Sociedad

martes 19 ene 2021 | Actualizado a 16:11

El Alto recauda 50% menos y pierde 10 mil contribuyentes

Déficit. La crisis le obliga a cortar la subvención a organizaciones

Por La Razón

/ 29 de octubre de 2010 / 05:00

La Alcaldía de El  Alto tiene un déficit tributario del 50% y perdió 10 mil contribuyentes, lo que le impide contar con fondos para la ejecución de macroobras el 2011. Como primera medida, el Ejecutivo edil dispuso eliminar los gastos «prebendales» que favorecían a organizaciones sociales.

De los Bs 120 millones que pretendía recaudar la Alcaldía de enero a la fecha por los impuestos a la propiedad de vehículos, inmuebles y actividades económicas, sólo obtuvo Bs 60 millones, de los cuales sólo puede destinar Bs 24 millones como contraparte para obras macro, informó Sergio Choque, secretario general de la Alcaldía.

«Esperamos contar con el respaldo del Gobierno para realizar las obras macro, porque no tenemos recursos para dar la contraparte que corresponde a cada obra y que es del 20%, tal como establecen las normas», añadió.

La Ley Orgánica de Municipalidades dispone, en su artículo 115,  que los municipios contribuyan con el 20% de sus recursos propios como fondos de contraparte para la ejecución de obras macro. El concejal del Movimiento Sin Miedo (MSM) Óscar Huanca atribuyó la baja recaudación tributaria a la falta de capacidad y políticas de gestión del Ejecutivo.

«Estas cifras nos dicen que esto no se va a poder efectivizar y se gasta más en bonos o en el Desayuno Escolar. Los 24 millones no serán suficientes para demostrar la capacidad de endeudamiento de la Alcaldía, lo que hace mas difícil conseguir créditos de organismos financieros».

El concejal añadió que esos recursos se van a reducir por la ejecución de obras distritales que fueron suspendidas en las gestiones 2009 y 2010 y que eso va a reducir las posibilidades de utilizarlos como fondos de  contraparte para la ejecución de las obras macro programadas para 2011.

El secretario general de la Alcaldía alteña anunció que para hacer frente a la crisis, desde el próximo año se impulsarán desde el Ejecutivo edil políticas para fomentar la tributación.   «Estamos pensando incluso en declarar una amnistía por los años de  mora tributaria, con el objetivo de que los alteños estén incentivados a pagar impuestos de las últimas gestiones».

Por otra parte, la municipalidad detectó que 10 mil propietarios de inmuebles pagan impuestos en otros municipios, como Laja y Achocalla.  Choque explicó que se hará un reordenamiento en coordinación con los otros municipios para que al menos 47 urbanizaciones paguen sus impuestos en El Alto, como establece la Ley de Límites 2337.

«Todos estos ajustes nos permitirán mejorar las recaudaciones para la próxima gestión y así contar con los recursos necesarios para las obras grandes previstas para el quinquenio».

RECORTES En el marco de la crisis y la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Alcaldía también determinó cortar la subvención a las organizaciones sociales alteñas, entre ellas la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Central Obrera Regional (COR). Mensualmente la municipalidad destinaba Bs 40 mil de sus arcas para el pago de alquileres, sueldos de secretarias, choferes y otros de estos organismos.

«Son gastos que fueron aprobados en la gestión de Fanor Nava. Ahora los estamos suprimiendo conforme a lo que señala la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz», explicó Choque. El secretario general calificó estos gastos como «prebendales» y señaló que los mismos generaban una dependencia directa de la Alcaldía, lo que no les permitía a estas organizaciones obrar de forma autónoma y fiscalizar el trabajo edil.

También se suprimió los servicios de teléfonos móviles que demandaban un gasto mensual de más de Bs 30 mil. El tipo de servicio era en red y beneficiaba a funcionarios ediles, autoridades y dirigentes sociales.

La mora por gestiones

El Alto tiene una mora tributaria en las gestiones del 2005 al 2008 de Bs 71,3 millones, de los cuales Bs 39 millones corresponden a los impuestos por inmuebles; Bs 23,4 millones al pago de impuestos por vehículos y Bs 8,9 millones a actividades económicas. Todavía no se ha contabilizado la mora del 2009 porque la gestión aún no se ha cerrado.

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Una bomba de tiempo

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto.

Por La Razón

/ 18 de enero de 2021 / 01:55

Luego de varios días se levantó una protesta movilizada, que en este caso consistió de un bloqueo en el camino que une El Alto con Villa Ingenio, donde se emplaza el relleno sanitario de esa ciudad, que hace tiempo debería haber sido cerrado pues ya concluyó su vida útil. La protesta no es la primera y dista mucho de ser la última, pues aparentemente no hay muchas alternativas.

La situación es de una urgencia que no condice con la respuesta de las autoridades municipales, ni de la gestión que está a punto de concluir, ni de las anteriores, que en aquel momento eran aliadas del gobierno de turno. Se trata no solo de los derechos de las y los vecinos de la zona, no todos dedicados a actividades relacionadas con el reciclado de basura, sino también de un asunto de salud pública, como se hace evidente en días de bloqueo, cuando la basura se acumula en las calles con todo el riesgo sanitario que ello implica.

Esta vez se habló de 4.100 toneladas de basura acumuladas luego de seis días de bloqueo, lo cual da cuenta de la cantidad de residuos sólidos que esa ciudad, la segunda más poblada de Bolivia, produce cotidianamente. Súmese a eso iguales cantidades de basura que se producen diariamente en las ciudades vecinas de El Alto, comenzando por La Paz y Viacha, para tener una idea de la magnitud de la necesidad de encontrar nuevas formas de tratar los desechos sólidos, diferentes de simplemente enterrarlos.

La respuesta del gobierno local alteño al conflicto de los últimos días, lo mismo que al de hace semanas, ha sido de negar la gravedad del problema, probablemente por simple incapacidad de darle una respuesta siquiera aceptable, ya que no solo requiere de grandes cantidades de dinero, sino también voluntad política, pues el asunto demanda toda clase de acuerdos.

Entre esos acuerdos está el de la necesaria gestión metropolitana de los residuos sólidos, pues La Paz atraviesa un problema similar y los otros municipios vecinos en algunos casos ni siquiera cuentan con planes de gestión de residuos y, por ahora, se arriesgan administrando simples botaderos que no cumplen con las mínimas condiciones de gestión de la basura y sus derivados.

Súmese a ello la experiencia de la ruptura de uno de los diques en el relleno sanitario de Alpacoma, hace ya dos años, cuando los alcaldes de municipios vecinos vieron su oportunidad para hacer política a costa del Alcalde paceño y sus crisis, cuando no negocios sospechosamente acelerados, en lugar de aprovechar la circunstancia para plantear la necesidad de un gran acuerdo.

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto, pues así como el agua, este es un asunto que ya no puede ni debe ser gestionado por cada gobierno local sin contemplar a los demás.

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Suspender campañas

Las propuestas y el debate programático están prácticamente ausentes del espacio público-político.

Por La Razón

/ 17 de enero de 2021 / 01:34

A reserva de las decisiones que se puedan tomar en las siguientes semanas respecto al proceso electoral en curso en el país, se están cumpliendo en plazo cada una de las actividades previstas en el calendario de los comicios. Continúa en tanto el debate, ya conocido, sobre la pertinencia o no de postergar la votación dada la crítica situación sanitaria por la pandemia.

En respuesta a las voces que piden suspender las elecciones subnacionales, el TSE ha comunicado oficialmente que sigue trabajando en la organización de los comicios convocados para el 7 de marzo. Así, el próximo jueves vence el plazo final para la sustitución de candidaturas por renuncia. Y el 5 de febrero está prevista una actividad fundamental: el sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio. Ese mismo día se inicia la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación.

En ese marco, a la espera de informes técnicos acerca de la curva de contagios en la agresiva segunda ola del COVID-19, dentro de siete semanas las y los bolivianos acudiremos nuevamente a las urnas. Esta vez debemos elegir gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales (en algunos casos se eligen otras autoridades departamentales y regionales). La pregunta nuevamente, como el año pasado, es en qué condiciones de bioseguridad llegaremos a la jornada electoral.

Más allá de las implicaciones de una elección en un contexto de pandemia, es importante plantear algunas inquietudes sobre la calidad del proceso electoral venidero, que cierra un largo y complejo ciclo en el país. Y es que luego del ruido de la selección y registro de candidaturas —con sorpresas, fisuras, alguna renovación y mucho transfuguismo—, las propuestas y el debate programático están prácticamente ausentes del espacio público-político. Así difícilmente podremos esperar un voto informado.

A ello se añade la decisión de algunas organizaciones políticas y cada vez más candidatos de suspender sus actos públicos de campaña —en especial eventos masivos que impliquen riesgos de contagio—. Cierto que esto no significa, por supuesto, que haya un paréntesis en la disputa electoral, sino que la misma tendrá que concentrarse en los medios de comunicación, redes sociales digitales y otras formas de comunicación interpersonal. Siendo limitante, no debería degradar ni menos clausurar el debate.

Considerando la experiencia de las elecciones de octubre, hay quienes sostienen que no es necesario postergar los comicios subnacionales. Se argumenta que la votación, bajo protocolos de bioseguridad, no derivó en el aumento de casos. Es decir, la jornada de votación misma no implica un riesgo sanitario mayor. Pero el desafío democrático no es solo garantizar la participación ciudadana (siempre menor que en una elección general), sino en especial un proceso plural, transparente, programático y competitivo.

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Conflictos distributivos

Esta escaramuza es ilustrativa del tipo de conflictos distributivos que el Gobierno tendrá que resolver a lo largo de este año.

Por La Razón

/ 16 de enero de 2021 / 02:01

La economía sigue sufriendo los efectos de la pandemia y las autoridades gubernamentales se enfrentan a decisiones difíciles y controvertidas. Parecería que las demandas por medidas compensatorias y de protección seguirán siendo importantes en este año, provocando conflictos distributivos no menores.

La controversia sobre el diferimiento de créditos y el establecimiento de un periodo de gracia de seis meses, acompañada de movilizaciones del autotransporte y reclamos de las entidades financieras privadas, está mostrando la complejidad de los problemas que el nuevo Gobierno tendrá que resolver en esta etapa de persistencia de la pandemia.

La dificultad proviene de la obligación de mediar entre requerimientos a priori contradictorios, pero que deben ser armonizados de alguna manera, minimizando los costos que eso implica entre los involucrados y el propio Estado. Por una parte, es evidente que la actividad económica no se está normalizando y que muchos sectores siguen trabajando por debajo de su potencial ya que persisten restricciones coercitivas establecidas por el Estado ligadas a la lucha contra la pandemia que no les permiten alcanzar el nivel de ingresos al que estaban acostumbrados.

Es el caso del sector de restaurantes, turismo y por supuesto transporte. Pese a los esfuerzos, no están logrando recobrar sus pérdidas del año pasado y apenas están ganando una fracción de sus ingresos habituales. Por lo tanto, sus posibilidades de generar recursos para su propia sustentabilidad cotidiana se han debilitado, dejándoles poco margen para además pagar sus compromisos financieros. Por tanto, tienen un problema real, de ahí la fuerte movilización que hemos visto en estos días.

Por otra parte, son también entendibles las preocupaciones de las entidades financieras privadas para las cuales cualquier postergación en el pago de los créditos tiene costos que se tienen que considerar en el balance final. Sin mencionar el temor, también razonable, de que, a este ritmo, se fomenten comportamientos de mora y no pago crediticio en el largo plazo.

Ambos razonamientos son legítimos y tienen sustento en la realidad; de ahí la dificultad para resolver el conflicto, pues implica que ambos sectores entiendan que no pueden mantenerse en una posición inflexible porque eso no es viable. En ese contexto, el Estado tiene el complicado papel de dirimir, encontrando un punto de equilibrio razonable que no será obviamente totalmente satisfactorio para todas las partes, pero que debería disminuir o compensar los costos de unos y moderar los beneficios de los otros.

Más allá de este conflicto específico, esta escaramuza es ilustrativa del tipo de conflictos distributivos que el Gobierno tendrá que resolver a lo largo de este año, asumiendo que la enfermedad seguirá postergando una normalización auténtica de las actividades económicas. La tarea no es fácil.

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Eran semilla

Cuatro décadas después de aquella masacre no solo pervive el recuerdo de los ausentes, sino sobre todo el ideario que los motivó a arriesgar su vida: paz, justicia, democracia, igualdad, principios innegociables para quien busca un mejor país y un futuro que incluya a todas y todos.

Por La Razón

/ 15 de enero de 2021 / 00:42

Hoy se cumplen 40 años de la Masacre de la Calle Harrington, trágico episodio de la historia boliviana en el que ocho militantes de izquierda fueron asesinados por orden del entonces dictador Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Entonces creyeron que se acallaban sus voces; sin embargo, su memoria sigue viva y no hubo ni hay forma de silenciarla.

La matanza ocurrió en una vivienda de la calle Harrington, en Sopocachi, donde se había reunido la Dirección Clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para planificar la huelga general indefinida en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno de facto en contra del pueblo de Bolivia. De las nueve personas allí congregadas, solo Gloria Ardaya sobrevivió para narrar lo sucedido.

Eran tiempos de miedo, de toques de queda, de persecución, de paramilitares, de ejecuciones sumarias, de represión, de violaciones a los más básicos derechos humanos. Se había interrumpido un proceso democrático que contaba con un sólido respaldo para desatar impunemente un terrorismo de Estado que conculcó los derechos más elementales de la ciudadanía.

Los testimonios de aquel trágico episodio dan cuenta de la brutalidad con que actuaron los paramilitares enviados para evitar cualquier brote de resistencia, de insurrección contra un gobierno que meses antes se había instalado no para hacer de Bolivia un mejor país, sino para que un puñado de hombres, la mayoría militares, se sirviera de la cosa pública y cometiera toda clase de abusos y sangrientas atrocidades. Al final, el nefasto gobierno de facto fue conocido como “narcodictadura”.

Los asesinados esa tarde eran Artemio Camargo Crespo, dirigente minero; Jorge Baldivieso Menacho, responsable Regional del MIR en Chuquisaca; Gonzalo Barrón Rondón, responsable del Frente Estudiantil Universitario y dirigente de la CUB; Arcil Menacho Loayza, responsable Regional del MIR de Pando; Ricardo Navarro Mogro, dirigente del Frente Universitario; José Reyes Carvajal, responsable Regional del MIR en La Paz; Luis Suárez Guzmán, responsable del Frente Docente-Universitario, y Ramiro Velasco Arce, directivo del Colegio de Economistas. Algunos de ellos fueron torturados antes de ser asesinados.

Cuatro décadas después de aquella masacre no solo pervive el recuerdo de los ausentes, sino sobre todo el ideario que los motivó a arriesgar su vida: paz, justicia, democracia, igualdad, principios innegociables para quien busca un mejor país y un futuro que incluya a todas y todos. Los asesinos creyeron haberlos matado, pero no hicieron más que sembrar la semilla del compromiso.

Recordarlos hoy, además, es necesario pues luego de un trágico 2019, también regado de sangre como las dictaduras de antes, urge evitar que en lo sucesivo volvamos a ver la aberrante imagen de 2020 de personas arrodilladas en las puertas de un cuartel, pidiendo que la democracia sea rota una vez más.

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Inercias y mutaciones

Se percibe también un esfuerzo de coordinación del nivel central con gobernaciones y municipios, aunque los recursos son escasos.

Por La Razón

/ 13 de enero de 2021 / 00:11

El temible rebrote del coronavirus, que como tragedia anunciada llegó al país, está mostrando continuidades y cambios en las formas de enfrentarlo. Cierto que hay condiciones estructurales e institucionales (el Estado, el sistema de salud), pero también cuentan la gestión, las decisiones, los comportamientos. Algo hemos aprendido como sociedad, pero al parecer no lo suficiente.

Desde las primeras noticias, a finales de 2019, que se tuvo sobre el brote del llamado COVID-19 hasta que la OMS, en marzo de 2020, hizo la declaratoria de pandemia, los Estados reaccionaron de diferentes maneras. Unos con estrategias de contención, otros apostando más bien a la mitigación. Al final, más temprano que tarde, casi todos tuvieron que asumir medidas de confinamiento con mayor o menor rigidez y obligatoriedad. Así ocurrió en Bolivia el mismo mes de marzo por decisión rápida del gobierno provisorio.

La pandemia y la consecuente emergencia sanitaria declarada en el país mostraron las debilidades estructurales de un sistema público de salud que pronto fue colapsando ante el incremento de contagios y fallecidos. Bajo el mando de Áñez, la gestión tuvo tres características predominantes: a) medidas unilaterales con escasa coordinación y ausencia de diálogo, b) limitada información con vocería contradictoria y poca transparencia, y c) énfasis represivo y punitivo para “hacer cumplir” la cuarentena.

Los casos de COVID-19 en el país, sin datos ciertos sobre el “pico” que se fue moviendo de acuerdo al calendario electoral, mostraron un evidente subregistro, en especial por la muy limitada realización de pruebas. A ello deben añadirse otras dos marcas en la gestión del gobierno provisorio: por un lado, la opción presidencial por el ayuno y la oración para contrarrestar la pandemia; por otro, escandalosos casos de compras con intermediarios y sobreprecio, como el de los respiradores que nunca sirvieron.

¿Qué ha cambiado, qué permanece, con el actual gobierno constitucional de Arce? La segunda ola de contagios, que se desborda velozmente, demuestra sin atenuantes que no hay mejora en el precario sistema de salud: insuficientes hospitales, limitados ítems para el sector, pocas unidades de Terapia Intensiva. Se mantiene todavía una gestión deficiente de la información, empezando por la actualización de los datos de casos. Y está en cuestión la confidencialidad sobre el costo de las vacunas adquiridas.

Hay empero un destacable cambio en el enfoque: prima el factor sanitario en lugar de la apuesta por la religión y la fuerza pública. Por otro lado, se busca conciliar las medidas anti COVID-19 con la gestión de la crisis socioeconómica. Se percibe también un esfuerzo de coordinación del nivel central con gobernaciones y municipios, aunque los recursos son escasos. Y las novedades son el plan de testeo masivo y la compleja gestión de la vacuna. Igual el centro seguirá siendo la apelación al autocuidado.

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