El anuncio del proyecto de ley del Sistema Único de Salud (SUS) genera rechazo en cuatro sectores sociales. Además, dos gobernaciones observan su sostenibilidad económica. La ministra Nila Heredia no presentó aún la propuesta al gabinete de ministros.
A través de un pacto de unidad, las dirigencias del Colegio Médico de La Paz, magisterio, fabriles y jubilados se declararon en estado de emergencia porque el proyecto no fue consensuado con los trabajadores y porque no tendría sostenibilidad.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió al Gobierno que se incluya en las mesas de negociación a todos los sectores para consensuar la ley e indicó que no se sienten representados con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana.
«No estamos de acuerdo con el SUS, porque es confiscatorio y todo el peso del financiamiento cae en las espaldas de los trabajadores y aportantes. Hemos visto que es insostenible en el tiempo. Por ello nos organizaremos para iniciar las protestas que empezarán en La Paz, luego se extenderá a nivel nacional», advirtió.
El domingo, la ministra de Salud, Nila Heredia, anunció que esta semana iba a presentar el proyecto de ley al presidente Evo Morales y al gabinete de ministros. La entrega fue suspendida hasta la próxima semana. La Razón buscó la versión de la autoridad, pero ayer se informó que realizaba algunos ajustes al documento ley, cuyo tratamiento se realizará en la Asamblea Plurinacional.
El viceministro Martín Maturano y el asesor de Despacho Eduardo Ayllón se encuentran en Tarija para informar sobre el documento y recoger observaciones de los representantes municipales y la Gobernación.
Antecedentes. En diciembre del 2009, el entonces ministro del área, Ramiro Tapia, anunció que el establecimiento del SUS en el país tendría una cobertura gratuita del 100% de la población hasta el 2015. El proyecto persigue ampliar las garantías para las personas de todos los estratos a una atención sin costos y efectiva, en cualquier parte del país y sin desmedro de la medicina tradicional.
Según lo establecido en ese entonces, previa a la presentación del documento, las autoridades debían consensuar el anteproyecto con la dirigencia de los sectores sociales, las aseguradoras a corto plazo, autoridades municipales y departamentales.
Ante esta falencia, las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija observaron que no se les hayan consultado sobre el proyecto y que se pretenda usar los ingresos de las regiones para darle sostenibilidad al beneficio.
El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, recordó que en los últimos tres años, el Gobierno recortó a las gobernaciones Bs 700 millones y que ahora les transfieren los hospitales públicos de tercer nivel y a los municipios los de primero y segundo nivel.
«Lo que debería hacer el Gobierno, primero es aclarar de dónde salen los recursos para financiar los hospitales de primer, segundo y tercer nivel, para después pensar en el SUS. Si no hay una reglamentación específica entre los ministerios de Salud y Finanzas, no se va a atender bien la salud», dijo.
El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija, Marcos Oliva, informó que el SUS confiscará recursos al departamento en un monto de $us 30 millones, que irán al Fondo Único de Salud.
Oliva dijo que el SUS confiscará un 14 por ciento del IDH de Tarija que equivale a Bs 50 millones. «Disimula la confiscación con la redistribución entre municipios; sin embargo, los centros más poblados serán los beneficiados», declaró al portal de Fides.
Por su lado, los sectores sociales del Pacto de Unidad anunciaron que si el documento es presentado a la Asamblea sin consenso, empezarán las movilizaciones a nivel departamental y luego nacional, sostuvo el dirigente del magisterio José Luis Álvarez. En representación de las cajas de Salud, Édgar Villegas anunció que el SUS llevará a la quiebra a los seguros y en su defensa «se movilizarán».
Datos del proyecto observados
-El artículo 4 indica que el SUS estará constituido por los centros de salud públicos, de la seguridad social, universidades, Fuerzas Armadas e instituciones sin fines de lucro.
-El artículo 7 dice que para el financiamiento se creará un fondo que estará constituido por los recursos nacionales, departamentales, municipales y del TGN.
-El aporte patronal equivalente al 10% del total ganado de cada trabajador se convierte en impuesto patronal.