La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, anunció este jueves que presentará una acción popular para frenar las obras de la ciclovía en la zona Sur de la ciudad de La Paz por presuntos perjuicios y daño económica la urbe.

“El argumento para la acción popular es la falta de planificación urbana, la falta de criterio técnico, falta de consulta ciudadana y la afectación de los derechos económicos de las personas que están en la zona”, dijo a La Razón la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La construcción de la ciclovía continúa en la zona de San Miguel, en la zona sur de La Paz, y recibió muchas críticas, particularmente de los vecinos del sector que rechazan la obra; pues la consideran “apresurada y sin planificación” y afecta la actividad comercial del sector.

Asimismo, Del Castillo dijo que la intención de la acción es que se paralice la construcción de la ciclovía y se la traslade a otro sector del Macrodistrito Sur, «no es evitar que haya ciclovía, para nada; pero el acercamiento de transformación de La Paz a una ciudad amigable con el medioambiente tiene que ser integral y transversal; no pueden ser aislado y no puede afectar los derechos de la población circundante», explicó.

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Ciclovía

La Alcaldía de La Paz instala la infraestructura de la vía entre la avenida Costanera; y la avenida Ballivián, en plena Juan José Zalles, calle 21. Las obras continúan y avanzan hacia otras avenidas de la zona, y causan malestar entre los vecinos y comerciantes.

Según la Secretaría de Movilidad, la obra será implementada en las zonas de Calacoto, Irpavi y San Miguel para reordenar el espacio público; ofrecer nueva infraestructura y mejorar la seguridad vial de las personas, entre otros justificativos.

Esta obra tiene un costo de más de Bs 3 millones.

El mapa de la futura red de ciclovía comprende varias calles, entre ellas: la calle 21 y avenidas Montenegro, Inofuentes y Julio Patiño; y calles Bustamante, 12 y 13 de Calacoto.

Un grupo de personas autodenominadas “Corderitos blancos” promueve desde hace unos días un proyecto social de solidaridad con vendedores callejeros, en su mayoría mujeres, que son madres de familia y adultos mayores.

La promotora de esta labor social es la abogada Alejandra Dennis, quien relató que, luego de ver a través de las redes sociales acciones similares en otros países, quiso replicarlas en la ciudad de La Paz e invitó a sus amigos y colegas a sumarse.

“Fue el pasado lunes que se me vino a la cabeza la idea de replicar la acción social y convoqué a mis amigos y colegas abogados a sumarse. La primera salida fue el 11 de septiembre y no pensé que iba a tener gran aceptación”, relató la activista a La Razón.

El proyecto consiste en la comprar de diferentes tipos de productos que ofrecen vendedores callejeros, desde hierbas medicinales hasta golosinas y tejidos. La mayoría no cuenta con un puesto fijo.

Para ello, se citan a una hora y lugar determinados, identifican al vendedor o vendedora y realizan una fila para adquirir los productos.

ESPERANZA

La emoción de quienes salen con la esperanza de vender solo unos cuantos productos es evidente. Varios agradecen a los “Corderitos blancos” por su compra, incluso, incrédulos con lo que les pasa, y terminan con lágrimas en los ojos.

Alejandra aclaró que los videos los suben a las redes sociales para motivar a otros grupos de personas a replicar la labor y no con otros fines. “Queremos, por lo menos, alegrarles siquiera un día a las personas que están trabajando”.

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Los comentarios en las redes sociales no se dejaron esperar. Cientos de comentarios son de felicitaciones al grupo. En pocos días lograron más de 51.000 seguidores en TikTok y día a día también sube el número en Facebook.

Debido al masivo interés de los internautas de replicar la labor en sus regiones, los “Corderitos blancos” habilitaron grupos de WhatsApp para todos los interesados del interior del país.

Alejandra dijo que el grupo realiza labores sociales desde hace 18 años; sin embargo, lo hacían en fechas específicas como el Día de la Madre, Navidad y otros.

El miércoles, la Cámara de Senadores abrogó la Ley 741, considerada una de las más “incendiarias” del país. La ley pasará a consideración de Diputados.

¿De qué se trata esta norma?

Promulgada el 29 de septiembre de 2015 por el entonces presidente Evo Morales, la ley tiene el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, fue duramente criticada por opositores, ambientalistas y productores que consideraban que contribuía a los incendios forestales.

Con cuatro artículos y dos disposiciones finales, la norma se denomina “Ley de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias”.

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto autorizar el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de Autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con la Madre Tierra, protegiendo las funciones ambientales (sic).

Artículo 2. (Finalidad). La presente Ley tiene por finalidad, ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria.

Artículo 3. (Autorización).

I. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra-ABT, autorizará el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial-POP, o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada (sic).

II. En caso de la propiedad comunitaria o colectiva, la autorización del desmonte hasta veinte hectáreas (20 ha) se realizará por unidad familiar(sic).

III. Para la aplicación del Parágrafo I del presente Artículo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, preverá que las autorizaciones de desmontes en áreas en actual producción forestal, se sujeten a lo establecido en el Capítulo Octavo del Título II de la Cuarta Parte de la Constitución Política del Estado, y a la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” (sic).

Artículo 4. (Exención). Para fines de la presente Ley quedan exentas las pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas del pago de patente por superficie de desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) (sic).

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Disposiciones finales

Primera. La contabilización de la autorización de las veinte hectáreas (20 ha), será efectuada a partir de la publicación de la presente Ley.

Segunda. Los alcances de la presente Ley no aplican en Reservas Forestales y Áreas Protegidas.

La abrogación de esta norma se da cuando el país enfrenta graves incendios forestales con más de 3,8 millones de hectáreas, principalmente en el departamento de Santa Cruz.

La ley de abrogación fue remitida a la Cámara de Diputados para que prosiga su curso hasta su sanción y posterior promulgación por parte del presidente Luis Arce.

La pasada semana, en sesión desde Uyuni, Potosí, la Cámara de Senadores aprobó la abrogación de otras dos leyes: 1171 (de uso y manejo racional de quemas); y la 373 (de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques).

Entonces, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) consideró que ese órgano electoral había abrogado las leyes “equivocadas” y demandó la abrogación de la Ley 741. “Esta ley, vigente desde hace años, permite realizar chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por año sin necesidad de permisos ni controles”, reclamó.

Más allá de pastizales, los incendios alcanzaron también a áreas protegidas del país. El último informe del Sernap señala que el fuego ingresó a siete de estos espacios de refugio de flora y fauna del territorio y en tres hasta este martes continuaba activo.

“De las 23 áreas protegidas, en tres todavía tenemos el fuego activo; en cuatro áreas protegidas ya se han sofocado los incendios forestales”, informó el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez.

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De acuerdo con el reporte brindado el martes, el fuego ingresó a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, donde se registró un foco activo que actualmente está sofocado.

En La Paz, un incendio alcanzó al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), Cotapata. Otro afectado fue el Parque Nacional Tunari del departamento de Cochabamba, que tuvo dos focos de fuego.

ÁREAS PROTEGIDAS

En el departamento de Santa Cruz, el ANMI Otuquis es otra de las áreas protegidas que presentó fuego, allí la situación fue más preocupante, pues llegaron a ser ocho los focos activos.

“En Otuquis se ha venido trabajando con jefe de protección, guardaparques y también con el vecino país de Paraguay”, dijo.

Mientras en estos cuatro espacios de flora y fauna del país el fuego ha retrocedido y está sofocado, en otros tres todavía la lucha continúa ante el avance de focos de incendios forestales.

Uno de los más afectados es el ANMI San Matias, ubicado en el departamento de Santa Cruz. El informe del Sernap detalla que allí el fuego se reporta ya desde junio y tendría un origen provocado e inicio en un “predio privado”.

“Con 79 personas se viene trabajando, en tres grupos”, afirmó.

Actualmente hay tres focos de fuego activo en este ANMI. Uno de los grupos interviene en el sector Sandoval. donde se usa la estrategia de líneas cortafuego y personal ingresó con una cisterna, además de maquinaria.

“El grupo dos está en la comunidad San Francisco realizando monitoreo y sofocación con apertura de líneas negras”, explicó.

Un tercer equipo trabaja en el ingreso a la zona de difícil acceso identificada en inmediaciones de la laguna Gaiba. Jiménez aseguró que también se distribuyen bebedores para los animales del ANMI.

Otra área aún con incendios activos es el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, también de Santa Cruz.

Allí se han identificado dos focos de fuego activo, en tanto que otros dos fueron sofocados. Sernap informó del despliegue de al menos 147 personas.

El tercer espacio en esta situación es el Parque Nacional ANMI Madidi, una de las más biodiversas del país. En este lugar se reportan hasta este martes dos focos activos y uno sofocado. Jiménez indicó que el difícil acceso a sectores de estas áreas complica las tareas.

En medio de los persistentes incendios forestales en el país, la Cámara de Senadores, aprobó ayer un proyecto de norma que abroga la Ley 741; la cual autoriza desmontes de hasta 20 hectáreas.

“El Pleno del Senado aprueba el proyecto de ley que abroga la Ley N° 741, de 29 de septiembre de 2015, Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias”, (sic) informó la cámara, mediante su página de Facebook.

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La Ley 741, en el parágrafo I, de su Artículo 3 establece: “A partir de la vigencia de la presente Ley, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), autorizará el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial POP, o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada” (sic).

LEY 741

Su alcance es justamente muy criticado y ha llevado a que incluso la califiquen de “incendiaria”.

Ahora, desde esta instancia legislativa se impulsa una norma que la dejaría sin efecto. Con esta aprobación, a continuación, la propuesta quedaría en consideración de la Cámara de Diputados; para que se siga el camino hacia la abrogación de la polémica 741.

“Lo que ha pasado hoy (miércoles) en el Senado es un paso en la dirección correcta y esta vez de una norma más significativa en términos de su impacto en los incendios y las quemas ilegales en el país”, destacó la senadora Cecilia Requena.

La pasada semana, en sesión desde Uyuni, Potosí, ya Senadores aprobó la abrogación de otras dos leyes: 1171 (de uso y manejo racional de quemas); y la 373 (de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques).