El paro de los trabajadores municipales y el del Comité Cívico Potosinista suspendió hasta la siguiente semana la sesión del Concejo Municipal de Potosí. En la cita se debía definir la suspensión o no del alcalde René Joaquino, acusado de daño económico a la comuna por la compra de vehículos usados, el 2007.
Los concejales instalaron, el martes, la sesión en la que se daría lectura al informe de la Comisión Jurídica respecto a la suspensión de Joaquino. Sin embargo, decenas de militantes de Alianza Social (AS) tomaron el ambiente e impidieron que continuara el informe.
El presidente del Concejo, Remberto Gareca, convocó a la reinstalación de la sesión ayer por la tarde, pero esta vez, los concejales ni siquiera pudieron ingresar a las oficinas de la Alcaldía. Los trabajadores municipales, en apoyo a Joaquino, cumplieron un paro de 24 horas y todas las puertas de las oficinas municipales se encontraban cerradas.
El concejal llamó a un Notario de Fe Pública para certificar que los 11 legisladores estaban ausentes y que por «razones de fuerza mayor» no pudieron sesionar en el Concejo.
«Mantenemos el cuarto intermedio y mañana (hoy en la reunión informativa con los comunarios de Coroma) tenemos una reunión con los concejales para ver qué día podemos reunirnos», explicó. Asimismo, comunicó que se analizará jurídicamente la posibilidad de sesionar en otros ambientes, o distritos municipales, fuera de la Alcaldía.
En tanto que Comcipo convocó a un paro departamental de 48 horas por el problema de límites con Oruro, por lo que René Joaquino se mantiene en el cargo de Alcalde de Potosí.
Pedirán Resguardo policial
En el caso de que los concejales no puedan sesionar en otro sitio solicitarán el resguardo de la Policía para instalar la sesión en la Alcaldía de Potosí, prevista para la siguiente semana.
Alertan de ingobernabilidad
El abogado constitucionalista Bernardo Wayar informó que es inconstitucional suspender al Alcalde de Potosí porque va en contra de la propia Constitución Política del Estado (CPE). Además, dijo que este antecedente puede provocar «una escalada de acusaciones formales de los alcaldes y generar ingobernabilidad».
Explicó que las normas en las que se basan los concejos municipales para que —inmediatamente de conocida la acusación— declaren la suspensión de los alcaldes y se designe al reemplazante temporal está en contra del artículo 28 de la Constitución Política del Estado. La norma establece que se suspende el ejercicio de los derechos políticos «previa sentencia ejecutoriada».
El analista informó que el artículo 144 de la Constitución garantiza el ejercicio de funciones de una autoridad electa y sólo puede ser suspendida por las causales que menciona el artículo 28.
«Estos dos artículos son determinantes para medir que las normas que se basan (para suspender) son inconstitucionales», declaró.
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Potosí, Remberto Gareca, informó que aún no está definida la suspensión del alcalde Joaquino. Indicó que primero se debe hacer una evaluación de las normas. «Cuando estábamos en el debate, la Comisión Jurídica se pidió un cuarto intermedio. Después ya no logramos reiniciar la sesión».