El proyecto de Ley Antirracismo prevé incorporar al Código Penal la figura de discriminación como delito, con lo cual una persona sería acusada y sancionada a penas de cárcel, de uno a cinco años, en al menos 28 casos.
El artículo 23 del proyecto de ley (que modifica el artículo 281 del Código Penal) indica que «nadie puede anular los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política y filosófica».
A estos derechos se suman «el estado civil, condición económica y social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción , capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta». En todos los casos la sanción prevista es de una pena privativa de libertad de uno a cinco años.
Para el analista Jorge Lazarte, al analizar el proyecto de ley, sólo se focalizó dos artículos que involucran a los medios y periodistas. «Por ocuparse de estos artículos, no se ha visto el resto que involucra a la sociedad y el proyecto es más de lo que se piensa», dijo al referirse al artículo 23 sobre el delito de discriminación.
Según el analista, el delito modificará todo un capítulo del Código Penal. «En su lectura puede inferirse que hay tantas razones (formas de cometer el delito de discriminación) para ir a la cárcel. Lo que se constituye en una amenaza para la vida cotidiana».
El senador Adolfo Mendoza, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que no todo es penal en la futura norma. «También hay medidas preventivas que tienen que ver con educación y autorregulación. En ambos casos la ley tiene que fortalecerse y en lo penal es necesario endurecer. No es posible que por discriminación racial se ponga de tres a siete años o por la de género haya una menor. La pena debe ser tan dura como la otra».
Para la diputada de la oposición Norma Piérola (CN), se trata de la muestra de la irresponsabilidad de la redacción de la nueva norma. «Mínimamente la población debe conocer en qué consiste, qué son derechos individuales y colectivos. La norma es amplia y es genérica en todo sentido».
Aseguró que la imprecisión se demuestra en el tipo de modificaciones al Código Penal. «Tiene que ser taxativa, concreta y específica, y explicar qué hechos son delitos o contravenciones». La asambleísta agregó que la intención es coartar a los medios de comunicación y quitar la libertad de expresión. «Estoy esperando que se apruebe esta ley para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Lo tengo preparado y estoy promoviendo a que se convoque a un referéndum de no aplicabilidad de una ley lesiva que además suprime los derechos humanos», sostuvo la diputada.
En tanto, el senador Isaac Ávalos (MAS) aseguró que la ley sólo sanciona a los racistas y discriminadores. «No a todos, está calculada para eso, no es para callar la boca a nadie, todo el mundo puede hablar y opinar. No generaliza y la calificará la justicia».
Lazarte afirmó que los convenios internacionales contra el racismo reclaman que los distintos Estados establezcan como delitos los actos o palabras racistas concretas, como por ejemplo, quienes dicen que hay razas inferiores o superiores y que llaman a la lucha de razas o el odio de razas.
«Por eso es que esta ley no solamente debería cambiar en algunos de sus artículos, sino cambiar su inspiración. Es punitiva y no educativa. Está inventando nuevos delitos penales que dan lugar a todas las arbitrariedades. A partir de estos criterios ningún ciudadano va a estar seguro de lo que está diciendo ni de lo que hace. Decir algo que puede caer bajo cualquiera de estos parámetros», dijo.
El asambleísta Mendoza dijo que es partidario de la modificación de esta ley en dos sentidos: «primero para asumir con mayor contundencia lo educativo y luego ser inflexibles en la salida penal».
También hay agravantes
Sanciones
Según el artículo 23 (281 ter) referente a la discriminación, la sanción será agravada en un tercio del mínimo y en una mitad el máximo cuando:
A)El hecho sea cometido por un servidor público o autoridad.
b)El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
c)El hecho sea cometido con violencia.
Entidades de la prensa insisten en dos artículos
Las organizaciones de la prensa asistieron ayer a un primer encuentro con la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, ante la cual ratificaron la postura de que los artículos 16 y 23 del proyecto de Ley Antirracismo deben ser retirados.
«En la reunión, defendimos la libertad de expresión, dijimos que los artículos 16 y 23 nos afectaban y que no se podía empañar la ley», informó ayer Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
El senador Eduardo Maldonado, presidente de la comisión y quien dirigió las mesas de trabajo, en la que participaron periodistas y sectores sociales, explicó que el propósito de la cita «fue intercambiar criterios e ideas, y aún no hacer propuestas que se reservarán para las audiencias públicas».
Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), afirmó que los periodistas no se consideran intocables, ya que la Constitución garantiza el trabajo de los medios. «Se añadió artículos importantes como el de la autorregulación. La población puede estar tranquila sobre nuestro trabajo. Con estas iniciativas (la ley) no se beneficia a la ciudadanía porque dejaría de estar informada».
Otras organizaciones que asistieron a la reunión —Red contra el Racismo, Coordinadora de la Mujer, Mujeres Gregoria Apaza— se oponen a las modificaciones en el proyecto de ley.
ACNUDH pide equilibrio
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia felicitó las iniciativas del Gobierno encaminadas a la formulación de políticas contra el racismo y la discriminación. También recomienda que haya «un debido equilibrio entre los derechos a la libertad de opinión y expresión y a recibir y comunicar información y la prohibición de expresiones o actividades que promuevan puntos de vista racistas».
Sugieren autorregulación
El Defensor del Pueblo pidió a los medios asumir medidas de autorregulación y ética. «Los medios deben dotarse de un código de ética y de conducta, y aplicar medidas de autorregulación y de políticas y prácticas encaminados a evitar toda clase de estereotipos que promueven el racismo y la discriminación, y fomentar una representación objetiva y equilibrada de las personas, los acontecimientos y la historia», según una nota.