Sociedad

Tuesday 30 Apr 2024 | Actualizado a 05:54 AM

La familia compartió un almuerzo con el jefe de estado en el palacio

Visita. El Presidente comprometió un cargo en YPFB Transportes. Ganaría Bs 7.000

Por La Razón

/ 19 de octubre de 2010 / 05:00

El minero boliviano Carlos Mamani, que fue rescatado de la mina San José de Chile, llegó a Bolivia, se entrevistó con el presidente Evo Morales y aceptó el trabajo que le ofreció en YPFB con Bs 7.000 de sueldo.

Mamani arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto a las 11.20 en un vuelo comercial de Sky Airlines, proveniente de Antofagasta, Chile. En la pista lo recibieron los ministros de la Presidencia, Óscar Coca; y de minería, José Pimentel, quienes le entregaron un casco de minero cooperativista con su nombre.

Luego de unos 35 minutos, se puso en marcha un dispositivo de seguridad para la salida del minero por la puerta de salida internacional. Los reporteros de diferentes medios lo esperaban para algunas declaraciones, sin embargo fue trasladado con apuro hasta una vagoneta del Gobierno con vidrios polarizados.

A las 12.30 ingresó junto a su familia al Palacio Quemado y compartió un almuerzo con Evo Morales. Después conversó con los medios acerca de su visita y sobre la propuesta de trabajo del Gobierno. «Hablamos y me ofreció un trabajo seguro y una casa. Yo estoy orgulloso; voy a regresar a Bolivia, siempre y cuando arregle todos los problemas en Chile», declaró en compañía de sus 10 hermanos y otros familiares.

El minero aseguró que aún tiene trámites de la demanda contra la empresa minera donde trabajaba, sin embargo garantizó su retorno al país para trabajar en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Cochabamba. «Seré jefe de Transportes», anunció tímidamente.

Un tío de Mamani agradeció al Presidente «por la generosidad y el desprendimiento» y confirmó que su sobrino viajará a Chile para arreglar asuntos legales. «Ganará Bs 7.000  y vivirá con su esposa y su hija», declaró. Sin embargo, un comunicado de prensa de YPFB Transporte SA señaló que el cargo al que accederá Mamani es de operador de estaciones de gas y petróleo en YPFB Transporte, en la ciudad de Cochabamba.

«El compañero Carlos Mamani se integrará cuando acabe sus compromisos en Chile y el cargo que tendrá en YPFB Transporte será el de operador multifuncional de estaciones de gas y petróleo. La oferta se hizo porque él ha sido operador de la maquinaria industrial en la mina, por tanto tiene experiencia en maquinaria industrial», dijo Cristian Inchauste, máximo ejecutivo de la empresa estatal.

Anteriormente, la esposa de Mamani, Verónica Quispe, había expresado su deseo de quedarse a vivir en Chile, aunque reconsideraría su decisión si Morales concretaba la casa y un empleo seguro en Bolivia.

Mamani recordó la hospitalidad de la gente chilena. «En Chile me trataron bien, estoy agradecido con la solidaridad. La gente ha sido muy buena», expresó.

El cónsul de Bolivia en Chile, Walker San Miguel, confirmó que Mamani aceptó el ofrecimiento del presidente Morales. «Carlos Mamani, nuestro héroe, ha tenido un almuerzo con el Presidente, con su familia que vino de Chile y los de aquí (…), él ha preferido que sea Cochabamba su próximo lugar de residencia».

Añadió que Mamani decidió volver a Bolivia «porque en Copiapó ya no puede vivir» debido al acoso de medios y curiosos, entre otras razones.

Mamani, de 23 años, era el único extranjero de los 33 rescatados la semana pasada de la mina San José, tras 69 días de estar bajo tierra. En la mina era el encargado de operar un cargador frontal, con el objetivo de hacer una canaleta y acumular el agua para los trabajos mineros.

Fue recibido como una celebridad

Carlos Mamani causó gran expectativa cuando llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto. En el lugar, una veintena de medios de comunicación lo esperó por la salida de pasajeros internacionales. La gente que estaba en el lugar lo aplaudió. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno no permitieron que converse con los medios y lo llevaron al Palacio.

Como jefe de Transportes debe cumplir 10 funciones

En caso de que se confirme que Carlos Mamani será jefe de Transportes de YPFB en Cochabamba, el joven de 23 años deberá cumplir al menos 10 funciones en su nuevo trabajo.

Una fuente al interior de YPFB informó que los futuros deberes que esperan a Mamani son: «verificar la situación de los vehículos; su estado y mantenimiento; el suministro de gasolina; los controles ante la Alcaldía; rosetas de Tránsito, SOAT; permisos para viajes; debe tener licencia C; tener nociones de mecánica; y la responsabilidad de firmar contratos para mantenimiento por  kilometraje». De todas maneras, su incorporación debería formalizarse con un proceso de contratación.

En el caso de tener el cargo de operador multifuncional, debería tener conocimientos de manejo de maquinaria relacionada con gas y petroleo. En cuanto al salario, en YPFB un profesional junior (con título) percibe un sueldo de Bs 5.000 como promedio.

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¿EJ en septiembre?

Por La Razón

/ 28 de abril de 2024 / 00:18

Renovadas acciones de amparo y medidas cautelares están paralizando nuevamente y dejan en incertidumbre las Elecciones Judiciales (EJ). Según lo establecido en la ley transitoria, este 5 de mayo debe concluir la fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el TSE anunció que la votación popular sería en septiembre. Hay duda sobre tales plazos.

Desde hace un año, el proceso electoral para renovar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional está a la deriva. Según el mandato constitucional, las elecciones debieron realizarse en 2023. Pero políticos y operadores del sistema, en especial del TCP, se encargaron de frenar, congelar y a la postre postergar la elección. Como no se eligieron nuevas autoridades, los actuales magistrados (cuyo mandato ya se cumplió) decidieron autoprorrogarse. Fue como un guion escrito desde el principio para boicotear el proceso.

Como efecto de un bloqueo de caminos realizado en enero, finalmente la bancada oficialista en la Cámara de Diputados viabilizó las truncadas elecciones. Se aprobó entonces una ley de consenso que trazó la ruta, sus fases y los plazos tanto para la preselección a cargo de la ALP como para la votación bajo responsabilidad del TSE. Así, se publicó la convocatoria, se recibieron más de 700 postulaciones, se verificaron requisitos y se resolvieron las inhabilitaciones. Hasta ahí todo conforme a lo previsto.

En medio de la evaluación de méritos, incluida una prueba de conocimientos, varios postulantes inhabilitados por incumplir requisitos activaron demandas en la justicia para la reconsideración de sus casos. Todas esas acciones prosperaron dejando en suspenso el proceso de preselección de postulantes. Y el plazo corre. Luego de calificar los méritos, la Comisión Mixta de la Asamblea debe aprobar su informe, que será la base para la elección, por dos tercios, en sesión plenaria. Queda solo una semana.

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Es evidente que algunos actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha, nuevamente, las elecciones judiciales. Sería desastroso para la institucionalidad en el país en un contexto de alta desconfianza y de crisis. Por ello es sensato que la Comisión Mixta retome el proceso desde mañana. Tampoco sería una buena señal que se amplíen los plazos, ya que ello implica postergar la votación popular (quizás hasta octubre, lo que se superpone con las elecciones primarias).

Todos sabemos que las elecciones judiciales no solucionan la crisis del sistema de administración de justicia, pero al menos implican cumplir la Constitución y evitar que los autoprorrogados continúen degradando aún más el Estado de Derecho con sus decisiones a la carta. Por ello es fundamental que la ALP culmine pronto su trabajo de preselección con voluntad política y madurez democrática. Luego será el turno de la ciudadanía en las urnas. Y seguirá en agenda la cada vez más urgente reforma estructural del sistema.

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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Ley ‘antihombres’

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2024 / 00:27

La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

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Un vecino conflictivo

El gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo

Por La Razón

/ 18 de abril de 2024 / 07:06

Días atrás, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que había decidido reforzar la seguridad en la frontera con Bolivia debido a la supuesta presencia de cientos de militares iraníes en el país. La respuesta de la Cancillería boliviana fue tan rápida como mesurada, en evidente contraste con el tono que está adoptando el gobierno de Javier Milei.

Desde el inicio, la presidencia de Javier Milei ha sido notable no solo por sus políticas internas de shock, sino también por su manejo de las relaciones internacionales, especialmente con países latinoamericanos de gobiernos considerados izquierdistas. Sus controversiales interacciones con líderes regionales han generado un amplio debate sobre las estrategias diplomáticas y sus implicaciones tanto a nivel regional como doméstico.

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Primero, el intercambio de insultos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó una rápida escalada de tensiones que afortunadamente no pasaron a más. Milei respondió a las críticas de López Obrador, quien había tildado a Milei de “facho conservador”, con términos igualmente duros, exacerbando las fricciones bilaterales. Este tipo de diplomacia de confrontación no solo socava las relaciones tradicionalmente cordiales entre Argentina y México, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad regional.

Por otra parte, las relaciones con Colombia se tensaron significativamente después de que Milei llamara al presidente Gustavo Petro «comunista asesino». Esta declaración provocó una pronta respuesta diplomática de Colombia, incluyendo el llamado de su embajador en Buenos Aires, lo cual subraya la seriedad del conflicto y el impacto en las relaciones diplomáticas; por ahora las relaciones entre ambos países están normalizándose y los respectivos embajadores han regresado a sus funciones.

Asimismo, la afirmación de la ministra Bullrich sobre la presunta presencia de militares iraníes en Bolivia añadió más leña al fuego, mostrando una tendencia hacia declaraciones provocativas que pueden tener serias repercusiones diplomáticas y de seguridad. Algo similar había ocurrido poco antes, cuando el presidente Milei afirmó que el gobierno de Chile iba a llevar a ese país a la pobreza por adoptar políticas socialistas. En ambos casos la respuesta fue pronta, mesurada y contundente.

En el frente interno, estas controversias internacionales parecen servir como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas económicos graves que enfrenta Argentina, como la inflación y el estancamiento económico. Al centrarse en conflictos externos, el gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo, mientras posterga o minimiza la discusión sobre la necesidad de reformas económicas internas profundas.

Es posible que las tácticas de confrontación de Milei tengan un atractivo político inmediato entre ciertos sectores en Argentina que le son afines, pero los riesgos asociados a alienar a países vecinos y potenciales socios comerciales son altos, especialmente en el mediano y largo plazos, cuando el polémico mandatario ya no esté en funciones.

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Los medios en cuestión

Por La Razón

/ 14 de abril de 2024 / 00:20

El reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES-Bolivia), realizado con líderes de todo el país, revela datos delicados respecto a los medios de comunicación y su desempeño. Además de una baja confianza, se percibe a los medios como promotores del conflicto y como actores políticos que informan en función a su agenda e intereses. La evaluación es crítica.

Hubo un tiempo en que los medios de comunicación y periodistas, en general, estaban en la cima de la confianza ciudadana. Junto con la Iglesia Católica, tenían muy alta legitimidad. Hoy es diferente: en la Delphi de la FES, solo el 7% tiene una confianza alta o muy alta en los medios. Para el 39% es regular. Y un mayoritario 54% confía poco o nada. Estos datos debieran preocuparnos. Si bien estamos mejor que otras entidades, la confianza es un bien preciado que los medios debemos recuperar y preservar.

En un contexto en que los medios digitales y las redes sociales tienden a desplazar a los medios de comunicación tradicionales como principal fuente de información, es necesario hacer un examen acerca de nuestro desempeño. ¿Cómo nos evalúan los líderes? Más de dos tercios, nada menos, sostienen que los medios informan en función a su propia agenda e intereses. Si sumamos el 13,5% que nos perciben como manipuladores, el saldo es muy negativo. Solo un marginal 7% cree que los medios informan con veracidad.

La baja confianza en los medios y la percepción de que informan más pensando en ellos mismos que en la sociedad, quizás se explican, entre otros factores, porque varios operadores mediáticos están polarizados y alientan la polarización. Lo vimos como tragedia en la crisis de 2019, cuando algunos medios y periodistas avalaron y hasta justificaron las masacres. Ello se reafirma en la Delphi: 86% de los líderes consultados sostienen que los medios promueven enfrentamientos y conflictos en el país.

Por si fuera poco, en estas percepciones reveladoras de la situación del campo mediático en Bolivia, casi nueve de cada 10 participantes en el estudio de la FES están de acuerdo con la afirmación de que los medios actúan como si fuesen actores políticos. Es tremendo. Para los liderazgos, la esencia de los medios se está perdiendo. En su balance, varios medios y periodistas están más cerca de la acción política que de la labor informativa. Eso, por supuesto, va en desmedro del periodismo.

Los estudios de percepción cualitativa y de opinión pública expresan tendencias generales en momentos determinados. Son útiles para la reflexión y el análisis. Y contribuyen a la autocrítica. Pero hay diferencias. Más allá de las percepciones aquí descritas, es meritorio el trabajo de medios que persisten en el empeño de cuidar y cultivar cada día los derechos a la comunicación e información. Como diario nos situamos en ese camino reafirmando nuestro compromiso con el libre ejercicio del oficio periodístico.

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