La instalación de una planta procesadora de cítricos en Caranavi y de otra en Alto Beni es el principal acuerdo alcanzado anoche por el Gobierno y los dirigentes de Caranavi, tras nueve horas de intenso debate.
Se trata de la única demanda que Caranavi consiguió de un total de 12 que planteó de inicio y que se redujeron a cinco para entablar el diálogo de ayer. Entre los pedidos a ser abordados a futuro están la carretera a Quiquibey, electrificación, agua potable y la constitución de una universidad y un instituto técnico en la provincia.
Los dirigentes tampoco lograron la liberación de 14 detenidos, ni la suspensión de los procesos legales en contra de éstos y menos la renuncia del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
«Nos hemos descuidado un poco, pero tampoco queríamos más polémica y sí una solución», reconoció al final de la cita René Alegre, dirigente de los productores de coca, quien de alguna manera resumió la resignación de la representación caranaveña. Por el lado del Gobierno, la solución le significará un gasto adicional de dos millones de dólares por otra planta de cítricos en Alto Beni, tal como exigieron desde esa región.
Tras nueve horas de reunión, fue el vocero presidencial, Iván Canelas, quien informó los detalles de la solución al conflicto que comenzó el 26 de abril con el bloqueo de la ruta La Paz-Caranavi, que provocó una intervención policial con el saldo de dos jóvenes muertos de bala y una veintena de heridos.
«Se firmó un acta con el análisis general del conflicto: la planta de cítricos, el agua, carreteras, electricidad y sobre el Instituto Superior Técnico Agroindustrial. En el debate se ha establecido que el origen del problema fue la ubicación de la planta de cítricos y el pedido de los dirigentes de acomodarla en Caranavi, sin un previo estudio técnico», refirió la autoridad.
Además, aseguró que «por decisión del presidente Evo Morales se estableció la construcción de dos plantas procesadoras de cítricos, una en Caranavi y otra en la región de Alto Beni».
En el acta firmada por las federaciones, también se establece que «si los dirigentes asistían el 24 de abril a reunirse con las autoridades, nunca hubieran ocurrido los conflictos».
En el mismo documento, los dirigentes expresaron la voluntad de pacificar la región. Para las otras demandas agendadas se determinó que los dirigentes se reunirán con ministros de cada área para analizar sus planteamientos.
«Con esto hemos encontrado una solución a un problema que no debía haberse registrado. Respecto al pedido de renuncia de Sacha Llorenti, se hizo entender que esa es atribución exclusiva del presidente Evo Morales», aclaró Canelas.
Tras intentos de condicionamientos y posturas radicales, el Ejecutivo y dirigentes de la población de Caranavi iniciaron el diálogo a las 10.45 de ayer.
El presidente Evo Morales presidió la cita. Junto a él participaron de la reunión la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo; la viceministra de Mediana y Pequeña Empresa, Patricia Ballivián; el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Edgardo Vásquez, y el vocero. Al frente, representantes de 40 organizaciones sociales, gremiales y vecinales de Caranavi.
No estuvieron presentes en la reunión el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ni el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, quienes fueron actores principales durante el desarrollo del conflicto en el norte paceño.
Laruta no prometió la planta
La Prefectura de La Paz aclaró que el secretario general de la entidad, Emilio Laruta Vino, en ningún momento comprometió, a nombre de la institución, la construcción e instalación de una planta procesadora de cítricos para Caranavi, tal como erróneamente se publicó en este medio el lunes 10 de mayo. La Razón pide las disculpas del caso a la autoridad.
Piden investigación internacional
El vocero de Gobierno, Iván Canelas, señaló que dentro de los acuerdos alcanzados para llegar a la solución al conflicto en Caranavi, está la realización de «una investigación nacional e internacional de las dos muertes registradas en el conflicto».
«Se ha establecido que se debe realizar una profunda investigación de los hechos registrados en Caranavi ,que derivaron en el sensible fallecimiento de dos personas y una veintena de heridos, entre ellos de la Policía», manifestó.
«Debemos esperar esa investigación. Los compañeros quieren eso, es de interés no sólo de ellos, sino también del Gobierno y tiene que ser transparente», puntualizó el vocero.
Además, los dirigentes, en coordinación con el Ejecutivo, asumirán una investigación de «todos los casos de corrupción» que fueron denunciados.
Los colonizadores enviaron ayer una carta a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y DDHH, en la que piden la investigación de los hechos.