En tres años la Alcaldía de El Alto ha subvencionado con Bs 1.440.000 a las organizaciones sociales con el pago de sueldos a secretarias, choferes, combustible y repuestos para vehículos a través de una serie de convenios que pueden ser sancionados por la Ley Safco.
El secretario general de la comuna, Sergio Choque, informó el jueves que se ha decidido terminar con «aportes prebendales a favor de organizaciones sociales, los mismos que ascienden a Bs 40 mil por mes». El funcionario no quiso especificar de qué organizaciones se trataba.
Dirigentes gremiales de la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que pidieron mantener su identidad en reserva, señalaron que en cada una de estas instituciones aún cuentan con tres ítems de secretarias que están contemplados en planillas del municipio alteño. Versión que contradice la información de la Alcaldía, que sostuvo que el corte fue ejecutado en junio.
Choque también dijo que se pagaba por el servicio de choferes y vehículos; y por el uso de 500 teléfonos móviles que funcionaban en red gracias a los acuerdos suscritos por Fanor Nava, cuando era alcalde de la ciudad de El Alto.
La suspensión de la subvención decidida por la gestión de Édgar Patana pretende evitar sanciones que están contempladas en la Ley contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. Además que es «una forma de devolverle independencia a cada una de las organizaciones».
El abogado municipalista Néstor Peñaranda señaló que este tipo de convenios es ilegal y que a través de la Ley Safco se prohíbe la transferencia de recursos a organizaciones cívicas o sociales como en este caso son la COR y la Fejuve.
«Sólo se reconocen convenios interinstitucionales para el pago de salarios si es que éstos tienen un objetivo de ayuda social, por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales (ONG) que están a cargo de albergues. Otro tipo de subvenciones incurre en acciones como estelionato y malversación que, por tratarse de recursos públicos, se consideran como daños económicos al Estado según el artículo 44 de la Ley Safco».
Peñaloza afirmó que cualquier contrato que suscriba una entidad para dar un beneficio económico a terceros, debe contemplar un informe detallado y auditado sobre esos recursos desembolsados a favor de esa instancia.
Ante el requerimiento de La Razón, funcionarios de Tesorería de la Alcaldía indicaron que en esta gestión no se han recibido informes mensuales sobre los gastos de las organizaciones sociales entre enero y mayo de este año.
Peñaloza añadió que la Ley Safco en el artículo 31 precisa que «incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que, no siendo servidores públicos, se beneficien de forma indebida con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades».
Añadió que en este caso tanto las autoridades involucradas como los dirigentes de esas organizaciones tendrán que ser procesados en la justicia ordinaria. La concejal Delia Peñaloza (MAS) dijo que a partir del informe del Secretario General, solicitará al directorio que se lo convoque para que detalle qué organizaciones y cuántas personas fueron beneficiadas.
¿Cuotas de poder en la alcaldía?
Denuncia
La presidenta de la Fejuve, Fanny Nina, reveló que en el municipio las organizaciones sociales tienen sus cuotas de poder por acuerdos políticos. Añadió que hay funcionarios que fueron puestos a dedo por los dirigentes sociales.