La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

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Días atrás, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que había decidido reforzar la seguridad en la frontera con Bolivia debido a la supuesta presencia de cientos de militares iraníes en el país. La respuesta de la Cancillería boliviana fue tan rápida como mesurada, en evidente contraste con el tono que está adoptando el gobierno de Javier Milei.

Desde el inicio, la presidencia de Javier Milei ha sido notable no solo por sus políticas internas de shock, sino también por su manejo de las relaciones internacionales, especialmente con países latinoamericanos de gobiernos considerados izquierdistas. Sus controversiales interacciones con líderes regionales han generado un amplio debate sobre las estrategias diplomáticas y sus implicaciones tanto a nivel regional como doméstico.

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Primero, el intercambio de insultos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó una rápida escalada de tensiones que afortunadamente no pasaron a más. Milei respondió a las críticas de López Obrador, quien había tildado a Milei de “facho conservador”, con términos igualmente duros, exacerbando las fricciones bilaterales. Este tipo de diplomacia de confrontación no solo socava las relaciones tradicionalmente cordiales entre Argentina y México, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad regional.

Por otra parte, las relaciones con Colombia se tensaron significativamente después de que Milei llamara al presidente Gustavo Petro «comunista asesino». Esta declaración provocó una pronta respuesta diplomática de Colombia, incluyendo el llamado de su embajador en Buenos Aires, lo cual subraya la seriedad del conflicto y el impacto en las relaciones diplomáticas; por ahora las relaciones entre ambos países están normalizándose y los respectivos embajadores han regresado a sus funciones.

Asimismo, la afirmación de la ministra Bullrich sobre la presunta presencia de militares iraníes en Bolivia añadió más leña al fuego, mostrando una tendencia hacia declaraciones provocativas que pueden tener serias repercusiones diplomáticas y de seguridad. Algo similar había ocurrido poco antes, cuando el presidente Milei afirmó que el gobierno de Chile iba a llevar a ese país a la pobreza por adoptar políticas socialistas. En ambos casos la respuesta fue pronta, mesurada y contundente.

En el frente interno, estas controversias internacionales parecen servir como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas económicos graves que enfrenta Argentina, como la inflación y el estancamiento económico. Al centrarse en conflictos externos, el gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo, mientras posterga o minimiza la discusión sobre la necesidad de reformas económicas internas profundas.

Es posible que las tácticas de confrontación de Milei tengan un atractivo político inmediato entre ciertos sectores en Argentina que le son afines, pero los riesgos asociados a alienar a países vecinos y potenciales socios comerciales son altos, especialmente en el mediano y largo plazos, cuando el polémico mandatario ya no esté en funciones.

El reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES-Bolivia), realizado con líderes de todo el país, revela datos delicados respecto a los medios de comunicación y su desempeño. Además de una baja confianza, se percibe a los medios como promotores del conflicto y como actores políticos que informan en función a su agenda e intereses. La evaluación es crítica.

Hubo un tiempo en que los medios de comunicación y periodistas, en general, estaban en la cima de la confianza ciudadana. Junto con la Iglesia Católica, tenían muy alta legitimidad. Hoy es diferente: en la Delphi de la FES, solo el 7% tiene una confianza alta o muy alta en los medios. Para el 39% es regular. Y un mayoritario 54% confía poco o nada. Estos datos debieran preocuparnos. Si bien estamos mejor que otras entidades, la confianza es un bien preciado que los medios debemos recuperar y preservar.

En un contexto en que los medios digitales y las redes sociales tienden a desplazar a los medios de comunicación tradicionales como principal fuente de información, es necesario hacer un examen acerca de nuestro desempeño. ¿Cómo nos evalúan los líderes? Más de dos tercios, nada menos, sostienen que los medios informan en función a su propia agenda e intereses. Si sumamos el 13,5% que nos perciben como manipuladores, el saldo es muy negativo. Solo un marginal 7% cree que los medios informan con veracidad.

La baja confianza en los medios y la percepción de que informan más pensando en ellos mismos que en la sociedad, quizás se explican, entre otros factores, porque varios operadores mediáticos están polarizados y alientan la polarización. Lo vimos como tragedia en la crisis de 2019, cuando algunos medios y periodistas avalaron y hasta justificaron las masacres. Ello se reafirma en la Delphi: 86% de los líderes consultados sostienen que los medios promueven enfrentamientos y conflictos en el país.

Por si fuera poco, en estas percepciones reveladoras de la situación del campo mediático en Bolivia, casi nueve de cada 10 participantes en el estudio de la FES están de acuerdo con la afirmación de que los medios actúan como si fuesen actores políticos. Es tremendo. Para los liderazgos, la esencia de los medios se está perdiendo. En su balance, varios medios y periodistas están más cerca de la acción política que de la labor informativa. Eso, por supuesto, va en desmedro del periodismo.

Los estudios de percepción cualitativa y de opinión pública expresan tendencias generales en momentos determinados. Son útiles para la reflexión y el análisis. Y contribuyen a la autocrítica. Pero hay diferencias. Más allá de las percepciones aquí descritas, es meritorio el trabajo de medios que persisten en el empeño de cuidar y cultivar cada día los derechos a la comunicación e información. Como diario nos situamos en ese camino reafirmando nuestro compromiso con el libre ejercicio del oficio periodístico.

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Aunque se afirma que no es la primera vez que ocurre en la historia reciente, lo sucedido en Quito la noche del viernes al sábado, cuando la Policía irrumpió en la Embajada de México ante Ecuador, representa mucho más que un escándalo diplomático y ha puesto al país andino en un impasse del cual será muy difícil salir, mucho más debido a la hasta ahora arrogante posición de su gobierno.

El conflicto diplomático entre México y Ecuador, cuyo antecedente inmediato fue la declaración de persona no grata a la embajadora mexicana, que luego dio paso al secuestro y encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glas, que acababa de recibir el estatus de refugiado político (pese a haber sido condenado por delitos comunes años atrás), ha escalado hasta alcanzar los estrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México ha presentado una demanda buscando justicia y el respeto a las normas internacionales.

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La decisión de México de acudir a la CIJ y la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) los días martes y miércoles reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de un marco de acción que respete los principios fundamentales de la diplomacia y el derecho internacional. Estos foros ofrecen una oportunidad invaluable para abordar el conflicto de manera constructiva, poniendo en primer plano la necesidad de soluciones pacíficas y el diálogo basado en el respeto mutuo, razón por la cual la demanda ecuatoriana de revisar los tratados internacionales es poco prudente.

En estas circunstancias, la comunidad internacional, así como los organismos regionales y multilaterales, deben actuar como mediadores para facilitar una resolución que respete las normas internacionales y promueva la estabilidad regional. Según expertos en la materia, la mediación debe enfocarse en la reconciliación y buscar una solución que permita a ambas partes superar el impasse, manteniendo la integridad de los tratados internacionales como guía.

Este conflicto sirve para poner en relieve la importancia de adherirse a los principios del derecho internacional no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar la paz, la seguridad y el respeto entre las naciones. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para el manejo de futuras disputas diplomáticas y reafirmar el valor de las convenciones internacionales como pilares de las relaciones entre Estados.

El camino hacia la resolución de este conflicto debe estar pavimentado con el respeto a las leyes internacionales y el compromiso con el diálogo y la negociación. Es imperativo que México y Ecuador, con el apoyo de la comunidad internacional y organismos como la OEA, encuentren una salida basada en el entendimiento mutuo y el respeto a los tratados que han guiado las relaciones diplomáticas durante décadas. Este enfoque no solo resolverá el impasse actual de manera justa, sino que también fortalecerá el sistema internacional basado en reglas, crucial para la coexistencia pacífica entre naciones.

La designación, por parte del presidente Arce, de un nuevo vocal del TSE, reactivó el debate político sobre la institucionalidad electoral, la narrativa anticipada de “fraude” y el papel de las autoridades. Es un capítulo más de la disputa interna en el MAS-IPSP y en la oposición. Es fundamental asegurar la integridad y fortaleza del TSE de cara al próximo ciclo electoral.

 La Constitución establece que el TSE está compuesto por siete vocales: seis elegidos por la ALP y uno designado por el presidente del Estado. En abril de 2021, el presidente Arce designó a la vocal Dina Chuquimia tras la renuncia de Salvador Romero, quien había sido designado por la presidenta de facto Áñez. El pasado jueves, de manera intempestiva, Arce nombró a Gustavo Ávila como nuevo vocal del TSE en reemplazo de Chuquimia. El hecho generó recelo político y una polémica inconducente.

La atribución presidencial para designar a un nuevo vocal electoral está clara, salvo que no puede destituir a un vocal en ejercicio como si fuese, por ejemplo, un ministro de su gabinete. En este caso, la designación de Ávila debió estar precedida por la renuncia de la hoy exvocal Chuquimia o el cumplimiento de su mandato (seis años). No ocurrió así. Y no es la primera vez. En junio de 2021, el presidente Arce destituyó por decreto y sustituyó a seis vocales departamentales designados por Áñez.

Más allá de la legalidad en cuestión, el problema es que se daña la autonomía de la institucionalidad electoral. Y eso es crítico como señal, peor todavía cuando nos acercamos a unas elecciones generales complejas y muy marcadas por la división en el partido oficialista y la fragmentación opositora. Del otro lado, es deplorable la forma ligera e irresponsable, en este caso desde la facción evista y Comunidad Ciudadana, en que se lanzan sospechas de “fraude” y se descalifica por anticipado a las personas.

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Sin esperar un día de su mandato como autoridad, se etiquetó al vocal Ávila como “operador” (de la “proscripción” del MAS, del “fraude”, de la inhabilitación de Evo). Se descalifica así a un profesional de amplia experiencia y trayectoria en materia electoral, que desempeñó varios cargos en el Tribunal Electoral de Tarija hasta ocupar su presidencia, y que hoy puede ser un valioso integrante del TSE y reforzar su Sala Plena. Esas denigraciones precoces también dañan, y mucho, al organismo electoral.

En un contexto marcado por la polarización, una elevada desconfianza en las instituciones e incertidumbre sobre el próximo ciclo electoral, empezando por las elecciones primarias, es fundamental que todos los actores relevantes, en especial los políticos, asuman con altura la necesidad de cuidar y fortalecer al TSE. La integridad y autonomía del árbitro, así como el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, son imprescindibles para garantizar la integridad de las elecciones y preservar la democracia.