La sequía genera preocupación en el país. Oruro fue declarado oficialmente en desastre por este problema, con la promulgación de una norma departamental. Ya son 25 los municipios duramente golpeados por este fenómeno en este departamento y miles de familias afectadas.

“En ese contexto de la promulgación de la ley de desastre departamental relacionada a la sequía y el fenómeno de El Niño; los detonantes que nos han podido sustentar para la declaratoria es que en el departamento actualmente existen 25 municipios con declaratoria de emergencia y desastre; 29 municipios afectados”, explicó el gobernador de Oruro, Jhonny Vedia.

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La falta de lluvias genera problemas en zonas urbanas y rurales. En Potosí, ya se aplica un racionamiento de agua, en tanto que en las comunidades los sembradíos y animales son afectados. Las familias piden ayuda, mientras aguardan que las precipitaciones lleguen pronto.

DESASTRE POR SEQUÍA

“(Existen) 34.244 familias afectadas, 14.723 familias damnificadas; 745 comunidades afectadas y un total de 521.000 cabezas de ganado afectadas en relación a lo que es ovino, camélido y vacuno en el departamento de Oruro”, dijo la autoridad.

Los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba también optaron por declaratorias en busca de ayuda por este problema. Ambos se encuentran en emergencia e incluso en el último ya se prepara el “bombardeo de nubes”.

Oruro optó por la declaratoria de desastre, algo que se preparaba hace semanas con el incremento de municipios en emergencia; pero que quedó finalmente oficializada con la promulgación de una ley por parte de la Gobernación.

“Este instrumento nos va a permitir realizar algunas actividades o recursos económicos de la Gobernación para poder ayudar a los municipios damnificados; y también gestionar a nivel central del Estado, en los ministerios que corresponda, la ayuda pertinente al departamento”.

El gobernador anunció que las primeras señales de ayuda son sobrevuelos que se realizarán la próxima semana; para verificar el daño de la sequía en los lagos Uru Uru y Poopó.

Pese a los esfuerzos, las cifras siguen preocupando. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) alertó que en el año pasado 35.470 niñas y adolescentes menores de 15 años y de entre 15 y 19 años resultaron embarazadas.

“Entre enero y diciembre de 2022 se registraron un total de 35.470 embarazos en adolescentes; de los cuales 2.134 fueron en menores de 15 años y 33.336 embarazos entre 15 a 19 años; según información emitida por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) del Ministerio de Salud”, informó UNFPA, mediante una nota institucional.

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El dato es una alerta, dado que detrás de cada historia existe un impacto que va desde el ámbito social y cultural hasta el de salud para las niñas y adolescentes; dado que UNFPA observó un incremento de la mortalidad materna relacionado por mayores complicaciones en el embarazo y el parto.

“El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana afecta y cambia totalmente el proyecto de vida de las mujeres; provoca un abandono de sus metas planteadas por la necesidad de afrontar mayores responsabilidades y obligaciones”, indicó el fondo de Naciones Unidas.

El rezago en los estudios y los problemas para encontrar trabajo son otros de los problemas identificados a consecuencia de este problema. Se llamó a trabajar en la prevención; en ese sentido, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), UNFPA trabaja en un proyecto que busca fortalecer los procesos de prevención del embarazo en adolescentes, del cuidado de la salud sexual y reproductiva, y de la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia en razón de género.

Las lluvias no llegan y la emergencia crece día con día. En Cochabamba, ya es un hecho que se recurrirá a la medida extrema conocida como “bombardeo de nubes”, que consiste en la generación de lluvia por métodos de intervención artificial aérea.

El Viceministerio de Defensa Civil anunció el inicio de este trabajo en octubre. Solo quedan pendientes los estudios que determinen puntualmente en qué regiones de Cochabamba esta intervención es más urgente.

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“Ayer (jueves) se ha analizado esa propuesta que se tenía en torno a hacer el bombardeo de las nubes para poder generar lluvia en algunas regiones. Se ha fijado como plazo la primera quincena de octubre. Están trabajando los equipos de expertos del Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología), de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y ellos van a determinar el día, la hora y los lugares exactos”, afirmó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a la estatal Patria Nueva.

Esta no sería la primera vez que en el país se aplica este método. El “bombardeo de nubes” se realizó ya en 2017, también en medio de una preocupación por la dotación de agua. Ahora, este recurso se ve como una opción por lo mismo, las precipitaciones son escasas y varios municipios de Cochabamba están afectados por la sequía.

De hecho, esta grave situación por la falta de lluvias llevó a la Gobernación a declarar emergencia departamental en Cochabamba por la sequía. El Gobierno nacional espera solo el dictamen de los expertos para apoyar con equipos.

“Se ha tomado como una fecha de estas operaciones a partir del 15 de octubre de 2023. En lo que corresponde a Defensa Civil vamos ya a empezar a poner en apronte el avión Hércules que tiene la capacidad de hacer esto. Vamos ya a empezar a preparar toda la logística para el bombardeo de las granadas que tenemos listo; volver a agrupar en un lugar, a concentrar a los expertos que hacen este tipo de operaciones”, dijo Calvimontes.

A la ola de críticas, este viernes se suma un nuevo pronunciamiento. Esta vez Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) expresó su preocupación por el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de Ley 372; que tenía el objetivo de hacer imprescriptibles los delitos sexuales contra los niños y adolescentes.

“UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, expresa su preocupación ante el resultado del reciente tratamiento del proyecto de ley N° 372 en la cual niños y niñas tiene un interés particular en cuanto a prevenir y combatir la violencia y abuso sexual infantil.  El bienestar y protección de niñas y niños deben ser una prioridad en todo momento y todo ámbito. Es esencial, por lo tanto, que el marco normativo evolucione tomando siempre en cuenta el interés superior del niño, evitando su revictimización, promoviendo la reparación correspondiente y asegurando su protección integral.” (sic), se lee en el mensaje emitido por la institución.

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La pasada semana, la Cámara de Diputados analizó el proyecto de ley contra delitos sexuales presentado por el Gobierno. Estaba ya en consideración de los legisladores desde mayo; pero fue revisado en dos ocasiones en una comisión y demoró en ser tratado en el pleno.

LEY CONTRA DELITOS SEXUALES

No obstante, y pese al tiempo que pasó, al momento de votar, 54 diputados la rechazaron y 44 la aprobaron. Con el saldo en contra, la norma no logró pasar el filtro y no puede ser tratada de nuevo; se debe esperar a que se cambie de gestión legislativa.

El Gobierno fue el primero en repudiar esta decisión de los 54 diputados; tanto del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) como de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos; y atribuyó la decisión a un condicionamiento político.

Luego, más agrupaciones se hicieron eco de las críticas. Incluso madres de familia protestaron en puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en exigencia de que esta norma sea aprobada. El Gobierno aseguró que se buscarían los mecanismos para ayudar a que este proyecto sea aplicado en favor de la investigación y sanción de los delitos sexuales contra los menores de edad.

La preocupación por el rechazo es ahora compartida por Unicef, que pidió reflexión.

“En este sentido, hacemos un llamado a todas las partes involucradas a reflexionar sobre la importancia de estas normas en la promoción de los derechos de la niñez, y a encontrar los consensos necesarios para que, a través de un diálogo permanente y constructivo, se puedan implementar ágilmente todas aquellas medidas necesarias para la protección de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual”.

Además de generar imprescriptibilidad de los delitos sexuales; la ley contemplaba que se cree una comisión de la verdad y se agrave la pena punitiva al encubrimiento.

Desde el lunes 9 de octubre, los estudiantes del nivel primario, secundario y especial de todas las unidades educativas y centros de educación especial fiscales y de convenio podrán recibir el Bono Juancito Pinto. El pago se hará de acuerdo a un cronograma.

Los padres y madres, y tutores, deberán presentar su carnet de identidad para el cobro. El pago se hará bajo número de terminación del documento.

Al menos 2.340.000 estudiantes de todo el país se beneficiarán con el bono estudiantil otorgado por el Gobierno nacional. Fueron habilitadas 57 entidades bancarias con ese fin.

La inauguración del pago del beneficio, consistente en Bs 200, estará a cargo del presidente Luis Arce, en la unidad educativa José Enrique Viaña, de Potosí. El vicepresidente David Choquehuanca lo hará en el colegio Jesús Rioja Aponte, en la ciudad de Trinidad.

Los ministros de Estado fueron designados a otras regiones, según el ministro de Educación, Édgar Pary.

La autoridad recordó que el pago de este beneficio es posible gracias al aporte de 27 entidades estatales, que garantizarán el desembolso de Bs 477 millones, según establece el Decreto Supremo 5031, que dispone el pago del Bono Juancito Pinto para la gestión educativa 2023.

Pary detalló que un total de 57 entidades financieras serán habilitadas en los nueve departamentos.

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Para las áreas rurales y fronterizas de difícil acceso, se coordinará el pago del bono con brigadas móviles del Banco Unión y personal de las Fuerzas Armadas.

“Por recomendación nuestro hermano Presidente, nuestros padres y madres de familia no pueden erogar gastos en pasajes para realizar el cobro del bono”, subrayó el ministro.

“Por eso estamos coordinando con el Banco Unión y nuestras Fuerzas Armadas para movilizar brigadas hasta las unidades educativas más alejadas del país”, explicó.

En las áreas urbanas, con la finalidad de evitar largas filas en las entidades bancarias, el pago del bono se hará de acuerdo a un cronograma entre el 9 de octubre y el 2 de diciembre, de acuerdo a la terminación del carnet de identidad.

El padre, madre o tutor del estudiante debe llevar su cédula de identidad más una fotocopia para acceder al beneficio.

Empresas estatales que financian el pago del bono son Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel); Agencia Boliviana Espacial (ABE); Empresa Nacional de Electricidad (ENDE); Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), entre otras.