Seguridad Ciudadana

Monday 27 May 2024 | Actualizado a 00:44 AM

Policía incautó gran cantidad de explosivos en los días de conflictos en Adepcoca

En dos inmuebles de El Alto se secuestraron mecha de dinamita, detonadores, y dinamita hidrogel, entre otros, informó la Policía.

detalle del material explosivo incautado por la Policía Boliviana.

Por Yuri Flores

/ 19 de septiembre de 2022 / 11:40

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en coordinación del Ministerio Público, secuestró en julio un número considerable de artefactos explosivos que pretendían ser utilizados en los conflictos de los cocaleros de los Yungas de La Paz.

El director departamental de la FELCC La Paz, coronel Rolando Rojas, explicó que este secuestro se realizó en dos inmuebles en la zona de Santiago II, en la ciudad de El Alto.

También se aprehendió a cuatro personas, entre ellas Raúl U. A. dirigente de las juventudes yungueñas, quien ya se encuentra en el penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses.

Rojas dijo que esta persona convocó públicamente a la defensa del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz en la zona de Villa Fátima.

“A la cabeza de Raúl U., ocho personas arriban a este lugar (Adepcoca), descendiendo de un vehículo con una cantidad considerable de morrales y saquillos que contenían en su interior artefactos explosivos”, dijo Rojas en conferencia de prensa.

Detalló que en el primer allanamiento, en el inmueble ubicado en la avenida 2, esquina calle 7, de la zona Santiago II de El Alto, se secuestró una cantidad considerable de explosivos y accesorios para el armado de estos dispositivos.

De este operativo, se procedió a la aprehensión de dos personas: Marco Antonio U. M. y Janeth Carola M. V. responsables del local de expendio de diferentes insumos entre ellos los explosivos, artefactos que están prohibidos para su comercialización.

En el segundo operativo se realizó en la calle 8 de la misma zona de El Alto, donde se aprehende a Lizeth U. M. por el expendio de los artefactos explosivos sin la autorización correspondiente.

Rojas explicó que los operativos se realizaron luego de un trabajo exhaustivo de investigación. “Se venía haciendo un trabajo investigativo y de seguimiento exhaustivo, a través de la coordinación con las unidades de inteligencia se logra identificar elementos que permiten llevar adelante este trabajo de investigación”.

Por su parte, el director Nacional de Bomberos, coronel, Jorge Ríos, detalló la cantidad de explosivos que fueron secuestrados de los dos inmuebles entre ellos mecha de dinamita, detonadores y dinamita hidrogel (ver cuadro).

El uso de estos artefactos produce “un efecto térmico incendiario con onda expansiva, con efectos de fragmentación, a su vez estos efectos son sonoros los cuáles pueden ocasionar, a una distancia considerable, pánico”, dijo Rojas.

Pero además produce “daños a nivel de la audición y lesiones graves a la integridad física, con quemaduras, laceraciones profundas, desmembramiento o amputación de la zona afectada y, como consecuencia final, la muerte de la persona que la manipula”, añadió.

Recordó que el artículo 51 de la Ley 400, de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, del 18 de septiembre de 2013, establece en sus prohibiciones la tenencia y portación de explosivos.

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El Gobierno reporta 1.994 arrestados y 154 aprehendidos durante el Censo en el país

Pese a los reportes de la Policía, el viceministro Roberto Ríos manifestó su orgullo por la “disciplina y conciencia” de la población en la jornada censal.

Desplazamiento policial durante el censo

/ 25 de marzo de 2024 / 10:19

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, reportó 1.994 personas arrestadas, 154 aprehendidas, 35 delitos cometidos y 647 faltas a ley durante el Censo de Población y Vivienda, entre el sábado 23 de marzo y este lunes.

En entrevista con La Razón Radio, señaló que fueron retenidos 270 motorizados, de los cuales fueron 219 automóviles y 51 motocicletas. Destacó que no se registraron muertos ni heridos en la jornada censal.

Afirmó que la mayor cantidad de infractores se reportó en Cochabamba, con 521 arrestados y cinco aprehendidos; Santa Cruz con 486 arrestados y 11 aprehendidos; La Paz con 348 arrestados y tres aprehendidos; Tarija con 25 arrestados y 35 aprehendidos, y Oruro con 167 arrestados.

“Los detenidos han sido censados en las diferentes celdas policiales”, aclaró.

Pese a los resultados, Ríos afirmó que la población, en su mayoría, acató las medidas y prohibiciones del auto de buen gobierno y abrió las puertas a los censistas voluntarios “con entusiasmo”. 

“Ha sido una jornada de cual me siento orgulloso por la disciplina y conciencia de la población”, dijo.

La misión internacional que supervisó el proceso censal felicitó el “excelente trabajo” de censistas, supervisores y funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La representante de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) Fabiana del Popolo felicitó al país y consideró que la experiencia de Bolivia fue una gran lección para la misión conformada por la Cepal, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y Oficinas Nacionales de Estadísticas de la Región (ONES).

A su vez, Ríos informó que el 100% de las personas privadas de libertad fueron censadas. El domingo, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó que la actividad censal en las penitenciarías concluyó con al menos 29.000 privados de libertad registrados.

Conflictos por límites

Ríos señaló que se reportaron dos conflictos por diferendos territoriales, uno en la comunidad de Champullo Checa, del municipio de Yaco, en la provincia Loayza del departamento de La Paz. El segundo fue en el municipio de Pojo, ubicado en la provincia Carrasco en Cochabamba.

En Champullo, medios de comunicación informaron que se secuestró material censal, una camioneta y, además, se registraron agresiones a censistas voluntarios. Por ello, se determinó suspender el proceso hasta que se solucione el conflicto.

Según Ríos, los comunarios impidieron el paso de los censistas con un bloqueo al ingreso de la localidad. Sin embargo, desmintió que hubo agresiones a censistas, autoridades o efectivos policiales.

Afirmó que se llegaron a acuerdos y durante esta jornada se censará a la población que reside en Champullo.

En Pojo, se reportó un conflicto entre dos comunidades que se agredieron por un conflicto territorial que dejó un resultado de seis heridos policontusos. Para solucionar el problema, intervino el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Policía y las autoridades del órgano de Justicia.

“Esas comunidades serán censadas hoy. Vamos a llegar a un 100% de censados”, afirmó.

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El ‘Patrón del Altiplano’ se daba grandes lujos en Perú

El narcotraficante Loiber Pérez fue detenido en Perú junto a su pareja y su hermano.

La imagen muestra el momento de la detención del boliviano

Por Antonio Dalence

/ 24 de diciembre de 2023 / 06:42

El boliviano Loiber Pérez Galarza vivía en hoteles de lujo y visitaba con frecuencia restaurantes exclusivos de Perú junto a su esposa, conocida como ‘Barbie’. A él le dicen ‘Omar’ o el ‘Patrón del Altiplano’ y los dos están ahora detenidos por narcotráfico.

La Policía peruana capturó a Pérez Galarza y a su pareja, de nacionalidad brasileña (L.S.) en una exclusiva zona de Lima, Miraflores, hace un par de días.

Tras un trabajo de inteligencia policial, se descubrió que uno de sus almacenes de cocaína más importante se encontraba en la localidad de Paita, región Piura, en la zona norte del Perú, señala un reporte de Infobae. Este lugar era administrado por su hermano, Hilarión Pérez Galarza, otro supuesto ‘pez gordo’ de la droga en la región. Fue así que se pudo dar con esta banda que, a decir de la Policía peruana quedó completamente desarticulada, señala otro reporte de La República.

‘Omar’ o el ‘Patrón del Altiplano’ era conocido como un hombre que visitaba los más finos restaurantes limeños. Asimismo, solía ser huésped de lujosos hoteles, todos cinco estrellas en el distrito de Miraflores. Quienes llegaron a conocerlos dicen que la pareja tomaba todas las precauciones necesarias para no levantar las sospechas de las autoridades locales, en alguna ocasión ‘Omar’ llegó a decir que su intención no era llamar la atención. Pero un grupo de expertos agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la Policía Nacional del Perú (PNP), estaba ya realizando un trabajo de seguimiento e inteligencia.

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Según las investigaciones, no fue casualidad que ‘Omar’ pusiera sus ojos en Perú, pues una parte importante de su ‘imperio de tráfico de cocaína’ funcionaba en territorio de este país, que era parte de sus envíos a Europa. “Vamos a hablar las cosas claras, como son. Mi esposa es mi esposa. Si yo me dedico a hacer estas cosas (tráfico de drogas), soy yo, pero mi esposa no tiene nada que ver”, dijo ‘Omar’ al momento de ser detenido.

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No se aplican normas de resarcimiento de daños y perjuicios

Seguridad. Al ser juzgados injustamente sufren emocionalmente.

El médico Jhiery Fernández recupera la libertad luego de ser juzgado injustamente

Por Milenka Rivera

/ 23 de abril de 2023 / 06:33

En los últimos dos años, al menos cuatro personas de tres casos de prisión mediáticos fueron declaradas inocentes por falta de pruebas en su contra o por fallas en el sistema judicial.

Los casos bebé Alexander y bebé Álex fueron una muestra de “grandes” vacíos jurídicos que existen en el país. Estos casos dieron un giro de 180 grados y sumaron a más víctimas que acusados.

Pese a que el artículo 95 del Código Penal de Bolivia establece que “toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio”, hasta la fecha, ninguna de estas personas recibió ningún tipo de resarcimiento de daños y perjuicios por el tiempo de encarcelamiento injusto, esto se debe a que en el país no se aplican las norma en la que beneficia a las víctimas.

La defensa de los casos bebé Álex y Daylin, el abogado Manolo Rojas, explicó a LA RAZÓN que en el anterior procedimiento penal hubo “una caja de indemnizaciones por parte de la Fiscalía”; sin embargo, ésta quedó abrogada por el nuevo Código Penal. “A la fecha no hay esa garantía de seguridad jurídica de que una persona se someta a una investigación y resulta que es inocente; no hay una forma de que el Estado te retribuya económicamente”.

CIDH.

El jurista interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, para una indemnización de Bs 3 millones para D. Palavecino y R. Chura, ambos del caso bebé Álex.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló a este medio que, en la reparación de daños, “el Estado tiene que trabajar para todos y no solo para unos cuantos”.

“Tenemos políticas y normas en el nuevo Código de Procesamiento Penal que obligan a reparar integralmente el daño, no solamente la reparación económica, de los gastos procesales, sino la reparación integral que significa varios elementos”, aseguró.

Afirmó que desde su despacho se trabajó en una política, recientemente aprobada, denominada Reparación Integral de Graves Violaciones de Derechos Humanos, en la que se implementó “componentes relativos a la reparación de alguien que ha sido víctima de la injusticia”.

En 2014, el caso de una supuesta violación a un bebé de ocho meses —Alexander— en un centro de acogida de La Paz alarmó a la población boliviana. Por este hecho el médico Jhiery Fernández, de turno entonces en el centro, fue acusado del crimen.

Luego de no hallarse pruebas en su contra y de que se desatara el escándalo por la difusión de un audio en el que se escucha a la exjueza del Tribunal Décimo de Sentencia Patricia Pacajes revelar que el profesional era inocente, Fernández fue absuelto en mayo de 2021, después de siete años de haberse iniciado el caso.

En agosto de 2022, un bebé de 10 meses de nombre Álex fue raptado por una mujer que se ganó la confianza de su madre. El niño fue hallado abandonado en Miraflores, de la ciudad de La Paz. Sin embargo, durante las investigaciones fueron aprehendidas dos personas involucradas en el caso, se trata de D. P., de 22 años, a quien confundieron con la raptora, y R. Ch., el chofer de transporte público que transportó a la mujer que presuntamente raptó al bebé.

El 4 de noviembre de 2022, D. P., estudiante de Enfermería entonces, recobró la libertad luego de estar tres meses en prisión en el penal de Obrajes, en La Paz, bajo detención preventiva por el caso del rapto del bebé Álex. Ella también había sido involucrada en el caso del rapto de Daylin.

Un mes después —diciembre de 2022— el taxista R. Ch. fue absuelto luego de estar privado de libertad por cuatro meses y dos días. La jueza de turno consideró que las pruebas de la Fiscalía no eran suficientes para que continúe con detención preventiva en el penal de San Pedro. Actualmente, pese a que se determinó que ambas personas no participaron de los hechos delictivos, continúa la investigación del caso.

En el caso del galeno Fernández, él cursó una condena preventiva de casi cuatro años, pese a que la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal, establece que la detención preventiva será limitada por seis meses para que el Ministerio Público realice procedimientos investigativos.

Rojas denunció que en todos los casos la presunción de inocencia es el primer derecho vulnerado. La CIDH manifiesta que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

En esa línea, lamentó que autoridades vulneren las normas; puso como ejemplo el accionar del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al presentar a presuntos autores como “grandes culpables” y que luego resultan siendo inocentes, como el caso del médico, la joven D. P. o R. Ch.

Otro ejemplo. En septiembre de 2020 el rapto de la bebé Samantha movilizó a todo el contingente policial, incluso puso en aprietos al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por acusar equivocadamente a una mujer de raptora.

Murillo publicó en su cuenta de Twitter la imagen de N. P. que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales. Más tarde la mujer fue aprehendida. Luego del avance de las investigaciones, la madre de seis niños fue liberada, después de confirmarse que ella no era la mujer de la fotografía. Ante ello Murillo, a través de las redes sociales del Ministerio de Gobierno, pidió disculpa por el error. En abril de 2022, el exministro fue notificado (en Estados Unidos) por edicto para el inicio de juicio oral que le instauró L. P, por calumnias, difamación e infamia.

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Otro derecho vulnerado, según los entrevistados, es el trato a los detenidos en el interior de las cárceles, ya sea de varones o mujeres; afirman que “los derechos dejan de existir”. En primer lugar, son derivados a un cuarto de dos por dos sin acceso a las necesidades principales como el aseo personal, luego de un tiempo son trasladados a la llamada población, que es donde se encuentran todos los reclusos. Dos de los entrevistados manifestaron haber tenido temor por sus vidas ya que fueron derivados con personas de altos prontuarios delictivos.

La falta de comunicación para avisar a sus familiares de las audiencias es otra deficiencia. Para aclarar aquello, LA RAZÓN no tuvo éxito al comunicarse con el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Además de estos tres casos, hay otros como el de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), quien falleció en abril de 2022 por un paro cardiorrespiratorio. Siendo el principal denunciante del desfalco millonario a esta institución, que superó los $us 100 millones en casi más de 1.000 proyectos, vivió atormentado por 256 procesos.

El 21 de marzo de este año, la exdirectora del Fondioc Elvira Parra fue beneficiada con detención domiciliaria para que se defienda en libertad luego de ocho años de prisión. El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa sostuvo que Parra no cometió ningún delito.

EXFUNCIONARIA. La exjueza Patricia Pacajes sale del penal.
La exjueza Patricia Pacajes sale del penal.

 Al menos tres procesos enfrenta la exjueza Pacajes

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó que la exjueza Patricia Pacajes enfrenta al menos dos procesos: reparación integral de Fernández y prevaricato.

La autoridad explicó que la sentencia absolutoria que salió a su favor comprende al proceso de incumplimiento de deberes que se impuso luego de llevarse a cabo una auditoría jurídica al expediente del caso.

“A juicio del juez no se han podido probar ese incumplimiento de deberes; por incumplimiento de plazos procesales, algunas resoluciones que no habían sido dictadas en su tiempo, decretos no emitidos o audiencias suspendidas”, señaló Siles.

Auguró que el caso principal que es la develación de los audios y sentencia en contra el médico aún se encuentra en recurso de casación y ejecutoriado.

El proceso de prevaricato se originó luego de que se absolviera a Fernández, indicó el viceministro.

Aseguró que de este último también deberá rendir cuentas la exjueza Pacajes.

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Ataque a la Fiscalía: Seis años de prisión a tres líderes de la Resistencia Cochala

La Fiscalía apelará, había pedido hasta 20 años, por portar municiones.

Escena de los actos de violencia en que la RJC acosó al personal del Ministerio Público.

/ 13 de abril de 2023 / 06:31

Tres líderes del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina y los hermanos Mario y Fabio Bascopé, fueron sentenciados a 6 años de prisión en un penal de Chuquisaca, por el ataque a la Fiscalía General del Estado en 2020, en Sucre.

El juez Tercero de Sentencia Penal de Sucre, José Emilio Pinto, informó que los tres fueron hallados culpables de tres delitos.

“Los señores Yassir Steven Molina Lozada, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta, han sido declarados culpables y autores de los delitos de (primero) atentados, porte y portación de armas fuego, municiones y explosivos; (segundo) perturbación de funciones públicas; y (tercero) daño calificado”, detalló ayer a los periodistas en Sucre el juez Pinto.

A los tres, continuó el magistrado, se les impuso una “condena única de cumplir seis años de privación de libertad en el penal de San Roque de esta ciudad (Sucre, la capital del Estado)”.

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En tanto que los otros acusados, Milena Soto López, Mario Salazar y Ayda Raquel Loayza fueron absueltos. En el primer caso, porque se comprobó que Soto López no estuvo en el lugar de los hechos, en Sucre, el 5 y 6 de octubre de 2020; “ella se encontraba en la ciudad de Cochabamba”, complementó el juzgador.

En relación con Salazar y Loayza, “se ha declarado su absolución porque no ha existido la suficiente prueba que cause convicción en el juzgador para dictar una sentencia condenatoria”, precisó el juez Tercero de Sentencia Penal.

El juez Pinto aclaró que ambas partes tienen 15 días para presentar su apelación. El Ministerio Público ya anunció que objetará la pena, pues el Estado en el presente caso está pidiendo 20 años de prisión para los acusados.

El juicio inició el 17 de enero en el Juzgado Tercero de Sentencia Penal. Desde entonces se desarrollaron diversas audiencias con la presencia de los imputados en la ciudad de Sucre.

Pinto aseguró que el juicio se desarrolló de manera transparente, pues “se permitió el ingreso de los medios de comunicación y las partes fueron escuchadas en su acusación o defensa desde el inicio del juicio hasta esta jornada”.

En octubre de 2020, los líderes de la RJC se trasladaron hasta Sucre y protagonizaron destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado, en protestas que exigían la renuncia del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) calificó de paraestatal a la RJC, que atacó con violencia en 2019. Seguridad. La Fiscalía apelará, había pedido hasta 20 años, por portar municiones.

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El Alto: detienen a 30 extranjeros, causaban zozobra en la Ceja

La FELCC halló a un hombre que vulneró su detención domiciliaria.

La FELCC realizó ayer dos operativos en la Ceja.

Por Pedro Luna y Rosío Flores

/ 13 de abril de 2023 / 06:25

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió ayer a 30 extranjeros que causaban zozobra en la Ceja y la 12 de Octubre de El Alto. En otra intervención arrestaron a 7 personas con antecedentes penales que consumían bebidas en un bar.

El director de la FELCC, coronel Limberth Coca, informó en conferencia de prensa que en un primer operativo junto con la Intendencia Municipal se halló una cantina que funcionaba fuera del horario establecido.

Al momento de la intervención se encontró a siete personas con antecedentes penales por robo y robo agravado. Todos ellos consumían bebidas alcohólicas

“Es un centro de expendio de bebidas alcohólicas que se ha intervenido por atender fuera del horario, es un negocio que tiene antecedentes con la Intendencia. Pero lo llamativo es que al interior de este negocio estaban personas con antecedentes de robo y robo agravado”, informó el jefe policial.

Acotó que lo curioso es que entre estas personas estaba una que se benefició con detención domiciliaria y que estaba vulnerando la medida sustitutiva que le dio el juez cautelar.

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“Conforme a las experiencias y la investigación proactiva que realiza la FELCC, lo que se puede conocer y se puede prever es que estas personas se reunieron para planificar actos preparatorios para cometer hechos delictivos futuros que con esta intervención hemos evitado”, sostuvo Coca.

En otro operativo paralelo, las unidades de la Policía realizaron intervenciones en varias esquinas de la zona 12 de Octubre donde se aprehendió a 30 extranjeros “que estaban generando inseguridad en la zona 12 de Octubre y sus alrededores”.

“En ese entendido fueron arrestados y llevados a las oficinas policiales donde verificaremos si su situación migratoria es legal o ilegal y si cuentan con antecedentes penales”, mencionó la autoridad.

Dijo que conforme a las investigaciones se derivará a los extranjeros a las oficinas de Migración para que sean expulsados del país, si en caso su residencia es ilegal.

Los aprehendidos, producto de ambas intervenciones, fueron trasladados hasta la FELCC. Coca sostuvo que en el caso de la persona que vulneró la detención domiciliaria será puesta a consideración de la Fiscalía donde analizarán si la medida será revertida.

“La Policía está trabajando de forma ardua para precautelar y velar por la seguridad de la población”, sostuvo la autoridad.  

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