Seguridad Ciudadana

Sunday 19 May 2024 | Actualizado a 20:52 PM

A 11 años de la Ley 243, el caso precursor aún sigue impune

El juicio oral por al asesinato de la concejala Juana Quispe está en puertas.

Familiares piden justicia en las puertas de la Fiscalía.

/ 9 de enero de 2023 / 06:27

La participación política de las mujeres es un asunto pendiente en el país y uno de los problemas es el acoso político que se traduce en agresiones físicas y psicológicas hacia mujeres elegidas como autoridades.

Éste es el caso de la exconcejala de Ancoraimes Juana Quispe, quien fue víctima de “feminicidio político”. A casi 11 años de su asesinato, sus familiares siguen luchando para que se haga justicia.

Este caso ha dado vuelta al mundo y ha consternado al país; sirvió como precedente de acoso y violencia política. En consecuencia, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política Hacia Las Mujeres, que fue promulgada el 12 de mayo de 2012.

Paradójicamente, sus allegados conviven diariamente con el dolor de su pérdida y la impotencia que les produce la impunidad de los responsables de su asesinato.

Justicia y la ley

A casi 11 años del hecho, 13 marzo de 2012, aún no hay sentencia para los imputados; sin embargo, este miércoles 11 de enero los “sospechosos” serán puestos ante un juicio oral.

Los principales señalados por la muerte de Quispe son el entonces alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente. También está involucrada Exalta Arismendi.

“Llegar hasta este momento ha sido todo un vía crucis”, confirmó a LA RAZÓN la abogada Valkiria Lira, quien está llevando el caso.

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La jurista aseguró que es un proceso difícil y muy complejo, ya que se han enfrentado a rechazos, imputaciones defectuosas, objeciones, sobreseimientos y negativas de la Fiscalía a realizar una inspección ocular; una triangulación de llamadas, el desdoblamiento de un CD que contiene la denuncia de la exconcejala, cuando Quispe estaba con vida, y la reconstrucción del hecho.

Una muerte anunciada

El cadáver de la exconcejala fue hallado cerca del río Orkojahuira, en la ciudad de La Paz.

La abogada dijo que cuando hallaron el cuerpo sin vida, aún portaba la cuerda en el cuello.

“Ella no tenía dinero y sus dos celulares estaban en sus prendas; fue la primera vez que ella sale con quienes la agredían y apareció muerta”, recordó Lira, y explicó que horas antes se reunió con Huanca y sus acompañantes.

Seis meses antes de su muerte, en septiembre de 2011, en las oficinas de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), frente a las concejalas, Quispe entre lágrimas y sollozos advertía que la iban a matar.

“Me atrasaron, me querían hacer renunciar a la fuerza; mi hijo tiene 10 añitos, ni eso respetaron (…) con mis fuerzas dije, no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme, estoy dispuesta para morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir”, denunciaba al contar sobre el acoso que sufrió desde que fue elegida concejala por el municipio de Ancoraimes.

La abogada contó que Juana sufrió acoso por mucho tiempo y que para que la dejaran usar su curul incluso tuvo que llegar a instancias judiciales.

Contó que la violencia hacia la víctima comenzó cuando ella pidió dejar de ser concejala suplente, en ese entonces por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Ella ya no quería seguir siendo suplente, pero el MAS le dice ‘va a seguir siendo suplente’; entonces una organización ciudadana le abre las puertas y ella gana con un porcentaje importante su puesto de concejala. Ingresa con un postulado público de fiscalizar las acciones del alcalde”, dijo.

Esto no fue del agrado de Huanca ni de los concejales, que “no le dejan entrar desde el inicio a ejercer su curul de concejala”.

Contra el Acoso y Violencia Política Hacia Las Mujeres

“Organizaban las sesiones en distintas partes de Ancoraimes, lugares donde no le dejaban entrar; hasta que ella se ve obligada a ir con policías. Y existe la certificación de varios policías”, dijo.

Contó que obstaculizaban su paso con grupos de choque compuestos por familiares de Huanca, aseguró Valkiria Lira.

“La querían pegar. Le echaron cemento en los ojos, le daban golpes, la insultaban”, señaló.

Ante ello, Quispe acudió al entonces defensor del Pueblo, Rolando Villena (+), quien “sacó una resolución defensorial para que este caso se ventile en la Cámara de Diputados”, contó a este diario Casio Villanueva, tío de Juana.

También presentaron un amparo al Tribunal Electoral Departamental, el cual ganó, “pero ni con el primero ni con el segundo la dejaban ejercer su cargo”.

En última instancia, pensando que la violencia hacia ella cesaría, “inició un proceso penal de obediencia a órdenes judiciales y empezó así a citarlos” a sus acosadores. Esto los enfureció más”, dijo.

Pese a ello, el proceso avanzó. Habían pasado ya dos años de la primera denuncia y la presentación del amparo y un juez determinó una audiencia conclusiva.

“Ella estaba ya en una audiencia conclusiva que tenían que entrar (los acosadores) por desacato, a (la cárcel de) San Pedro (en La Paz). Félix Huanca ha entrado (anteriormente), pero solo un día, y con dinero lo han sacado”, dijo.

Aseguró que los acusados no son los autores materiales del caso, sino intelectuales. “Según hemos llegado a concluir, que ellos han pagado Bs 40.000 y que estaba incluido el fiscal que está en la cárcel por corrupción, Humberto Quispe; mediante ellos han conseguido un asesino y le han hecho asesinar”, supuso.

El hombre llegó a esta conclusión al resaltar que esta audiencia estaba programada para el 14 de marzo; sin embargo, el cuerpo de Juana fue hallado dos días antes.

Antes de ser concejala, Juana ya era un personaje político influyente para su comunidad, por toda la labor que hizo. Así la recuerdan sus familiares.

Contra el Acoso y Violencia Política Hacia Las Mujeres
La concejala Juana Quispe, su caso sirvió de precedente

DIFICULTAD.

En las comunidades las dificultades de las mujeres quedan limitadas a decisiones de su organización, que forman parte de un contexto patriarcal, explicó la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

“El hecho de que (las mujeres) hayan ingresado a espacios que tradicionalmente fueron masculinos genera resistencia; entonces, esto pasa también porque se reproducen subordinaciones de un sistema patriarcal en el cual el ejercicio de los derechos en igualdad de condición choca”, dijo en una entrevista con LA RAZÓN.

El caso de Juana Quispe no es el único en el país. La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) está representada por Gróver Sinka Cussi. Esta organización hace seguimiento a las denuncias por acoso y violencia política.

Desde 2018 se implementó el Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política, que es un lugar donde se recibe las denuncias y se genera datos.

En 2020, más de un centenar de concejalas presentaron denuncias contra acoso y violencia. En 2021 se recibieron 79 denuncias y en la gestión 2022, al menos 77 autoridades denunciaron.

“Desde 2018 hasta 2022 hemos atendido 560 casos. Los departamentos con más prevalencia de acoso son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló a LA RAZÓN.

Reveló que solo el 26% de las denuncias fueron oficializadas en las vías de tratamiento que estipula la Ley 243. Éstas son la vía penal, administrativa, constitucional y la instancia electoral.

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“En la vía penal, es la menor cantidad de casos que se ha llegado a sustanciar, esto debido a diferentes problemas, como la retardación de justicia o los ‘cuellos de botella’ que impiden la efectivización de la Ley 243”, explicó.

Las sanciones y penas

Los procesos son largos, pero las sanciones leves. En la vía administrativa, las faltas se catalogan como: leves, que son una llamada de atención escrita; graves, es el descuento salarial hasta del 20%, y las gravísimas, suspensión de hasta 30 días del cargo.

En la vía penal, la sanción es la privación de libertad; por acoso político, es una pena de dos a cinco años; por violencia política, es de tres a ocho años.

Mientras que en la vía constitucional la sanción es de acuerdo a lo que determine el Juez de Garantías Constitucionales, dijo.

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En la instancia electoral, la sanción se rige en la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Respecto de las sentencias, Sinka explicó que en el marco de la Ley 243, en la vía penal solo dos casos alcanzaron sentencia; sin embargo, “ninguna de esas corresponde a casos de concejalas o alcaldesas, pese a que son el grupo mayoritario que presentan denuncias por acoso y violencia política” hacia ellas.

Resaltó que la mayoría de las denuncias por presión se camuflan por decisiones personales.

Señaló que la retención de salarios y la divulgación de información falsa para desprestigiar sus funciones de las autoridades son otras de las complicaciones que tienen las autoridades mujeres en el momento de ejercer su cargo.

Por su parte, Sánchez reflejó que también hay situaciones por las que las mujeres se ven limitadas en el desempeño de sus funciones y no se considera, en la sociedad; ésta es la atribución de otras responsabilidades, como el trabajo doméstico, de cuidado de los hijos y la atención en casa.

Pese a ello, en el ámbito electoral las mujeres han alcanzado una participación activa.

Subrayó que la Ley Electoral garantiza paridad y alternancia, lo que significa que el 50% deben ser varones y el otro 50% deben ser mujeres en curules del Estado.

“Los datos de las elecciones del 2020, se ve que en el Senado existe una representación del 55,5% de mujeres; 20 de sus 36 miembros son mujeres, y en Diputados 61 de sus 130 integrantes son mujeres. Llegando casi al 47% del total por primera vez en la historia democrática del país”, resaltó.

Las mujeres van adquiriendo presencia en ámbitos que antes eran considerados para hombres.

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¿Por qué Camacho, Calvo y Cuéllar son acusados? Repaso a la violencia en el paro de 36 días

El paro de 36 días degeneró en al menos tres muertes, quema de sedes sindicales, “cobros” en las rotondas, impedimento al paso de vehículos con personal médico y ambulancias, y golpiza a indígenas, entre otros extremos.

Manifestantes en apronte durante el paro de 36 días en Santa Cruz.

Por Milenka Rivera y Rubén Atahuichi

/ 20 de octubre de 2023 / 14:09

Los principales líderes del paro de 36 días por Censo en 2023 fueron acusados por varios delitos. Entonces, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz propició las protestas que causaron violencia y racismo.

La movilización degeneró en al menos tres muertes, quema de sedes sindicales, “cobros” en las rotondas, impedimento al paso de vehículos con personal médico y ambulancias, y golpiza a indígenas, entre otros extremos.

El jueves, la Fiscalía General del Estado presentación la imputación contra cinco dirigentes de la organización conformada por la Gobernación, el Comité pro Santa Cruz y la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM).

Los acusados son el gobernador Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico Rómulo Calvo, el rector Vicente Cuéllar, el vicerrector Reiniero Vargas y el abogado José Luis Santiesteban.

Ellos habían propiciado el paro indefinido contra el Censo de Población y Vivienda fijado para 2024 por el Decreto Supremo 4670, que al final fue abrogado. El paro se inició el 22 de octubre y terminó el 26 de noviembre. Fue llamado el paro de los 36 días.

Antes, el 23 de noviembre, Camacho llamó a conferencia para afirmar que la solución del conflicto estaba en manos del Gobierno. Afirmó que la fecha ya “no es determinante” y que “es un tema que viene a ser un concho del logro del paro”.

Al final, luego de mesas técnicas en Cobija, la Asamblea Legislativa sancionó la ley que fijó el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024.

El presidente Luis Arce promulgó el 2 de diciembre la Ley 1492, de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.

“Les pido reflexionar y hacer énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca”, arguyó el mandatario.

Admisión

El 11 de noviembre, el vocero de la UAGRM, Manfredo Bravo, admitió que los “malvivientes” habían tomado el control de las protestas. “Borrachos, malvivientes y drogados se apoderaron de puntos de bloqueo; ya no es el ciudadano común el que está bloqueando, hay gente malviviente”, afirmó.

Sin embargo, el Comité pro Santa Cruz denunció un “afán de revanchismo” del Gobierno, “utilizando la justicia como su brazo represor” y de “persecución política”.

Los dirigentes son acusados de presuntos delitos terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas.

La Fiscalía abrió el caso a instancias del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto Marcelo Mayta, el 11 de noviembre de 2022. La Fiscalía de La Paz recibió la denuncia, pese a que los hechos acontecieron en la capital de Santa Cruz.

Puede leer: Camacho, Calvo, Cuéllar y otros, imputados por la violencia en el paro de 36 días

Aquí, un repaso de los hechos contados por La Razón el 7 de diciembre:

Muerte en Puerto Quijarro

El mismo día en que se inició el paro, el 22 de octubre, una persona, Julio Taborga, murió luego de una golpiza en un punto de bloqueo en Puerto Quijarro.

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, el hombre fue golpeado hasta morir por seguidores cívicos que impulsaban las protestas por el Censo en 2023. Habían sido detenidas tres personas.

Racismo contra ayoreas

La mañana del 28 de octubre, un grupo de mujeres de la nación ayorea que bloqueaban en contra del paro fue amedrentado y discriminado por Daniel Velázquez, subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez.

El hombre, con chicote en mano y propalando palabras racistas, intentó cruzar el sector y desbloquear el punto. Incluso denunció que fue chicoteado luego de los incidentes.

El juez de instrucción penal de Concepción, Jhonnie Orinohi, emitió un fallo en contra del funcionario, que contemplaba arraigo, fianza de Bs 20.000 y la presentación cada semana a firmar un acta en la Fiscalía.

Además, prohibió a Velásquez acercarse a la comunidad ayorea denunciante.

Violencia en La Guardia

La noche del martes 1 de noviembre, en camionetas y motocicletas, pertrechada de petardos o bazucas artesanales, incluso armas de fuego, una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) llegó a La Guardia con el fin de desbloquear un cerco campesino contra el paro.

Hubo enfrentamientos entre “unionistas” y efectivos de la Policía, además de varios detenidos. En medio de los incidentes, el periodista de la red Unitel Mario Rocabado fue herido en la cabeza y socorrido por la Policía.

Según el Ministerio Público, los movilizados destruyeron seis vehículos patrulleros, uno con arma, y saquearon el comando policial del municipio.

De entre los detenidos, Anderson Lijerón López, de 22 años, se declaró culpable de los ilícitos y fue sentenciado a prisión en Palmasola en un juicio abreviado.

Motociclista degollado

La noche del 9 de noviembre, un hombre, Eduardo Arancibia (22), que retornaba a su casa en una motocicleta junto a dos personas, resultó degollado por un cable coaxial que los bloqueadores habían tendido de poste a poste en un punto de bloqueo.

La víctima no se percató de la extensión y fue sorprendido con fuerza, hasta que perdió la vida por una herida profunda en el cuello. Cinco personas, que controlaban el punto, están aprehendidas.

Apuñalados en un punto

Al día siguiente, la madrugada del 10 de noviembre, en la zona Barrio Latino dos hombres fueron apuñalados; a José Eduardo Sosa (28) le extirparon el corazón, mientras que Jhon Jairo Montero (19) resultó herido.

Según la Policía, ambos se disputaban el control del punto de bloqueo. Una persona se encuentra en prisión con detención preventiva por el caso.

Quema de la sede de campesinos

El 11 de noviembre, a 21 días de haber iniciado el paro cívico en Santa Cruz, gremiales, transportistas e interculturales protestaron contra el paro con una movilización hacia la rotonda del Chiriguano.

A su paso, algunos encapuchados desmantelaron puntos de bloqueo y se encontraron la resistencia de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes, en represalia más tarde, quemaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos ‘Apiaguaki Tumpa’.

Además, doblaron las rejillas, golpearon constantemente el letrero de esta federación, sacaron sillas, mesas y saquearon las instalaciones. De los 10 acusados de haber propiciado el incendio en la sede, cuatro deberán esperar su proceso en el penal de Palmasola.

Saqueo de la COD

El mismo día, miembros de la UJC saquearon la sede de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, de la que se llevaron equipos y materiales.

Al menos dos personas se sometieron a un juicio abreviado y recibieron sentencia condenatoria cuatro años de prisión y 15 recibieron medidas sustitutivas.

Bloqueo al acceso a la salud

En distintas fechas, hubo hechos de violencia que vulneraron el acceso a la salud y al libre tránsito.

Desde el Ministerio de Salud y familiares de pacientes con cáncer se denunció que los bloqueadores trataron con crueldad a los enfermos, incluso a los niños, impidiendo incluso el paso de las ambulancias.

Incluso hubo personas que controlaban credenciales del personal médico en los vehículos de emergencia.

Enfermos renales fallecidos

Igual panorama sufrieron los enfermos renales. El secretario general de Vida y Esperanza, de los centros de hemodiálisis, Marco Antonio Torres, denunció que debido al paro con bloqueos cinco pacientes que necesitaban realizar hemodiálisis no fueron atendidos oportunamente y fallecieron, mientras que otros se encuentran en terapia intensiva.

Violencia en puntos de bloqueo

Lo que comenzó como un “paro pacífico”, con el pasar de los días, se fue convirtiendo en ola de agresiones de parte de algunas personas que resguardaban los puntos de bloqueo.

Con palo en mano y amedrentando a la gente que pasaba por el lugar, iban desquitando su ira contra aquellos que no estaban de acuerdo con la medida y les cobraban “peaje”.

En algunos puntos los ciudadanos fueron agredidos cuando intentaban pasar con sus bicicletas, fueron obligados a descender y a cruzar a pie, “como símbolo de respeto al paro”.

‘Peaje’ en los puntos de bloqueo

Estos puntos de bloqueo fueron aprovechados por algunos “pitilleros” o extranjeros para lucrar: cobraban una “peaje”, incluso bajo boleta, a quienes cruzaban el lugar.

La Dirección de Migración deportó a al menos tres foráneos.

Y los testimonios sobre cobros irregulares abundaron en redes sociales.

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Rige el horario de invierno en La Paz, Oruro y Potosí

La medida también se aplicará en las zonas altas de tres regiones.

A partir del martes regirá el horario de invierno para estudiantes en tres departamentos.

/ 29 de abril de 2023 / 06:40

A partir del martes 2 de mayo regirá el horario de invierno en tres departamentos: La Paz, Oruro, Potosí y en las zonas altas de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, anunció ayer el ministro de Educación, Édgar Pary.

La determinación fue asumida por el Ministerio de Educación, luego de una evaluación a la situación epidemiológica que atraviesa el país por el incremento de los casos de infecciones respiratorias y el descenso de temperaturas.

También se analizó el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de los nueve departamentos, lo que fue determinante para aplicar el horario de invierno.

A partir del martes, los estudiantes que asisten a clases en el turno de la mañana ingresarán a sus unidades educativas con media hora de retraso, y para los que estudian en el turno de la tarde se adelantará su salida en media hora.

Pary resaltó que la finalidad de adelantar el horario de invierno es precautelar por la salud de los estudiantes de la zona altiplánica, ya que en esta región el descenso de temperaturas es prominente.

Afirmó que las direcciones departamentales de Educación en coordinación con las distritales y las unidades educativas deberán hacer cumplir la disposición.

Pary recomendó el uso de las medidas de bioseguridad como la utilización de barbijos, el alcohol en gel y el lavado de manos para evitar contraer los resfríos. También que los menores acudan “abrigados” a sus unidades educativas y descartó la modalidad virtual en el avance de contenidos. “Tenemos que aprovechar al máximo la presencialidad”, defendió.

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Aclaró que el uniforme de colegio no es obligatorio, pero sí que los estudiantes lleven ropa abrigada por las bajas temperaturas.

REPORTE.

En las últimas semanas se incrementaron los casos de resfríos, influenza y virus respiratorio sincitial en seis departamentos del país: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni y Pando.

Sobre el reporte epidemiológico de la semana 15, el ministro de Salud, Jeyson Auza, señaló que de enero a abril de este año se registraron 1.038.262 casos de infecciones respiratorias, mientras que el año pasado, en el mismo lapso, el país alcanzó los 850.000 casos.

“Bolivia se encuentra en un incremento de casos; si analizamos en los datos epidemiológicos podríamos decir que estamos en una epidemia de enfermedades agudas, seis de los nueve departamentos están en epidemia”, informó el lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

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Casi un millar de microrrelatos sobre racismo pasa a la segunda fase de un concurso

Los seleccionados de la segunda fase del II Concurso Nacional de Microcuentos sobre racismo serán conocidos en junio de esta gestión.

El II Concurso Nacional de Microcuentos “Mi alma no tiene color, una vida libre de racismo”. Foto: Banco Mundial-Concurso microcuentos contra el racismo

/ 28 de abril de 2023 / 11:04

El II Concurso Nacional de Microcuentos “Mi alma no tiene color, una vida libre de racismo” tienen interesante repercusión: 995 microrrelatos pasaron a una segunda fase. Un total de 1.036 aficionados de literatura respondieron a la convocatoria.

Los seleccionados pasaron la verificación de nacionalidad del autor, lugar de residencia, el registro de no más de una obra y que ésta tenga una extensión máxima de 3.000 caracteres.

El concurso es organizado por la oficina del Banco Mundial (BM) en Bolivia, en el marco de su misión institucional de luchar contra la pobreza y promover la inclusión social.

El objetivo del concurso es promover la conversación y la reflexión colectiva sobre esta problemática a través del arte, aseguró la representante residente del Banco Mundial en Bolivia, Indu John-Abraham.

“Estamos seguros de que cada persona alcanzada con estas historias verá con otros ojos el sufrimiento que causa la discriminación racial pero también será inspirada para luchar contra este flagelo”, dijo.

El jurado calificador está integrado por los literatos bolivianos de renombre nacional e internacional Liliana Colanzi, Mauricio Murillo y Rodrigo Urquiola.

En la versión de esta gestión existe un significativo aumento de la participación, 63,9% más en comparación con el primer concurso, “Si tus ojos vieran mi historia” (2021), que recibió 632 inscripciones.

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Además, se incluyó por primera vez a la población adolescente y se estableció una categoría específica (A) para que las personas de entre 13 y 17 años puedan compartir sus experiencias y reflexiones acerca del racismo, la discriminación racial y sus efectos.

Los jurados Colanzi, Murillo y Urquiola tendrán cinco a seis semanas para calificar los relatos y seleccionar cinco microcuentos finalistas en cada categoría. Se prevé que se den a conocer los nombres de las obras y de los autores a mediados de junio. 

Los tres microrrelatos que resulten ganadores en cada categoría serán ilustrados y traducidos al quechua, aymara, guaraní e inglés. También se ha previsto su publicación y difusión en los ámbitos nacional e internacional a través de la web oficial del Banco Mundial en Bolivia, de las redes sociales regionales del banco y en los principales medios impresos del país.

Además, los cinco microcuentos semifinalistas de cada categoría serán publicados en una antología que será distribuida en todo el país.

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Horario de invierno desde el martes en La Paz, Oruro, Potosí y zonas altas de tres regiones

El horario de invierno consiste en retrasar la hora de ingresos en el turno de la mañana y adelantar las salidas en el turno de la tarde.

Niños abrigados acuden a sus unidades eductivas.

Por Milenka Rivera

/ 28 de abril de 2023 / 10:45

Ante el incremento de los casos de infecciones respiratorias y el descenso de temperaturas, el ministro de Educación, Édgar Pary, informó que se implementará el horario de invierno en La Paz, Oruro, Potosí y zonas altas de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca desde el martes 2 de mayo.

“La implementación de este horario de invierno se está implementando en La Paz, Oruro, Potosí y zonas altas de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. A partir del martes se implementa el horario de invierno”, dijo.

La medida surge luego de que se emitiera los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y de los Servicio Departamental de Salud (Sedes) de los nueve departamentos en los que manifestaron la situación epidemiológica de cada región, además de la coordinación del Ministerio de Salud.

El horario de invierno consiste en retrasar las horas de ingresos en el turno de la mañana y adelantar las salidas en el turno de la tarde. El ministro resaltó que la finalidad es precautelar la salud de los estudiantes de la zona altiplánica, ya que en esta región el descenso de las temperaturas es prominente.

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Pary recomendó el uso de las medidas de bioseguridad como el uso de los barbijos, el alcohol en gel y el lavado de manos para evitar contraer los resfríos. También que los menores acudan “abrigados” a sus unidades educativas y descartó la modalidad virtual en el avance de contenidos. «Tenemos que aprovechar, al máximo, la presencialidad», defendió.

El lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza, reportó que seis de los nueve departamentos —La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni y Pando— se encuentran en situación de epidemia por el incremento de las Infecciones de Respiratorias Agudas (IRA) o resfríos, y de enero a abril el país superó el millón de enfermos.

Solo en esta semana se reportó 20.966 nuevos casos de infecciones respiratorias, un incremento del 23,2% en comparación con la semana epidemiológica 14.

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El magisterio urbano rechaza y considera ‘irrisoria’ el incremento salarial

La noche del miércoles, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial de 3% al haber básico y de 5% al mínimo nacional.

Maestros marchan en rechazo al incremento salarial. Foto: APG

Por Milenka Rivera y Pedro Luna

/ 27 de abril de 2023 / 16:39

El ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina, informó que el magisterio urbano calificó de burla el incremento salarial de 3% al básico y 5% al mínimo nacional.

Y sugirió impulsar una renovación en la dirigencia de los trabajadores.

“Un incremento que nos parece todo un insulto a la clase trabajadora; esos son los motivos por los que nos estamos movilizando hoy”, dijo.

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El dirigente señaló que en los últimos años el poder adquisitivo ha perdido su valor y los incrementos han estado estancados.

“Solo el año pasado hubo un incremento mínimo que no satisface ni siquiera para reponer la pérdida del valor adquisitivo del salario”, enfatizó.

La noche del miércoles, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial de 3% al haber básico y de 5% al mínimo nacional.

Ante ello, Molina lamentó que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, aceptara este porcentaje y consideró su accionar como parcializado al partido del Gobierno.

En ese sentido, manifestó su molestia e indicó que la clase obrera debe exigir un congreso extraordinario en el que se pida al organismo “una rendición de cuentas y responda a las necesidades de los trabajadores y no así a un partido de Gobierno”.

El magisterio urbano se encuentra movilizado desde hace ocho semanas, exige al gobierno el cumplimiento de cinco puntos: más prepuesto para educación, más ítems de nueva creación, el rechazo de la implementación de los contenidos actualizados de la malla curricular, el congreso educativo y la compensación del déficit histórico.

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