‘Cuando se legisla desde el feudo, las leyes son malas’
Romel Jurado
El experto en legislación sobre medios de comunicación en América Latina considera necesario actualizar las leyes vigentes. Argumenta que las nuevas tecnologías y el uso político y la ciudadanización de la comunicación obligan a mirar a ésta como un fenómeno social, integral y complejo que se debe legislar como tal. «Volverse punitivos» no es la solución para terminar con el racismo, dice y por el contrario advierte que el fenómeno se radicalizaría.
— ¿Cuál es el estado de las leyes de comunicación en la región?
— La legislación sobre radio, televisión y prensa es bastante antigua y ha sido fundada generalmente en regímenes autoritarios y dictatoriales. Por otro lado, hay cierta hegemonía regional respecto de la gestión de las telecomunicaciones; las leyes se llaman casi igual en todos los países de América Latina. En términos globales se tiene una legislación obsoleta, de carácter autoritario, que no contempla el desarrollo de las nuevas tecnologías y que gestiona a las telecomunicaciones como si se tratara de un hecho tecnológico y mercantil de alcance privado. En cada país, dependiendo de sus circunstancias políticas, se viven más o menos tensiones en relación a las libertades relacionadas con la comunicación y, últimamente, a los derechos de igualdad relacionados con comunicación.
— ¿Conoce usted el caso particular de Bolivia?
— Tengo alguna información sobre lo que está sucediendo, sobre las tensiones que existen.
— La Ley de Imprenta boliviana data de inicios del siglo pasado, considerando sus criterios, ¿sugeriría actualizarla?
— Claro que sí. Ya en 1969, en el seno de la Unesco se planteó que al parecer los derechos humanos aprobados en 1968 y la Declaración Universal de Derechos Humanos no eran suficientes ni para entender ni para regular los problemas de la comunicación que tenemos ahora. El desarrollo de las tecnologías, la complejización de las comunicaciones, los usos políticos de la comunicación y la ciudadanización de la comunicación nos obligan a actualizar las leyes, a mirar la comunicación como un fenómeno social, integral y complejo, y por tanto a legislarlo de forma integradora, sistemática, con los elementos que las tecnologías y la politización de la comunicación nos den.
— ¿Cómo garantizar que este proceso no vulnere derechos universales, como es el temor del gremio en Bolivia?
— Hay que desfeudalizar la forma de legislar. Cuando se legisla desde el feudo, es decir desde el interés particular y corporativo, las leyes son malas por muy actuales que sean. El horizonte que debe orientar la producción de la nueva legislación es la consolidación del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Un Estado de Derecho se caracteriza por el imperio de la ley; todas las personas y todos los poderes estamos sometidos a la ley, no podemos hacer nuestra voluntad, y el contenido sustancial de un Estado de Derecho son los derechos humanos fundamentales. En un Estado de Derecho, el poder público sólo se justifica en la medida que sirve para aplicar estos derechos, no para restringirlos. Si orientamos esta noción para actualizar la legislación, se minimizan los riesgos de que la legislación obedezca a intereses mezquinos.
— Con el artículo 16 del proyecto de ley contra el racismo un medio sería cerrado si difunde información de corte racista; los periodistas expresan su interés en que se apruebe la ley, pero alertan que éste y otro artículo vulneran la libre expresión.
– El análisis es más complejo; el fenómeno del racismo es indeseable en toda sociedad moderna, el principio de que las personas somos iguales, valemos lo mismo en dignidad y tenemos los mismos derechos es un ordenador de las sociedades contemporáneas; el racismo es una práctica cultural arraigada en los países de América Latina y sobre todo en los andinos. Yo no creo que la solución a esta lacra social venga de volvernos punitivos, si nos ponemos punitivos lo que hacemos es clandestinizar el racismo, no eliminarlo, e incluso radicalizarlo. Al ser un fenómeno cultural hay que trabajarlo también culturalmente, por ejemplo a través de la comunicación, la educación, y cuando haya delitos que exacerban el racismo hay que poner una medida jurídica para sancionarlos. Antes que sancionar a los que producen los medios, hay que cambiar culturalmente el discurso de los medios y de los políticos, exigirles que consoliden el Estado de Derecho. No me parece proporcionado que a partir de cualquier comentario que pueda entenderse como racista se cierre un medio.
— Otra vez en el escenario boliviano, ¿advierte usted a un oficialismo radicalizado y del otro lado al gremio susceptible?
— Cada vez que uno se acerca a un problema creyendo que tiene la verdad absoluta, anula la versión del otro; lo que corresponde ante un problema que interesa a todos es reunir todos los argumentos y trabajar en varias propuestas. Sólo fruto de esa pluralidad podemos llegar a consensos que sirvan, no para los intereses de cada quien, sino para el bienestar de todos. El Gobierno debe ser el primero en promover esta pluralidad, a no pensar sólo en la inmediatez de su interés, y los actores privados también tienen esa responsabilidad.
