Pinto busca ahora anular su condena
Su defensa logró alejar a los jueces Nancy Bustillos y César Portocarrero, quienes le condenaron a 30 años de prisión por la tortura y asesinato de Benjamín Altamirano
La recusación de los dos jueces de sentencia que condenaron a Gabriel Pinto Tola a 30 años por la tortura y asesinato de Benjamín Altamirano, ex alcalde de Ayo Ayo, fue seguida por gritos de impotencia y llanto de las hijas de la víctima.
El Tribunal Sexto de Sentencia falló en favor del asambleísta del MAS en el recurso presentado contra los jueces del Tribunal Quinto, Nancy Bustillos y César Portocarrero, por decisiones «irregulares» en su contra.
Éste es el segundo fallo que favorece a Pinto Tola y otros dos sentenciados, quienes la semana pasada ganaron una Acción de Libertad, que anuló la orden de aprehensión librada por ambos juzgadores.
Según el abogado de Pinto, Andrés Zúñiga, ambos magistrados emitieron una orden de aprehensión para que los 14 sentenciados sean detenidos preventivamente. Esa acción no correspondía, según él, porque los condenados estaban con libertad condicional hasta que haya una sentencia ejecutoriada que ordene el cumplimiento de la condena en la cárcel.
Los jueces del Tribunal Sexto, Claudio Tórrez y Rubén Ramírez, votaron en favor de la solicitud del masista, por lo que desde ayer ambos fueron separados del caso.
Tras escuchar el fallo, la esposa e hijos de la ex autoridad de Ayo Ayo estallaron en cólera. «¡Gabriel Pinto es un asesino!, ¡los jueces están comprados por ese masista!», gritó Hubaldina, la hija mayor de Benjamín Altamirano.
Sus tres hermanas menores no paraban de llorar y de gritar en la sala de audiencias. A un lado permanecía Pinto Tola junto a su abogado y resguardado por una decena de policías. El asambleísta del departamento dijo a los periodistas: «Yo creo que esta vez se va a hacer justicia, no sólo conmigo sino con todos los que han sido sentenciados. Vamos a seguir adelante para demostrar mi inocencia».
Al margen de la Acción de Libertad y de la recusación planteados por la defensa de Gabriel Pinto Tola, su abogado abrió ayer la posibilidad de presentar un recurso de casación; es decir que pedirá la anulación de la condena porque considera que su defendido es inocente.
Leído el fallo de recusación favorable, los efectivos del orden formaron una fila y por un costado de la sala de audiencias hicieron pasar al asambleísta hacia los ascensores de la Corte Superior de Distrito de La Paz.
En ese momento la ira se desbordó. Familiares de Altamirano empujaron a los uniformados y dos de ellos golpearon a Pinto en el rostro, mientras una mujer lo zarandeaba de la chamarra.
Cuando el sentenciado abandonó los juzgados, una de las cuatro hijas de Altamirano, Beatriz, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Las otras salieron y se arrodillaron ante las cámaras de los medios de comunicación. «¡Por favor, queremos justicia para mi padre, que esto quede impune», gritaba una con los puños en alto.
Edwin Altamirano, hijo de la víctima, calificó de «chicanero» al abogado de Pinto Tola. «Cuántos recursos más va a presentar en favor de este señor que es un mentiroso. Además, pidió al presidente Evo Morales aislar a Pinto Tola del Movimiento Al Socialismo (MAS). «No puede permitir que una persona asesina siga en sus filas. Expulse a este señor por favor», demandó el joven.
El Primer fallo a su favor
La jueza Lucía Fuentes aceptó el recurso de Acción de Libertad planteado el viernes 17 de septiembre por Gabriel Pinto Tola y otros dos sentenciados, lo que invalida las órdenes de aprehensión en su contra mientras el documento no sea revisado por el Tribunal Constitucional.
Familia alista denuncia a la CIDH
La familia del ex alcalde de Ayo Ayo linchado el 2004, Benjamín Altamirano, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir que se haga justicia y que los 14 condenados por el asesinato de la ex autoridad purguen su pena.
«Lo único que me queda es acudir a la Corte Interamericana —institución autónoma de la OEA— y después ya se verá. Mis hermanas están totalmente afectadas, ya no quiero que sigan sufriendo porque nuestra única resignación era que los culpables vayan a la cárcel», dijo el hijo de la víctima Edwin Altamirano. Durante los seis años de proceso, afirmó que su familia evitó la confrontación con los hoy sentenciados en primera instancia, «pero al ver tanta injusticia ya no se puede hacer eso, se hacen la burla de nosotros todo el tiempo».
La familia confía en tener alguna respuesta de la CIDH, pero también se encomienda a la justicia divina. «Pinto y los otros (13 sentenciados) serán juzgados por Dios».
Puntos de vista sobre el proceso
‘Si Pinto no sería del MAS, estaría preso’
Waldo Albarracín. Ex Defensor del Pueblo
Es sintomático que en un caso que incluso podía tipificarse como un crimen de lesa humanidad, porque además del secuestro hubo tortura que impactó y también a la comunidad internacional, de pronto uno de los que aparece como autor del hecho es un asambleísta (Gabriel Pinto) y los fallos judiciales sean más de subordinación política. Si el señor Pinto no hubiese sido del MAS ni asambleísta, en este momento estaría preso. Preocupa la señal que se da de la presión política gubernamental y la debilidad institucional de los tribunales.
‘Es un acto grosero del sistema judicial’
Milton Mendoza. Fiscal
Me parece un acto grosero del sistema judicial y una falta de consecuencia de los administradores de justicia. Estas personas no sólo fueron acusadas, sino condenadas a través de una decisión judicial, pero lamentablemente esa sentencia no se puede ejecutar y estamos frente a acciones que burlan el sistema real de justicia. Está en el marco de lo legal, pero ahí está la personalidad de los jueces. A mí me parece inaudito que los jueces viendo la magnitud del caso, den cumplimiento a recursos. La justicia va más a la forma que al fondo de los procesos.