El gobierno de Estados Unidos mejoró la calificación de Bolivia en la lucha contra la trata de seres humanos, que pasó la lista de vigilancia del Nivel 2 a la lista sin vigilancia de ese mismo nivel entre 2018 y 2019, pese al aumento del turismo sexual infantil y de la explotación sexual de los migrantes venezolanos, según el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas 2020 presentado este jueves 25 de junio.
Bolivia es un país de origen y destino de la trata de seres humanos. Los tratantes reclutan a hombres, mujeres y niños bolivianos para trata sexual y trabajo forzado dentro y fuera del país y, en menor grado a mujeres de países vecinos, como Brasil, Colombia y Paraguay. En este perfil coinciden tanto el gobierno estadounidense como las autoridades nacionales.
Sin embargo, Estados Unidos destacó –según la traducción oficial del documento que se encuentra en el portal de la Embajada de ese país en Bolivia que en 2019: “los tratantes explotaron a un mayor número de víctimas venezolanas en trata sexual y trabajo forzado dentro del país” al igual que a “algunos” migrantes de África, Chile y el Caribe que viajan hacia o a través de Bolivia.
El aumento del turismo sexual infantil en los departamentos de La Paz y Beni, “con publicidad dirigida a extranjeros que hablaban hebreo y árabe”, es otro aspecto que «sobresale» en el documento
El informe evalúa los resultados de 2019, es decir las administraciones de Evo Morales y del gobierno transitorio de Jeanine Añez, que asumió la presidencia en noviembre del año pasado.
Evaluación
“El Gobierno de Bolivia no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. El Gobierno demostró esfuerzos generales crecientes en comparación con el período cubierto por el informe anterior; por lo tanto, Bolivia ascendió al Nivel 2”, dice el acápite referido al país, en el que se explica la mejora de la calificación.
Estos esfuerzos incluyeron: “investigar y condenar a más tratantes, identificar y derivar a más víctimas, aumentar las oportunidades de desarrollo de capacidades para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aumentar la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y realizar inspecciones laborales en áreas de alto riesgo de trabajo forzado”.
Así, en 2019, las autoridades informaron que inspectores de trabajo realizaron 145 inspecciones en áreas de alto riesgo de trabajo forzoso — región amazónica, áreas en el norte del departamento de Santa Cruz y el Chaco–, en comparación con cero inspecciones de 2018. Sin embargo, “los funcionarios no informaron sobre el resultado de esas inspecciones”.
En el informe, lleno de claroscuros, también dice que el Gobierno boliviano informó que se identificaron a 422 víctimas, en comparación de las 15 de 2018, de las cuales 289 eran mujeres; 113, hombres y 20 de sexo no especificado. Del total 250 eran menores de edad; 121 adultos y de 51 su edad no fue registrada.
“Las autoridades no indicaron por qué hubo un aumento tan significativo en el número de víctimas identificadas; sin embargo, dado el marco legal superpuesto de Bolivia (…) es posible que estos casos incluyan personas que fueron objeto de otros delitos que a menudo se confunden con trata (…)”.
También destaca que aunque existen servicios de atención para las víctimas, debido al pequeño número de albergues disponibles, la Policía a menudo no pudo asegurar un alojamiento seguro.
Las políticas de prevención y las campañas de sensibilización también fue un punto a favor.
Entre los puntos negativos sostiene que el gobierno incumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.
Así en 2019 el gobierno boliviano informó haber investigado 393 casos de trata con 422 víctimas, pero no precisó cuántos de esos casos condujeron a enjuiciamientos, en comparación con los 55 que en 2018 terminaron en juicio, incluidos nueve por proxenetismo en 2018.
También hace notar que el año pasado se condenó a cinco tratantes sexuales, en comparación con dos del año precedente. Sin embargo, observa que si bien todos fueron acusados por trata, cuatro se declararon culpables de delitos menores y recibieron sentencias de entre ocho y 18 meses de prisión y solo uno fue condenado por ese delito a 18 años de prisión.
Los retrasos en el Órgano Judicial, la insuficiencia de recursos y personal –cada fiscal fue responsable de entre 800 y 1,000 casos, sostiene–, y la escasa capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “impidieron los esfuerzos de aplicación de la ley”.
Si bien en noviembre del año pasado fue instalado un gobierno de transición “la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata continuaron siendo preocupaciones importantes, inhibiendo la acción policial durante el año”. Así, por ejemplo, cita el recurrente aplazamiento de las audiencias del caso Katanas.
El gobierno estadounidense también hace notar que las víctimas adultas masculinas no recibieron del Estado “ningún servicio especializado” y que los menores de edad fueron remitidos a organizaciones no gubernamentales, privadas para que reciban ayuda.
“En 2019, las organizaciones de la sociedad civil notaron un aumento en el turismo sexual infantil cerca de las zonas turísticas de los departamentos de La Paz y Beni. A pesar de las preocupaciones y la disposición de la policía de turismo para investigar, las autoridades supuestamente tuvieron una capacidad limitada para hacerlo debido a las barreras idiomáticas.
En resumen, solo se procesó a un tratante, la atención brindada a las víctimas fue “inconsistente”, los casos de funcionarios cómplices permanecieron abiertos y, por segundo año consecutivo, no se informó sobre la identificación de ninguna víctima de trabajo forzado.
Recomendaciones
El Departamento de Estado formuló, además, 14 recomendaciones, que a su juici, deben ser priorizadas por el Gobierno.
1) Enjuiciar y condenar a los tratantes, incluidos los autores de trata laboral y funcionarios cómplices;
2) Financiar y colaborar con organizaciones de la sociedad civil para proporcionar servicios especializados a las víctimas y aumentar su disponibilidad en todo el país;
3) Identificar víctimas de trabajo forzado y de criminalidad y derivarlas a los servicios.
4) Ampliar la capacitación de los funcionarios sobre los protocolos para la identificación proactiva de víctimas entre poblaciones vulnerables su derivación a los servicios de atención; 5) Mejorar la coordinación entre agencias, incluyendo el intercambio de datos y la recopilación de datos sobre todos los esfuerzos contra la trata, distinguiendo la trata de personas de otros delitos;
6) Examinar a los migrantes venezolanos desplazados en busca de indicadores de trata, incluidos individuos para el comercio sexual y aquellos que trabajan en sectores de alto riesgo; 7) Capacitar al personal del Ministerio de Salud para examinar poblaciones vulnerables en busca de indicadores de trata cuando se realizan evaluaciones médicas;
8) Proporcionar intérpretes para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la investigación de casos de turismo sexual infantil en lugares turísticos populares.
9) Adoptar una base de datos para monitorear y desglosar los casos de trata en todo el país; 10) Aumentar el período de servicio de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las unidades contra la trata (Los oficiales de Policía rotaron a nuevos puestos cada tres meses hasta un año, lo que dio por resultado una pérdida cíclica de conocimiento institucional y aquello impidió su especialización);
11) Modificar la ley contra la trata para garantizar que no se requiera una demostración de fuerza, fraude o coerción para tipificar la trata sexual infantil
12) Agilizar la emisión de visas humanitarias para víctimas de la trata;
13) Aumentar el conocimiento sobre la certificación del “Triple Sello” entre las empresas para reducir la demanda de trabajo forzado.
14) Capacitar a los funcionarios sobre la diferencia entre el tráfico y la trata de personas.
(25/06/2020)