldesa quiso “inhabilitarlo políticamente” para impedir que ocupe la presidencia del Concejo, ya que tiene el apoyo de cinco de 11 concejales.

FISCALIZACIÓN.

Desde hace algún tiempo, el concejal encarcelado inició varias labores de fiscalización a la gestión de Copa, entre ellas, un presunto sobreprecio en la compra de un tomógrafo, los ítems fantasma de personas que fallecieron, entre otros.

También sostuvo que realizaba el seguimiento de procesos iniciados en la misma Alcaldía en contra del actual secretario de Gestión Institucional, Rury Balladares, y otro exfuncionario Eddy Condori, acusados por presunta falsificación de facturas cuando desempeñaban funciones en las gestiones del exalcalde Fanor Nava.

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