La Paz – El alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió ayer que la Contraloría retire la denuncia que presentó ante la Fiscalía en su contra, por cuatro delitos, debido a que se vulneró su derecho a ser escuchado y a presentar sus descargos.
Para apoyar esta petición, la autoridad mostró la Sentencia Constitucional 0021/2006 que establece que ninguna auditoría puede ser derivada al Ministerio Público sin considerar las aclaraciones de la parte afectada.
«Una sentencia constitucional sienta jurisprudencia respecto a la actuación de las autoridades. Por ello es que los abogados del Gobierno Municipal solicitarán al fiscal que ha sido asignado al caso, que rechace la denuncia que ha sido presentada contra el Alcalde en función que no se han seguido los pasos y procedimientos legales», añadió. El caso está en manos del fiscal Dorian Jiménez, que comenzó con la revisión de la documentación de este caso.
«Si el vicepresidente Álvaro García Linera habla del apego a las normas, la denuncia —insistió— debería ser retirada inmediatamente por la vulneración del Contralor a las disposiciones legales».
Sin embargo, el contralor, Gabriel Herbas, en días precedentes aseguró que la denuncia de Revilla ante la Fiscalía por los delitos de peculado, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica se apega a la normativa en vigencia.
Ayer por la mañana, la autoridad explicó a la red Uno que «la Contraloría tiene sus procedimientos y debo señalar que cuando detectamos irregularidades en el ámbito penal; el artículo 35 de la Ley 1178 (Ley Safco) nos obliga a presentar estas denuncias ante la Fiscalía.
Lo que indica la sentencia
La Sentencia 0021/2007 del 10 de mayo del 2007 del Tribunal Constitucional establece que ningún proceso de auditoría puede ser remitido al Ministerio Público sin antes escuchar las aclaraciones de las autoridades involucradas.
Auditan a otras alcaldías y una ex prefectura
La Contraloría General del Estado (CGE) investiga a la Alcaldía de El Alto, dos obras en el municipio de Cochabamba; denunció hechos de corrupción en el municipio de San Pedro del departamento de Pando, y lleva adelante un juicio coactivo contra el ex prefecto del departamento de Oruro, Alberto Aguilar, del MAS.
El contralor, Gabriel Herbas, salió así al paso de declaraciones del entorno del alcalde paceño, Luis Revilla, que hizo hincapié en el excesivo interés de la entidad contralora en investigar los 10 años de gestión del MSM en el municipio.
Para el martes de la siguiente semana, la CGE ha previsto la presentación de los resultados de una auditoría al ex alcalde de El Alto, Fanor Nava.
«En el caso de la Alcaldía de Cochabamba, estamos haciendo (una auditoría) a las obras más grandes y que requirieron mayor inversión», dijo Herbas en referencia al distribuidor sobre el puente Cobija y el túnel del Abra. También dijo que inició un juicio coactivo al ex prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, por 60 mil dólares.
Finalmente, anunció un informe sobre el manejo de la empresa estatal Papelbol. «Hemos encontrado irregularidades en la ampliación de los contratos», anticipó.
Contraloría dice que fiscaliza 2 obras ediles
El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, informó que hasta le fecha investigan dos obras de la Alcaldía de La Paz y añadió que aún no hay resultados de estas averiguaciones.
«De las miles de obras que se han hecho en la ciudad de La Paz, estamos haciendo la fiscalización de dos y no sé cómo irán a salir los resultados», declaró el contralor Gabriel Herbas refiriéndose a la Vía Balcón, que se halla en el Parque Urbano Central (PUC), y los puentes Trillizos.
La Unidad de Comunicación de esa institución del Estado indicó que, hasta la fecha, sólo se hace el relevamiento de ambas obras ediles y no del resto.
Sin embargo, en declaraciones a un diario paceño, el director de Gobernabilidad del municipio, Pedro Susz, sostuvo que bajo la figura de «relevamiento de información» la Contraloría envió 21 solicitudes de documentación sobre una diversidad de temas.
«Por ejemplo, nos han pedido todos los datos sobre el proceso de los puentes Trillizos hasta hace unos días. Nosotros hemos explicado que no se puede hacer fiscalización hasta que esté terminada la obra, pero la Contraloría dice que no es una auditoría, sino un relevamiento de información. Entonces, en base a esa figura, quieren que enviemos documentación y están haciendo seguimiento».
Susz también reveló que el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción envió otras 41 peticiones de información sobre temas diversos.