Carolina Ribera fue el epicentro de la polvareda política este martes. La hija de la expresidenta Jeanine Áñez está en la mira por un caso de legitimación de ganancias ilícitas. Ella desafió a ser investigada. Y en el caso aparece una prima de Luis Fernando Camacho, Natalia Ibáñez.

Este martes se conoció que las pesquisas contra ellas avanzan, por un delito supuestamente cometido en el mandato transitorio Áñez. La maquinaria investigativa de la Fiscalía y la Policía ha desplegado solicitudes de información a más de una treintena de instituciones.

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La misión es obtener datos personales, movimientos bancarios, entre otros datos. Para ello son claves los documentos de Migración, Fundempresa, Impuestos Nacionales, la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el Ministerio de Economía.

Y la lista continúa. La Bolsa Boliviana de Valores, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la Contraloría, la Dirección de Servicios de Aeropuertos Bolivianos; las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la Interpol y la Unidad de Investigaciones Financieras.

Incluso hay compañías privadas en la nómina. Se envió solicitudes a las empresas de telecomunicaciones Entel, Viva, Tigo, AXS y Cotel.

El abogado de Ribera, Luis Guillén, catalogó como una “persecución” la indagación que se realiza, lo que incluye a la prima de Camacho, mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que se busca “impunidad”.

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Ribera reaccionó por su cuenta de Twitter. “La narcodictadura de Luis Arce pretende callarme, me persigue por denunciar internacionalmente los vejámenes que cometen en contra de los presos políticos y por defender los derechos humanos en mi país. Investiguen, no tengo nada que esconder”.

“Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir. En lugar de perseguir narcos y delincuentes, inventan procesos ahora en contra mía por defender a mi madre, lo que cualquier hija haría hasta encontrar verdadera Justicia, debido proceso y Juicio de Responsabilidades” (sic).

La protesta vino también de Áñez, otra vez por Twitter. “La persecución política, fiscal y judicial es contra mí. Su venganza es contra mí. Luis Arce (presidente), Iván Lima (ministro de Justicia) y Evo Morales (expresidente) son MAS cobardes y poco hombres que nunca al perseguir a mi hija por defender a su madre. ¡Denuncio ante la comunidad internacional esta nueva aberración!”

Desde la oposición, el expresidente Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC), se sumó al respaldo para Ribera. Por Twitter, también. “La persecución política del MAS hoy apunta contra Carolina Ribera, hija de la ex Presidenta Áñez, por defender a su madre de agresiones de ministros, fiscales y jueces serviles y de una justicia podrida hasta la médula” (sic).

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Ribera fue parte del engranaje del mandato de la expresidenta. Estaba a cargo de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Incluso, el Movimiento Al Socialismo (MAS) la tenía en la mira por acusaciones de falta de registros de las donaciones. No se sabe el cargo que ocupaba la prima de Camacho.

Su madre está recluida en el penal de Miraflores de La Paz. Fue sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.

En este proceso, la Fiscalía determinó que Áñez asumió su mandato de forma irregular, sin el quórum en la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado, el 12 de noviembre de 2019.

Ello sucedió tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, dos días antes, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares. En esto fue protagonista el actual gobernador cruceño Camacho, entonces presidente cívico cruceño, cuya prima hoy es parte del proceso contra Ribera.

Actualmente, Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz, por el caso Golpe de Estado I, que indaga la caída de Morales. En un proceso en el que igual figura Áñez. Ahora, la mira de la Justicia apunta a su hija.

El juicio contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) entró en otro cuarto intermedio. Comenzó la declaración de testigos presentados por el Ministerio Público.

La audiencia se pospuso este martes. Continuará el miércoles a las 09.30, en el Juzgado de Sentencia Penal 3. Tres de los 10 testigos de la Fiscalía emitieron su versión ante el juez.

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Los principales acusados son los cabecillas de la RJC, Yassir Molina, Mario Bascopé y Milena Soto, mientras que sus cómplices son los activistas Mario S.S. y Ayda R.L.T. Están implicados en la violencia y la destrucción ocurridas en el edificio patrimonial del Ministerio Público en Sucre, en 2020.

La Fiscalía pide 20 años de cárcel para los sindicados. Los delitos sobre la mesa son organización criminal, fabricación de armas caseras ilícitas, como bazucas, destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado Plurinacional.

Cuarto intermedio

Sobre este nuevo cuarto intermedio se pronunció el abogado de la Procuraduría General del Estado, Rolando Cruz. Dijo que la duración del acto procesal provocó la ausencia de testigos.

“A veces es insalvable, no se puede garantizar la presencia de los testigos, entendemos que esos testigos han estado aguardando desde las 9 de la mañana y probablemente tal vez por este hecho tomaron la decisión de irse”, indicó a Bolivia Tv sobre el cuarto intermedio.

Remarcó que después de los testigos de la Fiscalía, se dará lugar a la prueba documental, la que tildó de abundante. “Es superabundante, estamos suponiendo que probablemente se va a necesitar unos dos días para esta producción probatoria”.

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Estos hechos se desarrollaron en medio a la crisis en el país tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, agobiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.  

El juez José Pinto calificó el lunes de “moroso” al proceso, debido a que hay seis integrantes de la parte acusadora y similar número de acusados. De acuerdo con los datos, el Ministerio Público presentará 103 pruebas, tras haberse excluido 10 después de unas serie de objeciones.

La RJC participó activamente en la crisis de 2019 y durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Fue protagonista de hechos de violencia y de discriminación. Por ello, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo catalogó un “grupo parapolicial”.

El expresidente Carlos Mesa, jefe de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), respaldó a la hija de Jeanine Áñez, Carolina Ribera. Ella es investigada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Señaló que las pesquisas son parte de una “persecución política”.

“La persecución política del MAS hoy apunta contra Carolina Ribera, hija de la ex Presidenta Áñez, por defender a su madre de agresiones de ministros, fiscales y jueces serviles y de una justicia podrida hasta la médula” (sic), publicó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

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Asimismo, hizo referencia a que la investigación recurre a más de una treintena de entidades para obtener datos personales, movimientos bancarios, entre otros datos. “32 entidades inventarán el juicio. Una cobardía y una infamia!” (sic), complementó.

Este martes se conoció que Ribera y Natalia Ibáñez Vaca, la prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, son investigadas por legitimación de ganancias ilícitas durante el mandato de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

Hija ‘perseguida’

El abogado de Ribera, Luis Guillén, catalogó como una “persecución” la indagación que se realiza, mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que se busca “impunidad”.

Ribera reaccionó también por Twitter. “La narcodictadura de Luis Arce pretende callarme, me persigue por denunciar internacionalmente los vejámenes que cometen en contra de los presos políticos y por defender los derechos humanos en mi país. Investiguen, no tengo nada que esconder”.

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“Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir. En lugar de perseguir narcos y delincuentes, inventan procesos ahora en contra mía por defender a mi madre, lo que cualquier hija haría hasta encontrar verdadera Justicia, debido proceso y Juicio de Responsabilidades” (sic), añadió.

Áñez está recluida en el penal de Miraflores de La Paz. Fue sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.

En este proceso, la Fiscalía determinó que Áñez asumió su mandato de forma irregular, sin el quórum en la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado, el 12 de noviembre de 2019.

Ello sucedió tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, dos días antes, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares. En esto fue protagonista el actual gobernador Camacho, entonces presidente cívico cruceño.

Ahora, Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz, por el caso Golpe de Estado I, que indaga la caída de Morales. En el proceso igual figura Áñez.

La exmandataria igualmente se pronunció por Twitter. “La persecución política, fiscal y judicial es contra mí. Su venganza es contra mí. Luis Arce (presidente), Iván Lima (ministro de Justicia) y Evo Morales (expresidente) son MAS cobardes y poco hombres que nunca al perseguir a mi hija por defender a su madre. ¡Denuncio ante la comunidad internacional esta nueva aberración!”

Carolina Ribera, la hija de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, reaccionó a las pesquisas en su contra por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Lo hizo en su cuenta de Twitter, retando a que la indaguen, ya que no tiene “nada que esconder”.

“La narcodictadura de Luis Arce pretende callarme. Me persigue por denunciar internacionalmente los vejámenes que cometen en contra de los presos políticos y por defender los derechos humanos en mi país. Investiguen, no tengo nada que esconder”.

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Este martes se conoció que Ribera y Natalia Ibáñez Vaca, la prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, son investigadas por legitimación de ganancias ilícitas durante el mandato de Áñez.

Para ello, las pesquisas cuentan con requerimientos fiscales para más de tres decenas de entidades. Se busca obtener los datos personales, movimientos en bancos y otra información sobre las implicadas.

El abogado de Ribera, Luis Guillén, catalogó como una “persecución” la indagación que se realiza, mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que se busca “impunidad”.

Pesquisas

“Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir. En lugar de perseguir narcos y delincuentes, inventan procesos ahora en contra mía por defender a mi madre, lo que cualquier hija haría hasta encontrar verdadera Justicia, debido proceso y Juicio de Responsabilidades” (sic), añadió Ribera.

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Áñez está recluida en el penal de Miraflores de La Paz. Fue sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.

En este proceso, la Fiscalía determinó que Áñez asumió su mandato de forma irregular, sin el quórum en la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado, el 12 de noviembre de 2019.

Ello sucedió tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, dos días antes, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares. En esto fue protagonista el actual gobernador Camacho, entonces presidente cívico cruceño.

Ahora, Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz, por el caso Golpe de Estado I, que indaga la caída de Morales. En el proceso igual figura Áñez.

Víctor Hugo Zamora ya tiene hora y fecha para sentarse en el banquillo de acusados, aunque no se conoce su paradero. El 28 de febrero comenzará el juicio oral por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, a fines de 2019, en el gobierno transitorio.

El anuncio es del representante de la Confederación Nacional, Energética y Petroquímica de Bolivia, Ludwin Sánchez. La factoría se encuentra en el trópico de Cochabamba y la investigación estima un daño económico de $us 243 millones.

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“Son seis acusados, el inicio de juicio oral será en la localidad de Ivirgarzama el martes 28 de febrero a las 09.00 de la mañana. Esta planta estaba siendo improvisada en su operación, mantenimiento y administración. Se han caído varios contratos internacionales de la venta de urea, hay varios temas que vamos a explicar en el juicio”, anunció Sánchez, según ABI.

La acusación fue presentada en marzo de 2022, en el caso bautizado como “YPFB-Bulo Bulo”. Implica a seis personas: el exministro de Hidrocarburos Zamora, que está declarado rebelde ante la Justicia; el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, también rebelde.

Las otras cuatro son Jorge R. B., exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB; Oscar A. B., exgerente de Industrialización; Carlos S. V., exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea; e Ivert F. O., excoordinador de la factoría enclavada en el departamento cochabambino.

Paralización

Los delitos son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía adelantó que hay 73 pruebas documentales y otras testificales.

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez comenzó el 12 de noviembre de 2019, dos días después del derrocamiento del presidente Evo Morales, quien renunció agobiado por denuncias de fraude electoral, protestas de entidades cívicas, un motín policial y la presión de los militares.

“Nosotros vamos a solventar la acusación de manera técnica, creemos que aquí se ha vulnerado y se ha querido atentar contra toda una generación de futuros profesionales porque al privatizarlo iban a relegar a muchos jóvenes profesionales”, complementó Sánchez.

Eso no es todo, el representante remarcó que se vulneraron todos los protocolos para la paralización de operaciones de la planta, provocando un daño a las máquinas. Y afirmó que otro punto pendiente es que el mandato de Áñez despidió injustificadamente a 200 trabajadores.