Una investigación sobre las estrategias que maneja el Estado para difundir sus políticas públicas inclusivas, señala que las unidades de comunicación presentan funciones inconclusas e insuficientes ante la población nacional.
La investigación forma parte de un trabajo de la consultora Comunicación, Cultura y Sociedad (Chile), a cargo de Virginia Quevedo, que realizó estudios similares en Ecuador, Colombia y Chile desde diciembre del 2009.
En Bolivia, un grupo de comunicadores comenzó en abril el trabajo en base a tres normas: el bono Juana Azurduy, el Programa Nacional de Postalfabetización y el Programa de Lucha contra la Violencia en Razón de Género.
De acuerdo con Leticia Sainz, una de las responsables del estudio, los resultados señalan varias faltas que presentan las unidades.
«Las deficiencias las tenemos en la estructura de los equipos de comunicación del Estado, que no es responsabilidad ni de este Gobierno ni de los comunicadores, se viene arrastrando hace muchísimos años; es que no le llega al ciudadano la información precisa de sus derechos (con la política pública)», señaló Sainz.
La falta de una Ley de Medios de Comunicación que rija el funcionamiento de atención al ciudadano es uno de los problemas que se presentan. «El comunicador no está concebido (sólo) para comunicar lo que hace el ministro, sino lo que (hace) el sector para que la gente exija sus derechos».
Otra de las falencias es la falta de continuidad laboral en las instituciones cuando se termina una gestión. «El ministro se lleva a su comunicador como si fuera su mujer, el nuevo profesional debe comenzar nuevamente con todo».
Sainz indicó que los constantes cambios de la estructura estatal también forman parte de las deficiencias, además de que no se cuenta con la posibilidad de utilizar recursos del Estado, que permitan medir el impacto de la política pública.
La concepción que tiene la unidad de comunicación estatal es que hace «publicidad» por el trabajo de la autoridad, y ve al ciudadano como el «cliente». Además, la información sobre la política de gestión no es priorizada.
En noviembre se conocerán las conclusiones finales del estudio que se realiza en cuatro países. La consultoría debate con instituciones sociales este tema.