Sociedad

Sunday 3 Mar 2024 | Actualizado a 12:15 PM

Es difícil castigar el feminicidio, cuentan familiares de víctimas

Marcha. Mujeres y varones de El Alto y La Paz se movilizan hoy contra la violencia intrafamiliar

Por La Razón

/ 25 de noviembre de 2010 / 05:00

Los casos de feminicidio en el país no terminan con la muerte de la víctima; los familiares arrastran  no sólo el dolor de la pérdida, sino la carga de largos procesos judiciales durante los cuales los culpables suelen estar libres.

Ayer, un día antes de recordarse el Día Mundial de No Más Violencia Contra las Mujeres, familiares de personas que murieron en manos de sus parejas relataron cómo enfrentaron esa muerte injusta y los procesos judiciales iniciados al respecto «ante una justicia parcializada, contra el poder del dinero o el tráfico de influencias del agresor».

Se denunció que los operadores de justicia no toman en cuenta a los parientes porque, en una mayoría, éstos son de bajos ingresos económicos. Hubo casos en que se trató de comprar al juez para que los acusados sean puestos en libertad, como sucedió en el caso de asesinato de Jessica, una menor orureña.

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) invitó a los familiares de víctimas agredidas a que relaten las historias de violencia que sufrieron sus seres queridos, dentro o fuera del hogar, a fin de que se conformen espacios para sensibilizar e informar a la ciudadanía acerca de los alcances y la gravedad de esta problemática.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, remarcó que en algunos casos son mujeres las que ponen obstáculos a procesos, de manera que se dificulta el esclarecimiento. Citó como ejemplo a una forense que llegó a descalificar las pruebas bajo el argumento de que, en su criterio, no eran contundentes para definir si hubo o no agresión sexual.

«Por ésta y otras razones, el 50 por ciento de los casos fue sobreseído, el cuatro por ciento no tuvo sentencia y el resto se quedó en nada por la retardación de justicia», manifestó Villena.

Aclaró que la situación es más difícil en el área rural, donde los casos de violación a menores se transa a cambio de ganado. Además, la denuncia se hace efectiva solamente cuando la víctima queda embarazada o presenta sangrado.

La coordinadora de proyectos del Cidem, Patricia Bráñez, informó que, de enero a octubre de este año, 117 mujeres fueron asesinadas. De ellas, 72 fueron víctimas de feminicidio, el 51,8 por ciento murió a manos de sus parejas y el 48% tenía de 18 a 30 años. «Los 72 feminicidios se perpetraron en 20 municipios de seis departamentos (Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija). Los que registran más casos son El Alto con 22 muertes, Santa Cruz con 11, Quillacollo seis, Cochabamba cinco y el resto a dos o uno», detalló Bráñez.

11 años de injusticia en caso Patricia
Patricia Flores.
(murió en 1999)

En agosto de 1999, cuando Patricia Flores tenía diez años, fue violada y asesinada en el interior del depósito de su escuela Vicenta Juaristi Eguino, en La Paz. Pasaron 11 años de su muerte, pero la justicia anuló el proceso y hasta la fecha no existe sentencia alguna. Se emitieron dos sentencias condenatorias de 30 años de prisión sin derecho a indulto contra el principal sospechoso, Odón Mendoza, sin embargo fueron anuladas. Finalmente, el 16 de noviembre del 2009 el proceso se anuló hasta el vicio más antiguo.

Caso Jessica no sigue por influencias
Jessica Burgoa O.
(murió en junio 2009)

Jessica Alejandra, de 16 años de edad y estudiante del colegio Alemán de la ciudad de Oruro, salió de su casa el 14 de junio del 2009 y nunca más retornó. Sus padres presentan la denuncia el 15 de junio y el 18 se detiene a un sospechoso, quien llevó a la policía al sitio donde estaba el cadáver de la adolescente. Se aprehende a cinco personas y se dicta la detención preventiva para cuatro. Sin embargo, los familiares de los sospechosos del asesinato tratan de que el juicio no se lleve adelante, por lo que a la fecha no existe acusación.

Un militar segó la vida de 2 jóvenes
Gladys y Fernando 
(mueren en abril 2010).

Gladys Apaza, estudiante de Enfermería de 21 años, enamoró tres años con el subteniente Gary Calle Rivera, pero decidió terminar su relación este año. En abril, el ex enamorado de la joven habría llegado a su domicilio, ubicado en la zona de Villa Victoria de La Paz, para tratar de hablar con ella. Ante el rechazo de volver con él, le dio un tiro en la cabeza y otros dos a su sobrino Fernando Apaza, de 13 años de edad. Transcurridos varios meses del asesinato, salió la orden de aprehensión para el subteniente de Ejército, pero no hay avances en el caso.

Carla se halla en estado de coma
Carla Osuna.
(en coma 12-11-2010)

Carla Osuna García (21) es una joven madre que desde el viernes 18 de noviembre vive conectada a aparatos en el hospital Materno Infantil, tras haber sido golpeada por su esposo Ariel Salazar. Ella se casó el 12 de diciembre del 2009 y hace cuatro semanas tuvo a su bebé; pero cuando su hijo tenía dos semanas, el esposo la golpeó porque Carla le pidió que no vaya a jugar fútbol y hoy se encuentra en estado de coma. La justicia encarceló al agresor, pero los abogados de la familia apelaron el fallo y tratan de que salga en libertad.

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La misma piedra

Por La Razón

/ 3 de marzo de 2024 / 00:42

En una sesión nuevamente bochornosa, la Cámara de Diputados, con mayoría circunstancial del arcismo, aprobó seis de los siete créditos que estaban en agenda. Quedaron diferidos en tanto los dos proyectos de ley sobre la autoprórroga de magistrados. Y, una vez más, la oposición se quebró. El saldo es la pérdida de legitimidad de la Asamblea y de todas las fuerzas políticas.

Hay una frase ampliamente conocida que retrata bien lo que ocurrió este tiempo en Diputados: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. En tres ocasiones consecutivas, el oficialismo convocó a sesiones para aprobar los proyectos de ley de “financiamiento de la agenda económica”. Lo hizo sin acuerdo previo y con disputa sobre el orden del día. La oposición y la bancada evista, por su parte, condicionaron todo al cese de los magistrados autoprorrogados.

Hacer lo mismo, está visto, produce siempre los mismos resultados. La primera sesión, la segunda y la tercera fueron igualmente vergonzosas e improductivas. Las diferencias sobre la agenda legislativa, normales en democracia, derivaron en escenas de violencia, agresiones, insultos, tomas de testera, empujones, golpes. Fueron necesarios varios cuartos intermedios para regresar… a lo mismo. La apuesta por la imposición con ausencia de debate y sin ninguna voluntad de acuerdo conduce a la parálisis.

Seguramente el oficialismo celebrará que, al final del día, haya logrado mayoría en la Cámara para la aprobación de los créditos. Es una victoria pírrica. Dichos créditos pudieron ser aprobados como resultado de un acuerdo político más amplio. Pero se optó por la amenaza, la presión y, finalmente, la cooptación de asambleístas de oposición, hoy acusados temerariamente por los suyos como “tránsfugas” y cosas peores. Ahí están los créditos aprobados, pero la derrota estratégica en pérdida de legitimidad permanece.

En la otra vereda, los opositores en especial, así como los evistas, también perdieron. Primero porque, pese a sus acciones desesperadas por impedir o al menos malograr las sesiones, no lograron su propósito de frenar los créditos. Segundo porque, como ocurrió en ocasiones anteriores, terminaron con disidencias y quiebre. Y tercero porque su resistencia testimonial, en algún caso de cara a las redes sociales, no los libera del desgaste y de la condena ciudadana, agotada del espectáculo.

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Hoy tenemos un órgano legislativo con bajo nivel de credibilidad y alta desconfianza, sin agenda clara y persistente lógica de imposición y bloqueo. Quedan también tres organizaciones políticas magulladas y divididas. Y está como saldo un gobierno débil y una oposición intrascendente. En tal escenario, lo más riesgoso es la sensación de hastío en la población, más bien preocupada en sus condiciones de vida que en las peleas de los políticos. Si la ALP sigue tropezando con la misma piedra, terminará por caer.

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Auditoría a la Gobernación

Los resultados de la indagación muestran un manejo irresponsable de los recursos y falta de transparencia

Por La Razón

/ 29 de febrero de 2024 / 06:43

Al cumplirse un mes desde su posesión forzada, el gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, presentó el martes último los resultados de la primera auditoría a la gestión del gobernador titular, Luis Fernando Camacho, hoy detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Los resultados de la indagación muestran un manejo irresponsable de los recursos y falta de transparencia.

El también llamado “informe de confiabilidad” de la gestión del Gobernador detenido y su equipo, dijo la autoridad interina, detectó 40 “deficiencias e irregularidades” en los más de dos años de gestión encabezada por Camacho, entre ellos, pagos parciales por avances de obra sin avance físico y «repartija de pegas», los dos asuntos más graves identificados en la auditoría.

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En el primer caso, informó el Gobernador en suplencia, se tiene un descontrolado crecimiento en la planilla de trabajadores de la Gobernación: si en enero de 2022 se había contratado 429 trabajadores eventuales, el número subió a 600 en 2023 y para enero de 2024, antes de la forzada sucesión, esta cifra alcanzó a 940 funcionarios. El aumento de los ítems también tuvo un crecimiento desmesurado. Además, en muchos casos, se contrató personal sin cumplir con todo el proceso de selección o, peor, sin que contasen con la experiencia requerida.

En el caso de la gestión financiera, se observó, además de malversación de fondos en la adquisición de perforadoras para pozos de agua (un caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía desde hace tiempo), pagos parciales sin que hubiera el avance de obra y evidente ineficiencia en la gestión del área salud, donde se dejó varios hospitales de tercer nivel sin el mantenimiento adecuado o se hizo y se pagó adquisiciones sin el debido registro.

Hay muchas otras observaciones, y la autoridad en suplencia anunció que en algunos casos se instruirá hacer auditorías especiales y en otras la Dirección Jurídica tendrá que tomar decisiones sobre el trámite a seguir, desde procesos civiles y administrativos hasta las temibles acciones penales. A nadie debe sorprender, pues, que la primera reacción del lado “camachista” de la Gobernación haya provenido del hasta hace poco Secretario General (y vicario del detenido en Chonchocoro), quien afirmó que “no se debe entrar en especulaciones y sentenciar cosas que no son”.

Estos resultados, de los cuales apenas se conocen generalidades, son, por una parte, evidencia de una gestión ineficaz que desde su inicio pretendió encubrir sus defectos (cuando no delitos) con discursos altisonantes y comportamientos violentos (incluyendo el modo en que se sostuvo el paro de 36 días a fines de 2022), y, por la otra, que la transparencia es el peor enemigo de gobiernos carentes de proyecto, contenido e ideología.

Es, pues, una lección de que la comunicación política o la propaganda sirven para confundir o encubrir por un tiempo, pero no para resolver los problemas, estructurales o contingentes, que debe atender un gobierno departamental como el cruceño.

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Receso por cansancio

Por La Razón

/ 25 de febrero de 2024 / 00:30

Luego de una malograda jornada con interrupciones, intercambio de insultos e inaceptable violencia, la Cámara de Diputados entró en receso por razones de “cansancio físico y mental” (sic). El saldo es una sesión vergonzosa, con pésima gestión del orden del día y la polémica aprobación de un crédito. Sin acuerdos, las fuerzas políticas están condenadas a repetir el espectáculo.

En una reunión más propia de pelea callejera que de un Órgano Legislativo, las y los diputados volvieron a demostrar el viernes pasado que la pequeñez, la primacía de intereses particulares y la falta de voluntad política derivan invariablemente en parálisis decisoria. Cuando fallan la deliberación y las soluciones de compromiso, sobran lógicas autoritarias de imposición, bloqueo y/o veto de mayorías y minorías. El resultado, a la vista de todos, son agresiones en lugar de acuerdos y leyes.

La última sesión en Diputados venía precedida de otra igualmente bochornosa e inútil. Luego del celebrado pacto político para encaminar finalmente las elecciones judiciales, obstaculizadas durante casi todo el año 2023, las bancadas de asambleístas se enfrentaron por la interpretación y cumplimiento del acuerdo. De un lado están los arcistas, empeñados en la aprobación unilateral de siete créditos; del otro, la oposición y los evistas, que condicionan todo al cese de magistrados del TCP. Así no hay avance posible.

Cuando las y los diputados se recuperen del cansancio, en especial aquellos que convirtieron el hemiciclo en teatro de la náusea, sesionarán nuevamente. Es bastante probable que, en ausencia de un esfuerzo previo de concertación en torno a la agenda y el orden del día, este martes tengamos otro encuentro denigrante de su condición de representantes. Para evitarlo, se requieren condiciones y acuerdos mínimos: que el debate destierre a los escupitajos, los manotazos y las exhibiciones indecorosas.

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Si las tres fuerzas políticas con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, todas ellas con facciones y disidencias, de verdad quieren cumplir el acuerdo que firmaron, deben tener la madurez política y emocional para que se exprese en el orden del día. Y respetarlo. Ello supone aprobar tres créditos (suponiendo que uno ya está aprobado, aunque hay dudas), tratar los proyectos de ley 073 y 075 sobre la autoprórroga de los magistrados, y aprobar los restantes créditos en agenda.

Esa dinámica no es automática. Ni menos será el resultado forzado de amenazas, barras bravas o tomas del hemiciclo. Se requieren acuerdos para asumir reglas básicas de respeto, deliberación y toma de decisiones. El riesgo de no hacerlo es alto: no tanto que luego de una sesión maratónica terminen otra vez “cansados” y magullados, sino que aceleren y profundicen el agotamiento de la población. Cuidado que de tanto bloqueo y bochorno legislativo se imponga la consigna popular de “que se vayan todos”. 

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Un acuerdo prometedor

El acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2024 / 06:29

Finalmente, luego de un 2023 marcado por la incertidumbre y la desinformación, irónicamente producidas desde el propio Gobierno, el gremio de los empresarios privados no solo logró reunirse con autoridades del sector económico, sino que además obtuvo un ambicioso acuerdo orientado a facilitar el ingreso de divisas al país, así como a estimular el aparato productivo.

La reunión, realizada el lunes último en el Ministerio de Economía y Finanzas, contó con las más importantes representaciones del empresariado boliviano (pero no todas, pues algunos gremios reclamaron por no haber sido invitados), especialmente la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que en un comunicado difundido luego del encuentro saludó una “nueva etapa” en la relación con el Estado en la que “se prioriza el diálogo directo para encontrar soluciones conjuntas”.

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El acuerdo de 10 puntos, se informó luego, no fue solo resultado de las cinco horas de reunión del lunes, sino que se produjo luego de semanas de negociación entre los privados y los ministros de Economía y de Planificación de Desarrollo, los mismos que durante meses habían porfiado en señalar que la escasez de dólares o era falsa o era producto de la mala fe de algunos agentes económicos.

Finalmente, llegó el momento de la sinceridad y se acordó diversas medidas para, por un lado, favorecer el ingreso de divisas al país, así como para facilitar la adquisición de combustible (particularmente diésel) a los grandes consumidores, tanto de la industria y la minería como del agro. Es evidente que las declaraciones públicas no bastaban para calmar la creciente irritación de quienes sintieron la falta de dólares y de carburantes para desarrollar sus actividades.

En ese contexto, también se acordó implementar medidas para facilitar las exportaciones, comenzando por la eliminación de las restricciones a las exportaciones de alimentos y terminando por la decisión de avanzar en el uso de “tecnología agropecuaria de precisión”, eufemismo que confundió a comentaristas y periodistas interesados en el uso de biotecnología en los sembradíos de alimentos. También se acordó favorecer la importación de vehículos eléctricos y poner límites a las comisiones que cobran los bancos por las transferencias de dinero al extranjero.

Como pocas veces, el acuerdo comenzó a ser ejecutado de inmediato, y son varias las instancias gubernamentales dedicadas activamente a hacer realidad las decisiones. Hay analistas que afirman que si el acuerdo funciona como debería, el Gobierno, especialmente el Presidente, estaría acumulando puntos a su favor en la liza hacia la candidatura presidencial. Previsiblemente, las mayores críticas al acuerdo provienen de comentadores y analistas afines al expresidente Evo Morales.

En todo caso, y al margen del posible efecto político, el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática en la que las exclusiones fundadas en presupuestos meramente ideológicos o posiciones sectarias no tengan más cabida.

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Rumbo incierto

Por La Razón

/ 18 de febrero de 2024 / 01:21

Diferentes estudios cualitativos y de opinión pública muestran que la sensación predominante en este momento en el país es de incertidumbre. Una reciente encuesta señala un aumento en la insatisfacción con la situación actual. Y la mayoría de la población no cree que la política ni la economía mejoren en los próximos meses. Son señales de alerta que deben preocuparnos.

Durante la coyuntura crítica de fines de 2019, prolongada en 2020 con el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, se instaló en Bolivia una sensación extendida de crisis múltiple y polarización, acompañada de incertidumbre. Contribuyeron a ello la crisis sanitaria por el COVID-19, la sucesiva postergación de las elecciones generales, la persistente disputa de relatos en una sociedad dividida y la desastrosa gestión gubernamental. La percepción de crisis y de incertidumbre disminuyó con la victoria electoral de Luis Arce.

Transcurrido este tiempo, se ha ido ampliando la sensación de que el rumbo del país es incierto. Por un lado, los actores políticos relevantes, en especial en la Asamblea Legislativa, parecen empeñados en exhibir sus diferencias y la incapacidad de lograr acuerdos, como se vio en varios temas de la agenda legislativa. El bloqueo a las elecciones judiciales en 2023 y la autoprórroga de mandato de los magistrados aumentó la elevada desconfianza en los políticos y en las instituciones.

Pero el punto de inflexión respecto a la situación actual y la expectativa de futuro se produjo el primer trimestre del año pasado, cuando empezaron a faltar dólares y se generó un mercado paralelo. Más allá de la baja inflación, que es un dato sustantivo, así como de la disminución del desempleo, varios indicadores macroeconómicos son negativos para la economía nacional. Es particularmente crítico el boquete cada vez más grande y difícil de cubrir producido por la subvención a los hidrocarburos.

Con un sistema político sin acuerdos mínimos y parálisis decisoria en la Asamblea Legislativa (aunque debemos celebrar la convocatoria a las elecciones judiciales), y con la sensación creciente de duda sobre la estabilidad económica (principal pilar del gobierno de Arce), el actual contexto en el país es de preocupación e incertidumbre. ¿Los actores políticos e institucionales lograrán acuerdos básicos para encaminar la agenda de políticas públicas? ¿Se podrá sostener la economía sin escenario de crisis?

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Estas señales de alerta, que están en el día a día de la ciudadanía, empeñada en procurar condiciones de vida dignas, debieran concentrar la atención de todos los actores estratégicos, en especial del Órgano Ejecutivo. Las disputas políticas y de intereses particulares son normales en una democracia plural, pero se convierten en lastre cuando subordinan y hasta ignoran la agenda común y el bienestar colectivo. Es fundamental preservar la estabilidad y dar certidumbre sobre lo que viene.

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