Los familiares de los cuatro policías que fueron linchados en Saca Saca (Uncía) llegaron a La Paz para pedir al presidente Evo Morales una reunión y que interceda para recuperar los cuerpos. Ni el Gobierno ni la Policía avanzan en el caso.
A cinco días de la desaparición de los uniformados, que se presume realizaban un patrullaje por la zona, los familiares, que viven en Oruro, viajaron hasta Uncía para intentar rescatar los cadáveres. Luego fueron a Potosí, pero al no recibir ningún tipo de colaboración llegaron ayer a La Paz.
«Señor Presidente, apiádese de nosotros. Ellos estaban cumpliendo su labor. Somos madres de familia, qué día más negro estamos pasando y no solamente hoy, estamos desde el lunes buscando a nuestros esposos. Por favor usted, que es la máxima autoridad del país, ayúdenos. Se lo suplico en nombre de mis hijos», pidió la esposa de uno de los policías en el noticiero de la red Unitel. El Primer Mandatario viajó anoche a Brasil para participar de un foro internacional sobre temas de civilizaciones.
Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alabe Arias y Miguel Ramos Palluni trabajaban en la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro. Hay denuncias de una presunta extorsión a los comunarios de los ayllus, sin embargo ese dato no se confirmó.
Al menos 18 personas, familiares de los efectivos, intentaron ingresar a la zona donde presuntamente éstos han sido ejecutados, pero recibieron amenazas de ser linchados.
Según su abogado, Johnny Castelú, el comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Orlando Ávila, les habría dicho a los familiares que él entraría a la zona, pero que los policías no eran sus subalternos. Tras esa negativa, acudieron al Comando de Oruro, donde se les negó ayuda.
Desde el lunes iniciaron una búsqueda sin resultados. Ayer se celebraba el Día de la Madre, pero las esposas y madres de los uniformados no festejaron nada. Sólo pedían ayuda.
Por la mañana, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, manifestó que se garantizará la presencia del Estado en todo el territorio nacional y que se investigará tanto la ejecución de los policías como el motivo que los llevó a ese lugar cuando cumplían sus funciones en otro departamento.
Cuando se le consultó qué acciones concretas llevaría adelante el Gobierno en este caso para acceder a la localidad de Saca Saca y recuperar los cuerpos, el ministro respondió: «Ratificar que se garantiza la presencia de las instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Eso está fuera de cualquier discusión».
El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, invitó el miércoles a los markas de los Ayllus de Paz para entablar un diálogo. Ellos jamás aparecieron. Ayer no se conoció sobre otras gestiones del Gobierno.
Uncía se encuentra sin presencia policial. El coronel Ávila y otros policías tuvieron que replegarse hasta Llallagua tras un contacto que los indígenas tuvieron con el representante del Defensor del Pueblo, René Arroyo, en el que admitieron la posibilidad de reunirse sólo con él.
El hermano del suboficial Alcócer dijo sentirse acongojado sobre lo ocurrido. «La última vez que me encontré con mi hermano fue el sábado. Me miró sonriente como siempre. No puedo entender que haya ocurrido semejante barbarie. En razón de justicia comunitaria han asesinado a mi hermano, y eso me duele», dijo.
Por la tarde, desde el Comando General de la Policía se informó que todavía se acumulaban datos para tener un informe oficial sobre el caso. Por la noche se anunció que el comandante nacional, general Óscar Nina, recibirá hoy a las 9.00 a los familiares de los uniformados.
En un contacto con la red PAT, una de las autoridades de los ayllus contó anoche que los policías tenían credenciales duplicadas, que estaban con armas de fuego, cuchillos y pitas. «Han amenazado con pistola y (han) sacado dinero», denunció.
Castelú contó que la tarde de ayer, cuando los familiares de los policías se concentraban en la plaza Murillo para hablar con Morales, aparecieron personas que les tomaron fotografías e intentaron sacarlos del lugar.
Pidió que se cumpla el Estado de Derecho en el país. «No estamos haciendo ninguna gestión para lastimar al Gobierno. Lo que queremos es que se atienda a todas estas familias, porque estos funcionarios eran de la Policía y no es una institución cualquiera», manifestó ayer el abogado.
Algunos detalles del caso
El narcotráfico y el tránsito de productos y vehículos ilegales serían las causas de la violencia de los ayllus en el lugar. Al parecer, éstos habrían confundido a los policías con funcionarios del Control Operativo Aduanero.
El fiscal general, Mario Uribe, señaló que lo sucedido en Uncía está fuera de la ley y que las autoridades deben extremar acciones para esclarecer el caso.