Una mujer acusada por la quema de los PumaKatari será una de las indultadas
El ministro Del Castillo precisó que esta persona ya salió de la cárcel, pero todavía debe peregrinar todas las semanas para ir a marcar en la Fiscalía.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, adelantó que una de las personas beneficiadas por el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto será una mujer de 80 años procesada por la quema de los buses municipales PumaKatari, durante el conflicto poselectoral de 2019.
“Uno de los casos que se beneficiaría (el decreto es el de) es una señora que fue procesada y detenida durante 11 meses. Esta señora tenía 80 años y fue procesada por haber quemado los buses PumaKatari ¿Usted se imagina a una persona de 80 años quemando los PumaKatari? Personalmente, yo no lo imagino y creo que toda la población en su conjunto tampoco”, dijo.
La autoridad precisó que esta persona ya salió de la cárcel, pero todavía debe peregrinar todas las semanas para ir a marcar en el Ministerio Público.
Entonces, “lo que se está buscando con este decreto es que estos procesos se caigan, este proceso seguido en contra de la señora se caiga en cuanto a ella, (mientras) las personas que han quemado realmente los PumaKatari serán sancionadas conforme manda nuestra normativa vigente”, afirmó.
El 12 de febrero, la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto “por razones humanitarias” y la oposición política consideró que se impulsó esa iniciativa solo para “encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de derechos humanos” durante el conflicto poselectoral.
Ahora, es verdad que “no podemos negar que hubo conflictos (en 2019), pero tampoco podemos negar que hubo persecución política (durante el gobierno de Jeanine Áñez) y por eso todas las personas perseguidas políticamente van a ser beneficiadas si así lo desean con este decreto”, agregó el Ministro de Gobierno en una entrevista con Red Uno.
Sin embargo, recordó que la norma no solo beneficia a los “perseguidos políticos” del gobierno de Áñez, sino también a otros grupos, como aquellas personas que tienen procesos penales durante más de 15 años, las que hayan superado el tiempo de una detención preventiva o hayan cumplido el tiempo de la etapa preparatoria máxima, entre otras, pero con varias excepciones establecidas previamente en las leyes.