Sociedad

domingo 7 mar 2021 | Actualizado a 02:05

Ayllus admiten que lincharon y se rebelan ante la ley

Potosí. Ni la Policía ni otras autoridades pueden ingresar a la localidad de Saca Saca

Cabildo. Comunarios de los ayllus se reúnen en la plaza 6 de Agosto, tras una marcha de protesta.

/ 27 de mayo de 2010 / 05:00

Tras una marcha de indígenas de cinco ayllus potosinos en Uncía, sus representantes reconocieron ayer, en un cabildo, haber matado a cuatro policías que fueron tomados de rehenes el domingo. Declararon al lugar «zona roja» y decidieron impedir el ingreso de policías y fiscales.

Durante el masivo encuentro en la plaza principal de Uncía (la 6 de Agosto), los indígenas aseguraron haber colgado a los cuatro policías que trabajaban para la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) del departamento de Oruro.

En el acto, declararon a Uncía zona libre para el tránsito y comercialización de vehículos y productos del contrabando. Además, anunciaron que ante cualquier acto delictivo, las autoridades indígenas tomarán decisiones.

El personal policial de la zona se replegó la mañana de ayer a Llallagua por seguridad.
Hace al menos dos semanas las autoridades del Ministerio Público no pueden ingresar al lugar luego de conocer otros hechos delictivos.

Uno de ellos es el asesinato de tres integrantes de una familia: padre, madre e hijo, quienes al parecer murieron a manos de los mismos comunarios por un conflicto de tierras. A la fecha no se conoce sobre el destino de los tres cadáveres y tampoco se inició una investigación del caso.

Luego de tomar de rehenes a los policías Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alabe Arias y Miguel Ramos Palluni, en Saca Saca, ningún jefe policial ni autoridad del Ministerio Público tuvo acceso al lugar hasta ayer, a pesar de las gestiones que hizo incluso el Gobierno.

«Hermanos, no hemos matado policías, hemos hecho morir a ladrones disfrazados de policías», dijo uno de los líderes indígenas en el cabildo, según un reporte del periodista Juan Carlos Enrique de radio Pío XII. El director de la radio Uncía, Freddy San Miguel, informó a La Razón que se confirmó el deceso de los uniformados y que los comunarios de los ayllus los enterraron.

«Con cierto hermetismo, ellos lo confirmaron. Incluso señalaron que no se trata de los policías», afirmó San Miguel y añadió que la gente contaba el hecho en tono burlesco. La Policía informó que los efectivos no se reportaron con su unidad desde el domingo 23 de mayo.

En el cabildo, al menos 1.500 personas de los ayllus Karachas, Aymayas, Laymes, Urakas y Jukumanis decidieron no entregar los cuerpos de los uniformados mientras la Policía no les devuelva vehículos que habrían sido robados y hasta que no se esclarezca la muerte de varios de sus coterráneos, supuestamente, a manos de los uniformados.

Una de las autoridades indígenas hizo un recuento sobre las constantes pérdidas y el robo de vehículos de los que fueron víctimas desde el 2006. «Estamos conscientes de que desaparecieron estas cuatro personas, pero es por algo», dijo uno de los campesinos en el encuentro en Uncía.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, informó que datos extraoficiales indican que dos de los cadáveres habrían sido enterrados en Cala Cala, uno en Saca Saca y el último en Ingachi.

Mientras, los comunarios determinaron que si no se cumplen las condiciones citadas no se dará información sobre el lugar donde fueron enterrados los cadáveres. Manifestaron su molestia sobre el accionar de la Policía, porque en el tramo Uncía-Challapata, por donde circulan vehículos ‘chutos’, los efectivos les pedirían dinero. «Hablaron de 200 hasta 2.000 dólares para que dejen pasar los coches», contó San Miguel en un contacto con La Razón.

El viceministro Vásquez informó que de manera oficial se conoce que los cuatro policías se habrían desplazado el domingo hasta Llallagua y Uncía para patrullar. «En el lugar habrían sido interceptados por los comunarios», manifestó la autoridad.

Anoche, uno de los dirigentes del lugar se contactó con el programa Que no Me Pierda (red Uno) y le contó que el director de la Policía de Llallagua habría enviado a los cuatro efectivos hasta Uncía. Asimismo, denunció que les robaron 4.500 bolivianos el fin de semana.

Ante las denuncias de supuesta extorsión, el viceministro Vásquez señaló que se tiene esa denuncia y que está en proceso de investigación por parte del Ministerio Público. «Los resultados darán las conclusiones sobre qué es lo que realmente estaban haciendo en el lugar», agregó.

Investigación. Vásquez adelantó que la Fiscalía llevará a cabo dos indagaciones. La primera referida a las acciones de los comunarios de los ayllus en contra de los cuatro policías, que terminaron con la vida de éstos; y la otra estará enfocada a averiguar las razones por las cuales los efectivos fueron hasta Uncía.

Entretanto, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, advirtió con sanciones severas a la gente que esté involucrada en la ejecución de los cuatro policías. «Vamos a esperar un informe oficial y objetivo para ver exactamente en qué condiciones ocurrieron esos crímenes», subrayó.

Aseveró que la aplicación de la ley será implacable para todos los involucrados, con más razón si hay «malos policías». Anunció que serán castigados «con doble rigor».

«Respecto a la institución de la Policía, éste es otro nivel. No es que se esté criticando y hostigando a la institucionalidad. Si hay policías malos, éstos serán castigados», sostuvo.

Brigada potosina indagará el caso

La brigada parlamentaria de Potosí informó que tiene planificado sesionar en esa ciudad para considerar, entre otros temas, la investigación de la muerte de los cuatro policías que fueron linchados en la localidad de Saca Saca, en el municipio potosino de Uncía.

«La brigada potosina irá a Potosí exclusivamente para investigar el caso de la desaparición de los policías», informó el diputado David Cortez, de Alianza Social. «Estamos convencidos de que la ley es para todos», sostuvo.

Casos de regiones sin ley en el país

Sabaya (Oruro)
El 21 de febrero del 2003, el teniente Samuel Encinas, del COA, fue asesinado por comunarios de Sabaya, una población que protege a los contrabandistas. Las autoridades no pudieron entrar al pueblo y, pese a detenciones, nunca se halló el cuerpo.

Pila Witu (Cochabamba)
El 16 de febrero del 2009, comunarios de Pila Witu, a 80 kilómetros de Cercado, detuvieron a un joven después de atribuirle el crimen de una de sus paisanas. La Policía salvó al sospechoso en un lago, pero no pudo ingresar al lugar.

Epizana (Cochabamba)
El 26 de febrero del 2008, tres policías fueron linchados por comunarios de Epizana, quienes los acusaron de extorsión y volteo. Una investigación verificó elementos de corrupción e inició procesos a dos jefes policiales, pero no se detuvo a los autores.

Matarani (Cochabamba)
El 20 de agosto del 2008, en la localidad de Matarani, en Sacabamba, una turba de 600 personas linchó y asesino a tres jóvenes, luego de que fueran sorprendidos robando un perol de cobre. La Policía tuvo que esperar cinco días para ingresar al lugar.

Achacachi (La Paz)
El 17 de noviembre del 2008, en Achacachi, se produjo el linchamiento de 11 personas, supuestos ladrones, con el resultado de dos muertos. Las autoridades del pueblo decretaron estado de sitio civil para prohibir el ingreso de la Policía y la Fiscalía y no hubo detenidos.

Caranavi (La Paz)
El 7 de mayo del 2010, tras un bloqueo de 12 días, la Policía intervino la ruta a Caranavi con el saldo de dos personas muertas y 20 heridos. Los comunarios quemaron las instalaciones de la Escuela Básica Policial y de la unidad policial de la ciudad.

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Con los 653 casos de COVID-19 de este sábado, ocho días seguidos con menos del millar

El total de infectados fue de 653 y los fallecidos sumaron 18. Los casos no rebasan los 1.000 desde el 27 de febrero.

/ 6 de marzo de 2021 / 22:27

Este sábado fueron reportados 653 nuevos contagios de COVID-19 en Bolivia, número que da cuenta de que durante los últimos ocho días la cifras están por debajo del millar.

¿A qué se debe esta baja? El director técnico del Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes), Ramiro Narváez, precisó a La Razón que “estamos en la segunda semana epidemiológica de la desescalada de la segunda ola”.

Los datos del Ministerio de Salud también muestran que Pando es el departamento con menos contagios y el número es de tres personas y Santa Cruz presenta 256 casos con lo que se consolida como el que tiene el mayor número de contagiados.

La Paz registró 132 casos, Cochabamba tiene 100, Chuquisaca tiene 49 casos, Oruro tiene 44 casos, Tarija tiene 27, Beni está con 24 casos y Potosí presenta 18 casos.

Los fallecidos sumaron 18 casos más; en total son 11.807 hasta la fecha.

Desde la irrupción del virus al país, el 10 de marzo del año pasado, hay un total de 253.950 casos.

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Dos de los cuatro heridos en la tragedia en la UPEA fueron dados de alta

El médico de la Caja Cordes Ronald Gandarillas informó que se hará un seguimiento a los dados de alta hasta su completa recuperación

/ 5 de marzo de 2021 / 23:47

Fueron dados de alta dos de los cuatro universitarios que resultaron heridos en la tragedia en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Se trata de un varón con un Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) leve y una mujer con una fractura en el codo.

El médico de la Caja Cordes Ronald Gandarillas informó que se hará un seguimiento a las dos personas dadas de alta este viernes hasta su recuperación completa, mientras que los restantes dos experimentan una evolución positiva.

“Los dos pacientes que permanecen internados están con una evaluación de tipo estacionaria”, explicó el galeno al canal de la UPEA sin dar mayores detalles.

La Justicia envía a la cárcel a los 7 universitarios detenidos por la tragedia en la UPEA

Los cuatro fueron evacuados al centro hospitalario el martes, luego de la tragedia que se saldó con siete muertos en la casa superior de estudios.

Una baranda de seguridad cedió y cayeron 11 estudiantes de un grupo numeroso de la Carrera de Administración de Empresas congregado en el quinto piso tras una asamblea por un conflicto estudiantil. Siete perdieron la vida y cuatro resultaron heridos.

La Policía inició una investigación para establecer responsabilidades. Siete dirigentes que llamaron a la asamblea fueron aprehendidos y enviados el jueves a la cárcel por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

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Eutanasia: El caso de la peruana Ana Estrada en la mirada boliviana

Estrada, psicóloga peruana y activista por la eutanasia, es la primera persona en pedir al Estado por su derecho a morir dignamente cuando ella misma lo decida. Obtuvo el fallo a su favor del Poder Judicial el 22 de febrero de este año.

La abogada Paola Arias Mendieta y la psicóloga Margarett Hurtado en el programa Piedra, Papel y Tinta, que es dirigido por la directora de La Razón y Extra Claudia Benavente.

/ 5 de marzo de 2021 / 22:34

La peruana Ana Estrada, 45 años, ganó ante los tribunales el derecho de decidir entre la vida o la muerte, en un caso sin igual, al menos en Sudamérica, que desde la óptica de dos expertas en Bolivia abre las puertas a un debate en razón de que la eutanasia carece de una figura legal y toca un punto central respecto a la dignidad de las personas.

La psicóloga Margarett Hurtado consideró, en el programa de La Razón y Extra “Piedra, Papel y Tinta”, que el caso de Estrada tiene que ver con el derecho de una persona a dirimir sobre la vida que quiere llevar.

“Eso es lo que ha pedido, no ha pedido morir mañana; ella quiere el poder de decidir. Ha hecho todo para lograr esa decisión, eso no significa que quiera morir sino que le permitan vivir sin temor haciendo frente a las carencias y con total dignidad”, sostuvo.

“¿Hasta qué punto debemos preservar la vida de una persona?, si esta persona vive con temor, con carencias y siente que pierde la dignidad, en ese sentido, no se pueden generalizar las leyes, cada caso debe ser investigado de manera individual”, apuntó.

La abogada Paola Arias Mendieta afirmó que el tema abrió un debate sobre la vida, pero recordó que en Bolivia el derecho a la vida está protegida por la Constitución Política del Estado y es concordante con los Derechos del Hombre.

“Bolivia suscribió tratados internacionales para hacer respetar este bien jurídico, sin embargo, siendo un tema de interés y vamos más allá, en el Código Penal existe una figura que es tomada como delito, el homicidio piadoso que es cuando una persona ayuda a otra a poner fin a su vida. Puede ser tomada como una conducta inmoral, antiética y abre un amplio espectro de lo que estamos hablando”, recordó.

La ciudadana peruana Ana Estrada,

Arias rememoró que en Bolivia asociaciones de personas con enfermedades terminales han solicitado abordar el tema de la eutanasia. “La norma boliviana es clara y no permite (la eutanasia) sino que determina un tipo penal específico. La misma norma establece perdón judicial, hay muchos elementos subjetivos”, afirmó.

Estrada, psicóloga peruana y activista por la eutanasia, es la primera persona en pedir al Estado por su derecho a morir dignamente cuando ella misma lo decida. Obtuvo el fallo a su favor del Poder Judicial el 22 de febrero de este año. Desde hace tres décadas padece de polimiositis, una enfermedad que ataca sus músculos y no tiene cura, con un deterioro progresivo.

«Soy libre. Mi lucha siempre fue la defensa por el derecho a elegir. Hoy lo he conseguido gracias a las personas que difundieron mi voz: aquellas que se tomaron el tiempo para leerme y comprender desde enero de 2019», escribió Estrada en la red social Twitter, tras conocer el fallo judicial en su país.

Según Hurtado, el sufrimiento del paciente implica el de la familia y la comunidad. “Cuando rebasa los límites la familia sufre con el paciente y ahí surge la dignidad, entonces, si pierdo dignidad prefiero morir. Desde mi experiencia como psicóloga he visto a niños que tenían leucemia y que habían sufrido tal cantidad de transfusiones hasta ya no querer más pinchazos. Un niño de 13 años dijo mi cuerpo es mi cuerpo, soy dueño de mi cuerpo y ya no quiero que me pinchen. Sabía que le quedaba poco tiempo de vida y quería vivir con dignidad.

Personalmente, Arias Mendieta dijo estar de acuerdo con la eutanasia desde el punto de vista de entender que el derecho es parte de la sociedad y que las sociedades van cambiando y en esa transformación se debe tener la capacidad de entender y dar respuesta a “estos nuevos debates que se están presentando”.

“La norma tiene que hacer frente no solo para sancionar”, dijo.

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Tarija sube al tercer lugar con más casos COVID-19, en Bolivia suman 253.297

Según el reporte del Ministerio de Salud los decesos de este viernes llegaron a 28, con lo que el acumulado nacional se cifra en 11.789.

/ 5 de marzo de 2021 / 21:58

Tarija registró este viernes 113 nuevos casos de COVID-19, con lo que se ubica en el tercer lugar de más contagiados. Bolivia suma 253.297 a poco de cumplirse un año de los primeros infectados detectados.

El Ministerio de Salud reportó 937 positivos, de los que 298 están en Santa Cruz, 255 en La Paz, 113 en Tarija, 77 en Cochabamba, 74 en Oruro, 52 en Potosí, 50 en Chuquisaca, 10 en Beni y 8 en Pando.

Quienes vencieron al virus llegan a 196.731, los activos a 44.777, los sospechosos a 2.654 y los descartados a 498.554.

Mientras que los decesos llegan a 28, con lo que suben a 11.789.

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Activan demanda contra funcionaria de salud que hizo vacunar a dos personas contra el COVID-19

Las dos personas son ajenas al sistema de salud. El director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó que la funcionaria fue identificada y se presentó una denuncia penal en su contra

El director del Sedes-Santa Cruz, Marcelo Ríos, tras formalizar la denuncia.

/ 5 de marzo de 2021 / 17:09

Una funcionaria del Hospital El Remanso logró que dos personas externas al sistema de salud sean vacunas contra el COVID-19 de forma irregular. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz presentó la denuncia penal contra la funcionaria con “muchos años de servicio”.

El director del Sedes, Marcelo Ríos, aseguró que no se encubrirá a nadie que incurra en estas irregularidades y adelantó que la demanda presentada es por uso de influencias, falsedad ideológica y atentado contra la salud pública.

“Ha ingresado a dos personas dentro de un listado de personal de salud que no corresponde y de esa manera ha perforado los controles del Hospital El Remanso”, explicó.

Se trata de Viviana B., una funcionaria con varios años de servicio y ahora suspendida. Dos personas fueron vacunadas contra el COVID-19 sin ser personal de salud, y difundieron el video de cuando recibían las respectivas dosis.

Presentación de la denuncia en Santa Cruz. Video: Gobernación Santa Cruz

Ríos informó que coordinará con el Ministerio de Salud el seguimiento a estas dos personas que deben recibir una segunda dosis.
Similar caso ocurrió en la Corporación del Seguro Militar (Cossmil), donde un militar y dos administrativos fueron inoculados sin corresponderles. Desde el Ministerio de Defensa se instruyó una investigación interna y sanciones.

Medio millón de dosis de la vacuna Sinopharm llegaron a Bolivia para cubrir a todo el personal de salud de Bolivia y con el saldo empezar con las personas con enfermedades de base.

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