Los casos de COVID-19 están en ascenso en Bolivia y este viernes llegaron a 270 contagios, uno de los registros más altos en esta semana. El acumulado nacional desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros positivos, hasta la fecha llegó a los 907.013.

Datos del Ministerio de Salud muestran que el mayor número de contagios está en el departamento de Santa Cruz con 176 casos y la menor cifra en Pando, con 1.

Cochabamba es el segundo departamento con un mayor número de casos con 42; le sigue Potosí con 23; La Paz con 13; Chuquisaca con 11; Oruro con 2 y Tarija con 2.

Este viernes no se registró decesos por el COVID-19, sin embargo, el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia es de 21.943.

Esta jornada, 336 personas se recuperaron del coronavirus, con lo cual el número total de recuperados en Bolivia es de 865.407.

Un veneno para arañas acabó con la vida de dos niños en la comunidad Copacabana de Inquisivi, en abril. El plaguicida fue encontrado en la mandarina, leche y yogurt que consumieron los niños tras encontrarlos en la puerta de su casa, aparentemente dejados por su padre, ahora con detención preventiva en la cárcel.

Inicialmente se estableció que el padre de los menores tomó la decisión para no cancelar una deuda de más de Bs 12.000 por asistencia familiar. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hizo el estudio laboratorial y concluyó que el veneno estaba en los tres alimentos, por lo que el fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseguró que se trata de un hecho planificado.

“Teníamos una hipótesis de que solo hubiese estado en el yogurt, sin embargo estaba en los tres alimentos que dejados en la puerta, eso nos da a entender que este hecho fue planificado. Quizá pudo caer accidentalmente este plaguicida en el yogurt, pero estaba en los tres alimentos”, sostuvo a la red Unitel.

Por el envenenamiento y muerte de dos niños en Inquisivi, fueron detenidos el padre, Juan Carlos P., y su pareja, Ana Q. Ambos son apuntados como los principales responsables del deceso de una niña y un niño, luego de consumir alimentos envenenados.

Una de las hipótesis establece que el padre de los menores cometió el doble infanticidio para evitar pagar la asistencia familiar que superaba los Bs 12.000. El hecho conmocionó a la sociedad.

Un conscripto perdió una pierna y corre el riesgo de perder la otra por la gravedad de las heridas como consecuencia de la explosión de una granada de guerra en el Regimiento Mariscal Juana Azurduy de Cochabamba. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de la Fiscalía iniciaron una investigación de oficio.

El hecho ocurrió el jueves. La víctima fue identificada como Jhoswar Ruiz Cruz, un joven de 18 años, que prestaba su Servicio Militar Obligatorio. Actualmente se encuentra internado en una clínica con un diagnóstico reservado por su delicado estado de salud.

El director de la FELCC, coronel Ronald Tapia, informó que se inició una investigación de oficio y que los investigadores no pudieron ingresar al cuartel para inspeccionar el lugar de los hechos, ya que el Comandante del Regimiento no lo autorizó aduciendo que requería órdenes superiores.

“Se habría producido por la explosión de un artefacto, aparentemente la víctima indicó que se trataba de una granada de guerra. Según el parte médico habría perdido el miembro inferior izquierdo”, informó el jefe policial.

El cuartel se encuentra en Colomi, en el departamento de Cochabamba.

“El acto preliminar es posterior a la revista que estaban realizando en su unidad militar, estarían recogiendo todo lo que son los armamentos y en ese ínterin, el soldado (Jhoswar) estaría transportando las granadas fusil, y en un descuido se habría caído una de ellas y había explotado”, contó el abogado de la familia a la red Unitel.

Durante la mañana de este viernes, miembros del Alto Mando Militar se reunieron con los padres de Jhoswar y sus abogados, donde se comprometieron a brindar un apoyo para el joven y su familia.

Tras la objeción del cuestionado dirigente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Max Mendoza, desde la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) se advirtió que por el rechazo, presencia o no del ejecutivo no se suspenderá la realización del congreso nacional, previsto este año en Potosí.

“Nosotros hemos sostenido una reunión con todos los rectores y todos han garantizado la presencia de sus delegaciones, entonces el hecho de que no asista una FUL, la CUD o la CUB, a través de su representante Max Mendoza, no incide en nada para que no se realice el congreso, ya que las delegaciones son por universidades, donde hay docentes de base al igual que los estudiantes”, afirmó este viernes el presidente de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) y miembro del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Carlos Salinas, en radio Compañera.

Rodeado de dirigentes, Mendoza reapareció el jueves en un video en que rechazó el congreso, advirtió con no asistir por falta de garantías y negó haber obtenido recursos de forma ilegal e incluso advirtió con tomar acciones contra quienes observaron supuestas irregularidades; el representante es acusado de estar más de 30 años y reprobar al menos 200 materias para mantenerse en el cargo por el cual se habría beneficiado con sueldos por encima de los Bs 20.000, viajes y altos viáticos.

La CUD espera que el sindicado no eluda su presencia en el encuentro, pues se espera que allí dé explicaciones sobre las acusaciones que pesan en su contra. “Esperemos que Mendoza asista al congreso y dé la cara a la CEUB para explicar de cuál ha sido todo su accionar y por qué accedido a esos sueldos e incluso hizo representaciones a nombre de la universidad, firmó contratos, viajó al exterior, hizo uso de bienes del Estado como los dos vehículos, entre otros, sin cumplir los requisitos”, aseveró.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, confirmó este viernes que las denuncias presentadas contra el dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, acusado de beneficiarse con sueldos de más de Bs 20.000, además de múltiples viajes y mantenerse con este fin por más de 30 años como estudiante, llegan a seis.

“Se han recepcionado seis denuncias en contra de Max Fernando Mendoza, estas seis denuncias han sido acumuladas en una sola, la cual ya está siendo investigada por la comisión de fiscales, son delitos por peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, entre otros”, aseveró Alave.

Informó que el siguiente paso será la convocatoria a declarar para Mendoza, que deberá defenderse de estas acusaciones. “También se han activado las alertas migratorias, las cuales han sido trasladadas a la Unidad de Migración. Las denuncias ya las hemos analizado, ya se han admitido y actualmente tenemos 20 días para generar una investigación”.

Hasta el jueves eran cuatro las denuncias penales contra Mendoza, uno de los denunciantes es el diputado Héctor Arce (MAS), quien informó que, de acuerdo con los datos obtenidos, el sindicado permanece más de 30 años como universitario y habría reprobado al menos 200 materias, esto con el fin de mantenerse en el cargo por el cual presuntamente percibió sueldos incluso mayores a Bs 20.000.