Un total de 332 familias de nueve comunidades del municipio cruceño de Camiri sufren las consecuencias de la sequía y están sin reservas de alimentos y en riesgo de inseguridad alimentaria, por ello el Gobierno inició la distribución de alimento, comunicó el Ministerio de Defensa.
El documento de prensa de la entidad especifica que el Viceministerio de Defensa Civil es el responsable de coordinar la entrega de la ayuda humanitaria con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Gobernación de Santa Cruz.
«Las 332 familias forman parte de un total de 1.115 que viven en el área rural de Camiri y que en su mayoría son guaraníes y pertenecen a la capitanía de Kaami. La ayuda alimentaria consiste en arroz, frejol, sal, aceite y harina. En total son 19,3 toneladas de alimentos a entregar para un periodo de 30 días», se lee en el comunicado de prensa.
Los productos fueron donados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la distribución empezó ayer jueves en la comunidad de Urundaity, hasta donde llegaron el viceministro de Defensa Civil, Hernán Tuco, y representantes del PMA en Bolivia.
La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, declaró ayer que la falta de agua afecta a más de 41 mil familias, sobre todo en la región del Chaco (Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz) y a 24.764 hectáreas de cultivos (maíz, girasol, frijol, maní, papa y tomate). El fenómeno pone además en peligro a 6.300 bovinos.
Evaluación. La autoridad manifestó que al ser delicada la situación del agro boliviano, es necesario que los municipios y los gobiernos departamentales hagan el máximo esfuerzo para enfrentar la emergencia y evitar que las pérdidas aumenten.
El Ministerio de Defensa informó que la cuantificación del total de familias afectadas por la sequía todavía se encuentra en proceso, por lo que el número total será dado a conocer en los próximos días.
La evaluación está a cargo de un equipo multisectorial que se encarga de visitar comunidades de los 16 municipios que son parte del Chaco en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez, explicó que el Gobierno ya empezó a trabajar para entregar alimentos, agua y combustible a las 41.800 familias damnificadas. «La situación es muy delicada, por lo que tenemos que trabajar conjuntamente con los municipios para hacerle frente», manifestó.
De acuerdo con el plan de atención de emergencias y recuperación agropecuaria, se ha previsto completar esta asistencia a favor de las familias damnificadas en función a la cuantificación que están realizando los miembros de los Centros de Operación de Emergencias (COE).
En Boyuibe reclaman por comida
Pedido
El alcalde del municipio de Boyuibe, Benito Hoyos Castillo, pidió que se envíe a su región alimentos para 280 familias guaraníes que perdieron el 100 por ciento de su cosecha y que como región requiere mínimamente Bs 200.000 para enfrentar la emergencia.
La Paz analizará declarar emergencia
El gobernador de La Paz, César Cocarico, informó ayer que sostendrá una reunión con los representantes de los 85 municipios del departamento para evaluar la necesidad de solicitar al Gobierno la declaratoria de emergencia por los efectos de la sequía que también afecta a la región.
«Analizaremos cuál es la situación del departamento por las sequías, evaluaremos a cuánto ascienden los daños y de acuerdo con eso, si hay necesidad de declarar a La Paz en emergencia, lo solicitaremos al Gobierno», dijo.
Informó que en los pasados días recorrió distintas provincias del departamento y evidenció el bajo nivel de los ríos y la poca producción de ciertos cultivos, con efectos colaterales para el ganado y las familias del altiplano.
«Estuvimos en la provincia Gualberto Villarroel donde hemos visto las necesidades de agua; en la provincia Iturralde hemos constatado el bajo nivel de los ríos y en los valles la poca producción. La sequía no sólo se siente en el altiplano, sino en los otros pisos ecológicos del departamento», dijo.
En esa línea, precisó que coordinará políticas con los gobiernos municipales y el Gobierno central para frenar los efectos de la sequía y llevar alimentos a las familias afectadas.