Seguridad Ciudadana

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 22:23

Envían a la cárcel de Chonchocoro al feminicida de Jéssica

Según información de la Fiscalía, el agresor puede aceptar su culpa y acogerse a un procedimiento abreviado para que haya una sentencia condenatoria pronta

/ 24 de julio de 2021 / 13:32

El juzgado 2° de Instrucción de Turno de la Zona Sur envió este sábado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro a Daniel C. por el feminicidio de su pareja Jésicca L. con al menos 20 puñaladas.

Daniel C. fue y entró al hogar de su víctima, pese a tener una orden de alejamiento como consecuencia de una denuncia por agresión física, ocurrido el 5 de julio. Pese a la orden, el acusado siguió visitando el hogar.   

Los hijos de Jéssica y Daniel fueron testigos del asesinato y contaron lo que vivieron en presencia de un psicólogo de la Fiscalía.

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Justicia anuncia al menos tres procesos por los incidentes en los actos por la efeméride cruceña

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, está analizando si es que presenta una demanda o no contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho por impedir que cumpla sus funciones

El ministro Iván Lima en una conferencia de prensa

Por Mónica Arrien

/ 26 de septiembre de 2021 / 12:18

El ministro de Justicia, Iván Lima anunció que se presentarán al menos tres procesos penales por los hechos suscitados en los actos protocolares por el aniversario de  Santa Cruz, en la plaza principal 24 de Septiembre. Se agravió la wiphala, un símbolo patrio incluido en la Constitución de 2009. Se estorbó el desarrollo de las funciones de la primera autoridad del país. Se cometió actos racistas y agresivos contra personas presentes en el acto.

“Tenemos una Constitución aprobada en 2009 que señala que un símbolo patrio es la wiphala que aparece en actos por reglas de protocolo. Días antes del acto, hay un diálogo entre gente de la Cancillería y la Gobernación (de Santa Cruz) y la respuesta es permanente: de que no hay posibilidad de que se siga el protocolo”, dijo Lima.

Dijo que las personas encargadas de bajar la bandera del mástil ya fueron identificadas y que en las próximas horas se presentará una denuncia formal en su contra.

Además, adelantó que también fueron identificadas las personas que cometieron actos agresivos y racistas contra un periodista de Bolivia TV, el canal estatal, y contra un representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

“El viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentará el lunes la denuncia en contra de estas personas”.

Asimismo, reveló que el vicepresidente del Estado, David Choquehaunca está reflexionando si denuncia o no a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, por impedir o estorbar las funciones del Presidente del Estado, como establece el artículo 161 del Código Penal.

“Él (Choquehuanca) es un hombre de concertación, de paz, está reflexionando si presenta la denuncia o no, yo tengo la querella lista, pero él me ha pedido reflexionarlo”.  

Lima se refirió también a la ley departamental que permite la designación de autoridades locales en la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Tribunal Electoral Departamental y Tribunal Departamental de Justicia.

Esta norma aún no fue promulgada por Camacho y se fue a revisión constitucional. “Entiendo que hay un retroceso de parte de ellos pero esto no va a quedar sin el debido proceso”, advirtió el ministro.

(26/09/2021)

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Lorgia Fuentes: Fui secuestrada, electrocutada y encadenada en el gobierno de Áñez

El “cuento de terror”, como lo califica, comenzó en 2019, cuando A. Z. Áñez supuestamente empezó a hostigarla por “problemas mentales”, según dijo.

Lorgia Fuentes estuvo en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Oswaldo Aguirre

/ 21 de septiembre de 2021 / 13:56

Lorgia Fuentes es la mujer que aparece encadenada y enmanillada en una cama de hospital. Su foto fue atribuida a Patricia Hermosa, exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales. Poco se conoce de su historia y por eso este martes fue entrevistada en la transmisión digital Piedra Papel y Tinta, de La Razón.

El “cuento de terror”, como califica Fuentes a los abusos en su contra, comenzó en 2019, cuando A. Z. Áñez supuestamente empezó a hostigarla por “problemas mentales”, según dijo.

Fuentes es ingeniera civil y trabaja como consultora en una empresa china, está casada con un ciudadano ruso y tiene un hijo de ocho años.

Fuentes estuvo en contacto con A. A. Áñez un par de veces y dice que por una rencilla personal en contra suya presentó una denuncia escrita contra su persona al entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la que le acusa con calificativos atribuidos a su condición de mujer.

Cuando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez tomó el poder, en noviembre de 2019, el hostigamiento por parte de esta mujer y de efectivos policiales creció de forma acelerada.  “Mis vecinos me informaban que policías civiles les pedían usar sus terrazas y ventanas para tomar fotos mías y de mi familia en mi hogar”.

Luego, contó que todo subió de tono. El periodista español Alejandro Estrambasaguas hizo un “trabajo de investigación” que fue presentado en diversos medios de comunicación, con el alegato de que Fuentes era la “Gabriela Zapata II”, en referencia a la mujer que supuestamente tuvo una relación con Morales y que gracias a esta relación mantuvo negociados con la empresa china CAMC.

A Fuentes se le acusaba sin pruebas de sacar tajada de negocios con empresas rusas y después de sufrir una serie de aspectos negativos con su salud. Un día fue secuestrada en un auto en el que había cuatro personas, del puente Amor de Dios, en la zona Sur de La Paz. 

Con los ojos vendados y enmanillada, los sujetos que la retuvieron en contra de su voluntad quisieron obligarla a firmar un documento en contra de Romero a cambio de su tranquilidad. Ante su negativa fue electrocutada “hasta convulsionar”, contó a Piedra, Papel y Tinta

Después del ataque mediático promocionado por el periodista español, Fuentes fue detenida mientras trataba de recuperarse de las consecuencias de un infarto cardíaco y de un accidente cerebro vascular en la clínica Prosalud de Miraflores. Hasta ahí llegaron efectivos policiales que levantaron el edredón con el que estaba cubierta y sin más reparos la encadenaron a la cama hospitalaria.

“No recuerdo muy bien ese día, no estaba en buenas condiciones; llevaba pañales, me cuenta mi familia. Y por lo que veo videos, cuando llegaron a aprehenderme, recuerdo que se acercaron unos policías con uniforme y levantaron el edredón y me encadenaron a la cama; sentí la cadena fría, el bochorno por mi estado de salud y por mi pañal, y eché un grito desesperado por el sentir de ese momento”.

Estuvo 130 días encadenada y enmanillada a esa cama. Ahora, ella está resuelta a buscar justicia.

Su caso fue de conocimiento del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), en varios pasajes relata el hostigamiento y la persecución en su contra. “Por otra parte, el GIEI identifica que la persecución y el hostigamiento a exautoridades se realizó también de manera indirecta, a través de procesos seguidos en contra de terceras personas. Tales son los casos de Edith Chávez Arauco y Lorgia Fuentes”, dice.

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La Gobernación espera que Fiscalía y Policía ejecuten la orden de condena contra Reyes Villa

Patricia Sánchez dijo que Reyes Villa y el coimputado Gustavo Navia “abusaron” del derecho, a través de amparos, incidentes y otros recursos, para evitar su condena en 2013.

El alcalde Manfred Reyes Villa. Foto: Facebook/Alcaldía de Cochabamba.

/ 21 de septiembre de 2021 / 11:36

Patricia Sánchez, directora jurídica de la Gobernación de Cochabamba, en contacto con La Razón Radio, dijo que ahora corresponde al Ministerio Público y a la Policía Boliviana ejecutar el mandamiento de condena que el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió en contra del actual alcalde Manfred Reyes Villa.

“Ayer hemos sido notificados sobre el amparo constitucional interpuesto por Reyes Villa que fue admitido el 17 septiembre; en el memorial, el abogado solicita como medida precautoria la suspensión de la sentencia de condena, pero éste fue rechazado; por tanto el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben ejecutar el mandamiento de condena”, dijo.

Sánchez explicó que sobre el actual alcalde de Cochabamba pesa el delito de conducta antieconómica, pues mientras fue prefecto de este departamento, entre 2006 y 2008, presentó un proyecto para la construcción de una vía alternativa a El Sillar, que se encuentra entre Cochabamba y Santa Cruz.

Reyes Villa contrató a cinco consultores independientes, cuando lo que debió hacer, según la normativa, era contar con un estudio multidisciplinario, “concatenado”, dijo Sánchez. Además, a dos de los consultores, a los dos días del contrato, se les pagó el 100% de sus servicios, cuando las leyes indican que el pago debía ser del 20%.

Asimismo, el Presupuesto Operativo Anual (POA) no contaba con la previsión de la contratación de cinco consultorías. Cuando el proyecto fue presentado entonces al Consejo Departamental (hoy Asamblea) fue rechazado por no contar con la expectativa técnica y con la licencia ambiental necesaria.

“Rechazan el proyecto porque no cumple con expectativas técnicas y tampoco con la licencia ambiental; no se le extiende la licencia ambiental, porque el proyecto atraviesa el Parque Nacional Carrasco, que es un área protegida. Es decir se declara un proyecto inviable sin beneficio para la población; ahí nace la conducta antieconómica”, explicó la abogada de la Gobernación.

El mandamiento de condena que se hizo público el lunes ordena la ejecución de la condena de cinco años de presidio para Reyes Villa en el penal de San Sebastián. Aunque su defensa presentó un amparo constitucional para frenar su ejecución, según Sánchez, este ha sido rechazado por no contar con el suficiente sustento.

También en La Razón Radio, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Orlando Vargas, cuestionó que la justicia en el país actúe en algunos casos con celeridad, mientras que en otros casos los procedimientos se dilatan.

“La justicia no puede ser manipulada, debe ser usada bajo sus principios básicos para dar seguridad a la ciudadanía de que se garantizan el debido proceso, las garantías constitucionales, la celeridad, entre otros. Hay casos que son atendidos de manera prioritaria frente a otros”, dijo.

En el caso también está acusado Gustavo Navia, entonces director del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).

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El MAS apunta a una reunión ampliada con opositores para allanar juicios de privilegio

La iniciativa es del vicepresidente del Estado y presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, y la convocatoria sería para la siguiente semana. En agenda están las cuatro proposiciones acusaciones contra la expresidenta Jeanine Áñez.

Foto: APG

/ 15 de septiembre de 2021 / 10:45

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, reveló este miércoles que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, prevé convocar a una reunión ampliada a los frentes políticos para debatir y consensuar criterios sobre los 24 juicios de responsabilidades contra exaltas autoridades.

“Debe decidirse (las posturas ante los juicios de responsabilidades) en una reunión ampliada con bancadas de oposición para determinar los cuatro juicios contra Jeanine Áñez y los otros 20. Entiendo que la próxima semana se van a tratar ambos temas”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Siles subrayó que la idea parte de Choquehuanca y que bajo su dirección, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya se reunió para tomar decisiones en torno a los juicios de privilegios, porque se trata de procesos que requieren un “criterio político” y se apuntará ahora a tomar ese criterio con los frentes de oposición en el Legislativo, o sea Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.  

Entre los 24 juicios en agenda, están los cuatro contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Uno por la ampliación ilegal de la concesión de la administración de Fundempresa; otro por el crédito obtenido del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aprobación legislativa; el tercero por el atentado en contra de la libertad de expresión a nombre de la lucha contra la pandemia de COVID-19; y el más reciente, sobre las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Aunque estas cuatro proposiciones acusatorias todavía deben pasar el filtro de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Siles aclaró que el MAS y la oposición aún no se han reunido para intercambiar opiniones sobre estos juicios, pero dijo que el oficialismo advirtió algunas declaraciones públicas de legisladores opositores que son coincidentes con el partido de gobierno.

“El MAS ha escuchado algunos comentarios y declaraciones relativos a la corrupción y el genocidio, (por lo) que no deberían ni mínimamente dudar de autorizar los juicios. No hay reuniones, pero hay coincidencias y hay obligación de convocar a una reunión ampliada de todos los frentes políticos”.

Pidió a la oposición razonar de cara al pueblo. “No hay forma, o razón política o social que niegue las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró, a tiempo de explicar que una vez que la Asamblea autorice los juicios, será el Tribunal Supremo de Justicia el que determine los grados de responsabilidad y las sanciones correspondientes.

Áñez se encuentra aprehendida desde el 12 de marzo, acusada por terrorismo, sedición y conspiración, en el caso Golpe de Estado, En junio de este año, el caso fue “desdoblado” por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, lo que ahora se conoce como el caso Golpe de Estado II.

El expresidente Carlos Mesa, jefe de CC, también está en la mira de un posible juicio de responsabilidades, por el caso Quiborax.

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Iván Lima: No hay un solo acto arbitrario contra el debido proceso de Áñez

Hay apelaciones, cesaciones, acciones de libertad, incidentes, excepciones, es un escenario que muestra el debido proceso, remarcó el ministro Lima.

El ministro Iván Lima.

/ 12 de septiembre de 2021 / 12:26

El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó la posición del Gobierno frente a la detención de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Remarcó que se ha guardado el debido proceso y que el Estado es garante de su estado de salud, al igual que de los 1.800 privados de libertad del país.

—¿Cómo evalúa el Gobierno los seis meses de detención de la expresidenta Áñez?

—Es un caso iniciado por la exdiputada Lidia Patty por terrorismo, sedición y conspiración. Ella fue detenida respetando el debido proceso en la ciudad de Trinidad, en momentos en que estaba en aprestos de fugar del país, por la información que se tiene. No estamos especulando sobre hechos que no sean reales, habiendo una causa iniciada meses antes de que fuera detenida, había una denuncia mediática y pública y no hubo un apersonamiento de ella.

—¿Por qué se determina su detención preventiva?

—No hubo la posibilidad de sustentar ese caso que se le había iniciado, por tanto existía la situación procesal, que es importante para aplicar la detención preventiva: la obstaculización de la investigación y el riesgo de fuga. Aparecen estos dos elementos, en ese caso la Fiscalía emite una orden de aprehensión y se procede a la detención preventiva.

—Su defensa alega que la Justicia no ha llevado el debido proceso en este caso.

—Contra esa decisión de la Justicia se ha presentado todos los recursos. Hay apelaciones, cesaciones, acciones de libertad, incidentes, excepciones, es un escenario que muestra el debido proceso. No se va a encontrar un solo elemento jurídico por el cual digan, Áñez o sus abogados, que hemos sido arbitrarios; si ha habido una vulneración al debido proceso, hay que discutirlo.

—¿Su condición de salud puede ser motivo para cesar la detención preventiva?

—Hay que analizar su salud, que no tiene que ver con el debido proceso. Si la salud fuera una causa para que se suspenda la detención preventiva, nadie debería estar en una cárcel. Estar privado de libertad genera una serie de problemas a la salud física y mental, es un tema fundamental, pero no es un argumento para pedir la revocación de una medida cautelar; nadie puede decir “estoy enfermo, procede en mi caso la cesación a la detención preventiva”. Cuando demuestras que no vas a irte del país y que no vas a obstaculizar la investigación, corresponde el cese, hay que establecer las razones jurídicas, las pruebas que ameritan para que no siga la detención.

—¿La atención de su salud está garantizada en el penal?

—El tema de salud está referido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y no está a cargo del Órgano Ejecutivo. Dice que a partir de que una persona ingresa a un penal debe haber un informe sobre su estado de salud y el Estado es garante de la salud de todos los privados de libertad. La norma dicta que en cada recinto penitenciario funciona un servicio de atención médica las 24 horas, a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y funcionalmente a cargo de la administración penitenciaria. No dice que estará a cargo de la clínica solicitada por el privado de libertad.

—La defensa de Áñez dice que el Gobierno está cometiendo persecución contra Áñez.

—Hemos hecho un trabajo a nivel de transparencia muy preciso en cuanto a los cuatro juicios de responsabilidades que hemos presentado ante la Fiscalía y que luego el Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa. Ha habido decretos supremos (en el gobierno de Áñez) que han dado lugar a actos de violencia, actos graves de corrupción. No hay persecución política. Tenemos dos opciones: un pacto de silencio o el debido proceso, hemos seguido el debido proceso.

—¿Y la solicitud de información requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Áñez?

—La CIDH no tiene un procedimiento de medida cautelar estándar ni tiene plazo para emitir esa información. A raíz de las solicitudes, la CIDH amplió el periodo para responder por siete días adicionales, y es posible que nos siga solicitando información. Una medida cautelar puede tener incluso la solicitud de visitarla o de otras solicitudes de información. No son ellos un juez más, no emiten mandamientos ni derogan leyes, lo que hacen es recomendar al Estado que pueda tomar medidas concretas.

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