El presidente Luis Arce promulgó este jueves la Ley de Abreviamiento Procesal de Adopciones, que establece que los procedimientos de adopción de niñas, niños y adolescentes que tardaban entre dos y cuatro años se reduzcan a tres meses.
«Nos comprometimos, palabra empeñada, palabra cumplida, aquí está la ley que va a beneficiar a miles de niños de nuestro país (…); contentos de promulgar esta ley que va a acercar a los niños institucionalizados al derecho de tener una familia», dijo el mandatario en un acto que se realizó en la Casa Grande del Pueblo.
Explicó que es parte del trabajo que realiza el Gobierno para subsanar las secuelas que dejó la pandemia mundial y «el daño institucional del golpe de Estado», porque durante el Gobierno transitorio no se había atendido a ese sector de la sociedad.
Los niños y niñas «demandan nuestros mejores esfuerzos para poder superar sus secuelas y preservar la vida y la economía de nuestro pueblo», agregó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que la norma busca «eliminar y quitar el estancamiento que se les ha dado a las adopciones en la gestión del gobierno de facto».
Detalló que esa norma propone la inmediata implementación de un plan de capacitación a los 20 jueces de familia que existen en el país, para que agilicen los procesos de adopción.
«También en tres meses deben quedar concluidos todos los procesos que están en los tribunales de Bolivia, de extinción de autoridad y de afiliación. Esta decisión política implica que el Consejo de la Magistratura realice inspecciones la primera semana de cada mes e inicie las acciones legales necesarias», agregó.
Lima detalló que en el país existen 5.678 niños, niñas y adolescentes en 180 centros de acogida de administración pública y privada; de esa cifra el 34% tienen entre 12 y 18 años de edad, el 38% tienen entre 7 y 12 años y el 27% tienen menos de seis años.
Agregó que el 52% de los menores que están en centros de acogida son por abandono, el 13% por violencia y el 6% por una situación económica deficitaria en su familia.
«Este problema, el abandono familiar en la vida temprana de los niños va a generar una serie de problemas, dificultades que debemos reparar, porque es el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales quienes deben garantizar a esos 5.678 niños la educación, la salud y el amor que necesitan», complementó.