Aún en reserva el caso, cinco sacerdotes de la Compañía de Jesús son investigados por presunto encubrimiento de abusos sexuales clericales en el país, que, en el caso de La Paz, apuntan a otros tres curas ya fallecidos.

La develación de las memorias del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas Moreno —que vivió en Bolivia entre 1961 y 2009— en el diario español El País derivó en una investigación judicial, cuyo foco es la orden religiosa dependiente de la Iglesia Católica.

“Hice daño a mucha gente (¿85?), demasiada”, admite el sacerdote español en sus escritos que tituló Historia, de 383 páginas, cuyos extractos publicó el rotativo en su reportaje Diario de un cura pederasta, el 30 de abril.

Lea también:

Colegios jesuitas y la Conferencia Episcopal piden ‘garantías’ para las instituciones educativas de la Iglesia

Investigados

Pedrajas, entonces conocido como padre ‘Pica’, abusó de niños en colegios y hogares dependientes de la Compañía de Jesús en Ecuador, Perú y, especialmente, Bolivia. El colegio Juan XIII de Cochabamba fue la principal fuente de las víctimas del religioso.

Según informó a La Razón la abogada de la orden en La Paz, Audalia Zurita, Pedrajas fue denunciado en cinco casos. En tanto que Alejandro Mestre Descals, entre 1980 y 1981 secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), en uno (en 1961 abusó de un estudiante del colegio San Calixto de La Paz). Un tercer acusado, Luis María Roma Padrosa (se caracterizaba por tomar fotografías y videos a sus víctimas en Charagua y otras parroquias), fue señalado en un caso.

El 25 de mayo, la Compañía de Jesús informó que Jorge Vila Despujol, fallecido en 2012, también fue implicado en un caso

Otros cuatro sacerdotes también fueron acusados por otras víctimas en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, especialmente. Se trata de Antonio ‘Tuco’ Gausset, Francisco ‘Pifa’ Pifarré, Carlos ‘Vicu’ Villamil y Francesc ‘Chesco’ Peris. Sobre estos dos últimos, la Compañía de Jesús informó el 16 de mayo que no recibió “ninguna denuncia directa de víctimas de estos sacerdotes”.

A través de sendos informes, la Delegación de Ambientes Sanos estableció la “verosimilitud” de las denuncias contra Pedrajas, Mestre y Roma. Coincidentemente, muchos de los casos fueron considerados por provinciales, los jefes máximos de la orden, y los delegados de aquella oficina. Cinco de ellos son investigados en calidad de sindicados por presunto encubrimiento de abusadores.

Zurita recordó a La Razón los nombres de Bernardo Mercado, Oswaldo Chirveches, Marco Recolons, Ignacio Suñol, Ramón Alaix y Arturo Moscoso.

Muchos de ellos investigaron algunas denuncias y determinaron su veracidad. Los fallos siempre eran derivados a la Curia General de la Compañía en Roma.

Es el caso de Suñol, que investigó las denuncias contra Roma.

Otro provincial y delegado de Ambientes Sanos que recibió denuncias e investigó los casos fue el sacerdote Osvaldo Chirveches, que al inicio del escándalo Pedrajas era el vocero de la orden.

Pedrajas

El 4 de abril de este año, a través de un informe, su oficina corroboró las denuncias contra Pedrajas. Al día siguiente, inició la investigación de otro caso.

El sobrino de Pedrajas, Fernando, develó a El País que informó de las denuncias de pederastia a Chirveches. “Chirveches insistió mucho en que le enviara el diario. Pero yo no confiaba”, contó. 

Según el exjesuita Pedro Lima, los “peores” encubridores eran Recolons y Alaix. Sobre este último, recordó que, una vez, ante las denuncias le respondió que “lo trapitos sucios se lavan en casa”.

El presidente de la Asociación de Alumnos Antiguos del Juan XXIII, Hilarión Baldiviezo, involucró a Mercado y Moscoso, de quienes dijo que conocieron las denuncias en 2022, pero no hicieron nada para resolverlas.

La lista es más amplia con otros casos en el resto del país.

(05/06/2023)

Agresiones verbales, marginación por discapacidad física e intelectual o por el grado de instrucción u origen son los hechos más denunciados en el marco de la Ley 045. De esos casos, el 33% se concentra en el ámbito educativo.

El 67% restante se registró en comunidades indígenas, en instituciones del Estado, en instituciones privadas, en el área de salud, en gobiernos locales y en organizaciones sociales, principalmente, según datos registrados en 2022 por el  Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización.

De acuerdo con la entidad estatal, las denuncias por racismo y discriminación se redujeron entre 2021 y 2022 en 9%. En 2022 hubo 93 quejas, mientras que en 2022 fueron 81, y de enero a abril de este año hubo 31 denuncias.

Lea también: Racismo

CASOS

El director general de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación, Ivar Villarroel, consideró alarmante las denuncias de discriminación y racismo en el ámbito educativo. Toda vez que “se supone” que es un lugar donde se imparten enseñanzas para evitar este tipo de transgresiones penadas por ley.

“La mayoría de los casos, aproximadamente 27 en 2022, se han registrado en el ámbito de la educación, ya sea entre colegas profesores, padres de familia con estudiantes y docentes. Son diferentes situaciones que preocupan”, dijo Villarroel a La Razón.

De los procesos que se ventilan en estrados judiciales por racismo y discriminación, 61 están en la vía administrativa. Siete en la vía jurídica ordinaria, dos en la vía constitucional y 11 en la vía de la jurisdicción indígena originaria campesina, según normas y procedimientos propios.

El funcionario recordó un hecho reciente, cuando estudiantes de un colegio de la ciudad de La Paz agredieron físicamente a sus compañeros que padecen discapacidad. Este caso derivó además en conflictos entre los padres de familia, con muestras de discriminación contra los agresores, contra las víctimas. Pero también contra sus padres de familia.

“Algunas, mamás me han reñido al verme, me han dicho que no le he sabido educar a mi hijo e incluso he recibido amenazas”, contó el padre de uno de los estudiantes agresores.

También la madre de uno de los agredidos denunció que fue atacada de forma verbal por otras madres de familia y que por ello se sintió discriminada.

PRONUNCIAMIENTO

El Ministerio de Educación rechaza todo acto de discriminación y racismo que ocurra en el ámbito educativo e instó a la comunidad educativa, y la sociedad a luchar contra lo que la autoridad denomina “ilícitos”.

“Como Ministerio de Educación, rechazamos cualquier acto de discriminación o racismo dentro de las unidades educativas. Instamos a maestras y maestros. También a madres y padres de familia, a concientizar a nuestros estudiantes la importancia de combatir este mal”, sostuvo el ministro del área, Édgar Pary.

El titular de esa cartera de Estado afirmó que desde la institución impulsa la lucha contra el racismo y discriminación mediante contenidos curriculares actualizados que se aplican desde este año.

Las denuncias por racismo y discriminación se hicieron visibles desde la promulgación de la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, el 8 de octubre de 2010. Cuyo objetivo fue establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Para Villarroel, la cantidad de denuncias es una señal de que la población tiene más conciencia de la vulneración de los derechos y de la vigencia de plataformas para reportar los hechos.

(05/06/2023)

Una adolescente de 15 años de edad vendió a su bebé en Bs 200, en complicidad de su tía. Luego de concretar la venta, la niña de tres meses de nacida fue llevada a la ciudad de Sucre.

La hermana de la adolescente fue quien denunció el hecho ante la Policía. Luego de darse cuenta de que la madre de la recién nacida había regresado a su casa sin su hija. Cuando le preguntó por la niña, la adolescente le contó que había sido raptada y que a ella la dejaron en la Doble Vía La Guardia.

 “Personal de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) y la Fiscalía se trasladaron hasta Sucre y rescataron a la bebé”, informó el jefe de la Unidad  Género de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Juan Carlos Honor.

Lea también: La Policía captura a acusado de matar a su padre y enterrarlo en su casa

Por Bs 200

Dos personas, de profesión médicos, que compraron a la bebé fueron aprehendidas y serán acusadas por el delito de trata y tráfico de personas.

La madre de la recién nacida fue también aprehendida y hoy será puesta ante un juez cautelar, También será cautelada por similar delitos que los médicos.

Honor dijo que la niña fue internada en un centro hospitalario porque su salud está deteriorada. La menor de edad estará bajo la tutela de la Defensoría de la Niñez mientras se resuelva su situación.

(05/06/2023)

Una mujer que bailó con una fraternidad en la entrada del Gran Poder, el sábado, fue hallada sin vida en vía pública. Según las primeras investigaciones, la occisa tenía varios golpes en la cabeza.

El personal de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó hasta la morgue judicial para someterlo a un examen forense.

La Policía investiga los móviles de este hecho y busca a los posibles responsables del crimen.

Es el primer hecho de muerte ocurrido en medio de la fiesta de Gran Poder.

Lea también: Esplendor, fe y colorido, el poder irrumpe el Gran Poder

EMERGENCIAS

Asimismo, la Unidad de Emergencias de la Alcaldía de La Paz reportó la atención a 16 personas que presentaron problemas de salud en el trayecto de la actividad.

La responsable de la dependencia, Irán Machicado, informó que los danzarines atendidos presentaron presión alta, convulsiones, dolores musculares e hipertensión tras participar de la entrada.

“El día de ayer (sábado) se han atendido en total 23 atenciones durante la fiesta del Gran Poder. 16 personas que hemos atendido se tratan de aquellas que estaban en la fiesta del Gran Poder y las demás personas atendidas son de casos en general”, informó la responsable de esta unidad municipal, Irán Machicado, a la red Unitel.

También se reportó la caída de una mujer, que sufrió lesiones de consideración en el rostro y una adulta mayor que tuvo convulsiones. Ambas fueron trasladas hasta el Hospital de Clínicas.

Pasaron 26 días desde que Lineth Chama Andrade se dirigió a su domicilio para recoger unos platos y llevarlos al negocio de su familia, pero nunca más volvió.
La adolescente, de 16 años de edad, continúa desaparecida y, a pesar de que dos personas fueron encarceladas de forma preventiva en la cárcel de Palmasola por estar presuntamente vinculadas en su desaparición, aún se desconoce su paradero.
El pasado fin de semana, el teléfono celular de Lineth fue encontrado en Cochabamba; un menor de edad había comprado el equipo en el Barrio Chino de esa ciudad.
Según las imágenes de las cámaras de vigilancia, uno de los detenidos apodado «Cotín» se encontró con Lineth el día de su desaparición y ambos se dirigían a la zona del Cordón Ecológico, de la ciudad de Santa Cruz.
Según el fiscal que investiga el caso, Daniel Lobo, los dos detenidos estaban con la adolescente el día de su desaparición. «Hubo consumo de alcohol y sustancias controladas. En la madrugada del 10 de mayo, la adolescente desapareció», informó el funcionario.
Los padres de la menor de edad continúan en la búsqueda junto a la Policía y mantienen la esperanza de encontrar a su hija con bien.