Millones de hectáreas afectadas y al menos 18.194 familias damnificadas, son el saldo que el fuego ha dejado esta gestión en el país. Con cultivos hasta viviendas dañadas, el Gobierno planifica ya la ejecución de la fase posincendios con una cuantificación a detalle del desastre.

“Si no se actuaba desde el Gobierno nacional apagando estos incendios, la intensidad del fuego de los puntos de incendio podía generar un desastre en nuestro país, de manera que se ha evitado un desastre mayor”, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

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El fuego, que fue incrementando en su intensidad entre junio y noviembre de esta gestión, afectó hasta el pasado mes a un total de 3.372.369,46 hectáreas; de las cuales 1.107.513,55 corresponde a cobertura de bosques y 2.264.855,91 a pastizales y matorrales.

De acuerdo con los datos de la cartera estatal, en cuanto a hectáreas comprometidas por el fuego, el más dañado resultó ser el departamento de Beni, con un área mayor de pastizales, no así Santa Cruz, que registra la mayor cantidad de hectáreas de áreas con árboles impactadas por los incendios.

POSINCENDIOS

“Es porque en el Beni todos los ganaderos queman sus áreas de pastoreo de ganado, porque consideran ellos que en la temporada entre septiembre, octubre y noviembre queman los pastizales para que rebroten y esto garantiza el alimento del ganado”, dijo.

Tanto en hectáreas de pastizales secos como de árboles, La Paz ocupa el tercer lugar en afectación.

El dato de más de tres millones de hectáreas afectadas hasta noviembre de esta gestión es menor al registrado en los años pasados. En 2022 se reportaban 4.466.540 hectáreas dañadas.

No obstante, aunque este año la cifra de daños en la tierra se perfila a cerrar como menor a la de la gestión pasada, el fuego de nuevo dejó decenas de familias y viviendas damnificadas; los datos exactos son ya colectados. Novillo indicó que la fase posincendios incluirá la cuantificación exacta de la afectación del fuego y la ayuda a los damnificados, mediante programas del Gobierno.

“Hasta la fecha se tiene, de forma preliminar: 18.194, ese es el cálculo que se tiene (…). Viviendas afectadas y destruidas tenemos 133, que también es un dato preliminar. Ya se está haciendo un trabajo de cuantificación en el que participa el municipio, (el viceministerio de) Defensa Civil y también los comunarios”, indicó.

A tiempo de denunciar hechos “bochornosos” y agresiones, el Ministerio de Educación determinó suspender la etapa de calificaciones del proceso de institucionalización de cargos directivos del departamento de La Paz. Integrantes de la Comisión Evaluadora Interinstitucional habrían sido víctimas de estos ataques.

“Queremos denunciar públicamente hechos bochornosos ocurridos en la Dirección Departamental de La Paz para que haya favoritismo a algún candidato. Nuestros compañeros responsables de la comisión han sido agredidos; y están con lesiones ocasionadas por personas ajenas al proceso de institucionalización”, informó el ministro de Educación, Édgar Pary.

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La cartera estatal denunció que las agresiones se registraron en medio de la fase de calificaciones; en la que se determinará, entre otros cargos, al nuevo director departamental de Educación de La Paz. No obstante, el proceso se frenó de forma repentina y en medio de problemas; que presuntamente provocó un grupo allegado a un postulante al citado puesto.

CARGOS DIRECTIVOS

“En medio del desarrollo de la etapa de Calificación de Méritos y defensa del Proyecto de Gestión Académica-institucional y Curricular de los postulantes de La Paz, un grupo de personas que se identificaron como ponchos rojos de la Provincia Omasuyos; irrumpieron de manera abrupta en la etapa de calificación de un postulante; ingresaron al recinto de manera premeditada; amenazaron y agredieron con golpes y latigazos a los miembros de la Comisión Evaluadora Interinstitucional; cuyo presidente fue amenazado de muerte por el postulante Quispe Catacora Raúl Alberto” (sic), detalló el Ministerio de Educación, mediante una nota institucional.

Se aclaró que el proceso de institucionalización de cargos directivos no está suspendido en su totalidad; sino que se buscará establecer mecanismos para garantizar la seguridad antes de retomar su normal desenvolvimiento.

“Nosotros, como Ministerio de Educación, vamos a continuar este proceso de institucionalización. Lamentablemente hemos estado recibiendo amenazas para que se caiga el proceso de institucionalización, sin embargo, eso no lo vamos a permitir”, remarcó Pary, que aseguró que “el trabajo se está haciendo en el marco de la normativa y la transparencia, por lo tanto, no vamos a permitir que este tipo de hechos empañen este proceso”.

A más de un año del crimen, al fin los feminicidas de Verónica fueron sentenciados. La Justicia determinó la pena máxima para Omar E.L.C., y Gonzalo T.R.Z., de 31 y 44 años, responsables de matar a la mujer de 25 años tras que salió de una fiesta en Caranavi, La Paz.

“En la audiencia, el Ministerio Público presentó las pruebas obtenidas en la investigación por el delito de trata de personas; como el acta de registro del lugar del hecho y muestrario fotográfico; acta del secuestro del vehículo, donde subió la víctima cuando desapareció; declaraciones testificales y el acta de protocolo de autopsia de la víctima, entre otras que valoró el tribunal para sentenciarlos; además ante la carga probatoria el tribunal emitió su resolución por feminicidio”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

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El crimen sucedió el 2 de mayo de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Verónica salía de un evento social cuando decidió tomar un taxi para volver a casa. No obstante, el viaje nunca llegó a su destino y con el paso de las horas la preocupación crecía. El hermano de la mujer decidió indagar sobre lo sucedido y puso la denuncia de su desaparición.

FEMINICIDAS

“Tras la investigación por el delito de trata de personas, se logró determinar que la joven tomó el taxi para retornar a su hogar y se durmió, momento que es aprovechado por los acusados para ingresarla a un domicilio; para después quitarle la vida y deshacerse del cuerpo cerca de un río del municipio de Caranavi, de donde los Bomberos rescataron a la fallecida”, indicó la fiscal de Trata y Tráfico, Sheyla Rodríguez.

Tras hallar los indicios suficientes, ambos hombres quedaron aprehendidos y fueron puestos a disposición de la Justicia; que determinó la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro.

“De acuerdo a la autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la causa de muerte de la víctima fue por traumatismo cráneo encefálico cerrado; tenía signos de violencia”, indicó la Fiscalía, mediante una nota institucional.

Con lluvias cada vez más intensas y constantes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta naranja desde este sábado en regiones de seis departamentos, debido al peligro de desbordes de ríos. Cuencas de Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz están en este riesgo.

“Alerta naranja se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia e intensidad de las lluvias indican la posibilidad de presentar desbordes en las próximas horas”, informó el Senamhi, en el aviso.

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En el departamento de Potosí la alerta rige desde este sábado hasta el 6 de diciembre, en los ríos Yura, Tupiza y Cotagaita; además de las quebradas San Antonio y Remedios, lo que incluye a todos sus afluentes secundarios.

Respecto al departamento de La Paz, el riesgo está latente desde este domingo. Los ríos bajo este peligro de desbordes son Cotacajes, Boopi, Tamampaya, Solacama, Chulumani, Unduavi, Taquesi, Zongo, Coroico, Yara, Tipuani, Mapiri, Kaka, Quendeque. En tanto que en el río Suches la alerta se emitió entre este domingo y el 6 de diciembre.

DESBORDES DE RÍOS

A regiones como Guanay, Mapiri, Coroico, La Asunta, Chulumani, Zongo, Caranavi; Tipuani, Mocomoco, Teoponte, Pelechuco y Escoma, así como todas las cercanas a estos ríos se les pidió tomar los recaudos ante estos posibles fenómenos adversos.

En Santa Cruz, el Senamhi puntualizó las recomendaciones para las poblaciones cercanas a los ríos Yapacaní, Piraí, Ichilo, Surutú, Grande y Mizque, entre el 4 y 7 de este mes. Las mismas fechas son las que contempla la alerta en Cochabamba; donde los ríos en cuestión son: Ivirgarzama, Ivirgarzama, Magareño, Mamorecillo, Chapare, Ichóa, Chipiriri, Eterazama, Isiboro, Venticuatro, Mizque y Paracaya.

La alerta naranja también rige en los ríos Pilcomayo, Parapetí, Chico, Ravelo, Potolo, Chaunaca, Pescado, Zudañes, Azero, Huacaya y Machareti, en el departamento de Chuquisaca, entre el 3 y 6 de diciembre. Para Tarija, la alerta es en las mismas fechas en los ríos Guadalquivir, Bermejo, Salinas y San Telmo, donde se prevé que los niveles de las aguas sobrepasen sus límites de seguridad.

Con el espíritu festivo ya en las calles, la Policía Boliviana presentó este viernes su plan de seguridad para las fiestas de fin de año, el cual incluye el despliegue de miles de efectivos, tanto para la atención de casos como para su prevención.

“La Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno lanza,, hoy 1 de diciembre, el plan ‘Unidos por la Seguridad en Navidad y Año Nuevo’; un plan que implica el compromiso de servidores públicos policiales a diario”, informó el comandante de la institución verde olivo, general Álvaro Álvarez.

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La autoridad policial explicó que los “más de 10.000 efectivos” movilizados en este plan tendrán el objetivo de hacer que la población pase unas fiestas seguras; además de ayudar a la prevención de delitos con orientación en zonas concurridas, como áreas comerciales.

“Este plan implica un compromiso no solo de la Policía Boliviana, sino también de la población. Juntos vamos a pasar una feliz Navidad y un Año Nuevo sin excesos”, indicó.

El general Álvarez añadió que incluso no está descartado el uso de un patrullaje aéreo por medio de un helicóptero; “principalmente en el departamento de Santa Cruz, en ciudades capitales e intermedias”.

El trabajo de la Policía se intensifica en estas fechas de fiestas de fin de año, debido a que se incrementa el flujo comercial y de personas en centros de abasto y comercios.